Sentencia C-98 de enero 31 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

ARBITRAMENTO

EL CONFLICTO DEBE SER TRANSIGIBLE

EXTRACTOS: «A continuación, se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 43.335 del 8 de julio de 1998, con la advertencia que se subraya el aparte que se acusa de contrario a la Constitución.

“LEY 446 de 1998

(Julio 6)

por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991 se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil se derogan otras de la Ley 23 de 1991 se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.

TÍTULO II

Del arbitraje

Capítulo 1

Normas generales

ART. 111.—Definición y modalidades. El artículo 1º del Decreto 2279 de 1989 quedará así:

ART. 1º—El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia profiriendo una decisión denominada laudo arbitral.

El arbitraje puede ser en derecho en equidad o técnico. El arbitraje en derecho es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente. En este evento el árbitro deberá ser abogado inscrito. El arbitraje en equidad es aquel en que los árbitros deciden según el sentido común y la equidad. Cuando los árbitros pronuncian sus fallos en razón de sus específicos conocimientos en una determinada ciencia arte u oficio el arbitraje es técnico.

PAR.—En la cláusula compromisoria o en el compromiso las partes indicarán el tipo de arbitraje. Si nada se estipula el fallo será en derecho”.

(...).

2. Problema jurídico.

Corresponde a esta corporación determinar, si cuando el legislador establece que sólo los asuntos de carácter transigible son susceptibles de ser sometidos al mecanismo del arbitramento, se contraviene la disposición constitucional contenida en el artículo 116, según la cual, los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la calidad de árbitros debidamente habilitados por las partes, pues considera el demandante, que el constituyente no impuso ninguna restricción en cuanto a las materias susceptibles de ser sometidas a este mecanismo alterno de resolución de conflictos.

Tanto el ciudadano que intervino en nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho como el Procurador General de la Nación, en contra de lo que manifiesta el demandante, indican que es la propia Constitución la que señala que el arbitraje es una forma de solución de conflictos que se ha de desarrollar en los términos de ley, con lo cual se autorizó al legislador para regular el contenido material de la justicia arbitral.

3. Aclaración previa: cosa juzgada relativa.

En sentencia C-672 de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 111 de la Ley 488 de 1998, por cuanto el mismo no requería estar incluido en una ley estatutaria. De ahí que la declaración de exequibilidad contenida en ese fallo fue restringida específicamente a dicho aspecto, de manera que corresponde a la Corte analizar de nuevo el contenido normativo del artículo 111, para efectos de determinar la procedencia o improcedencia del cargo presentado por el ciudadano Mejía Velásquez. En este sentido, es claro que en relación con dicho precepto sólo operó la cosa juzgada relativa, que no cobija el problema jurídico planteado en la demanda de la referencia y que, por ende, corresponde resolver a esta corporación.

4. El arbitramento como mecanismo alterno de solución de conflictos.

El arbitramento como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ha de entenderse como la derogación que hacen las partes involucradas en un conflicto o precaviendo su existencia, de la jurisdicción en cabeza del Estado y en favor de un particular (árbitro), quien queda investido de la facultad temporal de resolver con carácter definitivo y obligatorio, a través de una decisión denominada laudo arbitral, las diferencias que se susciten entre ellos.

La nota característica de este instituto, requisito que la propia Constitución impone y que la jurisprudencia constitucional ha resaltado (sentencias C-294/95 M.P. Jorge Arango Mejía; C-242/97 M.P. Hernando Herrera Vergara y C-163/99 M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras), está en que los sujetos en controversia o que prevean que pueden llegar a estarlo, determinen autónoma y voluntariamente que su diferencia no será decidida por el Estado a través de sus jueces, sino por un particular a quien ellos le reconocen el poder y la competencia para resolver sus desavenencias —poder habilitante de las partes—. Es, en este contexto, en donde el arbitramento adquiere su condición de mecanismo alternativo de resolución de conflictos, pues son las partes las que voluntariamente y sin apremio alguno, deciden no hacer uso del aparato de justicia estatal.

Ese criterio jurisprudencial, fue reiterado de manera reciente por esta corporación (sent. C-060/2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz), al declarar inexequible una disposición de la Ley 182 de 1995, modificada por la Ley 335 de 1996, que establecía la obligatoriedad del arbitramento para resolver las diferencias que surgieran respecto de los acuerdos celebrados sobre la utilización por los concesionarios de redes de comunicación para emitir señales de televisión. En la citada sentencia, la Corte precisó las características de la institución arbitral en el ordenamiento colombiano, a saber: El arbitramento es voluntario, temporal y excepcional. Además, reiteró que es una figura procesal, es decir, un procedimiento judicial, y como tal está sujeto a la estricta aplicación de las normas y principios que regulan esa clase de actuaciones.

En este sentido, el arbitramento como la conciliación o la amigable composición, han de entenderse como institutos a los que el constituyente les reconoció una función fundamental dentro la administración de justicia, pues son mecanismos a los que pueden recurrir opcionalmente las personas para poner término a sus controversias, sin la intervención directa del Estado, lo que permite no sólo la descongestión del aparato de justicia sino la participación activa de los particulares en la definición de sus conflictos. Sobre el particular, esta corporación ha expresado:

“...estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos encuentran base constitucional no sólo en su reconocimiento expreso en el artículo 116 superior sino también en otros principios y valores constitucionales. Así, su presencia puede constituir una vía útil, en ciertos casos, para descongestionar la administración de justicia formal, con lo cual se potencia la eficacia, celeridad y efectividad de la justicia (C.P., art. 228). Además, y más importante aún, la Carta establece un régimen democrático y participativo (C.P., art. 1º), que propicia entonces la colaboración de los particulares en la administración de justicia y en la resolución de sus propios conflictos. En ese orden de ideas, es perfectamente posible que el legislador estimule la resolución de conflictos directamente por los propios afectados, por medio de figuras como la conciliación o la amigable composición, o por terceros que no sean jueces, como sucede en el caso de los árbitros o de ciertas autoridades administrativas y comunitarias" (sent. C-163 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero).

Significa lo anterior, que los medios alternativos de resolución de conflictos permiten la realización de un sinnúmero de principios y valores que son fundamento mismo de la Constitución de 1991. Sin embargo, éstos no pueden ni han de ser entendidos de forma tal, que desplacen definitivamente al Estado como administrador de justicia, cuando es de la esencia de un Estado, y más aún de un Estado concebido como social de derecho, contar con un aparato de justicia que en forma pronta, oportuna y eficaz haga realizable y garantice los derechos de los individuos, en procura de lograr una convivencia pacífica de todos los asociados.

En relación con el punto anterior y haciendo referencia específicamente al arbitramento, esta corporación señaló:

“Si bien la Corte ha avalado la justicia arbitral como un mecanismo alternativo para la solución de los conflictos, ello no puede interpretarse en el sentido que aquella resulte privilegiada frente a la función permanente de administrar justicia por parte del Estado, ni que ésta pueda verse cada vez más sustituida o reducida en su campo de acción. La institución de la justicia arbitral, que es onerosa, no puede expandirse a tal extremo que implique el remplazo de la administración de justicia gratuita a cargo del Estado. Debe buscarse, por el contrario, el fortalecimiento de ésta para que ella sea la preferida y utilizada por las personas para solucionar sus conflictos, de tal suerte que a la justicia arbitral sólo se acuda excepcionalmente y como una mera opción. Ello es así, porque robustecer en extremo la justicia arbitral en desmedro de la justicia a cargo del Estado, puede significar, en muchos casos, que se imponga a la parte débil en una relación jurídica, por la vía del arbitramento, la solución de un conflicto, que en ciertas ocasiones puede implicar la renuncia a sus derechos e intereses”. (sent. C-672/99, M.P. Antonio Barrera Carbonell).

Así, una ha de ser la posibilidad de disposición que se le reconoce a las partes para decir si la diferencia que surja o llegue a surgir entre ellos la puede resolver un tercero diverso del juez y otra muy distinta, si en razón de la naturaleza de los derechos en conflicto o por el asunto en sí mismo considerado, el Estado puede reservarse para sí la resolución de los mismos, excluyendo cualquier forma de administración de justicia que no sea la que él prodiga a través de sus jueces, decisión esta que corresponde adoptar al legislador, quien es el llamado a determinar en desarrollo de su potestad de regulación de los procesos, el radio de acción del poder habilitante de las partes.

Ha de entenderse, entonces, que contrario a lo que expresa el demandante, el legislador como órgano de representación popular, en ejercicio de su libertad de configuración (art. 150 de la Constitución) y plenamente facultado por el Constituyente (art. 116, inciso final de la Constitución), está habilitado para señalar los asuntos que por su naturaleza deben quedar excluidos del conocimiento y decisión de los particulares. En sentencia C-242 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara), esta corporación señaló:

“[corresponde] al legislador la función de establecer el marco general de dicha regulación (C.P., arts. 116 y 150-23), a fin de determinar las reglas que regirán el ejercicio de esa competencia, lo cual comprende, entre otros aspectos, determinar el responsable de efectuarla, el procedimiento a seguir, las materias sujetas a su conocimiento, las reglas que lo regirán, la forma y efecto de las decisiones allí adoptadas y el control de las mismas" (negrilla fuera de texto).

Sin embargo, la intervención del legislador en esta materia, pese a ser discrecional, no puede convertir en inane la opción que el constituyente otorgó a los sujetos involucrados en un conflicto de acceder a mecanismos alternos de administración de justicia, como tampoco puede privilegiar el uso de éstos, al punto de dejar la resolución de asuntos vitales para el Estado y para el interés general a la decisión de particulares que sólo transitoriamente y para un caso concreto, pueden administrar justicia. En este orden, la jurisprudencia constitucional ha indicado, por ejemplo, que “Están excluidas del arbitramento cuestiones tales como las relativas al estado civil, o las que tengan que ver con derechos de incapaces, o derechos sobre los cuales la ley prohíba a su titular disponer” (sent. C-294/95 M.P. Jorge Arango Mejía); como también que “los particulares investidos de facultad de administrar justicia no pueden pronunciarse sobre asuntos que involucren el orden público, la soberanía nacional o el orden constitucional, asuntos que en razón de su naturaleza están reservados al Estado, a través de sus distintos órganos” (sent. C-1436/2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

Por consiguiente, es preciso afirmar que, si bien el constituyente determinó que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en calidad de conciliadores o árbitros y que estos últimos pueden dictar fallos en derecho o equidad, también señaló que el legislador está facultado para establecer límites al poder habilitante de las partes. Estos límites hacen referencia, entonces, a la temporalidad de la actividad de los particulares como administradores de justicia y a las cuestiones sobre los cuales éstos pueden decidir. En otras palabras, se ha entendido que la justicia arbitral tiene un límite temporal, por cuanto está circunscrita al término que las partes y en su defecto la ley, señalen para el ejercicio de esta potestad, y un límite material, demarcado por los asuntos que son susceptibles de ser resueltos por particulares.

En diversos fallos —algunos de ellos ya citados— esta corporación ha avalado el límite material del arbitramento, al señalar que no toda cuestión materia de controversia, no obstante la habilitación de las partes, puede ser sometida genéricamente a la decisión de árbitros. En sentencia T-057 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), se señaló que “no resulta admisible ampliar la materia arbitrable a asuntos que transcienden la capacidad de disposición de las partes y sobre los cuales no es posible habilitación alguna”. Igualmente, la Corte ha indicado que “las materias susceptibles de arbitramento son aquellas que pueden ser objeto de su transacción, es decir, los derechos y bienes patrimoniales respecto de los cuales sus titulares tienen capacidad legal de disposición” (se subraya).

En este contexto, se ha entendido que la justicia arbitral sólo puede operar cuando los derechos en conflicto son de libre disposición por su titular, es decir, que frente a ellos exista la libertad de renuncia en un todo o en parte. Esta capacidad de renuncia o de disposición, es lo que determina el carácter de transigible de un derecho o de un litigio. Esta libertad de renuncia está determinada por la naturaleza misma del derecho y corresponde al legislador establecer en qué casos ésta es posible —capacidad legal de disposición—. Así, frente a ciertos derechos o bienes, el legislador podría optar por permitir su disponibilidad y, en esa medida, los conflictos que de ellos se susciten someterlos a la decisión de un árbitro, si esa es la voluntad de las partes.

En este orden de ideas, no le asiste razón al demandante cuando afirma que el aparte acusado del artículo 111 de la Ley 446 de 1998 desconoce el artículo 116 de la Constitución, pues, como se ha señalado, el legislador está facultado para señalar los asuntos susceptibles de ser sometidos a la justicia arbitral.

Finalmente, cabe señalar, que no es de recibo el argumento del actor, cuando afirma que al disponer la norma impugnada que el arbitramento sólo es procedente en los conflictos de carácter transigible, debe entenderse que ésta queda condicionada a que las partes otorguen concesiones recíprocas, requisito este que la jurisprudencia y la doctrina identifican como de la esencia del contrato de transacción de que trata el artículo 2469 del Código Civil, pero no del arbitramento, pues una y otra figura no pueden confundirse.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase EXEQUIBLE la expresión “de carácter transigible” contenida en el artículo 111 de la Ley 446 de 1998.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-098 de enero 31 de 2001. Magistrado Ponente: Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez).

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