SENTENCIA C-972 DE OCTUBRE 7 DE 2004

 

Sentencia C-972 de octubre 7 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

DECRETOS DE CONTENIDO ESTATUTARIO

CONTROL OFICIOSO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL

EXTRACTOS: «En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Carlos Humberto Isaza Rodríguez demandó el artículo 6º del Decreto 2207 de 2003.

Mediante auto del 29 de marzo de 2004, la Corte admitió la demanda del artículo 6º del Decreto 2207 de 2003.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.

II. Norma demandada

A continuación se transcribe el artículo 6º del Decreto 2207 de 2003 demandado en el presente proceso:

“DECRETO 2207 DE 2003

Por medio del cual se desarrolla el artículo 3º del Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003, en lo concerniente a las elecciones departamentales y municipales

(...).

ART. 6º—Porcentaje de votación para tener derecho a la financiación de campañas. En las elecciones para asambleas departamentales y concejos municipales y distritales tendrán derecho a obtener la financiación estatal las listas que superen el porcentaje equivalente al umbral determinado en el artículo 263 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003.

Cuando ninguna de las listas supere el umbral, tendrán derecho a financiación aquellas listas que hayan obtenido curul.

Para el caso de las elecciones a cargos uninominales, tendrán derecho a financiación el ganador y los candidatos que superen el 50% del total de votos válidos obtenidos por el ganador de dicha elección”.

(...).

Inhibición para decidir.

2. El artículo 3º del Acto Legislativo 1 del 3 de julio de 2003 modificó el artículo 109 de la Constitución Política, referido a la financiación de los partidos y movimientos políticos y de las campañas electorales. Su contenido es el siguiente:

“ART. 3º—El artículo 109 de la Constitución Política quedará así:

ART. 109.—El Estado concurrirá a la financiación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica y los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos serán financiadas con recursos estatales mediante el sistema de reposición por votos depositados.

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación.

También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos(sic) puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.

Las campañas para elegir Presidente de la República dispondrán de acceso a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el efecto, determine la ley.

Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.

Los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.

PAR.—La financiación anual de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica ascenderá como mínimo a dos punto siete veces la aportada en el año 2003, manteniendo su valor en el tiempo.

La cuantía de la financiación de las campañas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica será por lo menos tres veces la aportada en el período 1999-2002 en pesos constantes de 2003. Ello incluye el costo del transporte del día de elecciones y el costo de las franquicias de correo hoy financiadas.

Las consultas populares internas de los partidos y movimientos que opten por este mecanismo recibirán financiación mediante el sistema de reposición por votos depositados, manteniendo para ello el valor en pesos constantes vigente en el momento de aprobación de este acto legislativo.

PAR. TRANS.—El Congreso reglamentará estas materias. En lo concerniente a las elecciones departamentales y municipales, tal reglamentación deberá estar lista a más tardar tres meses antes de su realización. Si no lo hiciere, el Gobierno Nacional dictará un decreto con fuerza de ley antes del cierre de las inscripciones correspondientes” (negrillas no originales).

Precisamente, el parágrafo transitorio de este artículo estableció que el Congreso reglamentaría la materia, y que, para el caso de las elecciones departamentales y municipales, esta regulación debería estar lista a más tardar tres meses antes de las elecciones. Y en previsión de que el Congreso no la expidiera dentro del plazo fijado, se facultó al Gobierno Nacional para que expidiera la referida reglamentación a través de un decreto con fuerza de ley que debía ser dictado antes del cierre de las inscripciones de candidatos.

3. La reglamentación mencionada debía fijar las normas sobre la financiación de las campañas políticas antes de las elecciones del mes de octubre de 2003. La Corte ya ha señalado en distintas sentencias que esta materia debe ser objeto de ley estatutaria, puesto que la Constitución dispone que lo relacionado con las funciones electorales y los movimientos y partidos políticos debe ser desarrollado a través de este tipo de leyes (C.P., art. 152, lit. c)), y la financiación de las campañas electorales es una parte esencial de esas materias.

(...).

4. Por otra parte, al observar el texto del Decreto 2207 de 2003 se advierte que —como es lógico, dado que su fin era desarrollar una materia que debe ser objeto de ley estatutaria— varios de sus preceptos modifican normas de la Ley 130 de 1994, que es una norma estatutaria, “por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”. A manera de ilustración, el artículo 5º, que trata sobre el valor del voto por reposición, enmienda el artículo 13 de la Ley 130; el artículo 6º, que determina el porcentaje de votación necesario para tener derecho a la financiación de las campañas, reformó también el artículo 13 del mencionado estatuto básico de los partidos y movimientos políticos; el artículo 8º, sobre auditoría interna, modificó el artículo 49 de la Ley 130; el artículo 9º, sobre los informes de los partidos acerca del monto, origen y destino de sus ingresos y gastos de campaña, enmendó el artículo 18 de la mencionada ley; el artículo 13, que regula la reposición de gastos, sustituyó al artículo 17, etc. Además, la Ley 130 de 1994 fue complementada en distintos aspectos por el Decreto 2207 de 2003. Así ocurre, por ejemplo, con el artículo 12, el cual dispone cuáles son las sanciones por la violación de los topes establecidos para las campañas electorales.

5. Por consiguiente, es claro que la materia que reglamentó el Decreto 2207 debía ser desarrollada a través de una ley estatutaria. Ahora bien, como ya se indicó, en el parágrafo transitorio del artículo tercero del Acto Legislativo 1 de 2003 se estableció que el Congreso expediría las normas sobre financiación electoral en relación con las elecciones departamentales y municipales de octubre de 2003, para lo cual le concedió un término preciso. Y para el caso de que el Congreso no expidiera la mencionada reglamentación dentro de ese término, se autorizó al Gobierno Nacional para hacerlo, antes de que se cerraran las inscripciones para las elecciones departamentales y municipales.

Como es sabido, el Congreso no reglamentó la materia a través de una ley estatutaria y, en consecuencia, el Gobierno Nacional procedió a regularla. Ello tiene como consecuencia que en este caso son inaplicables los requisitos para la expedición de las leyes estatutarias referidos a que deben ser aprobadas en una legislatura y acordadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Empero, lo anterior no significa que pierda vigencia la exigencia de que el decreto sea revisado por la Corte Constitucional de manera integral, oficiosa y definitiva. Como ya se advirtió, el Decreto 2207 de 2003 reglamenta una materia que debe ser objeto de ley estatutaria, lo cual hubiera implicado, en una situación ordinaria, cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos se encuentra el de la revisión de constitucionalidad integral por parte de la Corte.

La exigencia del control de constitucionalidad de los proyectos de ley estatutaria representa una expresión del mecanismo de los frenos y contrapesos, dirigido en este caso a impedir que las ramas del poder público cuyos titulares surgen del voto popular utilicen sus atribuciones para eliminar o restringir indebidamente los derechos de las personas o el régimen democrático y participativo consagrados en la Constitución Política.

Por consiguiente, si bien la urgencia de reglamentar la financiación electoral con miras a las elecciones de octubre de 2003 llevó a que se prescindiera de regular la materia a través de una ley estatutaria, tal como lo exigiría el tema, ello no significa que se pudiera omitir el control de constitucionalidad confiado a la Corte Constitucional.

6. Como se ha señalado, el control de constitucionalidad sobre las leyes que reglamentan temas estatutarios persigue garantizar la vigencia de los derechos y del orden democrático y participativo contemplado en la Constitución. Con el decreto dictado por el gobierno debió ejercerse un control con el mismo alcance.

Ahora bien, puesto que el control sobre el decreto está destinado a cumplir el mismo fin que tiene el control de constitucionalidad sobre los proyectos de leyes estatutarias —la protección de los derechos y del orden democrático y participativo establecidos en la Carta— aquel debe reunir los elementos propios del control de constitucionalidad de los proyectos de ley estatutaria que sean compatibles con la facultad excepcional atribuida al gobierno por el parágrafo transitorio citado. Así, es claro que el control debe ser oficioso, no rogado, lo que indica que el gobierno debía haber enviado el decreto a la Corte inmediatamente después de su expedición, para que se surtiera el examen de constitucionalidad. Es decir, en estos casos, el hecho de que el control sea sobre un decreto de contenido estatutario no entraña que se realice a través del mecanismo de la acción pública de inconstitucionalidad, tal como se pretende en el presente proceso, sino que debe ser un control automático.

Por otra parte, al igual que en los demás casos de control de constitucionalidad de los proyectos de ley estatutaria, este control debe ser integral y definitivo. Integral, en la medida en que versará tanto sobre el fondo como sobre la forma de todo el cuerpo normativo y tendrá como parámetro de juicio todo el articulado de la Constitución, y definitivo, por cuanto la sentencia de la Corte hará tránsito a cosa juzgada constitucional, de manera que las normas que fueron declaradas exequibles no podrán ser demandadas nuevamente.

7. De las premisas anteriores se deduce que el gobierno debía haber enviado a la Corte, de oficio, el texto del Decreto 2207 de 2003 para que fuera revisado en su constitucionalidad. El examen de constitucionalidad sobre el decreto debe ser, como se ha señalado, oficioso, integral y definitivo. Esta conclusión tiene dos consecuencias para el presente proceso. La primera es que la Corte deberá inhibirse para conocer sobre la demanda instaurada contra el artículo 6º del Decreto 2207 de 2003, por cuanto lo que corresponde en esta situación no es realizar un examen aislado y particular de las normas del decreto, conforme sean demandadas a través del mecanismo de la acción popular de inconstitucionalidad, sino un examen oficioso, integral y definitivo del mismo.

La segunda consecuencia es la de que, en situaciones como la presente, en las que no se envía a esta corporación un ordenamiento normativo que debe controlar de manera oficiosa, la Corte debe solicitarle a la autoridad respectiva que se lo remita. Todo ello con fundamento en el artículo 39 del Decreto 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, el cual se aplica de manera analógica a esta situación, dado que se trata de realizar el examen de constitucionalidad de un decreto que reglamenta una materia de contenido estatutario. El mencionado artículo prescribe:

“ART. 39.—El Presidente del Congreso enviará a la Corte Constitucional copia auténtica de los proyectos de leyes estatutarias inmediatamente después de haber sido aprobados en segundo debate. Si faltare a dicho deber, el presidente de la Corte solicitará copia auténtica del mismo a la secretaría de la Cámara donde se hubiere surtido el segundo debate”.

Tal como lo dispone el artículo transcrito, la solicitud será formulada por el presidente de la corporación. Además, en la solicitud se concederá un término para el envío de la norma. Puesto que la circunstancia que se examina no está reglamentada, la Corte debe acudir nuevamente a la analogía. De allí se deriva que el plazo por conceder debe ser de diez (10) días, que es el término más amplio que se contempla en el Decreto 2067 de 1991 para la práctica de pruebas dentro de los procesos de constitucionalidad (art. 10).

Finalmente, si por una u otra razón no se cumple la solicitud de la Corte de que le sea enviado el decreto que debe ser analizado en su constitucionalidad, la Corte deberá entrar a examinarlo directamente, con el fin de cumplir con la función que se le ha confiado de proteger la supremacía de la Constitución. Para ello nuevamente se ha de recurrir a la analogía y, por consiguiente, al artículo 36 del mismo Decreto 2067 de 1991, que dispone que si el gobierno no le envía a la Corte copia auténtica del texto de los decretos legislativos que dictare en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución, para que ella proceda a decidir definitivamente sobre su constitucionalidad, “el presidente de la Corte Constitucional solicitará copia auténtica del mismo (...) y en subsidio actuará sobre el texto que hubiere sido publicado”.

Por lo tanto, en esta ocasión la Corte Constitucional, por medio del presidente de la corporación, le solicitará al Presidente de la República que le remita el texto del Decreto 2207 de 2003 para proceder a efectuar el control de constitucionalidad respectivo, oficioso, integral y definitivo.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. INHIBIRSE para decidir de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el artículo 6º del Decreto 2207 de 2003.

2. SOLICITARLE al Presidente de la República, por medio del presidente de la Corte Constitucional, que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, envíe a esta corporación el texto del Decreto 2207 de 2003 para proceder a efectuar el control de constitucionalidad respectivo.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-972 de 7 de octubre de 2004. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa).

____________________________________