Sentencia C-968 de diciembre 1º de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref: Expediente Nº 2514

Magistrado Ponente:

Dr. Fabio Morón Díaz

Acción pública de inconstitucionalidad contra el numeral 8º del artículo 4º del Decreto 1160 de 29 de junio de 1999.

Actor: Jesús Abraham Pineda Aristizábal

Santafé de Bogotá, D.C. diciembre primero (1º) de mil novecientos noventa y nueve (1999).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA

EXTRACTOS: «En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Jesús Abrahan Pineda Aristizábal, demandó el numeral 8º del artículo 4º del Decreto 1160 del 29 de junio de 1999, “Por el cual se adiciona el Decreto 1071 de 26 de junio de 1999”.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.

II. Norma acusada

A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43.623 de 29 junio de 1999 y se subraya lo demandado.

DECRETO 1160 DE 1999 

(Junio 29)

“Por el cual se adiciona el Decreto 1071 del 26 de junio de 1999”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1999.

DECRETA.

“(...).

ART. 4º—Funciones. Conforme a las políticas e instrucciones del director general, son funciones de la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera, en relación con la dirección y administración del aparato armado que apoya las labores propias de control y fiscalización aduanera, tributaria y cambiaria, para ejercerlas directamente o a través de su organización interna, las siguientes:

(...).

8. Capturar, sin perjuicio de las competencias de otras autoridades, a los presuntos responsables de delitos relacionados con la evasión fiscal, el contrabando, las infracciones cambiarias, la administración pública y el enriquecimiento ilícito, cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo dispuesto en la ley”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. La competencia

La Corte Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-5 de la Carta Política, es competente para conocer de la demanda formulada en contra del numeral 8º del artículo 4º del Decreto 1160 del 29 de junio de 1999, por estar incluida dicha disposición en un decreto ley.

2. Inexequibilidad consecuencia del derecho acusado.

El decreto parcialmente acusado, como lo señalan lo intervinientes y la vista fiscal, fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso a través del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, específicamente de su numeral primero. Dicho artículo fue declarado inconstitucional por esta corporación a través de la Sentencia C-702 de 1999, en cuyo texto se lee lo siguiente:

“Por ello la Corte Constitucional lo declara inexequible a partir de la fecha de promulgación de la Ley 489 de 1998, por cuanto la Corte encuentre que para el Congreso pueda desprenderse legítimamente de la facultad de legislar y conceder, para el efecto, facultades extraordinarias al ejecutivo, ha de hacerlo con estricto sometimiento a los requisitos esenciales que exige la Constitución Política en el artículo 157 y, por tanto, en este caso las facultades no fueron legítimamente concedidas nunca.

Al adoptar esta decisión, la Corte Constitucional se inspira además, en el carácter restrictivo que debe guiar la interpretación constitucional en materia de facultades extraordinarias al gobierno y, en el entendido de que al declararse la inexequibilidad, en este caso desaparece la norma del ordenamiento jurídico desde el momento mismo de su promulgación y, por tanto, no puede producir efecto alguno”.

Así las cosas, desaparecida la norma que sirvió de fundamento para expedir el decreto acusado, resulta apenas obvio que aquel deba correr igual suerte, pues se produce el fenómeno de la inconstitucionalidad por consecuencia, es decir.

“...del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al jefe de Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordianrias previstas en el Constitución.

“Cuando tal situación se presenta, la Corte Constitucional no puede de entrar en el análisis de forma y fondo de cada uno de los derechos legislativos expedidos, pues, todos carecen de causa jurídica y son inconstitucionales por ello, independiente que las normas que consagran consideradas en sí mismas, pudieran o no avenirse a la Constitución.

Desde luego la declaración de inconstitucionalidad que en los expresados términos tiene lugar, no repercute en determinación alguna de la Corte sobre la materialidad de cada uno de los decretos legislativos que hubiera proferido, ya que aquélla proviene de la pérdida de sustento jurídico de la atribución presidencial legislativa más no de la oposición objetiva entre las normas adoptadas y la Constitución Política”(2).

Por lo dicho, la Corte procederá a retirar el Decreto 1160 de 1999 del ordenamiento positivo, aclarando que tal decisión, en consonancia con lo dispuesto en la citada Sentencia C-702 del presente año, produce efectos a partir de la fecha de promulgación del mismo, la cual tuvo lugar el 29 de junio de 1999, fecha en la cual fue publicado en el Diario Oficial 43.623.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.

RESUELVE.

Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 1160 del 29 de junio de 1999, a partir de la fecha de su promulgación.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-488 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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