Sentencia C-951 de diciembre 1º de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Magistrado ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Ref.: Expediente D-2503

Demandantes: Jairo Enrique Espinel Sánchez y otros.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º, 6º y 13 del Decreto 1132 de 1999, “Por el cual se reestructura el Fondo Nacional de Ahorro”.

Santafé de Bogotá, D.C., primero de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:

EXTRACTOS: «(...).

II. Normas demandadas

A continuación, se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 43624, del 29 de junio de 1999.

“DECRETO NÚMERO 1132 DE 1999

(Junio 29)

“Por el cual se reestructura el Fondo Nacional de Ahorro”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998,

DECRETA:

ART. 20.—Objeto. El objeto exclusivo del fondo será la administración de las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales de conformidad con este decreto.

“En consecuencia a partir de la vigencia del presente decreto, el fondo no podrá captar recursos del público, vincular afiliados del sector privado, ni recibir ahorro voluntario.

El fondo adoptará dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de este decreto, un programa de desmonte de las actividades que actualmente desarrolla y que no están incluidas en su objeto exclusivo, el cual será sometido a la aprobación de la Superintendencia Bancaria. Dicho plan de desmonte deberá desarrollarse en un plazo máximo de un año”.

“ART. 6º—Administración de las cesantías. Con las cesantías que se entreguen al Fondo Nacional de Ahorro a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, se constituirá un fondo de cesantías que será administrado por el Fondo Nacional de Ahorro.

El fondo de cesantías que administre el Fondo Nacional de Ahorro se sujetará al régimen de inversiones y a las limitaciones previstas para los fondos de cesantías por el estatuto orgánico del sistema financiero.

El fondo tendrá derecho a cobrar por la administración un porcentaje equivalente al que pueden cobrar las sociedades administradoras de cesantías”.

“ART. 13.—Rentabilidad de los fondos de cesantías. Los rendimientos obtenidos en las inversiones del fondo de cesantías, descontada la comisión del fondo, serán abonados en la parte proporcional que corresponda a la cuenta individual de cada afiliado. Lo anterior sin perjuicio de que en el evento que la rentabilidad sea inferior a las sumas a las que se refieren los dos artículos anteriores, el fondo abone la diferencia”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las que se acusan en la demanda que se estudia.

2. Inconstitucionalidad por consecuencia.

Mediante sentencia C-702, del 20 de septiembre de 1999, magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz, esta corporación declaró la inconstitucionalidad del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, a partir de la fecha de la promulgación de dicha ley.

Teniendo en cuenta que el Decreto 1132 de 1999 fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República por el numeral 4º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998 citada, se configura un caso de inconstitucionalidad por consecuencia, al que ya se ha referido la Corte Constitucional, en relación con los fallos expedidos con fundamento en facultades extraordinarias derivadas de los decretos de declaratoria de estado de emergencia económica.

En efecto, esta corporación en la sentencia C-488 de 1995, magistrado ponente, José Gregorio Hernández Galindo, expresó lo siguiente:

“Se trata de una inconstitucionalidad por consecuencia, es decir, del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al Jefe de Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución.

Cuando tal situación se presenta, la Corte Constitucional no puede entrar en el análisis de forma y fondo de cada uno de los decretos legislativos expedidos, pues todos carecen de causa jurídica y son inconstitucionales por ello. Independientemente de que las normas que consagran, consideradas en sí mismas, pudieran o no avenirse a la Constitución.

En el fondo ocurre que, declarada la inexequibilidad del decreto básico, el Presidente de la República queda despojado de toda atribución legislativa derivada del estado de excepción y, por ende, ha perdido la competencia para dictar normas con fuerza de ley.

Desde luego, la declaración de inconstitucionalidad que en los expresados términos tiene lugar no repercute en determinación alguna de la Corte sobre la materialidad de cada uno de los decretos legislativos que se hubieren proferido, ya que aquélla proviene de la pérdida de sustento jurídico de la atribución presidencial legislativa, más no de la oposición objetiva entre las normas adoptadas y la Constitución Política”.

Ahora bien, la declaración de inexequibilidad de la ley habilitante (L. 489/98, art. 120) implica, necesariamente, que las normas dictadas por el legislador extraordinario, en el marco de esa institución consagrada en la Constitución Política (art. 150-10), corran la misma suerte.

Si bien es cierto que en el presente proceso solamente se demandan los artículos 2º, 6º y 13 del Decreto 1132 de 1999, por razones de unidad normativa, debe ser considerado inexequible la totalidad del decreto, por cuanto es claro que fue dictado con fundamento en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998.

Por tal motivo, con base en los fundamentos expuestos en esta providencia, la Sala Plena de la Corte Constitucional declarará inexequible en su integridad el Decreto 1132 de 1999, a partir de la fecha de su expedición.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE, en su integridad, a partir de la fecha de su expedición, el Decreto 1132 de 1999 “Por el cual se reestructura el Fondo Nacional de Ahorro”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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