Sentencia C-963 de diciembre 1º de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

BUENA FE EXENTA DE CULPA

CASOS EN QUE SE PUEDE EXIGIR SU DEMOSTRACIÓN

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, subrayando el aparte impugnado:

“DECRETO 410 DE 1971

Por el cual se expide el Código del Comercio

(...).

ART. 529.—Las obligaciones que no consten en los libros de contabilidad o en documento de enajenación continuarán a cargo del enajenante del establecimiento, pero si el adquirente no demuestra buena fe exenta de culpa, responderá solidariamente con aquél de dichas obligaciones”.

(...).

2. Planteamiento del problema.

El fundamento del reclamo que contra un aparte del precepto demandado presenta el actor —el aludido artículo 529 C. Co.—, descansa en el hecho de que la norma, al señalar que el adquirente de un establecimiento de comercio será solidariamente responsable por las obligaciones que no consten en los libros de contabilidad, o en el documento de enajenación, mientras no demuestre buena fe exenta de culpa, configura una violación del principio constitucional —artículo 83 C.P.— en el que precisamente se presume dicha buena fe de los actos ejecutados por los particulares en las relaciones que adelantan con las autoridades.

Con el propósito de precisar si la exigencia hecha por el legislador infringe la Carta Política, es necesario analizar (a) a qué tipo de valor jurídico hace referencia una norma consagra la necesidad de observar buena fe exenta de culpa y (b) qué es el propósito que cumple una norma que regula el régimen de responsabilidades en torno a la enajenación del establecimiento de comercio.

3. Sobre la buena fe.

La Corte Constitucional se ha encargado de definir con amplitud el contenido del principio de la buena fe reconocido por la Constitución Nacional como elemento fundante de las actuaciones tanto de la autoridad como de los particulares. Se trata de un valor inherente a la idea de derecho, que exige a los operadores jurídicos ceñirse en sus actuaciones “a una conducta honesta, leal y acorde con el comportamiento que puede esperarse de una persona·correcta (vir bonus)" (1) y que se sustenta en la confianza, seguridad y credibilidad que generan las actuaciones de los demás.

Al mismo tiempo, la doctrina constitucional elaborada por este tribunal ha señalado los alcances y el campo de aplicación del aludido principio. Se ha dicho:

“El principio de la buena fe se erige en arco toral de las instituciones colombianas dado el especial énfasis que en esta materia introdujo la Carta del 91, a tal punto que las relaciones jurídicas que surjan a su amparo no podrán partir de supuestos que lo desconozcan.

En el diario acontecer de la actividad privada, las personas que negocian entre sí suponen ciertas premisas, entre las cuales está precisamente el postulado que se enuncia, pues pensar desde el comienzo en la mala fe del otro sería dar vida a una relación viciada.

Si este principio es fundamental en las relaciones entre particulares, con mayor razón tiene validez cuando ellos actúan ante las autoridades públicas, bien en demanda de sus derechos, ya en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, toda vez que el Estado y quienes lo representan deben sujetar su actividad al objetivo de realizan el bien común, sobre la base de las previsiones trazadas por el legislador, en vez de crear dificultades a los gobernados y entrabar innecesariamente el desenvolvimiento de las múltiples relaciones que con ellos deben forzosamente establecerse" (2) .

(1) Ver, entre otras, las sentencias T-475 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-575 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-538 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-544 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía, T-532 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, SU-478 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(2) Corte Constitucional, sentencia T-460 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández.

No obstante la importancia que se le concede al postulado de la buena fe en el marco de las relaciones públicas y privadas, también se han concebido algunas limitaciones del mismo, que guardan relación con la necesidad de proteger el bien común. Desde los inicios de su labor este tribunal afirmó con claridad:

“De todo lo cual se desprende sin mayores esfuerzos del intelecto que el principio es la confianza, expresada en la presunción de buena fe, mientras que las excepciones al mismo, es decir, aquellas ocasiones en las cuales pueda partir el Estado del supuesto contrario para invertir la carga de la prueba, haciendo que los particulares aporten documentos o requisitos tendientes a demostrar algo, deben estar expresa, indudable y taxativamente señaladas en la ley. De tal modo que el servidor público que formule exigencias adicionales a las que han sido legalmente establecidas, vulnera abiertamente la Constitución e incurre en abuso y extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones.

Desde luego, lo dicho implica que el mencionado principio también tiene sus límites y condicionamientos, derivados de otro postulado fundamental como es el de la prevalencia del interés común. En modo alguno puede pensarse que el principio de la buena fe se levante como barrera infranqueable que impida a las autoridades el cumplimiento de su función, pues, mientras la ley las faculte para hacerlo, pueden y deben exigir los requisitos en ella indicados para determinados fines, sin que tal actitud se oponga a la preceptiva constitucional. En nuestro Estado de Derecho, las leyes gozan de aptitud constitucional para imponer a la administración o a los jueces la obligación de verificar lo manifestado por los particulares y para establecer procedimientos con arreglo a los cuales pueda desvirtuarse en casos concretos la presunción de la buena fe, de tal manera que si así ocurre con sujeción a sus preceptos se haga responder al particular implicado tanto desde el punto de vista del proceso o actuación de que se trata, como en el campo penal, si fuere del caso” (3) .

(3) Ibíd.

En este orden de ideas, si bien es cierto que la buena fe es un principio que anima y sustenta el cumplimiento de las relaciones entre particulares y entre éstos y los agentes estatales, no es posible afirmar que con su consagración constitucional se pretenda garantizar un principio absoluto, ajeno a limitaciones y precisiones, o que su aplicación no deba ser contrastada con la protección de otros principios igualmente importantes para la organización social, como el bien común o la seguridad jurídica. No resulta extraño entonces, que la formulación general que patrocina a la buena fe, sea objeto de acotaciones legales específicas, en las que atendiendo a la necesidad de, v.gr., velar por la garantía de derechos fundamentales de terceros, sea admisible establecer condicionamientos a la regla contenida en el artículo 83 C.P. Se trata sin duda, de concreciones que, en lugar de desconocer el precepto constitucional amplio, buscan hacerlo coherente con la totalidad del ordenamiento jurídico, previendo circunstancias en las que resulta necesario cualificar o ponderar la idea o convicción de estar actuando de acuerdo a derecho, en que resume en últimas la esencia de la bona fides —Cfr. artículo 84 C.P.—.

Un claro ejemplo de estas circunstancias, en donde las limitaciones contribuyen a precisar coherentemente los alcances de un principio general, está en la remisión que hacen algunas disposiciones a la necesidad de comprobar que determinada acción se ajustó o se desarrolló con buena feexenta de culpa.

En estas ocasiones resulta claro que la garantía general —artículo 83 C.P.—, recibe una connotación especial que dice relación a la necesidad de desplegar, más allá de una actuación honesta, correcta, o apoyada en la confianza, un comportamiento exento de error, diligente y oportuno, de acuerdo con la finalidad perseguida y con los resultados que se esperan —que están señalados en la ley—. Resulta proporcionado que en aquellos casos, quien desee justificar sus actos, o evitar la responsabilidad que de ellos se deriva, sea quien tenga que dar pruebas, de su apropiada e irreprochable conducta.

Ahora bien: si se indaga por las razones que alientan prescripciones de esta naturaleza, rápidamente se encontrará la conveniencia de proteger ciertos principios, de igual jerarquía e importancia que el de la buena fe, y que con el propósito de asegurar ciertos derechos y facultades, aconsejan la exigencia de certeza más allá de la simple presunción. No se puede negar el valor que —v.g.—, tiene el principio de la buena fe al examinar el comportamiento de un poseedor o un deudor cuando se trata de evaluar la legitimidad de su conducta, pero al mismo tiempo —y el legislador ha sido consciente de ello—, no pueden ser desprotegidos los derechos que frente a aquellos tienen, tanto el propietario como el acreedor legítimos. Que se requieran, entonces, ciertas pruebas sobre la idoneidad o corrección que se estima necesaria en ciertos casos, no constituye nada diferente a la reafirmación de un valor neural del ordenamiento jurídico —la buena fe—, unida a la necesidad de coordinar derechos que convergen en una situación determinada, todo con la misma finalidad de permitir la efectiva vigencia de un orden jurídico justo, expresada constitucionalmente en la garantía de los principios, derechos y deberes reconocidos a todos los ciudadanos —artículo 2 C.P—.

4. De la enajenación del establecimiento de comercio.

La creación y consagración legal del concepto jurídico establecimiento de comercio, tiene finalidades económicas y jurídicas específicas que contribuyen a delimitar el régimen de deberes y responsabilidades predicables de quienes se dedican profesionalmente al comercio y contribuye a la transparencia de las relaciones negociales en el seno de una sociedad capitalista.

Siguiendo las voces del código mercantil, se trata de un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa —artículo 515 del C. Co.—, que desde el punto de vista económico, se presentan como un grupo de elementos corporales e incorporales dispuestos por el comerciante hacia un fin establecido, en consideración al cual todos sirven según su naturaleza y su calidad.

Desde la perspectiva jurídica, se busca proteger esa unidad económica de destinación particular, para estimular el desarrollo de la empresa, y contribuir, desde el campo del derecho, a la fijación de reglas que permitan la adecuada circulación de los bienes, el fomento de la productividad, y el respeto de los derechos de quienes participan del intercambio de cosas y servicios. Las características que identifican al establecimiento de comercio han sido claramente señaladas por el legislador:

a) Noción. Como se dijo, se trata de un conjunto variado y heterogéneo de bienes, a los que el empresario le da una organización y finalidad específicas —artículos 515 y 516 del C. Co.—.

b) Derechos de las partes interesadas. Siguiendo los ejemplos de otras legislaciones, se han regulado los derechos de las partes interesadas o relacionadas con un establecimiento de comercio, concretamente cuando se alude al arrendamiento o cesión del inmueble donde funciona el fondo mercantil —artículos 518 a 523 del C. de Co—.

Estas disposiciones gozan de fuerza imperativa, contra las que no producirá efectos ninguna estipulación de las partes —artículo 534 C. Co.—.

c) Sobre la enajenación en conjunto del establecimiento del comercio. Los artículos 525 a 531 del estatuto mercantil señalan las reglas y efectos que se desprenden de la enajenación de un establecimiento de comercio. Así, se establece una presunción que considera que la transferencia del aludido establecimiento, a cualquier título, se hace en bloque o como unidad económica, sin necesidad de especificar detalladamente los elementos que lo integran —artículo 525 C. Co.—.

Por otra parte, por la naturaleza de los bienes comprometidos y por la finalidad a la que están afectados —i.e. el desarrollo de una empresa—, dicha enajenación es de carácter solemne —inspirada en el principio de publicidad—, siendo además necesario que el enajenante entregue al adquirente, un balance general acompañado de la relación discriminada del pasivo —artículos 526 y 527 C. Co.—.

A renglón seguido, en la codificación se pasa a señalar las reglas que rigen la responsabilidad de las partes del negocio de enajenación, respecto al cumplimiento de las obligaciones originadas a partir de la actividad comercial del establecimiento. Por regla general, tanto el enajenante como el adquirente responden solidariamente de todas las obligaciones que se hayan contraído hasta el momento de la enajenación, en desarrollo de las actividades a que se encuentre destinado el establecimiento, y que consten en los libros obligatorios de contabilidad —cfr. artículo 528, inciso 1º, C. Co.—. Sin embargo, la responsabilidad del enajenante cesará transcurridos dos meses desde la fecha de la inscripción de la enajenación en el registro mercantil siempre y cuando (a) se haya dado aviso de la transferencia a los acreedores y (b) no exista oposición —expresada durante el mismo término de los dos meses, ya señalado—, por parte de los acreedores a aceptar al adquirente como su deudor —artículo 528 inciso 2º.

3. De la norma demandada.

Es en este preciso contexto, de la protección de los intereses de terceros afectados por la enajenación del establecimiento de comercio, en el que se inscribe la norma demandada —artículo 529 C. Co.—. La necesidad de salvaguardar las garantías de personas que de algún modo ven comprometidos sus derechos a partir de la existencia de una hacienda mercantil, precisa que se tomen especiales precauciones y se exija a quien enajena y a quien adquiere, un comportamiento consecuente con la importancia de los principios en juego —v. gr. la seguridad jurídica, el pago oportuno de lo debido y la ausencia de enriquecimiento sin justa causa—.

Es menester recordar que la conducta profesional del comerciante se evalúa con más rigor cuando se relaciona con el campo específico de su actividad, debido a que en estos eventos, no actúa como un simple particular a quien le basta desempeñarse con diligencia para no ver comprometida su responsabilidad, sino que se desenvuelve como alguien dedicado regularmente al ejercicio de actividades que la ley considera como mercantiles —artículo 10 C. Co.—.

Los comerciantes, en este caso quien transfiere y quien adquiere el establecimiento de comercio, gozan de un status especial frente a los acreedores y la comunidad en general, que hace razonable la verificación de una conducta que trascienda la esfera del mero convencimiento de que se actúa conforme a derecho, indicando la necesidad de probar que no se actuó con descuido, desinterés o negligencia.

Es este especial cuidado, que se funda en la protección de los intereses de terceros, el que constituye precisamente el núcleo de la expresión buena fe exenta de culpa, y al que se refiere cuando califica la actuación del adquirente en el negocio de enajenación.

Resulta útil recordar el artículo demandado.

“ART. 529.—Las obligaciones que no consten en los libros de contabilidad o en el documento de enajenación continuarán a cargo del enajenante, pero si el adquirente no demuestra buena fe exenta de culpa, responderá solidariamente con aquél de dichas obligaciones” (se subraya lo demandado).

A continuación se abordarán, de manera específica, otros aspectos que contribuyen a configurar este precepto normativo y que dan cuenta de la utilidad de las previsiones en él contenidas.

5.1. La contabilidad mercantil.

En primer lugar, no puede perderse de vista el supuesto objetivo al que la norma se refiere como criterio material para predicar la responsabilidad del comerciante —el adquirente—: el registro de las operaciones del establecimiento de comercio en los libros de contabilidad. Recuérdese que la contabilidad mercantil, concretamente expresada en el deber de llevar con rigor ciertos libros —cfr. artículo 19 C. Co.—, no tiene un propósito puramente instrumental o adjetivo, puesto que es elemento esencial que se dirige a contribuir al adecuado manejo de la información concerniente al establecimiento de comercio.

Tanto desde una perspectiva interna, “consistente en suministrar al comerciante o empresario informaciones relacionadas con la marcha de sus negocios en las diversas dependencias, departamentos, y secciones en las que se encuentre estructurada su organización” (4) , como desde el ámbito exterior, “que permite dar información a los bancos, los acreedores, los presuntos proveedores o inversionistas y los organismos del Estado (superintendencias, dirección de impuestos, etc.) (5) , los registros contables constituyen el relato histórico del devenir empresarial y el recuento exacto de sus operaciones activas y pasivas.

(4) Aquí se acogen y se siguen las consideraciones hechas por el Procurador General en su concepto.

(5) Ibíd.

En este orden de ideas, la verificación del contenido de dichos documentos en todo momento, pero especialmente cuando se efectúa el negocio de enajenación, resulta de capital importancia, pues es la base de la revisión del estado financiero de la empresa, y del cumplimiento de los compromisos adquiridos frente a terceros y frente al Estado. Se trata de un deber que trasciende el contenido de un simple traspaso material de inscripciones, siendo necesario que el adquirente acuda a todos los medios necesarios para conocer integralmente la situación de la empresa que ha de adquirir, a tal punto que pueda demostrar que actuó con toda la competencia que su profesión le indica para tener conocimiento cierto de todos los compromisos del establecimiento —estén o no incluidos en los libros contables—.

Además, debe tomarse en consideración que los libros y papeles del comerciante —como ya se tuvo la ocasión de recordar—, tienen un valor probatorio de capital importancia, pues bien pueden constituir plena prueba o simple principio de prueba de las obligaciones en ellos registradas —artículos 68 y 69 C. Co.—. Pero dicho valor no es absoluto, ya que puede concebirse la existencia de obligaciones que no fueron registradas contablemente por descuido o mala fe del empresario que enajena y que no fueron adecuadamente revisadas —culposa o dolosamente—, por el comerciante que adquiere. Es en ese preciso momento, en el que se ha de establecer la suerte de las obligaciones emanadas del funcionamiento del establecimiento comercial que se enajena, en el que el legislador consideró razonable y adecuado para la protección de los acreedores, que para que el adquirente pudiera librarse de responder solidariamente de las obligaciones que no constan en los libros de contabilidad, probara que actuó de buena fe exenta de culpa.

5.2. De la responsabilidad solidaria.

Por otra parte, desde el punto de vista de la técnica jurídica, la propia ley comercial se ha ocupado de establecer quién es el responsable de las obligaciones adquiridas, en función del establecimiento comercial, previendo diferentes posibilidades.

a) Tanto el enajenante como el adquirente deben responder solidariamente por todas las obligaciones que consten en los libros obligatorios de contabilidad, surgidas en el transcurso del tiempo en que el establecimiento mercantil ha desarrollado su actividad hasta el momento de su enajenación —artículo 528 C. Co.—. El recurso utilizado por la norma demandada para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de los comerciantes, y garantizar las acreencias en cabeza de terceros —objetivos a los que ya se ha hecho referencia—, consistente en atribuir la responsabilidad solidaria, cumple una clara finalidad garantista que se encamina a evitar que, por virtud del cambio en la titularidad jurídica del establecimiento de comercio, se pueda excusar el pago de compromisos previa y legítimamente adquiridos —artículo 529 C. Co.—.

Las obligaciones in solidum —útil es recordarlo—, son aquellas que existen a cargo de dos o más deudores —solidaridad pasiva—, a favor de uno o varios acreedores, de tal manera vinculados que cada uno de los deudores puede ser obligado a pagar la totalidad de la prestación (6) . Son dos las características fundamentales de las obligaciones solidarias: unidad de objeto y pluralidad de vínculo (7) ; la unidad de objeto o prestación no significa como pudiera parecer, que la obligación tenga un solo objeto, pues todas la tienen. Significa que su único objeto no será fraccionado para el pago, así sea fraccionable; la pluralidad de vínculos quiere decir que cada acreedor tendrá nexo diferente con cada deudor y viceversa, siempre, eso sí, sobre un solo objeto.

(6) Cfr. Artículo 1568 del Código Civil y 825 del Código de Comercio.

(7) En este preciso punto la doctrina de derecho privado a sido prolija.

Ahora bien: la responsabilidad del enajenante en este evento, tal como se refirió, cesará después de dos meses de la inscripción de la enajenación.

b) Como lógico corolario de la regla anterior, las obligaciones nacidas luego de la enajenación del establecimiento de comercio —bien que se registren o no en los libros de contabilidad—, se radican en cabeza del adquirente.

c) Pero existe un tercer supuesto: la responsabilidad por las obligaciones que no constan en los libros de contabilidad al momento de la transferencia. En principio —artículo 529 C. Co.— y apelando a la regla de responsabilidad general, es el enajenante el llamado a cumplir con estos gravámenes; sin embargo, el adquirente será solidariamente responsable, cuando no pruebe que su comportamiento durante el perfeccionamiento de la enajenación fue de buena fe exenta de culpa. Aquí, nuevamente se busca garantizar los derechos de los acreedores, llamando a responder no sólo a quien en principio debe cumplir con el registro y garantía de obligaciones nacidas antes de la enajenación —el enajenante—, sino a quien no desplegó todos los deberes que su condición de comerciante y la ley exigen para establecer con exactitud el estado financiero y patrimonial del establecimiento que adquiere —i.e. el adquirente—.

5.3. La buena fe exenta de culpa.

Es preciso entonces, afirmar que la expresión acusada de la norma mercantil demandada no contraviene el artículo 83 de la Constitución, ni ninguno otro del mismo ordenamiento, pues no se parte del supuesto de la mala fe del comerciante —como equivocadamente lo señala el actor—, sino que por el contrario, se impone al adquirente la obligación de asumir una conducta diligente, oportuna, activa, libre de culpa, so pena de resultar solidariamente responsable por las acreencias del establecimiento que no figuren en los libros de contabilidad.

La razón en la que se apoya este requerimiento se basa en: (a) la conveniencia de garantizar el cumplimiento de los compromisos legítimamente adquiridos durante el desarrollo de la empresa, evitando que quien la adquiere, se escude en su torpeza o desinterés para evadir el cumplimiento; (b) la necesidad de establecer un patrón de conducta que señale cuándo el adquirente, por su descuido o por su evidente malicia, ha de responder junto con el enajenante —i.e. solidariamente—, en la garantía de ciertas obligaciones; (c) la importancia de proteger la función de la contabilidad mercantil señalando la utilidad práctica de llevar registros veraces y ciertos de la actividad comercial, so pena de ver comprometida la responsabilidad de quienes deben cumplir con este deber; (d) la naturaleza profesional de la actividad mercantil, que hace necesaria la fijación de ciertas obligaciones en cabeza del profesional del comercio, con el objetivo de velar por la transparencia del intercambio jurídico y económico de los bienes, y la seguridad de los derechos de quienes contratan con dichas personas.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE :

Declarar EXEQUIBLE la expresión demandada del artículo 529 del Código de Comercio.

Notifíquese, comuníquese a quien corresponda, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-963 de diciembre 1º de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

ACLARACIÓN DE VOTO

Debo aclarar mi voto, como lo he hecho en otras ocasiones, en el siguiente sentido:

Coincido con lo expuesto en la sentencia en torno a la necesidad de que el principio de buena fe no exime al adquirente, en el caso de la norma acusada, de su obligación de asumir una conducta diligente, oportuna y libre de culpa o descuido, que es en el fondo lo que la disposición consagra, por lo cual no se puede afirmar que tal exigencia sea inconstitucional.

No obstante, mi preocupación estriba en la redacción del artículo, que traslada al adquirente la carga de la prueba, no respecto de su propia conducta (es decir sobre actos positivos suyos que permitan establecer que obró con diligencia y cuidado), sino acerca de su buena fe, lo que sin duda riñe con el postulado constitucional que la presume.

El sentido del indicado principio es el de exigir a quien afirme que alguien actuó de mala fe que lo demuestre, pues el sistema jurídico parte del supuesto contrario.

Por tanto, considero que la exequibilidad de esta norma ha debido condicionarse en el sentido de que la prueba a cargo del adquirente del establecimiento de comercio no recae sobre su buena fe —que se presume— sino sobre el cuidado y diligencia que haya desplegado en torno a la verificación de los antecedentes relacionados con obligaciones anteriores no consignadas en los libros de contabilidad o en el documento de enajenación.

José Gregorio Hernández Galindo.

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