Sentencia C-961 de diciembre 10 de 2014

 

Sentencia C-961 de diciembre 10 de 2014

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio González Cuervo

Ref.: Expediente D-10283.

Actor: Laura Daniela Vanegas Gómez

Demanda de inconstitucionalidad contra parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1548 de 2012.

I. Antecedentes

1. Texto normativo demandado.

La ciudadana Laura Daniela Vanegas Gómez, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1548 de 2012 “Por la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y la Ley 1383 de 2010 en temas de embriaguez y reincidencia y se dictan otras disposiciones. El texto de artículo con el aparte acusado se transcribe a continuación:

“LEY 1548 DE 2012

(Julio 5)

“Por la cual se modifica la Ley 769 de 2002 y la Ley 1383 de 2010 en temas de embriaguez y reincidencia y se dictan otras disposiciones”.

(...).

ART. 1º—El artículo 152 de la Ley 769 quedará así:

ART. 152.—Grado de alcoholemia. Si hecha la prueba de alcoholemia se establece:

Entre 20 y 39 mg de etanol/100 ml de sangre total, además de las sanciones previstas en la presente ley, se decretará la suspensión de la licencia de conducción entre seis (6) y doce (12) meses.

Primer grado de embriaguez entre 40 y 99 mg de etanol/100 ml de sangre total, adicionalmente a la sanción multa, se decretará la suspensión de la licencia de conducción entre uno (1) y tres (3) años.

Segundo grado de embriaguez entre 100 y 149 mg de etanol/100 ml de sangre total, adicionalmente a la sanción multa, se decretará la suspensión de la licencia de conducción entre tres (3) y cinco (5) años, y la obligación de realizar curso de sensibilización, conocimientos y consecuencias de la alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación debidamente autorizados, por un mínimo de cuarenta (40) horas.

Tercer grado de embriaguez, desde 150 mg de etanol/100 ml de sangre total en adelante, adicionalmente a la sanción de la sanción de multa, se decretará la suspensión entre cinco (5) y diez (10) años de la licencia de conducción, y la obligación de realizar curso de sensibilización, conocimientos y consecuencias de la alcoholemia y drogadicción en centros de rehabilitación debidamente autorizados, por un mínimo de ochenta (80) horas.

PAR. 1º—Será criterio para fijar esta sanción, la reincidencia, haber causado daño a personas o cosas a causa de la embriaguez o haber intentado darse a la fuga.

PAR. 2º—La certificación de la sensibilización será indispensable para la entrega de la licencia de conducción suspendida.

PAR. 3º—El conductor del vehículo automotor que pese a ser requerido por las autoridades de control operativo de tránsito, con plenitud de garantías, no acceda o no permita la realización de las pruebas físicas o clínicas a que se refiere la presente ley, incurrirá en falta sancionada con multa y adicionalmente con la suspensión de la licencia de conducción entre cinco (5) y diez (10) años. 

Este mismo examen operará para los conductores de motocicletas, independientemente del cilindraje, de igual forma estarán sujetos al examen los ciclistas cuando la autoridad lo requiera”.

2. Demanda: pretensión y fundamentos.

2.1. Pretensión.

La demandante solicita se declare inexequible el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1548 de 2012, que modificó el mismo parágrafo del artículo 152 de la Ley 769 de 2002.

2.2. Cargos.

Para la actora, el parágrafo 3º acusado vulnera los artículos 29 y 33 de la Constitución Política y el numeral 3 del artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por los siguientes motivos:

2.2.1. Desconoce la presunción de inocencia consagrada en el artículo 29 Superior que supone el derecho a guardar silencio y a que la carga de la prueba en contrario sea asumida por el Estado.

2.2.2. Vulnera el artículo 33 de la Constitución al constituir un “acto de constreñimiento” para que el conductor declare contra sí mismo. Como consecuencia de lo expuesto, desconoce la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por Colombia, que dispone que la confesión del inculpado solo es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

3. Intervenciones oficiales y ciudadanas. Las intervenciones oficiales y ciudadanas son las siguientes:

3.1. Ministerio de Justicia y del Derecho. Inhibición y en su defecto exequible.

Manifiesta que la disposición acusada en esta oportunidad no se encuentra vigente, en virtud de que fue modificada expresamente por el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, que cambió radicalmente su contenido, regulando en forma diferente las sanciones de acuerdo al grado de alcoholemia y estableciendo normas más fuertes para el infractor.

Considera que dado que la norma acusada no hace parte del ordenamiento jurídico, corresponde a la Corte inhibirse por carencia actual de objeto y que no obstante lo anterior, si la Corte encuentra que la norma está produciendo efectos, deberá declararla exequible, para lo cual reitera que si bien la norma acusada en esta oportunidad es el parágrafo 3 del artículo 1º de la Ley 1548 de 2012, resultan aplicables las consideraciones de constitucionalidad planteadas en el proceso D-10081 (acumulados D- 10083 y D-10095), en el cual se demanda el parágrafo 3 del artículo 5º de la Ley 1696 de 2013.

3.2. Ministerio de Defensa Nacional. Inhibición y en su defecto exequible.

Debe la Corte inhibirse para pronunciarse de fondo, toda vez que la disposición acusada no hace parte del ordenamiento jurídico al haber sido modificado expresamente por el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013 y que en el evento de que se considere que la norma aún está produciendo efectos, deberá declararse su exequibilidad, para lo cual ratifica los argumentos presentados en el proceso D-10081 (acumulados D- 10083 y D-10095), en el cual se demanda el parágrafo 3 del artículo 5º de la Ley 1696 de 2013.

3.3. Ministerio de Transporte. Inhibición.

Señala que la demanda se dirigió contra una norma que se encuentra por fuera del ordenamiento jurídico colombiano al haber sido derogada por la Ley 1696 de 2013, en su artículo 5º y contenía efectos que se agotaron en el momento mismo de la aplicación durante su vigencia, de lo que se concluye que no está produciendo efectos.

Lo anterior, en tanto si bien la Ley 1696 de 2013 no derogó expresamente la Ley 1548 de 2012, al revisar el texto de las mismas queda claro que operó la derogatoria tácita del artículo 1º de la Ley 1548 de 2012, incluidos cada uno de sus parágrafos, entre los cuales se encuentra el 3 demandado en esta oportunidad.

Indica que se encuentra en curso en la Corte una demanda de inconstitucionalidad entre otros, del parágrafo 3 del artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, que derogó la disposición acusada en esta oportunidad y frente a la cual se presentó las razones por las cuales la considera ajustadas a la Constitución.

En consecuencia considera que el juicio de inconstitucionalidad de la disposición acusada es improcedente.

3.4. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Manifiesta que la actora omitió hacer referencia a que es el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, la norma que impuso las sanciones a los conductores que se nieguen a la práctica de las respectivas pruebas para determinar el estado de embriaguez, situación que es la base de la acción de inconstitucionalidad, la cual considera debe declararse exequible.

3.5. Policía Nacional. Inhibición o en su defecto exequibilidad.

Corresponde a la Corte inhibirse para pronunciarse de fondo por carencia de objeto de examen, pues la disposición acusada fue derogada por el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, norma que como lo señala su artículo 10 de manera taxativa, entra en vigencia a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Señala que las acusaciones planteadas por la actora en la demanda tampoco reúnen las condiciones de claridad, certeza y especificidad que permitan inferir la infracción de la Carta Política.

Por último considera que las disposiciones acusadas son el ejercicio de la potestad de regulación normativa frente al desarrollo de actividades potencialmente peligrosas, al pretender proteger a las víctimas o personas cuyos derechos puedan verse afectados por situaciones de riesgo, cometidas bajo la conducción de vehículos en estado de embriaguez y por cuanto no vulneran ningún derecho fundamental.

3.6. Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría de Movilidad. Exequible.

Manifiesta que el parágrafo 3 del artículo 1º de la Ley 1548 de 2012, fue modificado por la Ley 1696 de 2013, pero que las situaciones surgidas bajo su vigencia continúan rigiéndose por ella, manteniendo su eficacia respecto de dichos asuntos.

No se vulnera la presunción de inocencia, por cuanto es solo en la audiencia pública donde se determina si existe o no responsabilidad contravencional frente al presunto inculpado, se impone la sanción en caso de encontrarse debidamente probada la embriaguez, así como la negativa de haberse practicado la prueba de alcoholemia.

Tampoco se infringe el derecho a la no discriminación, por cuanto la prueba de embriaguez se constituye en un medio probatorio para que la autoridad de tránsito, de acuerdo con los resultados, adopte medidas de carácter preventivo frente al conglomerado social, y le dé la oportunidad al implicado de ser escuchado de manera libre y espontánea en diligencia administrativa ante la autoridad de tránsito.

3.7. Alcaldía de Manizales. Exequible.

Considera debe declararse exequible el parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, que modificó el artículo 152 del Código Nacional de Tránsito, modificado por el artículo 1º de la Ley 1548 de 2012, al considerar que el Gobierno Nacional “No desconoció normas superiores y menos aún, haya desbordado las facultades que posee al respecto a la expedición de las leyes que el Estado y la comunidad reclama, para conjurar y poner freno a conductas que estén poniendo en riesgo a toda una sociedad y desconociendo derechos fundamentales como la vida, la salud, la locomocion, la integridad personal y el derecho a preservar y conservar su patrimonio entre otros, derechos que deben ser amparados sin dilación alguna por el Estado , en igualdad de condiciones a todas las personas sin distingo alguno”.

3.8. Alcaldía de Cali. Exequibilidad.

Debe declararse la exequibilidad de la norma acusada, en la medida que dentro del procedimiento administrativo de tránsito, el comparendo es un acto administrativo de trámite que tiene por objeto la citación del infractor para que se presente ante la autoridad de tránsito para proceder al pago de la infracción o lleve a cabo la audiencia de controversia, según lo preceptuado por el artículo 205 del Decreto 19 de 2012, que modificó el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, en el cual se protege debidamente el debido proceso. Tampoco infringe la presunción de inocencia y el derecho a la no autoincriminación, pues en la audiencia en la que se define la responsabilidad del infractor y no en la imposición del comparendo.

3.9. Alcaldía de Medellín. Inhibición.

Considera que corresponde a la Corte inhibirse para pronunciarse de fondo por carencia total de objeto, toda vez que la norma acusada al momento de la presentación de la demanda (mayo 26/2014) había sido subrogada por la Ley 1696 de 2013, la cual había entrado en vigencia desde el 19 de diciembre de 2013, y que la nueva disposición no reprodujo en su totalidad el texto de la Ley 1548 de 2012, en la medida que modificó la norma de manera sustancial, al introducir cambios en los supuestos de hecho y en las consecuencias jurídicas de su violación y por último, por cuanto no se encuentra produciendo efectos.

3.10. Universidad de Caldas. Inhibición.

Debe la Corte declararse inhibida para pronunciarse de fondo, por ausencia total de objeto, toda vez que la disposición acusada fue modificada o subrogada por el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, de manera que el texto normativo acusado no se mantuvo inalterado, por lo cual no se puede inferir la existencia de identidad de objeto que posibilite un estudio de fondo, de manera que la adopción de una decisión sobre la norma acusada se tornaría inocua, en tanto los efectos del fallo no podrían trasladarse a la nueva disposición.

Manifiestan que además de lo antes expuesto, los cargos formulados no cumplen a cabalidad con los requisitos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia, haciendo evidente la ineptitud sustancial de la demanda.

3.11. Intervención ciudadana.

El ciudadano Oscar David Gómez Pineda señala que la disposición acusada puede encontrarse fuera del ordenamiento jurídico, en tanto con ella se modificó el artículo 152 de la Ley 769 de 2002, disposición que posteriormente fue modificada por la Ley 1696 de 2013, lo que en términos formales significa que fue derogada por una norma posterior.

Indica que la norma objeto de examen, no contraviene ninguna disposición constitucional, motivo por el cual debe declararse exequible, en la medida que tratándose de una actividad peligrosa, es deber del Estado ejercer sobre ella un alto nivel de regulación y control, pudiendo imponer el legislador el cumplimiento de requisitos como la obtención de licencia, su renovación, así como el cumplimiento de ciertas reglas de comportamiento y unos deberes.

4. Concepto del Procurador General de la Nación: Estarse a lo rejsuelto(1). 

Estima que la Corte Constitucional es competente para avocar el conocimiento de la presente acción, por cuanto el aparte acusado —parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1548 de 2012— fue reproducido en la norma que la subrogó —parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1696 de 2013—. En consecuencia, deberá la Corte estarse a lo resuelto en la sentencia que decida las demandas que cursan bajo los radicados D-10081, D-10083 y D-10095, respecto de la cual rindió concepto apoyando su exequibilidad(2).

Lo anterior en tanto la demanda en esta oportunidad no se dirige al quantum de la pena, sino a la tipificación de la conducta como sancionable, lo que hace indiferente que ambas disposiciones no sean idénticas en su redacción ni en sus consecuencias, por cuanto si lo son en torno al referido contenido, es decir, ambas tipifican como sancionable la omisión de la práctica de prueba de alcoholemia, cuando se cuentan con plenas garantías.

II. Fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, al estar dirigida contra una disposición legal, en virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política.

2. Cuestión preliminar. Vigencia de la norma y cosa juzgada constitucional.

2.1. Vigencia de la Norma objeto de control.

La finalidad del proceso de constitucionalidad es la de determinar la conformidad o disconformidad de los preceptos legales acusados frente a la Constitución Política, con el objeto de mantenerlos o retirarlos del ordenamiento jurídico, según el resultado que al respecto arroje el juicio de constitucionalidad.

En consecuencia, no resulta conducente un pronunciamiento de fondo por parte de esta corporación, cuando los preceptos legales han perdido su vigencia jurídica, sea como consecuencia de su derogatoria —expresa o tácita— o por la subrogación o modificación de su contenido, en cuyos casos procede la inhibición. No obstante, ello no impide que en los casos en los cuales a pesar de su separación del ordenamiento jurídico una norma continúa produciendo efectos, la Corte examine su contenido, en tanto que no hacerlo, tales efectos podrían oponerse a los mandatos constitucionales(3). Al respecto, esta corporación ha señalado:

“No obstante, la doctrina de la corporación ha señalado también que la llamada sustracción de materia, que precisamente radica en el preanotado fenómeno, no es suficiente por sí misma para provocar un fallo inhibitorio, pues la Corte no solamente debe velar por la constitucionalidad de las disposiciones legales que están rigiendo sino que igualmente le atañe, en virtud de su delicada responsabilidad como guardiana de la prevalencia del Estatuto Fundamental, evitar que normas pretéritas ya no vigentes, pero inconstitucionales, proyecten sus consecuencias jurídicas hacia el futuro”(4).

Por lo expuesto, antes que emitir un fallo inhibitorio como consecuencia de la derogatoria de las disposiciones acusadas, debe la Corte verificar si pese a ello, se encuentran produciendo efectos jurídicos, puesto que en caso de ser así, lo indicado es decidir, mediante fallo de mérito, acerca de la inexequibilidad planteada.

2.1.1. Subrogación de la norma demandada.

Encuentra la Corte que el precepto acusado en la demanda —el parágrafo 3 del artículo 1º de la Ley 1548 de julio 15 de 2012— ha perdido su vigencia, al haber sido subrogado por el parágrafo 3 del artículo 5º de la Ley 1696 de diciembre 19 de 2013(5).

Lo anterior por cuanto el Congreso de la República al expedir la Ley 1696 de 2013, “Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas” dispuso en su artículo 5º la modificación integral del artículo 152 de la Ley 769 de 2002, disposición que a su vez había sido modificada por el artículo 1º de la Ley 1548 de 2012, del que hacia parte el parágrafo 3º acusado en la demanda.

2.1.2. Producción de efectos de la norma demandada.

Para establecer si la norma demandada puede continuar produciendo efectos ultractivos, esto es, a partir de la fecha en que fue subrogada, debe la Corte preguntarse si al supuesto normativo del artículo 1º de la Ley 1548 de 2012 -la renuencia a la realización de la prueba física o clínica, de un conductor debidamente requerido por la autoridad competente cabría aplicarle la consecuencia normativa prevista en el artículo 1º de la Ley 1548 de 2012 —sanción de multa y suspensión de la licencia de conducción entre 5 y 10 años— o si, por el contrario, no existen desde el 19 de diciembre de 2013 —iniciación de la vigencia de la Ley 1696 de 2013— supuestos fácticos a los que haya de atribuirse tal consecuencia jurídica.

El análisis propuesto supone el siguiente reconocimiento: las sanciones aplicables a los conductores que se mostraron remisos a la prueba de alcoholemia antes del 19 de diciembre de 2013, son las previstas en la norma de la Ley 1548 de 2012 y no las de la Ley 1696 de 2013. Ello en virtud del principio del debido proceso que rige las actuaciones administrativas, y del principio de legalidad de las mismas que exige la imposición de las normas preexistentes al acto que se imputa —la renuencia a la prueba—. Descartando entonces que sean pertinentes las sanciones de la Ley 1696 de 2013 subrogatoria, debe examinarse si existen conductas de negación u oposición a dichas pruebas a las que actualmente deban aplicarse las sanciones de la Ley 1548 de 2011, por ser anteriores al 19 de diciembre de 2013.

Sería el caso de un conductor que, requerido con garantías por la autoridad competente, no accede a la realización de pruebas físicas o clínicas de alcohol ni permite que se la practiquen; y se trataría de un evento de fecha anterior al 19 de diciembre de 2013 —fecha de cesación de la vigencia de la Ley 1548 de 2012 por subrogación— cuya decisión administrativa sancionatoria aún no se hallare en firme. Además, debe tenerse en cuenta que el término de prescripción de las sanciones es de tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la notificación del mandamiento de pago según lo previo el artículo 206 del Decreto 19 de 2012, lo que refuerza la posibilidad de que existan casos no cerrados a los que se les siga aplicando la Ley 1548 de 2012 de manera ultractiva. Así las cosas la posibilidad de que la norma demandada y subrogada continúe produciendo efectos, por tener que ser aplicada a casos sucedidos a su amparo pero aún no resueltos o concluidos, justifica su examen material por esta Corte.

2.1.3. Conclusión.

A pesar de que la norma demandada contenida en el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1548 de 2012 fue subrogada por el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, puede continuar produciendo efectos jurídicos, por cuanto es posible que existan sanciones como consecuencia de la renuencia a la práctica de las pruebas físicas o clínicas de alcoholemia impuestas con antelación al 19 de diciembre de 2013 -fecha de cesación de la vigencia de la Ley 1548 de 2012 por subrogación- cuya decisión administrativa sancionatoria aún no se hallare en firme o el término de prescripción de las sanciones —tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho— se encuentre corriendo o se hubiere interrumpido por la notificación del mandamiento de pago según lo previsto en el artículo 206 del Decreto 19 de 2012 que modificó el artículo 159 de la Ley 769 de 2012.

En consecuencia, la Corte examinará las acusaciones planteadas contra el artículo 1º de la Ley 1548 de 2012.

2.2. Inexistencia de cosa juzgada constitucional.

2.2.1. Identidad de cargos.

La demanda de inconstitucionalidad objeto de examen dentro del presente proceso, se dirige contra el parágrafo 3 del artículo 1º de la Ley 1548 de 2012, modificatorio del artículo 152 del Código Nacional de Tránsito (L. 769/2002) y en el proceso que dio origen a la Sentencia C-633 de 2014, estaba encaminada, entre otros, contra el parágrafo 3 del artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, ambas modificatorias del artículo 152 del Código nacional de Transito.

Examinados los cargos formulados en la demanda subexamine, y los planteados en el proceso que culminó con la Sentencia C-633 de 2014, encuentra la Corte que son similares, en tanto se dirigen en ambos casos, a considerar que las disposiciones acusadas trasgreden la presunción de inocencia y el derecho a la no autoincriminación (C.P. arts. 29 y 33), al establecer que la renuencia del conductor de vehículo automotor, a la práctica de las pruebas físicas o clínicas previstas en la ley, solicitadas por las autoridades de tránsito con plenitud de las garantías, constituya una falta sancionable.

2.2.2. Diferencias entre las disposiciones objeto de control.

Ahora bien, como se anotó anteriormente, si bien los enunciados normativos demandados en esta oportunidad y en el proceso que culminó con la Sentencia C-633 de 2014 tienen alguna similitud en el supuesto de hecho que regulan, debe indicarse que ni su redacción ni su contenido normativo pueden considerarse equivalentes. En efecto, entre ellos existen claras diferencias que se observan a continuación:

Ley 1548 de 2012Ley 1696 de 2013
Parágrafo 3º. Del artículo 152 del Código Nacional de TránsitoParágrafo 3º del artículo 152 del Código Nacional de Tránsito
1. Elementos de la conducta constitutiva de la infracción.
(i) El conductor del vehículo automotor
(ii) que pese a ser requerido por las autoridades de control operativo de tránsito, con plenitud de garantías,
(iii) no acceda o no permita la realización,
(iv) de las pruebas físicas o clínicas a que se refiere la presente ley,
(i) el conductor de un vehículo automotor,
(ii) que ha sido requerido por las autoridades de tránsito, con plenitud de las garantías,
(iii) para que se realice las pruebas físicas o clínicas que prevé la ley,
(iv) no permite que ellas le sean realizadas o se fugue.
2. Consecuencias de la comisión de la falta (sanciones).
Si se cumplen tales condiciones se prevén dos tipos de medidas:
a) multa y
b) suspensión de la licencia de conducción entre cinco (5) y diez (10) años.
Si se cumplen tales condiciones, la ley prevé tres tipos de medidas concurrentes a saber:
(a) la cancelación de la licencia,
(b) la imposición de una multa equivalente a 1440 salarios mínimos diarios legales vigentes y
(c) la inmovilización del vehículo por un término de veinte (20) días hábiles.

 

Se evidencia que la Ley 1696 de 2013, adicionó a los elementos de la conducta sancionable, la fuga del conductor como parte del tipo y frente a las consecuencias de la comisión de la falta, determinó la cuantía de la multa, sustituyó la suspensión de la licencia por la cancelación de la misma y, adicionalmente, dispuso la inmovilización del vehículo por veinte (20) días hábiles.

2.2.3. En consecuencia, encuentra la Corte que no existe cosa juzgada material, por cuanto si bien hay similitud en la línea argumentativa de ambas demandas, existen claras y relevantes diferencias normativas que impiden su configuración.

3. Problema jurídico.

La norma que sanciona administrativamente al conductor que se niega a la práctica de pruebas físicas o clínicas de alcohol, tras requerimiento debido de autoridad competente —artículo 1º de la Ley 1548 de 2012—:

¿Desconoce la presunción de inocencia y el derecho a la defensa —que supone el derecho a guardar silencio— consagrados en el artículo 29 Superior?

¿Vulnera la garantía de no estar obligado nadie a declarar contra sí mismo?

¿Vulnera la regla que dispone que la confesión del inculpado solo es válida si se da sin coacción alguna, dispuesta en el artículo 29 de la Constitución y en el artículo 8.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos?

4. Examen de los cargos de inconstitucionalidad.

4.1. Alcance de los cargos de la demanda.

Considera la accionante que la norma acusada, al disponer una sanción de multa y suspensión de la licencia de conducción al conductor del vehículo automotor que previa solicitud de la autoridad competente, no acceda a la práctica de las pruebas físicas y clínicas que establece la ley, vulnera la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la garantía de no estar obligado a declarar contra sí mismo, y la regla que dispone que la confesión del inculpado solo es válida si se da sin coacción alguna. (C.P. arts. 29 y 33 y CADH. art. 8.3), al presumir su responsabilidad y coaccionar al conductor a permitir su realización, pudiéndose constituir en pruebas en su contra.

4.2. Precedente jurisprudencial en la Sentencia C-633 de 2014.

4.2.1. La decisión de exequibilidad en la Sentencia C-633 de 2014.

La Sentencia C-633 de 2014 declaró la exequibilidad del artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, en los siguientes términos:

“3. Declarar EXEQUIBLES el parágrafo 3º del artículo 152 de la Ley 769 de 2002, incorporado originalmente por el artículo 1º de la Ley 1548 de 2012 y subrogado por el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013 y el inciso trece del artículo 149 de la Ley 769 de 2002”.

4.2.2. La razón de la decisión de la exequibilidad.

La Sentencia C-633 de 2014 resumió así las razones para fundamentar la decisión de exequibilidad:

2.2. En relación con el examen del parágrafo tercero de la Ley 769 de 2002, adicionado a dicha ley por el artículo 1º de la Ley 1548 de 2012 y subrogado por el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, la Corte considera que no quebranta la Constitución. Esta conclusión se funda en dos consideraciones básicas: (i) la actividad de conducción es una actividad peligrosa que justifica una intervención acentuada e intensa por parte de las autoridades; y (ii) tal circunstancia implica una relación de especial sujeción entre los conductores y las autoridades de tránsito, que permite la imposición de obligaciones especiales.

A partir de ello la Corte consideró:

(i) Que la fijación de una obligación de acatamiento de las instrucciones impartidas por una autoridad de tránsito encuentra fundamento constitucional en el artículo 6º conforme al cual los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y en el artículo 95 que establece la obligación de toda persona de cumplir la ley y la Constitución;

(ii) Que cumplir el requerimiento hecho por las autoridades de tránsito para la realización de las pruebas físicas o clínicas orientadas a determinar la presencia de alcohol en el cuerpo de un conductor, persigue una finalidad constitucional de alto valor en tanto pretende controlar los riesgos asociados a la conducción y, en particular, su intensificación cuando se conduce bajo los efectos del alcohol;

(iii) Que la obligación de realizar las pruebas físicas o clínicas no tiene un impacto en el derecho a la no autoincriminación en tanto no se trata de la obligación de efectuar una declaración o manifestación sobre determinados hechos;

(iv) Que aunque dicha obligación restringe la posibilidad de asumir comportamientos pasivos como forma de defensa, se encuentra justificada dado que su finalidad consiste en controlar una fuente de riesgo para la vida y la integridad personal, empleando una medida que genera incentivos suficientes para admitir la práctica de la prueba. (...).

(v) Cuando las personas adoptan la decisión de conducir vehículos automotores aceptan integrarse a una relación de especial sujeción respecto de las autoridades de tránsito que permite a estas prevenir y sancionar los comportamientos que pueden afectar o agravar la seguridad del tránsito.

(vi) En adición a ello, en la hipótesis regulada por la norma acusada y referida a la infracción de normas de tránsito que dan lugar al inicio de un proceso administrativo gobernado por las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, no se encuentra ordenada la previa autorización judicial dispuesta por el artículo 250.3 de la Constitución.

La realización de esta prueba con plenas garantías implica que las autoridades de tránsito deben informar al conductor de forma precisa y clara (i) la naturaleza y objeto de la prueba, (ii) el tipo de pruebas disponibles, las diferencias entre ellas y la forma de controvertirlas, (iii) los efectos que se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de la decisión de no permitir su práctica, (iv) el trámite administrativo que debe surtirse con posterioridad a la práctica de la prueba o a la decisión de no someterse a ella, (v) las posibilidades de participar y defenderse en el proceso administrativo que se inicia con la orden de comparendo y todas las demás circunstancias que aseguren completa información por parte del conductor requerido, antes de asumir una determinada conducta al respecto. En adición a ello la Corte precisa que el conductor tiene derecho a exigir de las autoridades de tránsito la acreditación (vi) de la regularidad de los instrumentos que se emplean y (vii) la competencia técnica del funcionario para realizar la prueba correspondiente”.

4.2.3. Conclusión sobre el precedente jurisprudencial.

Para la Corte, la ratio decidendi de la Sentencia C-633 de 2014 constituye un precedente relevante aplicable al examen de constitucionalidad adelantado en esta oportunidad. En efecto, se trata de casos análogos en los que se juzga la posibilidad de que el legislador establezca la obligación —bajo la amenaza de sanciones de diferente tipo— de practicarse una prueba de alcoholemia que tiene como propósito garantizar la seguridad en el tráfico terrestre. Esa obligación se ha cuestionado con fundamento en el derecho al debido proceso, la garantía de no autoincriminación y la prohibición de someter al inculpado a coacciones.

Para este tribunal, si bien la cuestión constitucional que se planteó en la primera sentencia no es idéntica a la que se plantea en el asunto que ahora se estudia —en atención a que no existe una similitud total entre las disposiciones juzgadas—, el desacuerdo de los ciudadanos demandantes en una y otra tiene un punto de partida análogo que permite concluir la relevancia en el presente caso de la Sentencia C-633 de 2014.

4.3. Conclusión exequibilidad de la norma demandada.

4.3.1. En consecuencia, la ratio decidendi de la Sentencia C-633 de 2014, es plenamente aplicable para resolver los problemas jurídicos en esta oportunidad. En efecto, tal y como allí se señaló en esa providencia la obligación de practicarse la prueba de alcoholemia y la imposición de sanciones en el evento de incumplir tal deber, se ajusta a la Constitución dado que (i) la fijación de una obligación de acatamiento de las instrucciones impartidas por una autoridad de tránsito encuentra fundamento constitucional en el artículo 6º y en el artículo 95; (ii) cumplir el requerimiento hecho por las autoridades de tránsito para la realización de las pruebas físicas o clínicas orientadas a determinar la presencia de alcohol en el cuerpo de un conductor, persigue una finalidad constitucional de alto valor; (iii) no tiene un impacto en el derecho a la no autoincriminación en tanto no se trata de la obligación de efectuar una declaración o manifestación sobre determinados hechos; (iv) aunque restringe la posibilidad de asumir comportamientos pasivos como forma de defensa, se justifica dado que su finalidad consiste en controlar una fuente de riesgo para la vida y la integridad personal; (v) cuando las personas adoptan la decisión de conducir vehículos automotores aceptan integrarse a una relación de especial sujeción respecto de las autoridades de tránsito que permite a estas prevenir y sancionar los comportamientos que pueden afectar o agravar la seguridad del tránsito; (vi) en el supuesto regulado no se encuentra ordenada la previa autorización judicial dispuesta por el artículo 250.3 de la Constitución; y (vii) la realización de la prueba se encuentra sometida a plenas garantías que impiden cualquier abuso o coacción y que fueron claramente enunciadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-633 de 2014.

La condición de precedente relevante de la Sentencia C-633 de 2014 se apoya en una razón adicional. El enunciado de la Ley 1696/13 juzgado en la citada sentencia no solo contemplaba un supuesto de hecho más amplio al previsto en la Ley 1548 de 2012 sino que, adicionalmente, fijaba sanciones más drásticas a las allí previstas. Esto implica que si la Corte consideró la exequibilidad de esa disposición con mayor razón y tratándose de situaciones análogas debe declarar la exequibilidad de la que ahora examina.

III. Conclusión

1. Norma demandada. La pretensión de inconstitucionalidad se dirige contra el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 1548 de 2012, modificatorio del artículo 152 de la Ley 769 de 2002.

2. Cargos. Para la actora la disposición acusada: (i) Desconoce la presunción de inocencia consagrada en el artículo 29 Superior que supone el derecho a guardar silencio y a que la carga de la prueba en contrario sea asumida por el Estado; (ii) vulnera el artículo 33 de la Constitución, al configurar un “acto de constreñimiento” para que el conductor declare contra sí mismo, y (iii) desconoce el artículo 8.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por Colombia, que dispone que la confesión del inculpado solo es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

3. Vigencia de la norma demandada. Como se observa, el artículo 152 de la Ley 769 de 2002 —modificado por el artículo 1º de la Ley 1548 de 2002—, demandado en esta ocasión, fue objeto de subrogación por el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013.

4. Efectos ultractivos de la norma demandada. No obstante la disposición acusada en esta ocasión fue subrogada por el artículo 5º de la Ley 1696 de 2013, quedando por fuera del ordenamiento jurídico, a partir de la entrada en vigencia de esta última, su contenido normativo tiene la virtualidad se seguir produciendo efectos jurídicos, al tener que ser aplicada a casos sucedidos bajo su amparo pero aún no resueltos.

5. Inexistencia de cosa juzgada constitucional. La Corte no considera que se configure el fenómeno de cosa juzgada constitucional, frente a la Sentencia C-633 de 2014, por cuanto si bien existe identidad en los cargos formulados, no la hay identidad en las normas acusadas.

6. Precedente jurisprudencial. La ratio decidendi de la Sentencia de C-633 de 2014, constituye precedente aplicable plenamente a este caso.

7. Decisión. La Corte declarará la exequibilidad del parágrafo 3 del artículo 1º de la Ley 1548 de 2012.

8. Razón de la decisión. (i) Procede el examen de constitucionalidad de normas demandadas derogadas o subrogadas, que pueden continuar produciendo efectos jurídicos en virtud de su aplicación ultractiva a casos ocurridos durante su vigencia y aún no resueltos. (ii) No se configura el fenómeno de cosa juzgada material, por cuanto si bien existe similitud en los cargos, las disposiciones normativas difieren. (iii) Es aplicable como precedente la ratio decidendi de la Sentencia C-633 de 2014. (iv) En virtud de ese precedente no se vulnera la presunción de inocencia ni la no autoincriminación, ni la regla que dispone que la confesión del inculpado solo es válida si se da sin coacción alguna, dispuesta, cuando la norma sanciona la renuencia del conductor de vehículo a la práctica de las pruebas físicas y clínicas requeridas por la Policía de Tránsito, dado que (i) la fijación de una obligación de acatamiento de las instrucciones impartidas por una autoridad de tránsito encuentra fundamento constitucional en el artículo 6º y en el artículo 95; (ii) cumplir el requerimiento hecho por las autoridades de tránsito para la realización de las pruebas físicas o clínicas orientadas a determinar la presencia de alcohol en el cuerpo de un conductor, persigue una finalidad constitucional de alto valor; (iii) no tiene un impacto en el derecho a la no autoincriminación en tanto no se trata de la obligación de efectuar una declaración o manifestación sobre determinados hechos; (iv) aunque restringe la posibilidad de asumir comportamientos pasivos como forma de defensa, se justifica dado que su finalidad consiste en controlar una fuente de riesgo para la vida y la integridad personal; (v) cuando las personas adoptan la decisión de conducir vehículos automotores aceptan integrarse a una relación de especial sujeción respecto de las autoridades de tránsito que permite a estas prevenir y sancionar los comportamientos que pueden afectar o agravar la seguridad del tránsito; (vi) en el supuesto regulado no se encuentra ordenada la previa autorización judicial dispuesta por el artículo 250.3 de la Constitución; y (vii) la realización de la prueba se encuentra sometida a plenas garantías que impiden cualquier abuso o coacción y que fueron claramente enunciadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-633 de 2014.

IV. Decisión

La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 3 del artículo 1º de la Ley 1548 de 2012, mediante el cual se modificó el artículo 152 de la Ley 769 de 2002, por los cargos analizados en la presente providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

Magistrados: Luis Ernesto Vargas Silva, presidente—Maria Victoria Calle Correa—Mauricio González Cuervo—Luis Guillermo Guerrero Perez—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Jorge Iván Palacio Palacio—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, ausente con excusa—Martha Sáchica Méndez, magistrada (E).

Andrés Mutis Vanegas, secretario general (e).

(1) Concepto 5805 de julio 28 de 2014.

(2) Concepto 5752 de abril 1 de 2014.

(3) Sentencia C-1144 de 2000.

(4) Sentencia C- 397 de 1995.

(5) Subrogación que se surtió conforme al artículo 10 de la Ley 1696 de 2013, a partir de su promulgación, la cual se llevó a cabo con su publicación en el Diario Oficial 49009 de diciembre 19 de 2013.