Sentencia C-982 de noviembre 13 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-982 de 2002 

Ref.: Expediente D-4045.

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 188 (parcial) de la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.

Actor: Marcela Patricia Jiménez Arango.

Sentencia aprobada en Bogotá, a trece de noviembre de dos mil dos.

EXTRACTOS: «“LEY 734 DE 2002

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

“ART. 188.—Celebración de la audiencia. Llegados el día y la hora fijados para la celebración de la audiencia pública, por secretaría se dará lectura a la decisión de citación a audiencia y a la solicitud de pruebas que hubiere presentado cualquiera de los sujetos procesales.

A continuación, el Procurador General de la Nación resolverá sobre las pruebas solicitadas y ordenará la práctica de las que resulten conducentes y pertinentes, así como de las que de oficio estime necesarias.

Si se tratare de pruebas que no pudieren realizarse en el curso de la audiencia, la suspenderá por un lapso no superior a diez días y dispondrá lo necesario para su práctica, con citación del investigado y de los demás sujetos procesales.

Practicadas las pruebas se concederá la palabra, por una sola vez al investigado y a su defensor.

El Procurador General de la Nación podrá solicitar al investigado o a su defensor que limiten su intervención a los asuntos relativos al objeto de la actuación disciplinaria, pero no podrá limitar temporalmente la exposición de los argumentos.

Terminadas las intervenciones se suspenderá la diligencia, la cual deberá reanudarse en un término no superior a cinco días, con el fin de dar lectura al fallo correspondiente.

En la fecha señalada, instalada la audiencia, por secretaría se dará lectura al fallo”.

(...).

II. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Corte es competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, pues se demanda parcialmente un artículo contenido en una ley.

2. Lo que se debate.

El asunto se circunscribe a examinar si, la prohibición contenida en el aparte demandado del artículo 188 de la Ley 734 de 2002, vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, pues, según la actora, esta limitación impide que el Procurador General de la Nación, oriente debidamente el debate procesal.

3. Competencia de la Procuraduría General de la Nación.

3.1. La Procuraduría General de la Nación, ejerce el poder disciplinario preferente, de conformidad con el artículo 277 numeral 6º de la Constitución Política, por tanto su conducta debe con mayor razón, salvaguardar los derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso; pues, un funcionario de la procuraduría que adelante una investigación disciplinaria, desplaza a cualquier juzgador disciplinario, excepto los casos de los funcionarios con fuero especial que constituyen una excepción, también de orden constitucional.

3.2. Como se desprende de los antecedentes legislativos (Gaceta 474 de dic. 27/2000) la idea de expedir un nuevo Código Disciplinario (hoy L. 734/2002), surgió para modificar el anterior, acoger una serie de decisiones jurisprudenciales, y propender por que principios como la legalidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, culpabilidad, favorabilidad, etc., cobren mayor vigencia, para que así material y formalmente exista un debido proceso disciplinario acorde con la dignidad inherente al ser humano.

La garantía del debido proceso y su observancia es imperativa para la totalidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y ella cobra mayor exigencia en los procesos disciplinarios que se adelantan ante la propia Procuraduría General de la Nación.

Al respecto, la Corte ha señalado que “en armonía con lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Política, según el cual el debido proceso es una garantía que ha de observarse en todos los procesos judiciales o administrativos, es claro para la Corte que en el proceso disciplinario ha de garantizarse el derecho a la defensa unitaria, continua y permanente, esto es, en todas sus etapas, sin que ello signifique que en cada una de ellas los recursos que para impugnar las providencias se establezcan por el legislador deban ser los mismos, ni tampoco, que para decidir sobre la constitucionalidad de alguno de los artículos del Código Disciplinario, pueda ser considerado aisladamente, pues, como es obvio, de esa manera la interpretación primero y el juicio de constitucionalidad después, pueden resultar equivocados” (Sent. C-175, feb. 14 de 20001 (sic) M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra).

3.3. Así las cosas, por expreso mandato constitucional contenido en el artículo 278 de la Carta Política, el Procurador General de la Nación ejerce directamente, entre otras, la función de desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que infrinja la Constitución o la ley; derive evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculice las investigaciones que realice la procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obre con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.

Fue entonces, en desarrollo de este precepto constitucional, que la Ley 734 de 2002, en el capítulo II título XI artículos 182 al 191, consagró un procedimiento especial ante la Procuraduría General ge la Nación, en razón a la naturaleza de la falta disciplinaria, cuando la conducta a investigar se enmarque dentro de las señaladas constitucionalmente (C.P., art. 278).

Dentro de este contexto, se analizarán los cargos de la demanda.

4. Los cargos de la demanda.

4.1. Para la demandante, el hecho de que el legislador prohíba al Ministerio Público limitar en el tiempo la exposición de los argumentos del investigado o su defensor, está permitiendo el abuso del derecho de defensa en detrimento de los principios que rigen la administración, pues según su concepto, el investigado o su defensor pueden usar ese término para tratar asuntos que en nada se relacionan con los hechos investigados.

4.2. Como puede observarse, la actora analiza la expresión demandada aisladamente, sin incluirla dentro del contexto del artículo 188 de la Ley 734 de 2002, menos aún en el marco constitucional, pues es claro que el procurador como director del proceso disciplinario está facultado para solicitar al investigado o a su defensor que limiten su intervención a los asuntos relativos al objeto de la actuación disciplinaria.

Es decir, contrario a lo afirmado por la ciudadana demandante, se está garantizando el derecho de defensa del investigado, al permitirle que exponga sus argumentos sin más limitación que las estrictamente necesarias para el cauce del proceso, pues finalmente lo que se pretende es llegar a la verdad y en aras de esta búsqueda debe permitírsele a la persona investigada que pueda libremente controvertir las acusaciones que se presenten en su contra, con lo cual se hacen efectivos otros derechos como el acceso a la administración de justicia, la libertad, la igualdad, etc.

La Corte en Sentencia C-648 de 2001 dijo que:

“El derecho al debido proceso o debido proceso sustancial se descompone en varias garantías que tutelan diferentes intereses de los sujetos procesales. De un lado está el interés de asegurar el derecho de defensa y contradicción del inculpado y garantizar la presunción sobre su inocencia, de otro merecen también tutela los derechos o intereses públicos o privados que se ven lesionados por la comisión de los delitos, a la par que es necesario permitir el esclarecimiento de la verdad real. Algunos de los derechos sustanciales tutelados por las normas superiores relativas al debido proceso son prevalentes por su misma naturaleza. Tal el derecho a no ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa, o el principio de favorabilidad, los cuales no admiten limitaciones. Otros derechos, en cambio, y tal es el caso del derecho de defensa y de contradicción, pueden verse limitados para garantizar intereses legítimos alternos, siempre y cuando su núcleo esencial no resulte desconocido, y las limitaciones establecidas sean razonables y proporcionadas.

En efecto, una posición según la cual no fuera legítimo limitar el derecho de defensa, llevaría a extremos en los cuales se haría imposible adelantar el proceso para llegar al fin último comentado de esclarecer la verdad real, y haría nugatorio el derecho también superior a un debido proceso “sin dilaciones injustificadas” (C.P., art. 29). Así por ejemplo, si al incriminado hubiera de oírsele cuantas veces quisiera, o si fuera necesario practicar todo tipo de pruebas sin consideración a su conducencia o pertinencia, el trámite se haría excesivamente dilatado y no se realizaría tampoco el principio de celeridad al que se refiere al artículo 228 superior cuando indica que los términos procesales deben ser observados con diligencia”.

Entonces, es claro que el procurador puede dentro del trámite de la audiencia solicitar a la parte investigada que su intervención sea conducente y pertinente y atienda el objeto de la actuación disciplinaria, pero no podrá limitar su exposición en el tiempo, pues la norma parcialmente acusada lo prohíbe con el objeto de que sea el propio investigado o su defensor quien ejerza su derecho de defensa, siendo ésta la única oportunidad procesal que tiene para exponer los argumentos que considere pertinentes para el esclarecimiento de la actuación investigada.

4.3. Por último, la Corte acepta que tal como lo señala la ciudadana demandante, tanto en el proceso civil como en el proceso penal, existen diferentes actuaciones que se encuentran limitadas en el tiempo. No obstante lo anterior, la consagración de la prohibición contenida en la norma no afecta la celeridad del proceso disciplinario, pues es función del procurador proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, y ello significa que en la audiencia especial celebrada ante la procuraduría, se debe respetar tanto el derecho de defensa de investigado, como el debido proceso sin dilaciones injustificadas.

Por tanto, limitar la exposición de los argumentos del investigado sería coartar la libertad de quien se encuentra inmerso en una actuación disciplinaria, y propender por que la efectividad del derecho de defensa consagrado a nivel constitucional se vea limitado.

4.4. Así las cosas, no encuentra la Corte cómo el aparte acusado del artículo 188 de la Ley 734 de 2002, pueda violar los derechos a la igualdad, la administración de justicia y el debido proceso. Por el contrario, estos derechos se encuentran garantizados, pues en ningún caso, se permite que la intervención del sujeto investigado se extienda a asuntos no relativos al objeto de la actuación disciplinaria.

Por las consideraciones anteriores, se declarará exequible la expresión “pero no podrá limitar temporalmente la exposición de sus argumentos”, contenida en el artículo 188 de la Ley 734 de 2002, por no violar artículo alguno de la Constitución.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase EXEQUIBLE, la expresión “pero no podrá limitar temporalmente la exposición de sus argumentos”, contenida en el artículo 188 de la Ley 734 de 2002, por no violar artículo alguno de la Constitución.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

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