Sentencia C-980 de septiembre 26 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-980 de 2005 

Ref.: Expediente D-5578

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 268, 269 y 270 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Demandantes:

Diana Acosta Afanador

Leonardo Corredor Avendaño

Bogotá, D.C., septiembre veintiséis de dos mil cinco.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

EXTRACTOS: «Texto de la norma acusada

A continuación se transcriben los artículos acusados, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 45.658 el día 1º de septiembre de 2004:

LEY 906

31/08/2004

“por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

(Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)

El Congreso de la República

DECRETA

(...)

Libro II

Técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio

Título I

La indagación y la investigación

(...)

Capítulo VI

Facultades de la defensa en la investigación

ART. 268.—Facultades del imputado. El imputado o su defensor, durante la investigación, podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales probatorios y evidencia física. Con la solicitud para que sean examinados y la constancia de la fiscalía de que es imputado o defensor de este, los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo recibo.

ART. 269.—Contenido de la solicitud. La solicitud deberá contener en forma separada, con claridad y precisión, las preguntas que en relación con el elemento material probatorio y evidencia física entregada, se requiere que responda el perito o peritos, previa la investigación y análisis que corresponda.

ART. 270.—Actuación del perito. Recibida la solicitud y los elementos mencionados en los artículos anteriores, el perito los examinará. Si encontrare que el contenedor, tiene señales de haber sido o intentado ser abierto, o que la solicitud no reúne las mencionadas condiciones lo devolverá al solicitante. Lo mismo hará en caso de que encontrare alterado el elemento por examinar. Si todo lo hallare aceptable, procederá a la investigación y análisis que corresponda y a la elaboración del informe pericial.

El informe pericial se entregará bajo recibo al solicitante y se conservará un ejemplar de aquel y de este en el instituto.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

Por dirigirse la demanda contra una disposición que forma parte de una ley de la República, la Corte Constitucional es competente para decidir sobre su constitucionalidad, tal como lo prescribe el artículo 241-4 de la Constitución Política.

2. El asunto sometido a la consideración de la Corte. Planteamiento sobre una posible ineptitud sustancial de la demanda.

2.1. Conforme se anotó en el acápite de antecedentes, los demandantes solicitan a la Corte que declare inexequible los artículos 268, 269 y 270 de la Ley 906 de 2004, por considerar que los mismos, al asignarle al Instituto Nacional de Medicina Legal el análisis del material probatorio y la evidencia física que pretende utilizar el imputado para su defensa, violan el derecho de no auto incriminación, pues en la medida que dicho instituto se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, es posible que colabore más con el ente acusador que con el imputado, poniendo a disposición de aquel los análisis que realiza a petición de este último.

Bajo ese entendido, sostienen que las preceptivas demandadas permiten que la evidencia y el material probatorio recaudado por el imputado sean utilizados por el ente acusador para desvirtuar la presunción de inocencia, lo cual conlleva una auto incriminación prohibida por la Constitución y los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia, ya que es el propio imputado quien inconscientemente proporciona los elementos de prueba que definen su responsabilidad.

2.2. El Ministerio Público, en su concepto de rigor, le solicita a esta corporación que se declare inhibida para proferir decisión de fondo en el presente caso, argumentando que los actores no estructuraron un verdadero cargo de inconstitucionalidad contra las preceptivas acusadas. Sobre el particular, señala que se presenta el fenómeno de la ineptitud sustancial de la demanda, ya que la censura se edifica en una interpretación ajena a las normas acusadas, pues estas “no autorizan ni se refieren al acceso de la Fiscalía General de la Nación a los resultados de la pericia realizada a instancias del imputado...”.

2.3. Los demás intervinientes, aun cuando le solicitan a la Corte que proceda a declarar la exequibilidad de las normas impugnadas, coinciden con el Ministerio Público en señalar que el planteamiento de inconstitucionalidad parte de una interpretación equivocada de tales disposiciones. A su juicio, la hipótesis que sirve de fundamento a la estructuración del cargo no está plasmada ni se deduce del contenido de los dispositivos impugnados, en el sentido que en ellos no se prevé que el ente acusador pueda acceder a los análisis practicados por Medicina Legal a petición del imputado.

2.4. Con base en los planteamientos expuestos por los distintos intervinientes, el primer asunto que le corresponde definir a la Corte es si la presente demanda cumple con los requerimientos mínimos que exige la ley para que pueda llevarse a cabo el juicio de inconstitucionalidad.

3. Presupuestos que debe tener en cuenta el ciudadano para presentar en debida forma una demanda de inconstitucionalidad.

La presentación en debida forma de las demandas de inconstitucionalidad, como mecanismo de concreción y materialización del derecho político y ciudadano a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución, ha sido un tema ampliamente analizado por la jurisprudencia de esta corporación (1) . Atendiendo al contenido de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia, desde sus primeros pronunciamientos (2) la Corte dejó en claro que, aun cuando la acción de inconstitucionalidad es de naturaleza pública y como tal no esta sujeta a una técnica especial, quien la ejerce sí debe asumir una carga procesal mínima que permita al órgano de control adelantar con diligencia la función que en ese campo le ha sido asignada: decidir definitivamente y con alcance de cosa juzgada, las controversias sobre la validez de las leyes y decretos con fuerza de ley que hayan llegado a su conocimiento a través de demanda ciudadana.

De acuerdo con la propia interpretación jurisprudencial, condicionar el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad al cumplimiento de unos presupuestos mínimos, no conlleva la negación de ese derecho político, constituido en una verdadera modalidad de participación ciudadana para la defensa directa de la Constitución. Por el contrario, bajo el supuesto que en todo caso no se trata de una garantía absoluta e ilimitada, fijarle algunas condiciones de procedibilidad persigue un fin constitucionalmente admisible, como es, por una parte, viabilizar y racionalizar su uso, en el entendido que el precitado derecho no ha sido concebido para interferir sin motivo ni justificación válida la vigencia de la ley, y por la otra, delimitar el ámbito de competencia del órgano de control constitucional, ya que la Carta Política no lo faculta para llevar a cabo un control oficioso de constitucionalidad sobre las leyes.

Ha insistido la Corte que el objetivo de observar ciertos presupuestos básicos no es tampoco convertir el ejercicio de la acción pública en una especialidad jurídica, sino garantizar que el aparato jurisdiccional del Estado se ponga en movimiento solo sobre una base razonable y sólida, es decir, que a través de aquella se plantee una verdadera controversia de tipo constitucional en torno a la posible oposición entre una norma legal y la Constitución Política, que justifique la intervención del órgano de control constitucional.

Bajo ese entendido, en acatamiento a las previsiones contenidas en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, declarado exequible por la Corte en la Sentencia C-131 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), esta corporación ha sostenido que la demanda de inconstitucionalidad se entiende presentada en debida forma, cuando el demandante señala (i) las normas que se acusan como inconstitucionales, (ii) describe las preceptivas superiores que se estiman violadas y, particularmente, (iii) expone las razones o motivos por los cuales se considera que dichos textos constitucionales han sido infringidos.

En punto a la exigencia de manifestar las causas que motivan la violación alegada, ha expresado este tribunal que la misma “no se satisface con la exposición de cualquier tipo de razones o motivos, sino que es necesario que estas sean ‘claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes’” (3) , ya que es la única manera como el juez constitucional puede hacer la confrontación entre el texto demandado y la norma superior y deducir si existe o no contradicción (4) . Para la Corte, las acusaciones vagas, abstractas o imprecisas no son entonces idóneas para cuestionar y destruir la presunción de constitucionalidad que ampara la ley y, en consecuencia, deben ser desestimadas por improcedentes.

El alcance de los presupuestos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia en la formulación de la acusación, los explicó la Corte en la Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), en los siguientes términos:

La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el estatuto fundamental” (5) , no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.

Adicionalmente, que las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente (6) “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” (7) e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda (8) . Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden” (9) .

De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través” de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra a norma demandada” (10) . El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” (11) que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad (12) .

La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen, en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir fundado en la apreciación del contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales (13) y doctrinarias (14) , o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico” (15) ; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia (16) , calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” (17) a partir de una valoración parcial de sus efectos.

Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (D. 2067/91 art. 2º num. 4º), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y estas sean tan solo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, sí despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. (Negrillas fuera de texto).

En esos términos, hay lugar a decidir de fondo el juicio de inconstitucionalidad promovido mediante demanda ciudadana, solo cuando se verifica que quien ejerce la acción ha dado cumplimiento a los requisitos señalados, incluyendo aquel que exige expresar de manera clara, cierta, específica, pertinente y suficiente de qué forma la norma acusada es contraria a la Constitución Política. Si la demanda no se ajusta a las condiciones mínimas de procedibilidad, en particular la que refiere a la exposición de las razones de inconstitucionalidad, la misma será sustancialmente inepta y el juez constitucional estará obligado a proferir un fallo inhibitorio.

Interpretando el contenido del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, en la Sentencia C-1115 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) la Corte señaló “que, en principio, es en el auto a través del cual se decide sobre la admisibilidad de la demanda, el momento oportuno para definir si la acción de inconstitucionalidad cumple o no con los requisitos de procedibilidad a los que se ha hecho expresa referencia. Sin embargo, bajo la consideración que ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la demanda, realizada únicamente por cuenta del magistrado ponente, también resulta jurídicamente admisible que la Corte en pleno lleve a cabo el análisis de procedibilidad en la sentencia, una vez evalúe, además de la acusación, la opinión de los distintos intervinientes y el concepto del Ministerio Público” (18) . De ahí que, “aun cuando en el auto admisorio el magistrado ponente haya considerado que la demanda reúne los requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, es posible que la Sala Plena adopte la decisión contraria, cuando encuentre que el cumplimiento de los requisitos, en particular el referente a la formación de un verdadero cargo de inconstitucionalidad, presenta en realidad una formulación apenas aparente y no real que impide proferir un fallo de fondo” (19) .

4. Ineptitud sustancial de la demanda formulada contra los artículos 268, 269 y 270 de la Ley 906 de 2004.

Según quedó expresado, en la presente causa los demandantes solicitan a la Corte que declare inexequible los artículos 268, 269 y 270 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, bajo la consideración de que tales disposiciones violan el derecho de no auto incriminación, al permitir que la Fiscalía General de la Nación tenga acceso a los informes periciales realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal a instancia o solicitud del imputado, abriendo la posibilidad para que tales informes sean aportados por el ente acusador como prueba de cargo en el juicio oral, a pesar que la defensa ha decidido no allegarlos por resultar adversos a los intereses del procesado.

Consultado el tenor literal de las disposiciones acusadas, la Corte comparte la posición adoptada por el Ministerio Público y por la mayoría de intervinientes, en el sentido de considerar que la acusación bajo análisis se estructura en una interpretación equivocada de tales preceptos. Para esta corporación, las razones que sustentan la solicitud de inconstitucionalidad son por completo extrañas y ajenas al verdadero contenido normativo de los artículos 268, 269 y 270 de la Ley 906 de 2004, toda vez que ninguno de tales preceptos habilita a la Fiscalía General de la Nación para acceder a los informes periciales que realiza el Instituto Nacional de Medicina Legal por solicitud expresa del imputado, ni tampoco tal consecuencia jurídica se deduce de su tenor literal.

Los artículos 268, 269 y 270 del nuevo Código de Procedimiento Penal, hacen parte integral del libro II que trata sobre las “técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio”, del título I que refiere a “la indagación y la investigación” y, concretamente, del capítulo VI que se ocupa de regular lo relacionado con las “facultades de la defensa en la investigación”.

Dentro de este contexto, el artículo 268 faculta al imputado o su defensor para acopiar elementos materiales probatorios y evidencia física, así como para solicitar su análisis al laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

A partir de la facultad otorgada al imputado para acudir al Instituto de Medicina Legal en procura de asesoría técnica y científica, los artículos 269 y 270 son los llamados a fijar las reglas relacionadas con el contenido de la solicitud y con la actuación que le corresponde adelantar al perito en tales casos. Así, el primero de estos dos preceptos dispone que la solicitud deberá incluir en forma separada, con claridad y precisión, las preguntas que sobre el elemento probatorio o evidencia física entregada debe responder el perito (art. 269). Por su parte, la segunda norma, el artículo 270, regula la actuación del perito en los siguientes términos:

— Recibida la solicitud con los elementos probatorios o evidencia física el perito procederá a su devolución si encuentra que el contenedor tiene señales de haber sido abierto, si observa que se ha alterado el material por examinar o si la solicitud no reúne las exigencias a que hace referencia la norma antes citada.

— Si el perito considera que la solicitud y el material probatorio se entregaron en condiciones aceptables procederá a la investigación y análisis que corresponda y a la elaboración del informe pericial.

— El informe pericial se entregará bajo recibo al solicitante y se conservará un ejemplar de aquel y de este en el Instituto de Medicina Legal (art. 270).

De acuerdo con el esquema de “igualdad de armas” que irradia al nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria, instituido a través del Acto Legislativo 3 de 2002 y desarrollado en la Ley 906 de 2004, es claro que el contenido de las normas acusadas se dirige a garantizar a la defensa, integrada por el imputado y su apoderado, la participación activa en la conformación del material probatorio del proceso, en las mismas condiciones que lo hace el ente acusador. Así, tales preceptos le reconocen a la defensa la facultad para recoger evidencia durante la etapa de investigación y para acceder en forma gratuita a los medios técnicos y científicos con que cuenta el Estado en procura de su valoración; en este último caso, cuando por razones económicas o de otra índole el imputado no esté en capacidad de acudir a peritos particulares o de su confianza conforme lo autorizan los artículos 204 y 413 de la misma ley.

Ninguna de tales normas, ni expresa ni implícitamente, contemplan la posibilidad de que el informe pericial rendido por Medicina Legal a instancia del imputado sea conocido por la Fiscalía General de la Nación y utilizado en contra de aquel en el juicio oral. Es más, de acuerdo con la previsión normativa contenida en el último inciso del artículo 270, puede concluirse que la consecuencia jurídica de las normas acusadas es diametralmente opuesta a la que le atribuyen los actores, esto es, que la fiscalía no tiene acceso al informe pericial solicitado por la defensa. Ello es así, si se considera que tal inciso prevé expresamente que: “El informe pericial se entregará bajo recibo al solicitante y se conservará un ejemplar de aquel y de este en el instituto”, de lo cual cabe deducir que aquel se suministra a quien pide el experticio y a ninguna otra persona o sujeto procesal, quedando tan solo una copia del mismo en el propio instituto para su archivo.

Interpretan erradamente las normas los actores, al deducir que por estar adscrito el Instituto Nacional de Medicina Legal a la Fiscalía General de la Nación, su tendencia es a colaborar más con la Fiscalía que con el imputado, lo que lleva a suponer que aquel entregará al ente acusador los informes periciales de que tratan las normas acusadas. Al margen de que se trata de una mera deducción del actor que no expresan los textos de las propias normas acusadas, según lo consagran expresamente los artículos 35 de la Ley 938 de 2004 y 204 de la Ley 906 de 2004, a dicho instituto le compete prestar auxilio científico y técnico a la administración de justicia y, en igualdad de condiciones, a las investigaciones desarrolladas tanto por la Fiscalía General de la Nación como por el imputado o su defensor cuando estos últimos lo soliciten. En este sentido, favorecer los intereses de cualquiera de las partes, en el caso hipotético de ocurrir, responde a un comportamiento del instituto que desborda el marco de la ley y, en consecuencia, se trataría de una actuación ilegal que no es posible derivar de los textos normativos acusados sino de su indebida aplicación, siendo esto último un aspecto que no corresponde resolver por vía del control abstracto de inconstitucionalidad.

En realidad, observa la Corte que lo cuestionado en la presente demanda es la adscripción del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la Fiscalía General de la Nación, por considerar que tal dependencia pone en entredicho el presupuesto de imparcialidad de ese órgano técnico científico en el proceso penal, para lo cual la acusación ha debido dirigirse contra las disposiciones que directamente definen esa relación de dependencia, y en ningún caso contra las normas acusadas que son ajenas a ese hecho.

Así las cosas, en el entendido que la censura que respalda la solicitud de inconstitucionalidad se basa en una interpretación errada de las normas acusadas y en una proposición jurídica deducida por los actores, debe concluir la Corte que la demanda es sustancialmente inepta. En efecto, si los actores sustentan la acusación sobre la base de que las normas acusadas permiten que la Fiscalía General de la Nación tenga acceso a los informes periciales realizados por el Instituto Nacional de Medicina legal a solicitud del imputado, y en realidad esa premisa no se advierte de sus textos, no le es posible a la Corte adelantar la confrontación objetiva de los preceptos con la Constitución, por el hecho de habérsele atribuido a estos una consecuencia inconstitucional falsa.

Según quedó explicado en el numeral anterior, solo hay lugar a emitir un pronunciamiento de fondo por parte del órgano de control constitucional, cuando el demandante ha formulado un verdadero cargo de inconstitucionalidad, esto es, cuando el mismo se estructura a partir de razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes” (20) . En el presente caso no se cumple el presupuesto de certeza, pues está visto que la acusación formulada no recae directamente sobre el contenido de las disposiciones demandadas, como lo exige ese presupuesto de procedibilidad, sino sobre una proposición jurídica inferida o deducida por los actores.

Por ello, a pesar de que la presente demanda fue inicialmente admitida por el magistrado sustanciador, un análisis detenido de la misma ha llevado a la Corte a concluir que en ella no se estructuró un verdadero cargo de inconstitucionalidad.

Por las razones expuestas, la Corte se inhibirá de emitir pronunciamiento de fondo sobre la demanda formulada contra los artículos 268, 269 y 270 de la Ley 906 de 2004.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de los artículos 268, 269 y 270 de la Ley 906 de 2004, por haberse presentado una ineptitud sustancial de la demanda.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Sobre el punto, se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-131 de 1993, C-447 de 1997, C-250 de 1999, C-402 de 1999, C-1115 de 2004 y C-181 de 2005.

(2) Sentencia C-131 de 1993, M.P Alejandro Martínez Caballero.

(3) Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(4) Cfr. Sentencia C-402 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

(5) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-143 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández. Estudió la Corte en aquella ocasión la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 20 de la Ley 3ª de 1986, 246, 249 y 250 del Decreto 1222 de 1986. En el mismo sentido puede consultarse la Sentencia C-428 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(6) Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte también se inhibió de conocer la demanda contra demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues “del estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella”.

(7) Sentencia C-504 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 0624 de 1989 “por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”, pues la acusación carece de objeto, ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador.

(8) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se inhibe en esta oportunidad proferir fallo de mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999 por presentarse ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo sentido C-113 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-1516 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, y C-1552 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(9) En este mismo sentido pueden consultarse, además de las ya citadas, las sentencias C-509 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-1048 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-011 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.

(10) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-568 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. La Corte se declara inhibida para resolver la demanda en contra de los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley 106 de 1993, puesto que la demandante no estructuró el concepto de la violación de los preceptos constitucionales invocados.

(11) Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-519 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.

(12) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto-Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.

(13) Cfr. la Sentencia C-447 de 1997, ya citada.

(14) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz. La Corte declaró exequible en esta oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (Código Penal). Se dijo, entonces: “Constituye un error conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto, carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. La doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. No existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal —ámbito ideológico y valorativo por excelencia—, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de constitucionalidad sobre extremos comparables”. Así, la Corte desestimaba algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban en teorías del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas demandadas y con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la Constitución.

(15) Cfr. Ibíd. Sentencia C-447 de 1997.

(16) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-269 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Este fallo que se encargó de estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo 1º literales b) y f), es un ejemplo de aquellos casos en los cuales la Corte desestima algunos de los cargos presentados por el actor, puesto que se limitan a presentar argumentos de conveniencia.

(17) Son estos los términos descriptivos utilizados por la Corte cuando ha desestimado demandas que presentan argumentos impertinentes a consideración de la Corte. Este asunto también ha sido abordado, además de las ya citadas, en la C-090 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-357 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-374 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) se desestiman de este modo algunos argumentos presentados por el actor contra la Ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio, C-012 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), C-040 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-645 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-876 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-955 de 2000 (M.P.) C-1044 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-052 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-201 de 2001 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

(18) Sentencia C-1115 de 2004.

(19) Sentencia ibídem.

(20) Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). En dicho fallo, al unificar los criterios de interpretación definidos por la Corte en los distintos pronunciamientos alusivos al tema, esta corporación precisó que, sin incurrir en formalismos técnicos que contraríen la naturaleza pública e informal de la acción de inconstitucionalidad, se entiende que se ha formulado un verdadero cargo de inconstitucionalidad, esto es, un cargo concreto, cuando el mismo se apoya en razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes” (20) . Ello significa que sólo hay lugar a activar el respectivo juicio, si la acusación presentada por el actor es (i) lo suficientemente comprensible y de fácil entendimiento (razones claras), (ii) recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada y no sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor (razones ciertas), (iii) define o muestra en forma diáfana la manera como la norma vulnera la Carta Política (razones específicas), (iv) utiliza argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia (razones pertinentes), y (v) contiene todos los elementos de juicio —argumentativos y probatorios— que son imprescindibles para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de manera que despierte por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado (razones suficientes).

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