Sentencia C-969 de diciembre 1º de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA

DE LOS DECRETOS DICTADOS CON BASE EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY 489 DE 1998

Ref.: Expedientes D-2630, D-2655 y D-2659, acumulados.

Acción pública de inconstitucionalidad contra los decretos 1064, 1122, 1123, 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, 1139, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1178, 1179, 1180, 1181 y 1184, todos de 1999, dictados con base en las facultades establecidas en el artículo 120 de la Ley 489 de 1998.

Magistrado Ponente:

Dr. Fabio Morón Díaz

Actor:

Benjamín Ochoa Moreno y otros

Santafé de Bogotá, D.C., diciembre primero de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «II. La normas acusadas

A continuación se transcribe el encabezamiento de cada uno de los decretos demandados, cuyo texto, publicado en los respectivos diarios oficiales, se incorpora a la presente providencia. Dada la decisión que habrá de adoptar la Corte, se transcribirán también los apartes pertinentes relacionados con la facultad que en ellos se invoca como soporte para su expedición:

DecretoTítuloDiario Oficial
D. 1064
Jun. 26/99
“Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional”. “El Presidente de lo República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 120 numeral 3º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.615-2
Jun. 29/99
D. 1122
Jun. 26/99
“Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la actividad de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el principio de la buena fe”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 4º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43. 622-1
Jun. 29/99
D. 1123
Jun. 29/99
“Por el cual se reestructura el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt” el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”, -Invemar, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “Jhon Von Newman” el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi””, “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a las reglas previstas en el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.624-34
Jun. 29/99
D. 1131
Jun. 29/99
”Por el cual se fusionan el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y el Instituto Nacional para Sordos, lnsor, en el Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de la Discapacidad, Inpred, y se dictan otras disposiciones”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.623-23
Jun. 29/99
D. 1132
Jun. 29/99
”Por el cual se reestructura el Fondo Nacional de Ahorro”. ”El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.624-16
Jun. 29/99
D. 1134
Jun. 29/99
“Por el cual se suprime la Corporación para la convivencia ciudadana en lo región de Urabá Conciudadana” y se ordena su liquidación”.
”El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.
43.620-36
Jun. 29/99
D. 1135
Jun. 29/99
“Por el cual se suprime la unidad por la atención de asuntos indígenas y se ordena su liquidación”. ”El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.621-10
Jun. 29/99
D. 1136
Jun. 29/99
“Por el cual se suprime lo corporación nacional para la reconstrucción de la cuenca del río Páez y zonas aledañas “NASA KIWE” y se ordena su liquidación”.
”El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.
43.621-10
Jun. 29/99
D. 1139
Jun. 29/99
”Por el cual se dispone la escisión de Carbocol”. ”El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 numeral 2º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.625-5
Jun. 29/99
D. 1142
Jun. 29/99
“Por el cual se determina la organización y funcionamiento de lo Auditoría General de la República”. ”El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el numeral 6º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.621-1
Jun. 29/99
D. 1144
Jun. 29/99
“Normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, estructura, funciones y dependencias”.43.620-1
Jun. 29/99
D. 1145
Jun. 29/99
”El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confiere el numeral 6º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, y habiendo oído el concepto del Contralor General de la República, DECRETA:...”.
“Normas del régimen especial de carrera administrativa de la Contraloría General de la República”. “El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confiere el numeral 6º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, y habiendo oído el concepto del Contralor General de la República, DECRETA:...”.
43.620-11
Jun. 29/99
D. 1146
Jun. 29/99
“Por el cual se establece la nomenclatura y clasificación de los empleos de la Contraloría General de la República”. ”El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales que le confiere el numeral 6º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.620-15
Jun. 29/99
D. 1147
Jun. 29/99
“Por el cual se establece la planta de personal de la Contraloría General de la República”. “El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 6º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, y considerando que el Gobierno Nacional escuchó el concepto del Contralor General de la República de que trata el parágrafo 4º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998; Que analizadas las necesidades, competencias y responsabilidades a cargo de la Contraloría General de la República es necesario establecer una planta de personal que permita el cumplimiento eficiente y eficaz de la gestión a cargo de la Contraloría General de la República, DECRETA:...”.43.620-16
Jun. 29/99
D. 1149
Jun. 29/99
“Por el cual se modifica lo estructura del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República”. “El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarios otorgadas en el numeral 6º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.621-8
Jun. 29/99
D. 1153
Jun. 29/99
”Por el cual se reestructura el Departamento Nacional de Planeación”. “Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.625-17
Jun. 29/99
D. 1154
Jun. 29/99
”Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia Bancaria”. ”El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.623-15
Jun. 29/99
D. 1155
Jun. 29/99
”Por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones”. “El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 120 numeral 7º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43. 624-1
Jun. 29/99
D. 1156
Jun. 29/99
”Por el cual se modifica la estructura de competencia interna y de régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 7º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.620-19
Jun. 29/99
D. 1157
Jun. 29/99
”Por el cual se establece el sistema de clasificación nomenclatura remuneración y requisitos de los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el numeral 7º del artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1998, y en concordancia con las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, DECRETA:...”.43.624-42
Jun. 29/99
D. 1158
Jun. 29/99
”Por el cual se establece la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 7º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.625-33
Jun. 29/99
D. 1159
Jun. 29/99
”Por el cual se fusiona el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, con el Ministerio de Comercio Exterior”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.621-12
Jun. 29/99
D. 1160”Por el cual se adiciona el Decreto 1071 de 1999”.43.623-18
Jun. 29/99”El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.Jun. 29/99
D. 1161
Jun. 29/99
”Por el cual se reestructura y transforma la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica Corelca”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, DECRETA:..”.43.625-12
Jun. 29/99
D. 1162
Jun. 29/99
”Por el cual se reforman los sistemas y procedimientos contables y financieros utilizados el manejo del pasivo pensional de la empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias de reestructuración que le confiere el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, y considerando..., DECRETA:...”.43.625-13
Jun. 29/99
D. 1163
Jun. 29/99
”Por el cual se modifica la estructura del patrimonio de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias de reestructuración que le confiere el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, y considerando..., DECRETA:...”.43.625-15
Jun. 29/99
D. 1164
Jun. 29/99
”Por el cual se dispone la fusión del Instituto de Fomento Industrial, IFI, la Financiera Energética Nacional, FEN, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter en el Fondo Financiero Nacional S.A.”. “El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 numeral de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.626-20
Jun. 29/99
D. 1165
Jun. 29/99
”Por el cual se reestructura la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”. ”El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de los facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.623-27
Jun. 29/99
D. 1166
Jun. 29/99
”Por el cual se suprime el Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria, El Consejo Nacional de Economía Solidaria y el Fondo de Fomento a la Economía Solidaria”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.623-31
Jun. 29/99
D. 1167
Jun. 29/99
”Se adoptan medidas en relación con las entidades financieras en las cuales existe participación de entidades públicas del orden nacional”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.625-2
Jun. 29/99
D. 1168
Jun. 29/99
”Por el cual se suprime el Fondo de Seguridad de la Rama Judicial y del Ministerio Público y se ordena su liquidación”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.625-1
Jun. 29/99
D. 1169
Jun. 29/99
“Por el cual se reestructura el Ministerio de Justicia y del Derecho y se dictan disposiciones relacionadas con el Fondo Nacional de Notariado y el Fondo Nacional para lo Defensa de la Libertad”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 DECRETA:...”.43.620-36
Jun. 29/99
D. 1170
Jun. 29/99
“Por el cual se reestructura el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec”. ”El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 120 del de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.621-11
Jun. 29/99
D. 1178
Jun. 29/99
”Por el cual se reestructura la Comisión Nacional de Regalías”. ”El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de los facultades extraordinarias otorgados por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.625-24
Jun. 29/99
D. 1179
Jun. 29/99
“Por el cual se reestructura el Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 1º del artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.626-13
Jun. 29/99
D. 1180
Jun. 29/99
Por el cual se reestructuran las comisiones de regulación”. “El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.625-17
Jun. 29/99
D. 1181
Jun. 29/99
”Por el cual se regula el servicio exterior de la República y la carrera diplomática y consular”. ”El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 120 numeral 5º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.626-2
Jun. 29/99
D. 1184
Jun. 29/99
”Por el cual se suprime la Dirección Nacional del derecho de autor y se ordena su liquidación”. ”El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 120 numeral 1º de la Ley 489 de 1998, DECRETA:...”.43.626-1
Jun. 29/99

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. La competencia

La Corte Constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-5 de la Carta Política, es competente para conocer de las demandas presentadas en contra de los decretos 1064, 1122, 1123, 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, 1139, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1178, 1179, 1180, 1181 y 1184 de 1999.

2. La materia.

La inconstitucionalidad que los actores predican de los decretos demandados se origina, según ellos, en el hecho de que la norma habilitante que les había servido de fundamento, el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, fue retirada del ordenamiento jurídico desde la fecha de promulgación de la ley que la contiene, esto es desde el 29 de diciembre de 1998, motivo por el cual éstos también deben ser retirados del ordenamiento jurídico para evitar que sigan produciendo efectos. Este es el argumento central de las demandas que se resolverán a través de la presente providencia.

El Decreto 1131 de 1999, “Por el cual se fusionan el Instituto Nacional para Ciegos, Inci, y el Instituto Nacional para Sordos, Insor, en el Instituto Nacional para la Prevención y Problemas de Discapacidad, Inpred, y se dictan otras disposiciones”, es tachado de inconstitucional por el actor, pues además de haberse expedido con base en las facultades extraordinarias que el Congreso le otorgó al ejecutivo, a través del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, presenta, según él, los siguientes vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad:

No cumple con las exigencias para la fusión de entidades públicas, establecidas en la misma Ley 489 de 1998; quebranta el principio de la igualdad y el derecho fundamental a la educación, consagrados en los artículos 13 y 67 de la Constitución Política; extralimita las precisas facultades extraordinarias otorgadas mediante el numeral 1º del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, las cuales no incluían la de crear un nuevo establecimiento público del orden nacional.

3. Aclaración metodológica.

Teniendo en cuenta que varios de los decretos demandados ya fueron objeto de control por parte de esta corporación, y que sobre ellos recae el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, el estudio de los mismos se dividirá en dos apartes, en el primero se estudiarán aquellos que no han sido objeto de pronunciamiento alguno por parte de esta corporación, mientras en el segundo se relacionarán anotando la respectiva sentencia, aquellos sobre los que la Corte ordenará estarse a lo resuelto en anteriores providencias.

4. Inexequibilidad por consecuencia.

Los decretos 1123, 1134, 1135, 1136, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1179, 1180 y 1184 de 1999, acusados por los actores, como lo señalan ellos y la vista fiscal, fueron expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorgo el Congreso a través del artículo 120 de la Ley 489 de 1998. Dicho artículo fue declarado inconstitucional por esta corporación, a través de la Sentencia C-702 de 1999(2), a partir de la fecha de promulgación de la ley, esto es, a partir del 29 de diciembre de 1998. Dijo entonces la Corte:

“Por ello la Corte Constitucional lo declara inexequible a partir de la fecha de promulgación de la Ley 489 de 1998, por cuanto la Corte encuentra que para que el Congreso pueda desprenderse legítimamente de la facultad de legislar y conceder, para el efecto, facultades extraordinarias al ejecutivo, ha de hacerlo con estricto sometimiento a los requisitos esenciales que exista la Constitución Política en el artículo 157 y, por tanto, en este caso las facultades no fueron legítimamente concedidas nunca.

Al adoptar esta decisión, la Corte Constitucional se inspira además, en el carácter restrictivo que debe guiar la interpretación constitucional en materia de facultades extraordinarias al gobierno y, en el entendido de que al declarase la inexequibilidad, en este caso desaparece la norma del ordenamiento jurídico desde el momento mismo de su promulgación y, por tanto, no puede producir efecto alguno”.

Así las cosas, desaparecida la norma que sirvió de fundamento para expedir los decretos acusados, resulta apenas obvio que aquellos deban correr igual suerte, pues se produce el fenómeno de la inconstitucionalidad por consecuencia, es decir,

“...del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al jefe de estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución.

Cuando tal situación se presenta, la Corte Constitucional no puede entrar en el análisis de forma y fondo de cada uno de los decretos legislativos expedidos, pues todos carecen de causa jurídica y son inconstitucionales por ello, independientemente que las normas que consagran consideradas en sí mismas, pudieran o no avenirse a la constitución.

Desde luego la declaración de inconstitucionalidad que en los expresados términos tiene lugar, no repercute en determinación alguna de la Corte sobre la materialidad de cada uno de los decretos legislativos que hubiera proferido, ya que aquélla proviene de la pérdida de sustento jurídico de la atribución presidencial legislativa, mas no de la oposición objetiva entre las normas adoptadas y la Constitución Política”(3).

Por lo dicho, la Corte procederá a retirar del ordenamiento positivo los decretos 1123, 1134, 1135, 1136, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1179, 1180 y 1184 de 1999, aclarando que tal decisión, en consonancia con lo dispuesto en la citada Sentencia C-702 del presente año, produce efectos a partir de la fecha de promulgación de los mismos.

5. Carácter unitario de los decretos dictados por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias

Debe la Corte aclarar, que respecto del Decreto 1123 de 1999, “Por el cual se reestructura el Instituto de Recursos Biológicos “Alexander Humbolt”, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”, Invemar, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “Jhon Von Newman”, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” y se dictan otras disposiciones”, éste fue defendido de manera especial por el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República y el asesor jurídico del Instituto de Investigaciones Alexander Humbolt, quienes argumentan que no obstante que al producirlo el ejecutivo invocó equivocadamente las facultades extraordinarias que le había otorgado el Congreso de la República, a través del artículo 120 de la Ley 489 de 1998, dicha norma sólo contiene y desarrolla facultades propias del Presidente de la República, emanadas directamente del artículo 189 numerales 14 y 16 de la Constitución, motivo por el cual la Corte Constitucional carece de competencia para pronunciarse sobre ellos y debe declararse inhibida.

Sobre el particular, esta corporación, al pronunciarse a través de la Sentencia C-918 de 1999(4), sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra algunos artículos de los decretos 1064 y 1065 de 1999, resolvió declarar dichos decretos “inexequibles en su totalidad”, por los motivos que se transcriben a continuación, los cuales reitera la Corte en esta oportunidad, para también declarar inconstitucional, en su totalidad, el Decreto 1123 de 1999:

“... Carácter unitario de los decretos dictados por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias. No son aceptables, para los fines del control constitucional, los decretos híbridos en que se invocan simultáneamente diversas fuentes de atribuciones, unas propias del gobierno y otras legislativas extraordinarias. El contenido legislativo de un decreto ley subsume las eventuales reglas de naturaleza administrativa que consagre.

Los decretos leyes 1064 y 1065 de 1999, de los cuales hacen parte las disposiciones acusadas, fueron expedidos por el Presidente de la República con fundamento en las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el artículo 120 de la Ley 485 de 1998.

Como el indicado precepto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999 (M.P. Dr. Fabio Morón Díaz), “a partir de la fecha de la promulgación de la Ley 489 de 1998” (es decir, desde el 29 de diciembre de 1998, Diario Oficial Nº 43.458), y los decretos objeto de demanda lo fueron el 26 de junio de 1999, es evidente que, cuando se dictaron, el Presidente de la República carecía por completo de facultades constitucionales para expedir normas con fuerza de ley (art. 150, num. 10 de la Constitución).

En efecto, por virtud de lo fallado, para el momento en que los aludidos decretos fueron puestos en vigencia, puede entenderse que no existía la norma habilitante y, por tanto, el Jefe del Estado no gozaba de la investidura legislativa extraordinaria.

De ese modo, tales decretos han perdido todo fundamento, desde el instante de su expedición, y así habrá de declararlo la Corte, conformando la unidad normativa con el articulado integro de los dos estatutos.

Se trata, pues, de un decreto que, en lo relativo a sus fuentes, se apoya a la vez en unas facultades determinadas —de carácter legislativo, según el artículo 150, numeral 10, de la Constitución— y en otras indefinidas, a las que alude de modo genérico, dentro de las cuales bien podrían estar comprendidas las ordinarias del Presidente de la República, como por ejemplo la potestad reglamentaria o cualquiera otra inherente a su condición de suprema autoridad administrativa.

Ha de decirse a este respecto que la invocación de atribuciones en la forma descrita, para los fines de expedir un determinado ordenamiento —que conforma un conjunto normativo, puesto a consideración de la Corte, según el artículo 241-5 de la Constitución, como un todo (Decreto-Ley)— implica la expedición de actos mixtos o híbridos cuyo control de constitucionalidad se dificultaría en extremo si se entrara a distinguir en su contenido entre las normas dictadas con base en una facultad y, las proferidas con fundamento en otra u otras. Y, en esa tarea, resultaría que un mismo acto, en el cual se confundieran las facultades legislativas extraordinarias del presidente y las administrativas que le son propias, sería objeto de control dual: por la Corte Constitucional en cuanto al primer tipo de disposiciones y por el Consejo de Estado en cuanto a la otra categoría, sin un criterio objetivo previo que permitiera a los jueces distinguir con exactitud entre las unas y las otras.

Eso, si fuese aceptado por la Corte —que entonces tendría que entrar en diferenciaciones arbitrarias dentro del articulado de los decretos cuyo encabezamiento los presenta como decretos ley—, conduciría a la inhibición, por supuesta falta de competencia, respecto de los artículos que se estimasen materialmente derivados de facultades no legislativas, y a que dichos preceptos tuviesen que ser demandados ante el Consejo de Estado (C.P., art. 237-2).

Pero, a la vez, el Consejo de Estado, al resolver sobre su propia competencia, podría estimar no tenerla por tratarse de normas integrantes de un decreto ley, o pensar que tal competencia le correspondería respecto de disposiciones de aquellas consideradas por la Corte como sustancialmente legislativas, entrando los dos tribunales en discrepancia.

Si el juez de constitucionalidad, ante un decreto expresamente catalogado por el propio Presidente de la República como “decreto ley” (C.P., art. 150-10), —so pretexto de entrar en un análisis material sobre su naturaleza, diseccionando su articulado para encontrar en él unos preceptos legislativos y otros administrativos— pusiese en tela de juicio la misma facultad que el Jefe del Estado dijo ejercer, podría también, frente a un decreto reglamentario, discutir si sus normas, pese al encabezamiento, tendrían sustancialmente naturaleza legislativa y, por tanto, admitir demandas contra ellos y entrar a conocer sobre su constitucionalidad, desplazando al Consejo de Estado, con lo cual se desencajaría el sistema previsto en la Carta sobre el control de constitucionalidad y la distribución de competencias que el ordenamiento fundamental, directamente, ha efectuado.

Por ello, debe reiterarse:

“Así, pues, corresponderá en esta oportunidad, proferir pronunciamiento de inexequibilidad en relación con el Decreto 110 de 1999, no sin antes señalar que la práctica de invocar diversas fuentes formales y materiales para sustentar la expedición del decreto, evidencia falencias de técnica jurídica, que inciden en la efectividad de su control de constitucionalidad”. (Cfr. C. Const., S. Plena. Sent. C-845 oct. 27/99, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz)".

(...)”.

2.3. Decretos afectados con el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Respecto de los decretos demandados, sobre los cuales esta corporación ya se ha pronunciado, la Corte ordenará estarse a lo resuelto en las respectivas sentencias, dado que sobre ellos recae el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Ellos son:

Decreto 1064 de 1999, declarado inexequible a través de la sentencia C-918 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Decreto 1122 de 1999, declarado inexequible a través de la sentencia C-923 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

Decreto 1131 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-948 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Decreto 1132 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-951 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

Decreto 1139 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-919 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

Decreto 1160 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-968, M.P. Fabio Morón Díaz

Decreto 1178 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-722 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Decreto 1181 de 1999. declarado inexequible a través de la Sentencia C-920 de 1990, M.P. Carlos Gavira Díaz.

Decreto 1155 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-870A, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLES, en su totalidad, los decretos 1123, 1134, 1135, 1136, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1153, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1179, 1180 y 1184 de 1999.

2. Ordenar ESTARSE A LO RESUELTO en las correspondientes sentencias, respecto de los decretos que se relacionan a continuación, sobre los cuales recae el fenómeno de la cosa juzgada constitucional:

Decreto 1064 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-918 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Decreto 1122 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-923 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

Decreto 1131 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-948 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Decreto 1132 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-951 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

Decreto 1139 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-919 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

Decreto 1160 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-968 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.

Decreto 1178 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-722 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Decreto 1181 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-920 de 1990, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

Decreto 1155 de 1999, declarado inexequible a través de la Sentencia C-870A, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta Constitucional y archívese el expediente.

(2) M.P. Fabio Morón Díaz.

(3) Corte Constitucional, sentencia C-488 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(4) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

ACLARACIÓN DE VOTO

Teniendo en cuenta que los suscritos magistrados salvamos nuestro voto respecto de la decisión adoptada mediante la sentencia C-702 de 1999, que decidió declarar inexequible el artículo 120 de la Ley 489 de 1999, por las razones expuestas en dicho salvamento y a las cuales nos remitimos, en el presente caso nos permitimos aclarar el voto en el sentido de que sólo en acatamiento al principio de cosa juzgada, hemos compartido la decisión aquí adoptada.

Eduardo Cifuentes Muñoz—Vladimiro Naranjo Mesa—Álvaro Tafur Galvis. 

_________________________________