Sentencia C-095 de febrero 15 de 2017

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-11593

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 420, numeral 6º (parcial) del Código General del Proceso

Demandante: Seifar Andrés Arce Arbeláez

Magistrado Sustanciador:

Dr. Alberto Rojas Ríos

Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «1. Texto de la norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la norma, se subraya y resalta en negrilla el aparte demandado:

LEY 1564 DE 2012

(Julio 12)

Diario Oficial Nº 48.489 de 12 de julio de 2012

Congreso de la República,

Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones

Proceso monitorio.

ART. 420.—Contenido de la demanda. El proceso monitorio se promoverá por medio de demanda que contendrá:

1. La designación del juez a quien se dirige.

2. El nombre y domicilio del demandante y del demandado y, en su caso, de sus representantes y apoderados.

3. La pretensión de pago expresada con precisión y claridad.

4. Los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados, con la información sobre el origen contractual de la deuda, su monto exacto y sus componentes.

5. La manifestación clara y precisa de que el pago de la suma adeudada no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor.

6. Las pruebas que se pretenda hacer valer, incluidas las solicitadas para el evento de que el demandado se oponga.

El demandante deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación contractual adeudada que se encuentren en su poder. Cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda, que no existen soportes documentales”.

(...).

IV. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la disposición demandada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política.

2. Cuestión previa (aptitud sustancial de la demanda).

Previo a la formulación del problema jurídico y la presentación del correspondiente esquema de resolución, la Sala Plena debe determinar la aptitud sustancial de la demanda. Esto obedece a que algunos intervinientes, como el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, solicitan a la Corte proferir un fallo inhibitorio, al advertir que la demanda no satisface las condiciones de certeza y especificidad sistematizadas por la jurisprudencia constitucional, para iniciar un juicio de constitucionalidad.

El demandante alega que al iniciarse el proceso sin prueba documental que acredite la existencia de la obligación, se impide determinar desde qué día se hizo exigible y, por ende, torna imposible aplicar la prescripción extintiva de la misma, con lo cual se vulnera el principio de primacía de lo sustancial sobre lo procedimental, consagrado en el artículo 228 de la Carta Política.

Sobre la base de lo anterior, el defecto alegado por los intervinientes señalados, se sustenta en que la lectura realizada por el demandante parte de un contenido normativo que no derivado de la disposición acusada, ya que ninguna de las previsiones del proceso monitorio prevé una restricción que impida determinar el momento a partir del cual se cuenta la prescripción de la obligación dineraria de mínima cuantía, como erradamente lo sostiene el actor.

El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 dispone que cuando los ciudadanos ejercen la acción pública de inconstitucionalidad deben indicar (i) el objeto demandado, (ii) las normas constitucionales que se reputan infringidas, (iii) el concepto de la violación, (iv) el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado, así como la forma en que fue quebrantado, y (v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.

El concepto de la violación, como elemento normativo previsto en el numeral 3º del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, ha sido sistematizado por la jurisprudencia de esta corporación(18) bajo condiciones de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.

Al tenor de estos requisitos, la demanda debe reunir los siguientes presupuestos: (i) ser suficientemente comprensible (claridad(19)), (ii) recaer sobre el contenido real de la disposición acusada y no sobre uno inferido por quien demanda (certeza(20)), (iii) demostrar cómo la disposición vulnera la Carta Política, mediante argumentos determinados, concretos, precisos y particulares que recaigan sobre la norma en juicio (especificidad(21)), (iv) ofrecer razonamientos de índole constitucional que se refieran al contenido normativo de las disposiciones demandadas (pertinencia(22)), y (v) suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma que se estima contraria a la Carta Política (suficiencia(23)).

Estos requisitos se encuentran compendiados desde la Sentencia C-1052 de 2001, en los siguientes términos:

“La efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta corporación, de que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes(24). De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional”(25).

La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”(26), no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.

Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente(27) “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita”(28) e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda(29). Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”(30).

De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”(31). El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”(32) que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad(33).

La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una Norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales(34) y doctrinarias(35), o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”(36); tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia(37), calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa”(38) a partir de una valoración parcial de sus efectos.

Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (D. 2067/91, art. 2º, num. 4º), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional” (resaltado fuera de texto).

De la comparación entre las condiciones transcritas y el contenido de la demanda se desprende que la discusión se contrae a determinar si existe un cargo de inconstitucionalidad por la presunta vulneración del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, previsto en el artículo 228 de la Carta Política. Esto, habida cuenta que en virtud de una disposición de carácter procesal (CGP, art. 420, num. 6º parcial) se faculta la iniciación del proceso monitorio sin prueba sobre la existencia de la obligación alegada, cuestión que, según el actor, eventualmente podría afectar las garantías sustanciales del demandado (deudor), en especial, la de probar cuándo se hizo exigible la obligación y establecer el término a partir del cual se cuenta la prescripción extintiva.

En lo concerniente a la condición de certeza, este tribunal ha sostenido que la demanda debe recaer sobre el contenido real de la norma acusada y no sobre uno inferido por quien demanda. De otra parte, en lo que respecta a la condición de especificidad(39), la Corte ha reiterado que en el juicio de constitucionalidad el demandante debe demostrar cómo la disposición vulnera la Carta Política, mediante argumentos determinados, concretos, precisos y particulares que recaigan sobre la norma en juicio.

A efectos de esclarecer el cumplimiento de las precitadas condiciones, es preciso analizar la institución del proceso monitorio a través de la descomposición de sus elementos normativos. De esta manera, será posible determinar si la demanda recae sobre su contenido prescriptivo o sobre una inferencia interpretativa del demandante.

El artículo 420 del Código General del Proceso establece las condiciones para cumplir con el requisito de demanda en forma dentro del proceso monitorio, entre las cuales, el numeral 6º dispone que el demandante debe definir la pretensión de pago, expresada con precisión y claridad, así como los hechos que sirven de fundamento a la misma.

En complemento de ello, el artículo 421 de la misma obra dispone que, una vez admitida la demanda, el juez ordenará requerir al demandado por el plazo de diez (10) días para que pague o conteste la demanda invocando las “razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente la deuda reclamada”. La admisión de la demanda se resuelve a través de un auto de requerimiento de pago, el cual se notifica personalmente al deudor.

Si el deudor no paga dentro del plazo previsto, no justifica su renuencia o simplemente no comparece al proceso, se dictará sentencia contentiva del monto reclamado y se procederá a la ejecución de la misma, según las reglas prescritas en el artículo 306 del Código General del Proceso.

En caso de que el demandado conteste la demanda con la explicación de las razones por las cuales considera no deber en todo o en parte, el asunto se resolverá de acuerdo con los trámites previstos para el proceso verbal sumario y el juez dictará auto citando a la audiencia del artículo 392 del Código General del Proceso.

La Sala Plena constata que, en efecto, el demandante realiza una interpretación aislada que se aleja por completo de un entendimiento sistemático del trámite del proceso monitorio, el cual contempla cuatro supuestos posibles, a saber: (i) la atención del requerimiento por parte del deudor y consecuente pago, caso en el cual, el juez declarará terminado el proceso; (ii) que el deudor notificado no comparezca, con lo cual el juez dictará sentencia y se procederá con la ejecución; (ii) la atención del requerimiento y oposición parcial o total, frente a lo cual el deudor debe presentar las pruebas que sustentan su oposición, evento en el cual el juez debe resolver la controversia a través del proceso verbal sumario, lo cual da origen a otro proceso judicial; y, finalmente (v) oposición infundada del deudor y condena, caso en el cual el juez impondrá una multa correspondiente al 10% del valor de la obligación que se pretende.

De la configuración técnica del proceso monitorio en el sistema procesal colombiano, la Corte encuentra que, a diferencia del proceso ordinario, en el que durante el iter cronológico primero se discute, luego se prueba y por último se juzga, eventualmente se invierte el procedimiento, puesto que desde el inicio se podría proferir la sentencia, si el deudor notificado no comparece, a quien, por demás, corresponde desvirtuar la existencia de la obligación, lo que per se comporta una inversión de la carga probatoria. Sin embargo, también se observa, que la oposición del demandado hace ineficaz la orden de pago y, por consiguiente, muta la naturaleza del juicio a un proceso verbal sumario.

La revisión minuciosa de los contenidos prescriptivos de las disposiciones que regulan el proceso monitorio, demuestra que le asiste razón a las entidades que solicitan proferir un fallo inhibitorio, ya que el actor fundamenta su demanda en un contenido normativo que no se deriva del aparte acusado. De una parte, porque el precepto demandado bajo ninguna circunstancia está expresado en términos que impidan que en el proceso monitorio se puede determinar la prescripción de la obligación y, de otra parte, el proceso monitorio pretende precisamente realizar el principio de supremacía del derecho sustancial sobre el formal en las acciones judiciales, al permitir que las obligaciones dinerarias exigibles, de mínima cuantía y de origen contractual, se puedan hacer efectivas por el acreedor aunque no cuente con el soporte documental de las mismas.

Al examinar el contenido de la demanda, la Sala Plena observa que el actor cuestiona la norma pasando de largo por el Código General del Proceso y sin tener en cuenta el contenido dispositivo del artículo 421 que regula el la disciplina que rige su trámite, el cual, conforme a lo explicado en precedencia, eventualmente comporta varias fases.

Obsérvese que el planteamiento formulado es producto de un ejercicio hipotético y abstracto del promotor de la demanda, que no se deduce del tenor literal de la norma atacada, porque en ninguna parte el artículo 420 del Código General del Proceso dice, o insinúa siquiera, que se alteran, modifican, extienden o restringen los términos de prescripción extintiva o liberatoria previstos en la ley sustancial. Es decir, carece de asidero que dicho aparte normativo impida determinar la prescripción de la obligación reclamada en el proceso monitorio.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en el presente asunto la Corte Constitucional está conminada a declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo, toda vez que la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el numeral 6º (parcial) del artículo 420 del Código General del Proceso, por la supuesta vulneración del artículo 228 Superior, no satisface los requisitos de certeza y especificidad, en tanto el demandante parte de inferencias del precepto demandado que no corresponden a su verdadero contenido prescriptivo.

Inclusive a partir de una valoración de los requisitos mencionados en función del principio “pro actione” —el cual obliga que ante una duda relacionada con el cumplimiento de uno de los parámetros exigidos, deba ser resuelta a favor del accionante—, resulta derivar un cargo de la demanda. A este razonamiento se llega, toda vez que la argumentación expresada por el demandante parte de la existencia de un precepto normativo que la disposición demandada no establece, cuestión que a todas luces no es cierta (certeza) e impide formular cargos mediante la construcción de argumentos determinados, concretos, precisos y particulares que recaigan sobre la norma en juicio (especificidad).

Es más, ni esta norma, ni ninguna otra del proceso monitorio, han pretendido, ni pretenden, desconocer la figura de la prescripción extintiva, como se sugiere en la demanda, toda vez que el precepto materia de examen no deroga ni modifica el contenido de estas disposiciones del Código Civil, de suerte que las reglas sustantivas de prescripción están vigentes, continúan sin modificación y son aplicables en cada caso por el juez que conozca del proceso, existiendo absoluta armonía y compatibilidad entre unas y otras disposiciones.

En virtud de lo anterior, este tribunal concluye que la demanda no satisface los mínimos argumentativos requeridos para suscitar un juicio de constitucionalidad y, en consecuencia, se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “Cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda, que no existen soportes documentales”, contenida en el numeral 6º (parcial) del artículo 420 del Código General del Proceso, por la alegada vulneración del artículo 228 Superior.

3. Síntesis.

Después de examinar nuevamente el cargo de inconstitucionalidad planteado contra un aparte del numeral 6º del artículo 420 del Código General del Proceso, la Corte encontró que el mismo carecía de certeza y especificidad, toda vez que el actor fundamenta su acusación en un contenido normativo que no se deduce de las expresiones legales impugnadas, habida cuenta de que la disposición no impide que al interior del proceso monitorio se pueda determinar la prescripción de la obligación cuya pago se demanda. Por el contrario, el aparte normativo cuestionado pretende, precisamente, hacer efectivo el principio de supremacía del derecho sustancial sobre el formal dentro de una acción judicial, al autorizar que obligaciones dinerarias exigibles, de mínima cuantía y de origen contractual, se puedan hacer efectivas por el acreedor, aunque no posea el soporte documental de las mismas.

Por lo expuesto, esta falencia en la demanda no le permitió a la Corte realizar un examen y decisión de fondo sobre la cuestión planteada.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

ÚNICO. INHIBIRSE para emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda formulada por el ciudadano Seifar Andrés Arce Arbeláez contra la expresión “Cuando no los tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda, que no existen soportes documentales”, del numeral 6º (parcial) del artículo 420 del Código General del Proceso.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese el expediente.»

18 Ver, entre otras, las sentencias C-1052 de 2001 y C-1256 de 2001.

19 “La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”.

20 “Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”.

21 “De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad”.

22 “La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una Norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos”.

23 “…la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (D. 2067/91, art. 2º, num. 4º), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.

24 Cfr., entre varios, el auto de Sala Plena 244 de 2001.

25 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-898 de 2001.

26 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-143 de 1993 y C-428 de 1996.

27 Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001.

28 Sentencia C-504 de 1995.

29 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1544 de 2000, C-113 de 2000, C-1516 de 2000 y C-1552 de 2000, entre otras.

30 En este mismo sentido pueden consultarse, además de las ya citadas, las sentencias C-509 de 1996, C-1048 de 2000 y C-011 de 2001, entre otras.

31 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-568 de 1995. La Corte se declara inhibida para resolver la demanda en contra de los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley 106 de 1993, puesto que la demandante no estructuró el concepto de la violación de los preceptos constitucionales invocados.

32 Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 y 244 de 2001 y las sentencias C-281 de 1994, C-519 de 1998, C-013 de 2000, C-380 de 2000, C-177 de 2001, entre varios pronunciamientos.

33 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-447 de 1997. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto-Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.

34 Cfr. la Sentencia C-447 de 1997, ya citada.

35 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-504 de 1993. La Corte declaró exequible en esta oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (Código Penal). Se dijo, entonces: “Constituye un error conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto, carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. La doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. No existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal —ámbito ideológico y valorativo por excelencia—, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de constitucionalidad sobre extremos comparables”. Así, la Corte desestimaba algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban en teorías del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas demandadas y con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la Constitución.

36 Cfr. Ibíd. Sentencia C-447 de 1997.

37 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-269 de 1995. Este fallo que se encargó de estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo 1º, literales b y f, es un ejemplo de aquellos casos en los cuales la Corte desestima algunos de los cargos presentados por el actor, puesto que se limitan a presentar argumentos de conveniencia.

38 Son estos los términos descriptivos utilizados por la Corte cuando ha desestimado demandas que presentan argumentos impertinentes a consideración de la Corte. Este asunto también ha sido abordado, además de las ya citadas, en la C-090 de 1996, C-357 de 1997, C-374 de 1997 se desestiman de este modo algunos argumentos presentados por el actor contra la Ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio, C-012 de 2000, C-040 de 2000, C-645 de 2000, C-876 de 2000, C-955 de 2000, C-1044 de 2000, C-052 de 2001, C-201 de 2001.

39 “De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad”.