Sentencia C-96 de febrero 14 de 2007 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-096 de 2007 

Ref.: Expediente D-6404

Magistrado Ponente:

Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

Demandante: Álvaro París Barón

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 53 (parcial) del Decreto-Ley 1792 de 2000.

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil siete.

EXTRACTOS: «II. Disposición demandada

A continuación se transcribe la norma acusada y se subrayan y resaltan los apartes demandados:

DECRETO-LEY 1792 DE 2000 

Diario Oficial Nº 44.162 del 14 de septiembre de 2000

ART. 53.—Traslado. Es el acto del nominador o de quien este haya delegado, por el cual se transfiere a un servidor público, a un empleo vacante en forma definitiva con funciones y requisitos iguales o similares y condiciones salariales iguales a otras dependencias, estando el empleado obligado a cumplirlo.

Así mismo, hay traslado cuando la administración autoriza el intercambio de empleados que desempeñen cargos con funciones afines o complementarias y para los cuales se exijan requisitos mínimos iguales o similares para su desempeño.

En uno u otro caso, este acto deberá cumplirse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, previa entrega del cargo.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4º de la Carta.

2. Problemas jurídicos.

El ciudadano Álvaro París Barón demanda en acción pública de inconstitucionalidad las expresiones “estando el empleado obligado a cumplirlo” y “En uno u otro caso, este acto deberá cumplirse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, previa entrega del cargo”, del artículo 53 del Decreto 1792 de 2000, por considerar que vulneran los artículos 5º, 25, 29, 42, 43, 44 y 54 de la Constitución.

En lo que concierne a la supuesta vulneración de la especial protección que el Estado le debe a la familia (arts. 5º y 42 constitucionales) aduce el demandante que dentro de la realidad laboral de los empleados civiles del Ministerio de Defensa Nacional, no existe la posibilidad de valorar situaciones específicas que se presentan en casos de traslados, tales como los casos de personas disminuidas físicamente, “quien solo su pareja es quien lo socorre y ayuda en su situación”; una mujer en estado de embarazo que debe alejarse de su esposo o compañero; un padre o madre cabeza de familia o un empleado que tiene a su cargo a sus padres en edad avanzada y debe socorrerlos. De allí que, a juicio del demandante, existen muchas situaciones que se presentan al interior de las familias, que imposibilitan el cumplimiento obligatorio de un traslado del Ministerio de Defensa, “y mucho menos en el término reducido de 10 días”.

En relación con el derecho al trabajo (art. 25 superior), alega el ciudadano que las expresiones acusadas conducen a crear situaciones injustas con determinados trabajadores civiles del Ministerio de Defensa, quienes son obligados a cumplir con una orden de traslado en el término de 10 días siguientes a su notificación. A modo de ejemplo, cita los casos de los disminuidos físicos, quienes serían obligados a trabajar en un sitio, sin tener en cuenta sus limitaciones, tratamientos y la compañía que necesariamente deben tener; o la situación en la cual se encuentra quien está siendo sometido a un tratamiento médico. En otras palabras, a juicio del demandante, las disposiciones legales cuya inconstitucionalidad se solicita, constituyen un atentado contra la dignidad del trabajo.

Por otra parte, en lo que concierne a la violación al derecho al debido proceso, (art. 29 superior) manifiesta el ciudadano que se trata “tal vez de la vulneración más concreta contra la Carta Política”, por cuanto el empleado cuyo traslado ha sido decidido no cuenta con la más mínima posibilidad de incumplir dicha orden puesto que incurriría en abandono del cargo. De tal suerte que no existe posibilidad alguna de interponer recursos de ley para explicar con suficiencia las razones y circunstancias personales y familiares por las cuales no puede cumplir con la orden de traslado. Explica que si bien el Código Contencioso Administrativo, en su artículo 50 establece la posibilidad de presentar recursos de reposición y apelación contra actos administrativos de carácter particular, “estos recursos no son tramitados en debida forma porque se argumenta en la mayoría de los casos que se trata de actos de trámite o de ejecución”. Así las cosas, explica el demandante, los apartes acusados limitan totalmente la posibilidad de que el trabajador recurra la decisión de traslado y por ende queda completamente desprotegido.

En lo que concierne a la vulneración de los derechos de la mujer cabeza de familia (art. 43 superior) alega el demandante que el artículo 53 del Decreto-Ley 1792 de 2000 no distingue en ningún caso y sencillamente consagra la obligación de cumplir los traslados dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mismo. En otras palabras, se presenta una violación del artículo 43 constitucional ya que no se señala como excepción al cumplimiento del traslado, la calidad de madre o padre cabeza de familia; es más, según el ciudadano, las expresiones acusadas ni siquiera le permiten a esta calidad de personas alegar la mencionada condición.

De igual manera, estima el demandante que las disposiciones acusadas violan los derechos de los niños (art. 44 superior) por cuanto “cuando se presenta el traslado obligatorio de los padres quienes sufren las consecuencias del abandono y quienes son separados de sus padres son los niños o hijos menores, lo que se verán mermados en el cuidado y amor que el padre ya que no podrá dar pues se encuentra a horas de distancia del domicilio del menor, valores y compañía que desafortunadamente no podrán compartir por teléfono o por cualquier medio de comunicación”. De allí que, según el ciudadano, las expresiones legales acusadas sean inconstitucionales, ya que no le permiten al empleado trasladado exponer todas estas razones a la administración, a fin de que sea revocada la decisión adoptada por la misma.

Finalmente, el demandante estima que las expresiones acusadas vulneran los derechos de los minusválidos (art. 54 superior), ya que no permiten al empleado no uniformado del Ministerio de Defensa presentar ante la administración un mecanismo de impugnación mediante el cual pueda explicar su condición de limitado físico.

La oficina jurídica de la Policía Nacional intervino en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte declarar exequibles las expresiones acusadas, por cuanto el movimiento de personal no proviene de un poder arbitrario de la administración por cuanto debe consultar las necesidades del servicio, no pudiendo implicar condiciones menos favorables para el funcionario. En igual sentido se pronunció el Ministerio de Defensa Nacional señalando además que mediante Sentencia C-757 de 2001 la Corte ya analizó la constitucionalidad del artículo 53 del decreto-ley acusado, por cuanto se presentaría el fenómeno de la cosa juzgada, concepto que es compartido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual agrega que la obligatoriedad del traslado resulta constitucional.

La vista fiscal, de igual manera, conceptúa que la demanda no está llamada a prosperar. Al respecto, alega que el demandante deduce un conjunto de contenidos normativos que no aparecen contemplados en las disposiciones acusadas, tratándose tan solo de apreciaciones de carácter personal, subjetivas. Así mismo, explica que los traslados deben sujetarse a las normas superiores, siendo necesaria la satisfacción del interés general, la evaluación de condiciones subjetivas del trabajador, al igual que el respeto a las condiciones mínimas de afinidad funcional entre el cargo inicialmente vinculado y el nuevo destino. De igual manera, argumenta que sería ilógico que la norma tuviese que incorporar todos los casos en los cuales no opera un traslado de personal, siendo obligatorio cumplir con este, so pena de alterar la disciplina y el orden al interior de la administración pública. Por último, estima que el demandante se equivoca al afirmar que frente al acto administrativo de traslado no proceden los recursos de ley, tal y como lo dispone el Código Contencioso Administrativo para los actos de naturaleza particular.

En este orden de ideas, del examen de los argumentos planteados por el demandante, y tomando en consideración el principio pro actione, el cual orienta la interpretación de los escritos contentivos de acciones públicas de inconstitucionalidad, la Corte entiende que se plantea un único cargo de inconstitucionalidad, en el sentido de que el legislador habría vulnerado el derecho fundamental al debido proceso administrativo por cuanto determinó que los traslados de los funcionarios civiles que laboran en el Ministerio de Defensa Nacional son obligatorios, sin haber tomado en consideración las afectaciones que aquellos comportan en materia de derechos fundamentales del trabajador; acto administrativo frente al cual no procedería recurso legal alguno, quedando así el funcionario en estado de indefensión frente a la decisión adoptada.

Para tales efectos, la Corte (i) examinará las principales líneas jurisprudenciales que ha sentado en materia de traslados de personal en el sector público; (ii) determinará si el carácter obligatorio de los traslados de dichos funcionarios vulnera el artículo 29 superior; y (iii) analizará si frente la decisión de traslado de personal civil del Ministerio de Defensa Nacional realmente no proceden recursos legales.

Por último, la Corte estima que en este caso es preciso examinar en su integridad el artículo 53 del Decreto 1792 de 2000, por cuanto el alcance de las expresiones demandadas se determina tomando en consideración el contexto normativo en el cual se encuentran ubicadas.

3. Asunto procesal previo: ausencia de cosa juzgada constitucional.

Antes de entrar a resolver los cargos de inconstitucionalidad planteados por el demandante, la Corte analizará si le asiste razón al Ministerio de Defensa Nacional y al Departamento Administrativo de la Función Pública, en el sentido de que frente al artículo 53 del Decreto 1792 de 2000, habría operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, en virtud de lo decidido en Sentencia C-757 de 2001.

Pues bien, la Sentencia C-757 de 2001 fue proferida con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la totalidad del Decreto 1792 de 2000, debido a un supuesto irregular ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por la Ley 578 de 2000, vulnerándose, de esta manera, los artículos 150-10, 158, 40, 55 y 103 de la Constitución Política. Más exactamente, el actor afirmaba que en el trámite para la expedición del decreto acusado, el legislador extraordinario desconoció la obligación consagrada en el artículo 3º de la ley de facultades, de contar con la intervención de una comisión especial integrada por miembros del Congreso de la República, encargada de participar en la elaboración, revisión y concertación de los textos de reestructuración objeto de las facultades aludidas.

Luego de ser examinados por la Corte cada uno de los artículos del Decreto-Ley 1792 de 2000, atacado a la luz de las consideraciones anteriores, concluyó que debían ser declarados inexequibles aquellos preceptos que fueron dictados en relación con el régimen especial de carrera para el personal civil del Ministerio de Defensa, para lo cual no habían sido conferidas facultades extraordinarias por el artículo 2º de la Ley 578 de 2000. Respecto de las demás disposiciones del decreto atacado, cuyas materias formaban parte del Decreto 1214 de 1990, incluidos los derechos, deberes y obligaciones del “personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional” a que este alude y que figuraba en el listado contenido en el artículo 2º de la Ley 578 de 2000, esta corporación concluyó que debía declarar su exequibilidad en relación con los cargos examinados en la sentencia.

En consonancia con lo anterior, la Corte resolvió lo siguiente:

“Primero. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en esta sentencia, los títulos I (arts. 1º y 2º), II (arts. 3º a 56), IV (arts. 103 a 109) y V (arts. 110 a 114) del Decreto 1792 de 2000, con excepción de las expresiones “y establece la carrera administrativa especial” contenida en el artículo 1º, “de estas novedades se informará a la comisión administradora de carrera” contenida en el artículo 27, “de conformidad con el presente decreto” contenida en el artículo 47, “y la comisión administradora de carrera” contenida en el artículo 110, así como de los artículos 112 y 113 que se declaran INEXEQUIBLES.

Segundo. Declarar INEXEQUIBLE el título III (arts. 57 a 102) del Decreto 1792 de 2000”.

Adviértase entonces que el artículo 53 del Decreto 1792 de 2000 fue declarado exequible por la Corte en Sentencia C-757 de 2001, “por los cargos analizados en esta sentencia”, los cuales no guardan relación alguna con los actuales. En efecto, mientras en el primer caso se trató de examinar una posible extralimitación del Presidente de la República en el ejercicio de unas facultades extraordinarias, en el segundo se alegan vulneración de derechos fundamentales en materia específica del régimen de traslado del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional. De allí que no le asista la razón al Departamento Administrativo de la Función Pública y al mismo ministerio.

4. Principales líneas jurisprudenciales en materia de traslados de personal en el sector público.

En numerosas ocasiones, la Corte se ha pronunciado acerca las finalidades y límites que conlleva el acto de trasladar a un trabajador del sector público.

Así desde temprana jurisprudencia, la Corte en Sentencia T-016 de 1995, con ocasión de una acción de amparo instaurada por un cabo de prisiones, que había sido trasladado de Medellín a Segovia, vulnerándosele de manera notoria su estabilidad familiar, laboral y educativa, esta corporación consideró lo siguiente:

“El ius variandi , es decir, la facultad que tiene todo patrono de alterar las condiciones de trabajo en cuanto al modo, lugar, cantidad o tiempo del mismo, no implica la existencia de una potestad absoluta. Únicamente procede por motivos razonables y justos, a la vez que en su ejercicio “habrá de preservarse el honor, la dignidad, los intereses, los derechos mínimos y la seguridad del trabajador”. Se trata de un uso razonable de la discrecionalidad que la ley confiere al patrono, bien sea privado u oficial” (resaltados agregados).

Así pues, el juez constitucional estimó que los empleadores, bien fueran particulares estatales, gozaban de una facultad discrecional para trasladar a sus trabajadores, potestad que no podía ser ejercida de manera arbitraria sino respetando los derechos fundamentales de los trabajadores.

De igual manera, esta corporación en Sentencia T-288 de 1998, a propósito del caso de una antigua empleada de carrera de la Registraduría del municipio de Zapatoca (Santander), quien fue trasladada a San Vicente de Chucurí, vulnerándose de esta manera los derechos fundamentales de su pequeña hija, estimó lo siguiente:

“la administración goza de discrecionalidad para modificar la ubicación territorial de sus funcionarios, pero que dicha facultad no puede ser utilizada en forma arbitraria”.

Adviértase entonces que, en el caso mencionado, la Corte consideró que en materia de traslados, la autoridad pública competente para adelantarlos debía así mismo tomar en consideración la afectación de los derechos fundamentales de los menores de edad a cargo de trabajador.

Posteriormente, el Tribunal Constitucional en Sentencia C-725 de 2000, proferida con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra algunos artículos de la Ley 488 de 1998, “por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales”, examinó algunas disposiciones referentes al régimen de carrera de los funcionarios de la DIAN, argumentando al respecto lo siguiente en materia de traslados de personal:

“Las atribuciones concedidas por la ley a los funcionarios públicos no pueden ejercerse sino única y exclusivamente en procura de la satisfacción de las necesidades públicas, de los intereses generales, y con sujeción estricta a los principios señalados por el artículo 209 de la Constitución para la función administrativa”.

Recabando en la estrecha relación que existe entre el acto de traslado de personal y la afectación del núcleo familiar, la Corte en Sentencia T-165 de 2004, a propósito de una acción de tutela presentada por un padre de familia, a quien la Fiscalía General de la Nación arbitrariamente había dispuesto trasladar a su esposa, consideró lo siguiente:

“la acción de tutela prospera cuando la decisión de trasladar a un trabajador es intempestiva y arbitraria, y tiene como consecuencia necesaria la ruptura del núcleo familiar”.

Nótese entonces que, en materia de traslados de personal en el sector público, el juez constitucional ampara los derechos no solo del trabajador sino aquellos de los integrantes de su núcleo familiar, cuandoquiera que se logre demostrar vulneración de derechos fundamentales. En tal sentido, la Corte en Sentencia T-909 de 2004, a propósito de una petición de tutela interpuesta por una docente trasladada, consideró que “el amparo constitucional, en principio, es improcedente para controvertir los actos administrativos mediante los cuales se ordena un traslado, salvo que este último sea intempestivo, arbitrario y atente contra la unidad familiar; o se coloque en grave riesgo la vida, salud o integridad personal del trabajador o algún miembro de su familia; o se atente contra el derecho de los niños a tener una familia”.

Así pues, el acto de traslado, entendido este como un acto del nominador o de quien este haya delegado, por el cual se transfiere a un servidor público, a un empleo vacante en forma definitiva con funciones y requisitos iguales o similares y condiciones salariales iguales a otras dependencias o cuando la administración autoriza el intercambio de empleados que desempeñen cargos con funciones afines o complementarias y para los cuales se exijan requisitos mínimos iguales o similares para su desempeño, encuentra su fundamento en las facultades constitucionales de que dispone la administración para satisfacer el interés general. Con todo, tal facultad discrecional no es absoluta por cuanto el acto administrativo de traslado debe sujetarse a la Constitución, en especial, al catálogo de derechos fundamentales, así se trate de las carreras administrativas especiales, como es el caso del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

5. El carácter obligatorio de los traslados de dichos funcionarios no vulnera el derecho al debido proceso administrativo.

El demandante considera que la expresión “estando el empleado obligado a cumplirlo” del artículo 53 del Decreto 1792 de 2000, referente a los traslados de personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, vulnera el derecho al debido proceso, por cuanto no le permite al funcionario exponer las razones por las cuales tal movimiento de personal puede llegar a afectar el disfrute de sus derechos fundamentales. No comparte la Corte tal afirmación, por las razones que pasan a explicarse.

Como se ha indicado, la facultad legal de que dispone la administración para disponer el traslado de un funcionario público no es absoluta, por cuanto debe respetar los derechos fundamentales. Así pues, de conformidad con las líneas jurisprudenciales reseñadas, en determinados casos sea procedente la acción de tutela cuandoquiera que con el mencionado acto administrativo aquellos resulten vulnerados y se esté ante un perjuicio irremediable, quedando así mismo la posibilidad de acudir, en las demás situaciones, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para los efectos pertinentes.

Ahora bien, en el presente caso el demandante parece entender que la obligatoriedad de los traslados de personal se opone al derecho al debido proceso administrativo, por cuanto el funcionario tendría que cumplir irremediablemente con la orden, sin que se tome en consideración la afectación de sus derechos fundamentales.

Sobre el particular, la Corte estima que no le asiste razón al ciudadano por cuanto confunde una característica esencial de todo acto de traslado que se lleve a cabo en el sector público cual es su obligatoriedad, fundada esta en el mantenimiento de la disciplina y el orden al interior de la administración pública, y por supuesto, en atención a las necesidades del servicio, con las motivaciones específicas que llevaron al nominador a adoptar la decisión y las situaciones personales y familiares que pueden concurrir en el funcionario trasladado, las cuales son alegables ante la administración y los jueces por las diversas vías procesales reseñadas. En otras palabras, el legislador no vulneró los derechos fundamentales alegados por cuanto no solo es racional que los traslados de personal en el Estado sean obligatorios, sino que tampoco estaba ante el deber de señalar todas las situaciones concretas que podría alegar el trasladado para oponerse al cumplimiento del acto administrativo. En otras palabras, el carácter obligatorio de los traslados de personal de manera alguna riñe con el derecho que tiene el funcionario trasladado para alegar, en un caso concreto, vulneración de derechos fundamentales.

6. Frente a la decisión de traslado de personal civil del Ministerio de Defensa Nacional proceden los recursos de ley.

El ciudadano considera que la expresión “En uno u otro caso, este acto deberá cumplirse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, previa entrega del cargo”, del artículo 53 del Decreto 1792 de 2000 vulnera el artículo 29 superior, por cuanto no prevé la existencia de recursos legales mediante los cuales el funcionario pueda alegar situaciones familiares o personales, vinculadas con la protección de sus derechos fundamentales, que le impedirían el cumplimiento de la orden de traslado.

Sobre el particular, la Corte considera que es cierto que el artículo 53 del Decreto 1792 de 2000 no prevé expresamente la existencia de recurso legal alguno frente al acto administrativo de traslado, el cual debe ser cumplido dentro de los 10 días hábiles siguientes. De tal suerte que, una primera interpretación de la norma legal llevaría a concluir que en los casos de traslados de personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, el funcionario no contaría con ningún medio de defensa en la vía gubernativa para invocar las diversas afectaciones a sus derechos fundamentales, y a aquellos de sus familiares, derivadas del desplazamiento de una ciudad a otra. Tal entendimiento de la disposición legal acusada es contrario a la Constitución, por cuanto conduce a que la violación de los derechos fundamentales del trabajador, y de su núcleo familiar, no pueda ser invocada en vía gubernativa, e igualmente, a que vencido el término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la orden de traslado, inexorablemente, este tenga que cumplirse.

Una segunda interpretación, conforme con la Constitución, apunta a que, una interpretación sistemática del Decreto 1792 de 2000, el Código Contencioso Administrativo y el artículo 29 superior, conduce a afirmar que en los casos de los traslados de personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, el acto administrativo de traslado solo es obligatorio cuando esté en firme, es decir, cuando se han agotado los recursos pertinentes en vía gubernativa, de conformidad con el Código Contencioso Administrativo.

En efecto, en estos casos, tal y como quedó señalado en Sentencia C-577 de 2006, se trata de utilizar ciertas normas de rango legal como parámetro de interpretación para determinar el alcance de una norma constitucional, ya que “La Corte ha sostenido persistentemente, cuando se ha referido a los rasgos generales del control de constitucionalidad, que este consiste en el cotejo de disposiciones de rango legal con disposiciones de rango constitucional (1) , con el fin de verificar que las primeras no vulneren las segundas. Sin embargo, hay casos en que la vulneración de una norma de rango constitucional solo puede ser apreciada si se utiliza una ley como norma interpuesta. En el presente caso, el alcance del artículo 29 superior no puede ser debidamente entendido si se omite la remisión que el Decreto-Ley 1792 de 2000 hace al Código Contencioso Administrativo. En otras palabras, no se trata de afirmar que la norma legal acusada es constitucional por cuanto es conforme con otro texto normativo de igual jerarquía, sino de emplear una norma de rango legal para efectos de establecer cuál es el alcance que tiene una norma constitucional sobre derechos fundamentales en un caso concreto.

En tal sentido, es preciso tener en cuenta que el parágrafo segundo del artículo 1º del Decreto-Ley 1792 de 2000 dispone que “En lo no previsto en el presente decreto se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones legales y reglamentarias generales”, es decir, se trata de una cláusula mediante la cual se opera un reenvío, en este caso, hacia el Código Contencioso Administrativo.

Así las cosas, se tiene que el acto administrativo de traslado es de carácter particular, no pudiendo ser considerado como de mero trámite o ejecución, sino de un verdadero acto mediante el cual se crea, modifica o extingue una situación jurídica. Al respecto, existe jurisprudencia constante del Consejo de Estado. Así, por ejemplo, en sentencia del 18 de abril de 1996, proferida por la Sección Segunda de esa corporación se consideró que “Es errado el criterio expresado en la resolución, pues el acto que dispone un traslado no es de trámite ni preparatorio; es un acto definitivo que regula una situación administrativa del educador. Por tanto, no siendo improcedente el recurso, la caducidad debe contarse a partir de la comunicación de la última resolución y siendo ello así resulta que la demanda fue presentada en tiempo”. En igual sentido, en fallo del 19 de julio de 2000, esa misma sección estimó que el acto de traslado “crea, modifica o extingue una situación jurídica”, y por ende, “si el funcionario competente para efectuar el traslado no expide la resolución demandada, que es la manifestación de voluntad de la administración, ese movimiento nunca hubiera surtido efectos”.

Precisada la naturaleza jurídica del acto de traslado, para la Corte no existe duda alguna que este puede ser controvertido en vía gubernativa y que los recursos interpuestos, al tenor del artículo 55 del Código Contencioso Administrativo, “se concederán en el efecto suspensivo”, es decir, hasta el momento en que sean resueltos, el acto administrativo no se encuentra en firme. Quiere ello decir que, si una vez notificado el funcionario de su traslado estima que con él se le están vulnerando sus derechos fundamentales o los de su núcleo familiar, tiene derecho a interponer los recursos de ley correspondientes en vía gubernativa, los cuales, hasta no ser resueltos, suspenden la ejecución del acto. En otras palabras, el traslado solo se torna obligatorio pasados diez días hábiles siguientes a su notificación, previa entrega del cargo, a condición de que contra el mismo no hayan sido interpuestos los respectivos recursos legales en vía gubernativa, caso en el cual, el acto administrativo se encuentra suspendido.

En este orden de ideas, la Corte declarará exequible el artículo 53 del Decreto 1792 de 2000, en el entendido que el acto de traslado solo será obligatorio cuando quede en firme.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 53 del Decreto 1792 de 2000, en el entendido que el acto de traslado solo será obligatorio cuando quede en firme.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Dentro de estas se cuentan aquellas que forman parte del bloque de constitucionalidad. Sobre este tema se pueden consultar las sentencias C-225 de 1995, C-191 de 1998, C-401 de 2005 y C-988 de 2005 entre otras.

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