Sentencia C-984 de septiembre 26 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-984 de 2005 

Ref.: expediente D-5668

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 327 (parcial) de la Ley 906 de 2004 (nuevo Código de Procedimiento Penal).

Actor: José Manuel Díaz Soto

Bogotá, D. C., veintiséis de septiembre de dos mil cinco.

II. Norma demandada

A continuación se transcribe la norma acusada, tal como aparece publicada en el Diario Oficial 45.658 de 1º de septiembre de 2004, y dentro de ella se resalta el aparte considerado inconstitucional.

“LEY 906 DE 2004

(Agosto 31)

“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

“El Congreso de la República

“DECRETA

“(...)

“ART. 327.—Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad. El juez de control de garantías deberá efectuar el control de legalidad respectivo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad, siempre que con esta se extinga la acción penal.

“Dicho control será obligatorio y automático y se realizará en audiencia especial en la que la víctima y el Ministerio Público podrán controvertir la prueba aducida por la Fiscalía General de la Nación para sustentar la decisión. El juez resolverá de plano y contra esta determinación no procede recurso alguno.

“La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la fiscalía, no podrán comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad”.

VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad del artículo parcialmente demandado, ya que este hace parte de una ley de la República.

Cosa juzgada

2. Las Corte Constitucional, mediante Sentencia C-979 de 2005 (4) declaró la inexequibilidad de la expresión “siempre que con esta se extinga la acción penal” contenida en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004. En fundamento de esta decisión adujo, entre otras consideraciones, las siguientes:

“Una formulación coherente con la estructura de un proceso penal de tendencia acusatoria, como el que configura la Ley 906 de 2004, exige que las discusiones relacionadas con la afectación de los derechos fundamentales del imputado, se resuelvan en el ámbito jurisdiccional. La salvaguarda de los derechos fundamentales del investigado es función prioritaria adscrita al juez de control de garantías. Así, toda actuación que involucre afectación de derechos fundamentales demanda para su convalidación el sometimiento a una valoración judicial, con miras a garantizar el necesario equilibrio que debe existir entre la eficacia y la funcionalidad de la administración de la justicia penal y los derechos fundamentales del investigado.

“37. Se ha indicado que uno de los supuestos a través de los cuales opera el principio de oportunidad es la suspensión de la investigación. En el modelo configurado por la nueva ley procesal se le denomina suspensión del procedimiento a prueba (CPP, art. 325).

“Esta modalidad de ejercicio del principio de oportunidad consiste en la prerrogativa para el imputado de solicitar la fiscal la suspensión de la actuación por un período de prueba que no podrá ser superior a tres (3) años, acompañada del ofrecimiento de un plan de reparación integral del daño. Es un espacio para la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa, particularmente la mediación, en los eventos en que esta resulte procedente.

“La suspensión se otorga supeditada al cumplimiento de unas condiciones previstas en la ley, que impone el fiscal, quien también está facultado para aprobar o modificar el plan de reparación propuesto por el imputado, conforme a los principios de justicia restaurativa establecidos en la ley (art. 325, inc. 3º).

“Las condiciones que puede imponer el fiscal al imputado durante el tiempo de suspensión del procedimiento a prueba, involucran una serie de restricciones con enorme impacto sobre los derechos fundamentales del imputado.

(...).

“Observa así la corte que las atribuciones que se otorgan al fiscal para imponer condiciones durante el período de prueba correlativo a la suspensión del procedimiento, entrañan amplias posibilidades de afectación de derechos fundamentales, cuya salvaguardia en la investigación, reserva la constitución al juez de control de garantías. Así las cosas, resulta contraria a la Constitución, la expresión normativa en virtud de la cual se sustraen tales determinaciones del control jurisdiccional.

“La inexequibilidad del segmento normativo demandado:

“39. Para concretar el análisis de este cargo, encuentra la Corte que en efecto, la expresión demandada, “siempre que con esta se extinga la acción penal” que forma parte del artículo 327 del Código de Procedimiento penal, al condicionar el sometimiento del principio de oportunidad al control judicial obligatorio y automático a tal exigencia, restringe el ámbito de aplicación del control judicial que explícitamente prevé el artículo 250 de la Constitución.

“Tal expresión, en cuanto reduce la operancia del principio de oportunidad a uno solo (la renuncia), de los tres supuestos procesales (renuncia, interrupción y suspensión) a través de los cuales actúa, desconoce las reglas jurisprudenciales trazadas por esta Corte en el sentido que la oportunidad reglada opera a través de la renuncia, la suspensión y la interrupción de la acción penal”.

En consecuencia, respecto de la expresión parcialmente acusada contenida en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004 (nuevo Código de Procedimiento Penal) ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, toda vez que ya fue retirada del ordenamiento jurídico por haber sido declarara inexequible.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-979 de 2005, en la cual se declaró inexequible la expresión “siempre que con esta se extinga la acción penal” contenida en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

(4) M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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