Sentencia C-948 de diciembre 1º de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-2494

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Actor: Néstor Raúl Correa Henao

Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 1131 del 29 de junio de 1999

Santafé de Bogotá, D.C., según consta en acta del primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «I. Norma acusada

Se anexa copia íntegra del decreto demandado.

Ministerio de Educación Nacional 

DECRETO NÚMERO 1131 DE 1999

(Junio 29)

“Por el cual se fusionan el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y el Instituto Nacional para Sordos, Insor, en el Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, y se dictan otras disposiciones”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1998,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Fusión

ART. 1º—Fusiónanse el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, creado por Decreto 1955 de 1955 y el Instituto Nacional para Sordos, Insor, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, creado por Decreto 1955 de 1955, en el Instituto Nacional para la Prevención y problemas de la Discapacidad, Inpred.

ART. 2º—Naturaleza jurídica. El Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.

ART. 3º—Objeto. El objeto del Instituto Nacional para la Prevención y la Atención de Problemas de la Discapacidad, Inpred, es la planeación, coordinación y asistencia técnica a las diferentes entidades públicas y privadas responsables de la prestación de servicios de rehabilitación, atención educativa, integración laboral, familiar y social, bienestar social y cultural, acceso a la información, accesibilidad al medio físico, al deporte y la recreación, comunicaciones y transporte de las personas con discapacidad y la prevención de la misma a la población en general. En desarrollo de su objetivo el Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, coordinará acciones tendientes a promover procesos de investigación y a detectar y caracterizar a la población objeto de los anteriores servicios.

El Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, en las áreas de su competencia servirá de enlace técnico intersectorial para las acciones públicas pertinentes con los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, Transporte, Comunicaciones, Desarrollo Económico y demás entidades públicas y ejercerá las facultades de supervisión y vigilancia a las asociaciones de personas con discapacidad y a las entidades prestadoras de servicios especializados a las personas con discapacidad, en relación con su limitación.

La supervisión y vigilancia a cargo del Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, tendrá por objeto reportar las irregularidades detectadas ante la autoridad de vigilancia competente.

Para apoyar los anteriores procesos y garantizar los derechos fundamentales a la igualdad y a la información, el Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, podrá producir directa o indirectamente material didáctico y en braille, macrotipo, alto relieve, libro hablado y ayudas técnicas y tecnológicas necesarias para la atención de la población con discapacidad.

ART. 4º—Patrimonio. El patrimonio para el Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, estará constituido por:

1. Las sumas que le sean asignadas en el presupuesto nacional.

2. Los bienes que le correspondieron al INCI y al Insor en la liquidación de la Federación Nacional de Ciegos y Sordomudos, los bienes que actualmente poseen estos dos institutos y los que adquiera el Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, a cualquier título conforme a la ley.

3. Las rentas propias provenientes de la prestación de servicios, de aportes o donaciones que le destinen al Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, las entidades territoriales, entidades públicas y privadas, personas naturales o jurídicas y de los legados.

ART. 5º—Funciones. El Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, tendrá las siguientes funciones:

1. Proponer al Gobierno Nacional los planes y programas de desarrollo social, a incorporar en el plan nacional de desarrollo, destinados a la prestación de servicios de rehabilitación, atención educativa, integración laboral, familiar y social, bienestar social y cultural, acceso a la información, accesibilidad al medio físico, al deporte y la recreación, comunicaciones y transporte de las personas con discapacidad y la prevención de la misma, a la población en general y asesorarlo en la concertación de planes de desarrollo con entidades territoriales en las materias mencionadas para que cumplan con las funciones establecidas en la Constitución Política, en la Ley 60 de 1993 y demás normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan.

2. Brindar asistencia técnica para la organización y prestación de servicios por parte de los departamentos, distritos, municipios y entidades públicas y privadas de todo orden, en materia de prestación de servicios de rehabilitación, atención educativa, integración laboral, familiar y social, bienestar social y cultural, acceso a la información, accesibilidad al medio físico, al deporte y la recreación, comunicaciones y transporte de las personas con discapacidad y de prevención de la misma, a la población en general, conforme a lo establecido en la Ley 82 de 1988, leyes 10 y 29 de 1990, Ley 60 y 100 de 1993, leyes 115, 119 y 152 de 1994, Ley 181 de 1995, Decreto-Ley 1228 de 1995, Ley 324 de 1996, Ley 361 de 1997, Ley 443 de 1998, Ley 488 de 1998, sus respectivos decretos reglamentarios, y demás normas que los reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan.

3. Asesorar en materia de discapacidad a los organismos nacionales y entidades territoriales en la formulación del plan nacional de desarrollo, planes territoriales de desarrollo y de atención a la discapacidad, elaborar el plan nacional de atención a la discapacidad y prestar la asistencia técnica para su desarrollo a nivel de las entidades territoriales y su sostenibilidad a nivel general.

4. Supervisar y vigilar a las entidades responsables del desarrollo de las políticas, planes y programas intersectoriales orientados a obtener la rehabilitación, atención educativa, integración laboral y social, bienestar social y cultural, acceso a la información, accesibilidad al medio físico, al deporte y la recreación, comunicaciones y transporte de las personas con discapacidad y de prevención de la misma a la población en general.

5. Promover y fomentar el desarrollo de investigaciones encaminadas a la reorientación de políticas, planes y programas intersectoriales y al mejoramiento continuo en el cumplimiento del objetivo general del Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, y de la calidad de los servicios a la población con discapacidad que presten las entidades públicas y privadas responsables.

6. Adquirir y proporcionar a cualquier título, materiales, equipos y ayudas técnicas y tecnológicas que estén relacionados con el objetivo del Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, a la población con discapacidad, a las organizaciones y a las entidades que les presten servicios, dentro de los parámetros constitucionales y legales.

7. Expedir las normas científico-administrativas para la organización y prestación de los servicios de rehabilitación, atención educativa, integración laboral, familiar y social, bienestar social y cultural, acceso a la información, accesibilidad al medio físico, al deporte y la recreación, comunicaciones y transporte de las personas con discapacidad y de prevención de la misma a la población en general. Igualmente las normas técnicas que deben regir a todas las organizaciones de discapacitados y a las que les presten servicios.

8. Establecer lineamientos técnicos para la organización de servicios en educación, salud, trabajo, recreación, cultura, comunicaciones, transporte y otros sectores relacionados, teniendo en cuenta los elementos de apoyo técnicos para la atención de las personas con discapacidad.

9. Participar en la elaboración, modificación y evaluación de los programas académicos dirigidos a la formación de educadores y de profesionales relacionados con procesos de atención a las personas con discapacidad.

10. Proponer al Gobierno Nacional la reglamentación relacionada con la ejecución de los programas a cargo de las entidades territoriales en materia de rehabilitación, atención educativa, integración laboral, familiar y social, bienestar social y cultural, acceso a la información, accesibilidad al medio físico, al deporte y la recreación, comunicaciones y transporte de las personas con discapacidad y de prevención de la misma a la población en general, en coordinación con los ministerios de Educación Nacional, de Salud y de Trabajo y Seguridad Social, Transporte, Comunicaciones, Desarrollo Económico y otros relacionados.

11. Servir de órgano técnico asesor a la agencia de cooperación técnica internacional cuando se trate de proyectos relacionados con población con discapacidad y coordinar y canalizar toda cooperación técnica internacional no gubernamental dirigida a población con discapacidad.

12. Desagregar la atención en forma específica y técnica a cada grupo poblacional así: limitación visual, limitación auditiva, sordo-ceguera, discapacidad mental, parálisis cerebral, limitación física y limitación múltiple.

ART. 6º—De la organización y funcionamiento. El Gobierno Nacional dentro de los doce (12) meses siguientes a la vigencia del presente decreto, expedirá los actos necesarios para adecuar la organización y funcionamiento del Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, de acuerdo con los principios y normas vigentes.

ART. 7º—Órganos de dirección y administración. La dirección y administración del Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, estará a cargo del consejo directivo y del director general.

ART. 8º—Consejo directivo. El consejo directivo estará integrado por:

1. El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá.

2. El Ministro de Salud o su delegado.

3. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado.

4. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

5. El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado.

6. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

7. El Consejero Presidencial para la política social o en su defecto otro delegado del Presidente de la República.

En ausencia del Ministro de Educación Nacional o su delegado presidirá el consejo directivo el Ministro de Salud o su delegado, y en ausencia de éstos lo presidirá el Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado.

PAR. 1º—El director del instituto tendrá voz pero no voto en las deliberaciones del consejo directivo.

PAR. 2º—El secretario general del instituto, o quien haga sus veces desempeñará las funciones de secretario del consejo directivo.

ART. 9º—Funciones del consejo directivo. De conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 489 de 1998, son funciones del consejo directivo:

1. Formular a propuesta del representante legal, la política general del organismo, los planes y programas que, conforme a la ley orgánica de planeación y a la ley orgánica del presupuesto deben proponerse para incorporación a los planes sectoriales y a través de éstos, al plan nacional de desarrollo y al plan nacional de atención a la discapacidad.

2. Formular a propuesta del representante legal, la política de mejoramiento continuo de la entidad, así como los programas orientados a garantizar el desarrollo administrativo.

3. Conocer de las evaluaciones semestrales de ejecución presentadas por la administración de la entidad.

4. Proponer al Gobierno Nacional las modificaciones de la estructura orgánica que consideren pertinentes y adoptar los estatutos internos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca de conformidad con lo dispuesto en sus actos de creación o reestructuración.

5. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del instituto.

6. Incorporar el presupuesto y aprobar las modificaciones presupuestales de conformidad con las disposiciones legales correspondientes.

7. Dictar su propio reglamento de funcionamiento.

8. Las demás que le señalen las leyes.

ART. 10.—Funciones del director general del Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred. Son funciones del director general del Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred:

1. Ejercer la dirección y representar legalmente el instituto.

2. Proponer la política general del instituto y los planes y programas que se incorporen a los planes sectoriales y a través de éstos al plan nacional de desarrollo.

3. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones o programas de la organización y de su personal.

4. Rendir informes generales o periódicos y particulares al Presidente de la República, al Ministro de Educación Nacional, sobre las actividades desarrolladas, la situación en general de la entidad y las medidas adoptadas que puedan afectar el curso de la política del gobierno.

5. Nombrar y remover al personal de la entidad conforme a las normas legales y estatutarias.

6. Proponer al consejo directivo las modificaciones presupuestales necesarias.

7. Suscribir los contratos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en la materia.

8. Crear y conformar grupos internos de trabajo con el fin de desarrollar con eficiencia y eficacia los objetivos, políticas, planes y programas del instituto.

9. Constituir mandatarios o apoderados que representen el instituto en asuntos judiciales o extrajudiciales.

10. Ejercer el control administrativo y la ejecución presupuestal.

11. Establecer los mecanismos necesarios para que las entidades territoriales desarrollen y den cabal cumplimiento a la Ley 60 de 1993 en lo que se refiere a los objetivos del Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred.

12. Establecer mecanismos para canalizar la cooperación técnica internacional no gubernamental acorde con la política sectorial.

13. Representar al Gobierno Nacional en materia de discapacidad en general en las instancias y eventos nacionales e internacionales salvo aquellos en los cuales participen directamente el Presidente de la República, los Ministros de despacho o el jefe del Departamento Nacional de Planeación.

14. Las demás que le señale la ley y las que refiriéndose al funcionamiento general del Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, no estén expresamente atribuidas a otra autoridad.

ART. 11.—Adopción de la nueva planta de personal. De conformidad con la fusión ordenada por el presente decreto y, dentro de los doce (12) meses siguientes a su publicación, el Gobierno Nacional adoptará la nueva planta de personal.

ART. 12.—Atribuciones de los funcionarios de la planta actual. Los funcionarios de la planta de personal actual del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y el Instituto Nacional para Sordos, Insor, respectivamente, continuarán ejerciendo las atribuciones a ellos asignadas, hasta tanto sea expedida la planta de personal del Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.

CAPÍTULO II

Disposiciones varias

ART. 13.—Disposiciones laborales. El Gobierno Nacional en el proceso de fusión obrará con estricta sujeción a lo dispuesto en la Ley 443 de 1998 y sus decretos reglamentarios, garantizando los derechos de los servidores públicos.

ART. 14.—Transferencia de bienes derechos y obligaciones. En virtud de lo dispuesto en el presente decreto el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y el Instituto Nacional para Sordos, Insor, transferirán todos los bienes, derechos y obligaciones al Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred.

ART. 16(sic).—Destinación de los bienes. Los actuales bienes del INCI y del Insor, estarán destinados al desarrollo de los planes y programas dirigidos a la población con discapacidad. Para el desarrollo de los nuevos planes y programas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hará las apropiaciones presupuestales necesarias.

ART. 17.—Obligaciones especiales de los empleados de manejo y confianza y responsables de los archivos de la entidad. Los empleados públicos que desempeñen empleos o cargos de manejo y confianza y los responsables de los archivos del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y el Instituto Nacional para Sordos, Insor, deberán rendir las correspondientes cuentas fiscales e inventarios y efectuar la entrega de los bienes a su cargo, conforme a las normas y procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, la Contaduría General de la Nación y el Archivo General de la Nación, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad fiscal a que haya lugar en caso de irregularidades.

ART. 18.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto-Ley 369 de 1994, los decretos 2009 de 1997 y 1336 de 1997; en cuanto no se oponga al presente decreto y mientras se expida la respectiva reglamentación tendrán vigencia las disposiciones contenidas en el Decreto 1509 de 1998.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 29 de junio de 1999.

II. La demanda

Considera el actor que la disposición jurídica acusada viola el preámbulo y los artículos 1º, 2º, 13 y 47 de la Constitución Política, así como también desconoce algunos instrumentos jurídicos internacionales a los que remite el artículo 93 de la Carta.

Manifiesta que el decreto en revisión menoscaba la unidad de la Nación, la igualdad y la justicia, valores consagrados en el preámbulo de la Constitución, así como los principios filosóficos del respeto por la dignidad humana, la solidaridad y la efectividad de los derechos y un orden justo, contenidos en los artículos 1º y 2º Ibídem.

Afirma que, en lo sucesivo, los sectores de la educación, la salud, el trabajo, el transporte y la cultura, van a quedar liberados de atender la aparente carga que representan los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos.

En el fondo —sostiene— el Decreto 1131 no integra la atención técnica de los discapacitados a las distintas ramas y órganos del poder como lo señala el artículo 113 de la Carta, para lograr de esta forma la participación de este grupo de la población con el resto de la sociedad. Se viola por tanto, el pluralismo, la diversidad y la tolerancia.

A juicio del actor, el decreto es violatorio del principio de igualdad y del artículo 47 de la Constitución, según el cual “el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.

Manifiesta que la finalidad real del decreto en revisión es contraria al objetivo que establece el artículo 209 de la Constitución, ya que sus efectos resultan contraproducentes. No necesariamente por el hecho de fusionar varias entidades en una sola, la administración ahorra recursos o es más eficiente o austera en el gasto.

En criterio del actor, el Decreto 1131 de 1999, en vez de ahorrar recursos —como una de sus finalidades primordiales—, exige para el cumplimiento de sus funciones un presupuesto varias veces superior frente a la suma del presupuesto independiente del INCI y del Insor. Lo anterior, teniendo en cuenta que ya no se orientará exclusivamente a la atención especializada y desagregada de dos discapacidades —ceguera y sordera—, sino de otras cinco, entre las cuales están: discapacidad mental, parálisis cerebral, limitación física, limitación múltiple y sordo-ceguera, de acuerdo con lo enunciado por el numeral 12 del artículo 5º del decreto.

De otro lado afirma que la norma bajo examen afecta sensiblemente otros bienes constitucionalmente protegidos, de suerte que rompe la ecuación costo-beneficio, ya que el Estado pretende ahorrar recursos por cuenta de una parte de la población, que es la más vulnerable de la sociedad y que requiere de tratamientos especiales para su rehabilitación.

Manifiesta el demandante que los discapacitados se clasifican por grupos y que cada uno de ellos y de acuerdo con sus necesidades, requiere de un tratamiento diferente. Por tanto, si el Estado o la administración pública necesitan ajustar sus finanzas, ello deberá hacerse teniendo en cuenta que su costo no vaya a pagarlo el grupo de discapacitados cuyos derechos deben contar con la especial protección por parte del Estado.

Finalmente sostiene el demandante que la norma enjuiciada viola el artículo 93 de la Constitución, ya que desconoce normas internacionales relativas a los derechos humanos, las cuales fueron debidamente aprobadas por Colombia, entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Resolución de la Asamblea General de la ONU 48/96 del 20 de diciembre de 1993, que plasma “normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”.

III. Intervenciones

Intervinieron el ciudadano Franklin Romero, en su calidad de rector del Colegio “Filadelfia para Sordos”, quien considera que la fusión determinada por el Decreto 1131 de 1999 detiene los procesos de investigación científica iniciados, impidiendo que la población sorda permanezca en la educación formal y por ende el ejercicio de varios de sus derechos fundamentales —como el del trabajo, la seguridad social, la participación en política y el acceso a la ciencia y tecnología—, se ve ostensiblemente afectado; las ciudadanas Olga Cecilia Díaz Flórez y Lilián Lucía Caicedo Obando, psicólogas y licenciadas en Educación Especial quienes estiman inapropiada la fusión en una sola entidad para que atienda la diversidad de requerimientos que cada una de las poblaciones atípicas, es decir, aquellas que padecen de alteraciones somatopsíquicas, exige; los ciudadanos Jacqueline Riaño Uribe, Mariano Barbosa Lozano y María Alexandra Ariza Patiño, padres de familia de menores con problemas de audición, quienes coadyuvan la demanda en referencia y exponen las bondades y beneficios que por varios años les ha brindado el Insor; la ciudadana Fanny Ruiz de García, quien actúa en nombre y representación del Ministerio de Educación Nacional y solicita a la Corte declarar la constitucionalidad del Decreto 1131 de 1999, pues manifiesta que la intención del actual gobierno es la de continuar brindando salud y bienestar a los discapacitados, dentro de los lineamientos constitucionales que exigen que el Estado preste una atención especial a la población que se encuentra en debilidad manifiesta; los ciudadanos Blanca Aparicio de Escorcia y Lionel Antonio Tovar, directora y coordinador del programa de investigación de la escuela de ciencias del lenguaje, facultad de humanidades de la Universidad del Valle, quienes consideran que el decreto demandado viola, entre otras normas, los artículos 7º 10, 47, 67 y 68 de la Constitución Política; el ciudadano Edgar Rico Hernández, presidente de la asociación de deportistas limitados visuales de Colombia, quien coadyuva la demanda afirmando que el Decreto 1131 de 1999 contraría los postulados constitucionales relacionados con la eficiencia de la función administrativa (C.P., art. 209), como son la igualdad, la ética, la economía, la celeridad y la desconcentración de funciones.

IV. Concepto del Ministerio Público

El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declare la inconstitucionalidad del decreto impugnado, por cuanto fue expedido con base en las facultades extraordinarias conferidas en el numeral 1º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, que, por Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de promulgación de la ley.

VI. (sic) Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión

Inconstitucionalidad por consecuencia

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999 (M.P. Dr. Fabio Morón Díaz), ha declarado inexequible, a partir de la fecha de su promulgación, el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, en la cual se fundó el ejecutivo para expedir el decreto demandado.

En consecuencia, cuando el Presidente de la República lo dictó, carecía por completo de facultades para ello, de lo cual surge sin duda su inconstitucionalidad, también proyectada a la fecha de su entrada en vigencia,

Decisión.

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en Sala Plena, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase INEXEQUIBLE en su totalidad, a partir de la fecha de su promulgación, el Decreto Ley 1131 del 29 de junio de 1999.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

Magistrados: Alejandro Martínez Caballero—Antonio Barrera Carbonell—Alfredo Beltrán Sierra—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa—Álvaro Tafur Galvis.

Martha Sáchica de Moncaleano, secretaria general.

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