SENTENCIA C-99 DE FEBRERO 14 DE 2007

 

Sentencia C-99 de febrero de 2007 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-099 de 2007

Ref.: Proceso D-6430

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 3º del artículo 119 del Decreto Ley 407 de 1994 “por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”.

Actora: Karin Irina Kuhfeldt Salazar

Bogotá D.C., catorce de febrero del año dos mil siete.

EXTRACTOS «II. Disposición demandada

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 41.233 del lunes veintiuno (21) de febrero de 1994, es el siguiente. Se subraya lo demandado:

“DECRETO 407 DE 1994

(Febrero 20)

Por el cual se establece el Régimen de Personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 172 de la Ley 65 de 1993, y oída la comisión asesora,

DECRETA:

(...).

LIBRO II

Cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional

(...).

TÍTULO II

Ingreso al servicio de custodia y vigilancia

ART. 119.—Requisitos. Para ingresar al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, se requiere acreditar los siguientes requisitos:

1. Ser colombiano.

2. Tener más de dieciocho años y menos de veinticinco de edad, al momento de su nombramiento.

3. Ser soltero y permanecer como tal durante el curso.

4. Poseer título de bachiller en cualquiera de sus modalidades y acreditar resultado de los exámenes del Icfes.

5. Tener definida su situación militar.

6. Demostrar excelentes antecedentes morales, personales y familiares.

7. No tener antecedentes penales ni de policía.

8. Obtener certificados de aptitud médica y psicofísica expedido por la Caja Nacional de Previsión Social o su equivalente.

9. Aprobar el curso de formación en la Escuela Penitenciaria Nacional.

10. Ser propuesto por el director de la Escuela Penitenciaria Nacional con base en los resultados de la selección al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

(...)”.

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición demandada hace parte de un decreto con fuerza de ley dictado en ejercicio de facultades extraordinarias.

2. El asunto sujeto a examen.

La actora, —quien actúa en su condición de ciudadana y de defensora delegada para asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo— afirma que el numeral 3º del artículo 119 del Decreto 407 de 1994 en cuanto establece como condición para ingresar al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, ser soltero y permanecer como tal durante el curso de formación desconoce los derechos al libre desarrollo de la personalidad, al acceso a cargos públicos, a la igualdad, a la participación y la dignidad humana como principio fundante del Estado. Precisa que con el establecimiento de tal requisito el legislador desborda la potestad de configuración del legislador en materia de determinación de condiciones para acceder a la función pública que si bien es amplia debe respetar los valores, principios y derechos reconocidos en la Constitución. Señala que se trata de una intromisión arbitraria en el fuero interno de los aspirantes a ingresar a la carrera penitenciaria y carcelaria cuya autonomía para contraer nupcias o procrear se ve ilegítimamente cercenada. Advierte que el requisito aludido no resulta adecuado, necesario ni proporcional frente a la finalidad supuesta de integrar el cuerpo de custodia y vigilancia con los aspirantes que reúnan las mejores calidades. Solicita que además de declarar la inconstitucionalidad del numeral acusado se examine el alcance que pueda darse a la decisión para evitar que la administración continué exigiendo el requisito de no tener hijos que además de ser abiertamente inconstitucional ni siquiera tiene fundamento legal.

La interviniente en representación del Departamento Administrativo de la Función Pública solicita a la Corte que se declare la constitucionalidad del numeral acusado. Afirma que el mismo fue dictado en ejercicio de la competencia que la Constitución atribuye al legislador para determinar los méritos y calidades de los aspirantes a ingresar a los cargos de carrera, en este caso a un sistema específico previsto para el personal que presta sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que requiere particulares condiciones. Señala que la disposición demandada no vulnera el libre desarrollo de la personalidad, puesto que ese derecho encuentra su límite en los derechos ajenos. Por ello nadie puede invocar el respeto a su autonomía y a su libre desarrollo de la personalidad para realizar oficios que afecten o pongan en riesgo los derechos de los otros por el solo hecho de no encontrarse con la preparación requerida. Tampoco el principio de igualdad pues considera que las personas casadas y las solteras no se encuentran en igual condición. En este sentido, afirma, “se ha demostrado que la persona con una relación de esposo, compañero permanente y padre no puede tener la concentración y dedicación que se necesita para el curso de custodia y vigilancia”. La interviniente no aporta prueba al respecto.

El interviniente en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia por el contrario solicita a la Corte declarar la inconstitucionalidad de la disposición acusada que considera manifiestamente contraria a los valores y principios superiores invocados en la demanda. Hace énfasis en que la misma no puede justificarse ni siquiera a partir del establecimiento de una supuesta relación entre la condición de soltería y las funciones a cumplir. Destaca que la libertad en la Constitución es un principio axial, en cuanto posibilita, facilita y explica el ejercicio de otros derechos y libertades, sin que sea posible restringirlo como lo pretende el numeral acusado a riesgo de arrasar con la noción misma de persona.

El señor Procurador General de la Nación solicita igualmente la declaratoria de inexequibilidad del numeral acusado. Afirma que el requisito contenido en el numeral 3º del artículo 119 del Decreto 407 de 1994, no resulta razonable ni proporcionado y por el contrario, se erige en una barrera insuperable que hace nugatorio el ejercicio del derecho de acceso al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria para las personas casadas o que tengan unión marital de hecho. Así mismo que desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los aspirantes solteros que en cualquier momento, antes o durante el curso deseen cambiar su estado civil, además vulnera el principio a la igualdad y desconoce que el Estado colombiano es eminentemente participativo y sus autoridades están constituidas para proteger los derechos y libertades de las personas. Destaca así mismo que la irrazonabilidad de la disposición acusada se evidencia en cuanto el artículo 120 del mismo Decreto 407 de 1994(1) autoriza a quienes tengan título profesional y estén casados ingresar a la carrera penitenciaria y carcelaria.

Corresponde a la Corte en consecuencia determinar si el numeral 3º del artículo 119 del Decreto 407 de 1994 en cuanto establece como condición para ingresar al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, ser soltero y permanecer como tal durante el curso de formación desconoce los derechos al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16), al acceso a cargos públicos (art. 40-7), a la igualdad (C.P., art. 13) a la participación y la dignidad humana como principio fundante del Estado (C.P., arts. 1º y 2º).

3. Consideraciones preliminares.

Previamente la Corte considera pertinente hacer precisiones en torno a i) El alcance y límites de la potestad de configuración del legislador en materia de determinación de requisitos para el ingreso a la función pública ii) Los antecedentes en la jurisprudencia constitucional respecto de la exigencia en determinados casos de la condición de soltería y la afectación de los derechos fundamentales y iii) Las características de la carrera penitenciaria y carcelaria y el contenido y alcance del numeral 3º del artículo 119 del Decreto 407 de 1994 acusado que resultan pertinentes para el análisis de los cargos formulados por la demandante.

3.1 El alcance y límites de la potestad de configuración del legislador en materia de determinación de requisitos para el ingreso a la función pública.

Como lo ha recordado de manera reiterada esta corporación (4) es al legislador a quien corresponde determinar los requisitos para el ingreso a la función pública.

En este sentido el artículo 150 de la Constitución, señala que corresponde al Congreso de la República hacer las leyes, y por medio de ellas ejercer las siguientes funciones:

“23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos”.

De otra parte, el artículo 125 superior establece que:

“El ingreso a los cargos de carrera, y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”.

Por su parte el artículo 122 de la Carta prescribe que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o el reglamento, y el 123 ibídem señala que los servidores públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

No sobra preciar que en ciertos eventos es directamente la Constitución la que señala los requisitos para determinados cargos, como ocurre por ejemplo con los de magistrados de las cortes y del Consejo de Estado (art. 232) o de senador de la República (art. 172).

La Corte ha explicado que la facultad otorgada al legislador para regular las condiciones y requisitos que se imponen para el acceso a los cargos públicos, tiene como finalidad salvaguardar el interés general, garantizar el cumplimiento de las funciones públicas en armonía con los presupuestos fijados para ellas por el constituyente (C.P., art. 209) y propender por el logro de los fines esenciales del Estado (C.P., art. 2º) (5) .

Igualmente ha sostenido que en tratándose del acceso a los cargos públicos, el legislador debe propender —en esencia— por el equilibrio entre dos principios de la función pública, a saber: (i) El derecho de igualdad de oportunidades que tienen todos los ciudadanos para acceder al desempeño de cargos y funciones públicas (C.P., arts. 13 y 40) y; (ii) la búsqueda de la eficiencia y eficacia en la administración, mediante mecanismos que permitan seleccionar aquellos trabajadores que, por su mérito y capacidad profesional, resulten los más idóneos para cumplir con las funciones y responsabilidades inherentes al cargo (6) . Es decir que a partir de los principios de eficiencia y eficacia de la función pública, debe propender por establecer condiciones que se ajusten al mérito, a la capacidad de los aspirantes y, especialmente, a las exigencias del servicio (7) .

Sobre el particular la Corte precisó lo siguiente en la Sentencia C-739 de 2002:

“La fijación de los requisitos mínimos para los empleos tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las funciones públicas y la consecución de los fines esenciales del Estado (C.P., arts. 1º, 2º, 125 y 209). Por tal razón, el desempeño de los empleos públicos, sea por nombramiento o por elección, exige el cumplimiento de los requisitos y calidades exigidas por la Constitución y la ley, como mecanismo de protección del interés general y del derecho a la igualdad de oportunidades (8) .

Así mismo, en la jurisprudencia constitucional se ha hecho referencia al vínculo entre los requisitos de los empleos y los principios, valores y fines constitucionales. En la Sentencia C-487 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, se señaló que:

El buen éxito de la gestión estatal y, por ende, el bien común, dependen de una adecuada preparación y de la idoneidad profesional, moral y técnica de las personas a las que se confía la delicada responsabilidad de alcanzar las metas señaladas por la Constitución. Ello se expresa no solamente en el señalamiento previo y general de la forma como se accederá al desempeño del cargo, lo cual asegura la legitimidad de la investidura (elección o nombramiento), sino la previsión de las calidades y requisitos que debe reunir aquel en quien recaiga la designación, las cuales pueden ser señaladas directamente por la Constitución o, en sustitución de ella, por la ley, ya que es al legislador a quien corresponde establecer las normas generales aplicables al ejercicio de la función pública, sujetando eso sí todos sus mandatos a la preceptiva fundamental.

Igualmente, el cumplimiento de los requisitos del cargo hace parte de las condiciones para ejercer el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y para elegir, ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (artículo 40, numerales 1º y 7º de la Constitución). Por ello:

No puede ser ajeno a la garantía constitucional de los derechos esenciales del hombre el ejercicio cierto de los que se enmarcan dentro del ámbito de la participación política, ya que estos también son inherentes a la naturaleza humana, la cual exige, como algo derivado de su racionalidad, la opción de tomar parte en el manejo de los asuntos públicos. Ello, desde luego, sobre la base de que exista con el Estado el vínculo de la nacionalidad y de que se cumplan los requerimientos constitucionales y legales para su ejercicio.

Desde la Declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano, proclamada en 1789 por la Asamblea Nacional Francesa, se plasmó, como derecho del ciudadano, el de ser admitido a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin otro criterio de distinción que el derivado de sus virtudes y de sus talentos, principio ratificado por el artículo 23 de la Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica) cuando declaró en 1969 que todo ciudadano debe gozar del derecho y la oportunidad de “tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

El mismo principio había quedado plasmado en el artículo 21 de la Declaración universal de los derechos humanos que proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y en el 25 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, que entró en vigencia el 23 de marzo de 1976.

Tanto la Convención americana sobre derechos humanos como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos fueron aprobados por el Congreso de Colombia mediante la Ley 74 de 1968.

El derecho específico al ejercicio de cargos y funciones públicas merece protección, a la luz de la Constitución colombiana, no únicamente por lo que significa en sí mismo sino por lo que representa, al tenor del artículo 40, como medio encaminado a lograr la efectividad de otro derecho —genérico— cual es el de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, a objeto de realizar la vigencia material de la democracia participativa (9) .

Por lo tanto, como lo ha señalado esta corporación, el artículo 40 de la Constitución no implica que todos los ciudadanos colombianos puedan ser elegidos para todos los cargos, ya que solo pueden serlo aquellos que reúnan las calidades exigidas por la misma Constitución o por la ley para ejercer el respectivo cargo o función” (10)(11) .

La corporación ha hecho particular énfasis en que la posibilidad de regular los requisitos de acceso, promoción y remoción de los servidores en los cargos públicos, tiene como presupuesto el respeto de los derechos, principios y valores reconocidos en la Constitución y el ejercicio razonable y proporcionado de la potestad de configuración normativa reconocida por el constituyente al legislador.

Bajo esta premisa, si bien el Congreso tiene un amplio margen de configuración para definir cuáles son las condiciones para el acceso, permanencia, ascenso y retiro de los trabajadores vinculados con el Estado, no puede establecer exigencias que hagan nugatorio el derecho de participación de los ciudadanos en el ejercicio de la función pública en condiciones de igualdad o que afecten el núcleo esencial de otros derechos fundamentales de las personas (12) .

Al respecto ha precisado la Corte:

“(...) Aun cuando esta Corte reconoce que dentro del ámbito de libertad del legislador se comprende el establecimiento de los requisitos —genéricos y específicos— para el ejercicio de cargos o funciones públicas, tal facultad debe realizarla con estricta sujeción a los mandatos constitucionales que lo obligan a no condicionar —hasta el punto de hacer impracticable— el ejercicio de derechos fundamentales que, como la igualdad, la dignidad, y el ejercicio de funciones y de cargos públicos, son base estructural del orden constitucional pues, estos le vedan la posibilidad de establecer requisitos que los condicionen más allá de lo razonable, o de crear condiciones que impliquen de manera injustificada, el acceso desigual a su ejercicio.

Por otra parte, el ejercicio del derecho político fundamental al desempeño de funciones y cargos públicos, consagrado en el artículo 40-7 de la Carta de 1991, se encuentra protegido por las mismas garantías que protegen el derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y, en general, por los principios de libertad e igualdad que dan contenido a estos derechos.

De ahí que al exigir ciertos requisitos o condiciones —tanto genéricas como específicas— para ejercer funciones o cargos públicos y al establecer normas que rijan la práctica laboral, el legislador no pueda vulnerar el núcleo esencial del derecho consagrado en el artículo 40 de la Carta o de cualquier otro derecho fundamental. Como tampoco pueda desconocer los valores y principios que conforman nuestra organización social, institucional y política” (13) .

En similar sentido la Corte ha señalado que:

“constitucionalmente no le es dable al legislador señalar requisitos que, sin justificación razonable y objetivamente atendible, vulneren el principio de igualdad o restrinjan mas allá de lo que sea razonablemente necesario el acceso a un puesto de trabajo o que impongan restricciones no admisibles en relación con el derecho o bien que se busca proteger” (10) (sic).

3.2 Los antecedentes en la jurisprudencia constitucional respecto de la exigencia en determinados casos de la condición de soltería y la afectación de los derechos fundamentales.

Resulta pertinente recordar que la jurisprudencia constitucional en varias ocasiones ha estado llamada a examinar disposiciones legales que establecen la condición de soltería como presupuesto para el ejercicio de un derecho (14) .

Al respecto la Corte ha puesto de presente que la Constitución Política garantiza a todas las personas el derecho a conformar una familia, por la decisión libre de contraer matrimonio, o la voluntad responsable de conformarla. Por ello, ha sostenido la Corte, cualquier intromisión de la ley en una decisión que, como esa, corresponde al fuero interno del individuo, constituye una injerencia indebida y arbitraria en su libertad de autodeterminarse según sus principios y convicciones (15) .

Así por ejemplo al examinar una disposición que establecía beneficios para las hijas célibes de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, la corporación señaló lo siguiente:

“[T]oda persona en ejercicio de su libertad, debe poder optar sin coacciones y de manera ajena a estímulos establecidos por el legislador, entre contraer matrimonio o permanecer en la soltería.

Para la Corte Constitucional no cabe duda de que en esta materia el precepto impugnado sí discrimina, pues consagra un privilegio de la mujer soltera sobre la casada y de la unión de hecho sobre el matrimonio; más aún, se le reconocen los beneficios a condición de nunca haberlo contraído.

Esto representa una flagrante violación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta e implica el desconocimiento del 16 ibídem que garantiza a todo individuo el libre desarrollo de su personalidad” (16) .

Recientemente en relación con la condición de permanecer en estado de soltería o de viudez, ya sea para la mujer o para el hombre establecida por el testador en la asignación testamentaria la Corte igualmente concluyó que establecer una limitación en este sentido violaba la Constitución. Al respecto la corporación señaló lo siguiente en la Sentencia C-101 de 2005 donde se declaró inexequible el artículo 1134 del Código Civil (17) .

“La condición de permanecer en estado de soltería o de viudedad, ya sea para la mujer o para el hombre establecida por el testador en la asignación testamentaria, le resta libertad a la decisión del asignatario, pues permite una intromisión en su vida, independientemente de las razones altruistas o no que llevaron al testador a condicionar la asignación en ese sentido, y ello, le quita validez constitucional a una asignación así impuesta. La opción de casarse y conformar una familia, hace parte del núcleo del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Es una de esas decisiones trascendentales de las personas, que determinaran su forma de vida, de ahí, que ella no pueda estar sujeta a condiciones que limiten o restrinjan el ejercicio libre y autónomo de esa opción.

4.3. La Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad de varias normas legales que sancionaban a la mujer o a los hijos con la pérdida de un derecho pensional, por el hecho de contraer matrimonio o hacer vida conyugal, bajo el argumento de que una medida legislativa no puede desconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad que implica la libre y legítima opción individual de contraer nupcias o unirse en una relación marital, so pena de perder un derecho legal ya consolidado, pues ello se convierte en una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y autodeterminación del sujeto que viola el derecho fundamental aludido (18) .

En el caso sub iudice, si bien no se trata de un derecho legal que se haya consolidado, pues se está ante una asignación testamentaria que puede o no ser aceptada, lo cierto es que esa última voluntad del testador sí configura una intromisión indebida en la vida del asignatario. En el presente caso entran en conflicto el principio de la autonomía de la voluntad del testador y el derecho del asignatario a contraer libremente matrimonio en primeras o en segundas nupcias, se trata entonces de sopesar dos derechos: la libertad de testar con las limitaciones impuestas por la ley, y la libertad para contraer matrimonio, el uno de carácter patrimonial y el otro no. Aquí lo que se encuentra en juego es la libertad personal del asignatario, que no puede quedar atada, ni de manera directa ni de manera indirecta a la voluntad del testador en un acto de disposición patrimonial. Es claro para la Corte que el principio de la autonomía aplicado a los actos jurídicos patrimoniales, encuentra como límite necesario la Constitución Política y los tratados internacionales sobre los derechos humanos a ella incorporados por ministerio del artículo 93 de la Carta. Así, por ejemplo, la Declaración universal de los derechos del hombre, en su artículo 16, establece que “[L]os hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”. Por su parte, la Convención americana sobre derechos humanos, establece en el artículo 17 que “[S]e reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que estas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención”.

4.4. De las consideraciones expuestas en esta sentencia, encuentra la Corte que la igualdad entre sexos, el derecho a conformar una familia y a optar por un determinado estado civil, son intereses jurídicos que no se pueden sacrificar en aras de garantizar la autonomía del testador a imponer condiciones testamentarias, pues ese derecho se encuentra sujeto a límites, uno de ellos y de gran significación, el derecho a autodeterminarse en la vida según sus propias convicciones” (19) (destacado fuera de texto).

En similar sentido la Corte ha expresado:

“[L]a decisión de optar entre el estado civil de casado, separado o divorciado, así como la relativa a la escogencia entre la opción matrimonial y la unión permanente, corresponde única y exclusivamente a la pareja, tal como resulta del artículo 42 de la Carta Política. Ni el Estado ni los particulares pueden interferir en las determinaciones que las personas adopten en esa materia, según sus propias necesidades y conveniencias” (20) .

Para efectos de la presente sentencia resulta particularmente relevante recordar que esta corporación en la Sentencia C-1293 de 2001 (21) donde se examinó la constitucionalidad del artículo 33 del Decreto 1790 de 2000 (22) , que establecía la exigencia de ser soltero a quien deseara ingresar como oficial o suboficial de las Fuerzas Militares señaló lo siguiente:

“7. En relación con lo dispuesto por el parágrafo primero del artículo 33 del Decreto 1790 de 2000, la demanda sostiene que la exigencia de ser soltero que se hace a quien desee ingresar como oficial o suboficial a las Fuerzas Militares, se erige en una discriminación por razón del estado civil. Este reproche impone a la Corte el estudio de la disposición a la luz del principio de igualdad, así como del derecho al libre desarrollo de la personalidad (…).

En el caso presente, el legislador ha establecido una diferencia de trato que consiste en permitir el ingreso a las Fuerzas Militares, como oficial o suboficial, solamente a las personas solteras, excluyendo a las casadas de esta posibilidad. Los intervinientes justifican esta diferencia aduciendo que la formación militar exige un régimen incompatible con la vida familiar. Dicha formación, indican, requiere de un ambiente especial que permita el desenvolvimiento pleno de los educandos, sin presiones de tipo psicológico o emocional, ambiente que los compromisos familiares impediría en cierto grado. Así pues, el objetivo que supuestamente persigue la restricción al acceso de personas casadas como oficiales o suboficiales de las fuerzas militares, es garantizar unas circunstancias óptimas para la formación militar, estimándose que estas circunstancias son aquellas en las cuales no existen compromisos de tipo familiar que puedan interferir el proceso educativo.

El mencionado objetivo —lograr un ambiente óptimo para la formación militar— en sí mismo puede considerarse constitucionalmente aceptable. Obviamente la Constitución propende por la existencia de procesos educativos de calidad, que permitan “la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos” (24) , finalidades que cobran aun mayor importancia tratándose de la educación de quienes, como los futuros oficiales y suboficiales militares, estarán llamados a garantizar la seguridad de la Nación, la paz y la integridad territorial de la República. Empero, el medio escogido para la consecución de este objetivo, a juicio de la Corte no supera un juicio de razonabilidad y proporcionalidad.

En efecto, no existe una relación necesaria de medio a fin entre el instrumento escogido —restringir el ingreso de personas casadas como oficiales o suboficiales— y el objetivo buscado por el legislador —garantizar un proceso educativo óptimo—; es decir, nada indica que la sola posesión del estado civil de soltero asegure per se estas mejores circunstancias para el desenvolvimiento del proceso educativo del militar, ni que en alguna forma contribuya a ello. La adecuación del medio no está probada, siendo tan solo una hipótesis o conjetura, máxime cuando es obvio que las personas solteras también pueden estar vinculadas por compromisos u obligaciones familiares de diversa índole que supuestamente pueden interferir el proceso educativo (piénsese, por ejemplo, en el caso de las personas cabeza de familia, que jurídicamente ostentan el estado civil de solteras...). Tampoco la restricción se revela como imprescindible, en el sentido en que sin ella no fuera posible lograr la meta de formación de oficiales o suboficiales, caso en el cual la limitación del derecho a la igualdad pudiera considerarse justificada.

Pero el reproche más grave a la restricción de acceso a las Fuerzas Militares que impone la disposición que se examina, radica en su desproporcionalidad. En efecto, el sacrificio de derechos fundamentales que implica supera en mucho el beneficio constitucional que supuestamente se obtendría, cual sería el mejorar las condiciones para el desarrollo del proceso educativo. Los derechos a la igualdad de acceso a la educación y a los cargos públicos, a la libertad de escoger profesión y oficio y al libre desarrollo de la personalidad, se ven seriamente recortados, pues todas las personas que no sean solteras quedan automáticamente excluidas de la posibilidad de educarse para llegar a ser oficiales o suboficiales de la Fuerza Pública.

(…).

En la presente ocasión la Corte reitera en sede de constitucionalidad, los criterios antes expuestos en sede de tutela, y con base en tales consideraciones declarará la inexequibilidad de la expresión “y soltero”, contenida en el parágrafo primero del artículo 33 del Decreto 1790 de 2000, así como el parágrafo 2º de la misma disposición” (25) (resaltado fuera de texto).

Cabe precisar que en similar sentido en sede de tutela, la Corte se había manifestado sobre la inconstitucionalidad de la exigencia de soltería formulada para el ingreso o permanencia en las escuelas de formación militar. Así, en la Sentencia T-813 de 2000 (26) , la corporación encontró que debía inaplicar por inconstitucional una disposición del reglamento de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, que consideraba causal de mala conducta el concebir hijos durante la permanencia como alumno en dicha institución y el “contraer matrimonio civil o católico o mantener unión marital de hecho” durante el mismo lapso, norma con base en la cual se había sancionado con la cancelación de la matrícula a un alumno que había llevado a cabo dichas conductas.

Señaló en esa ocasión la corporación lo siguiente:

“Toda persona, en razón de su libertad, y en ejercicio del derecho constitucional que le asiste a desarrollar su personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás y el orden jurídico (C.P., art. 16), puede adoptar, sin intervención del Estado ni de particulares, y sin la presión de la institución educativa a la que pertenece o de la empresa para la cual trabaja, las decisiones relacionadas con el futuro desenvolvimiento de su vida particular y familiar.

La intromisión de otros en aspectos tan esenciales como la escogencia del estado civil (casado o soltero), la determinación acerca de si se constituye o no una familia —por vínculo matrimonial o de hecho—, la selección de la pareja, la decisión acerca de si esta quiere o no procrear, la planeación sobre el número de hijos y en torno a la época en que habrán de ser engendrados, la resolución de dar por terminado el matrimonio o de poner fin a la unión de hecho..., implica sin lugar a dudas una limitación de la libertad no consentida por la Carta Política ni por los tratados internacionales sobre derechos humanos, y respecto de ella cabe acudir al amparo judicial, según las reglas contempladas en el artículo 86 de la Constitución.

(...).

“El derecho a la educación no puede verse condicionado a la toma de decisiones que afectan de manera radical el futuro personal y familiar del individuo. Por ello, se muestra como inconstitucional la exigencia de no casarse o de no tener hijos para acceder a un determinado programa académico o para permanecer dentro del mismo.

“Allí se lesiona por partida doble el libre desarrollo de la personalidad, pues se condiciona en los siguientes términos: “Si usted quiere estudiar esta carrera, no puede casarse y no puede tener hijos mientras estudia”. “O, si usted desea casarse o procrear en este momento de su vida, debe renunciar a la carrera”.

“... En esta ocasión fue violado también el derecho del accionante a la igualdad (C.P., art. 13), ya que toda persona, sin discriminación, es titular de los derechos a establecer una familia, a contraer matrimonio o a no hacerlo, a iniciar cuando lo desee una unión marital de hecho y a procrear. Si cualquier ser humano puede hacerlo, sin la intervención de terceros ni imposiciones estatales, la igualdad es quebrantada cuando algunos de los miembros de la sociedad son injustificadamente excluidos de las enunciadas posibilidades” (27) (resaltado fuera del original).

3.3 Las características de la carrera penitenciaria y carcelaria y el contenido y alcance del numeral 3º del artículo 119 del Decreto 407 de 1994 acusado.

De acuerdo con el artículo 125 superior los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Refiriéndose al régimen de carrera, esta corporación ha sosteniendo (28) que su institución en los términos previstos por la Constitución Política busca que la administración pública cuente con servidores de las más altas calidades para enfrentar con éxito las responsabilidades que la Constitución y las leyes han confiado a los órganos del Estado (29) , responsabilidades que exigen para su adecuado cumplimiento, “la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública que posibiliten la realización de los fines y objetivos estatales más próximos, como lo son el servicio a la comunidad, la satisfacción del interés general y la efectividad de los principios, derechos y deberes que la propia constitución reconoce a todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional” (30) .

Actualmente dicho régimen se rige por la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.

De acuerdo con el artículo 4º de la misma ley se entiende por sistemas específicos de carrera administrativa aquellos que en razón de la singularidad y especialidad de las funciones que cumplen las entidades en las cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera administrativa en materia de ingreso, capacitación, permanencia, ascenso y retiro del personal y se encuentran establecidas en leyes diferentes a las que reglamentan la función pública.

Dentro de dichos sistemas específicos se encuentra el que rige para el personal que presta sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Respecto de dicho personal el Decreto 407 de 1994 “Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario” regula en efecto una serie de condiciones especiales, a las que resulta pertinente hacer referencia para introducir el estudio del numeral acusado en el presente proceso.

Así cabe recordar que en el libro I de dicho decreto sobre “Servicio y carrera penitenciaria el artículo 76 —contenido en el título III sobre “carrera penitenciaria y carcelaria” capítulo I sobre “principios generales”—, señala que se establece la carrera penitenciaria y carcelaria para el personal vinculado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, con excepción de los cargos que la ley prevé como de libre nombramiento y remoción.

De acuerdo con el artículo 77 del mismo decreto la carrera penitenciaria y carcelaria es un sistema técnico de administración de personal, que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer a todos los colombianos igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, la estabilidad en sus empleos y la posibilidad de ascender en la carrera, conforme a lo establecido en este estatuto. Para alcanzar los anteriores objetivos, el ingreso, permanencia y ascenso en los empleos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se hará exclusivamente con base en el mérito, sin que en ellos la filiación política o consideraciones de otra índole puedan tener influencia alguna.

Por su parte, el artículo 78 ibídem señala que el personal de carrera vinculado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se clasifica en dos (2) categorías, a saber: a) Personal administrativo, y b) Personal del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional. El artículo 79 precisa que la carrera penitenciaria comprende el personal administrativo y el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional.

Por su parte el artículo 80 ibídem señala que la selección para el ingreso a la carrera penitenciaria o promoción dentro de ella se efectuará acreditando sus méritos y conocimientos mediante exámenes o con la comprobación de sus títulos o experiencia, conforme lo determine este estatuto y los reglamentos que en desarrollo del mismo se expidan: i). Para el personal administrativo a través de concurso. ii) Para el personal del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria a través del curso, previa selección.

En el libro II del Decreto 407 de 1994 que regula específicamente el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, se señala en el artículo 113 —que hace parte del título I sobre principios rectores para el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional— que dicho cuerpo cumple un servicio público esencial a cargo del Estado, cuya misión es la de mantener y garantizar el orden, la seguridad, la disciplina y los programas de resocialización en los centros de reclusión, la custodia y vigilancia de los internos, la protección de sus derechos fundamentales y otras garantías consagradas en la Constitución Política, en pactos, tratados y convenios internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por Colombia y en general asegurar el normal desarrollo de las actividades en los centros de reclusión.

De acuerdo con el artículo 116 ibídem la actividad del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional está regulada por leyes, decretos, reglamentos y disposiciones especiales que le imponen la naturaleza de una profesión. Sus servidores deberán recibir una educación integral, aprobar los cursos señalados por las leyes y reglamentos y además, estar identificados con el alto concepto de sus funciones.

En relación con el artículo 117 ibídem el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional es “un organismo que cumple un servicio esencial del Estado, armado, de carácter civil y permanente, al servicio del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, e integrado por personal uniformado, jerarquizado, con régimen y disciplina especiales. Sus miembros recibirán formación, capacitación, complementación, actualización y especialización en la Escuela Penitenciaria Nacional. No podrán tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio y observarán siempre la más absoluta imparcialidad política en el ejercicio de sus funciones”.

El artículo 118 del mismo decreto establece las funciones y deberes de los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional. Dicho artículo señala que los miembros del referido cuerpo observarán los siguientes deberes especiales: a) velar por la seguridad, vigilancia y disciplina de los establecimientos penitenciarios y carcelarios; b) cumplir las órdenes impartidas por las autoridades competentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec; c) servir como auxiliares en las labores de trabajo y educación de los internos, y en general, en su resocialización; d) cumplir las funciones de seguridad y policía judicial en los términos señalados por la ley; e) cumplir las órdenes y requerimientos de las autoridades judiciales, con respecto a los internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios; f) observar una conducta seria y digna; g) cooperar con la dirección en todo lo que tienda a la resocialización de los reclusos, suministrando los informes que estime conveniente para esta finalidad; h) custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios y carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud, conservando en todo caso la vigilancia visual; i) requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados, sus celdas y sitios de trabajo conforme al reglamento; j) custodiar a los condenados o detenidos que vayan a trabajar fuera del establecimiento y emplear todas las precauciones posibles para impedir violencias, evasiones y conversaciones o relaciones de ellos con los extraños, exceptuando los casos previstos en el Código Penitenciario y Carcelario y en el reglamento general; k) realizar los ejercicios colectivos que mejoren o mantengan su capacidad física; participar en los entrenamientos que se programen para la defensa, orden y seguridad de los centros de reclusión; tomar parte en las ceremonias internas o públicas para realce de la institución; asistir a las conferencias y clases que eleven su preparación general o la específica penitenciaria; l) mantener la disciplina con firmeza, pero sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario; m) ejecutar las demás funciones relacionadas con el cargo, asignadas por la ley o reglamento; n) entregar el uniforme, insignias y demás elementos a su cargo al almacén general del establecimiento carcelario respectivo, una vez retirado del servicio o cuando sea suspendido de sus funciones y atribuciones legalmente, respondiendo por aquellos que falten para podérsele expedir el respectivo paz y salvo; ñ) garantizar la prestación de los servicios y el normal desarrollo de las actividades en las dependencias del instituto; o) velar por el estricto cumplimiento del régimen penitenciario y carcelario, reglamento general e interno, planes de seguridad y de defensa y en general de todas aquellas disposiciones que garanticen los objetivos de la justicia, y la misión y los objetivos penitenciarios y carcelarios.

El artículo 119 —donde se contiene el numeral acusado— señala que para ingresar al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, se requiere acreditar los siguientes requisitos: 1. Ser colombiano. 2. Tener más de dieciocho años y menos de veinticinco de edad, al momento de su nombramiento. 3. Ser soltero y permanecer como tal durante el curso. 4. Poseer título de bachiller en cualquiera de sus modalidades y acreditar resultado de los exámenes del Icfes. 5. Tener definida su situación militar. 6. Demostrar excelentes antecedentes morales, personales y familiares. 7. No tener antecedentes penales ni de policía. 8. Obtener certificados de aptitud médica y psicofísica expedido por la Caja Nacional de Previsión Social o su equivalente. 9. Aprobar el curso de formación en la Escuela Penitenciaria Nacional. 10. Ser propuesto por el director de la Escuela Penitenciaria Nacional con base en los resultados de la selección al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

De acuerdo con el artículo 120 ibídem sobre “excepción al estado civil” “podrán ingresar a la carrera penitenciaria y carcelaria, como oficiales logísticos y de tratamiento penitenciario, los profesionales con título de formación universitaria, “casados”, varones o mujeres, con el lleno de los demás requisitos a que se refiere el artículo anterior”.

Cabe precisar entonces que el requisito de ser soltero y permanecer así durante el curso debe ser cumplido por todos los aspirantes, con la sola excepción de los profesionales con título de formación universitaria que pretendan acceder al servicio como oficiales logísticos o de tratamiento penitenciario —calidad a la que se alude más adelante—.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 121 del mismo decreto, reunidos los requisitos señalados en los numerales 1º al 10 del artículo 119 ibídem, el aspirante seleccionado, ingresará a la Escuela Penitenciaria Nacional, en calidad de alumno y se someterá al régimen interno de este instituto. Aprobado el curso en la Escuela Penitenciaria Nacional y obtenido el certificado de aptitud médica y psicofísica, el alumno, a solicitud de su director, será nombrado como dragoneante a prueba por un periodo de un (1) año y prestará su servicio en el lugar que sea destinado por la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. Si al terminar el curso de formación de dragoneante no hubiere vacante, el alumno quedará en lista de elegibles hasta por el término de doce (12) meses, siempre y cuando mantenga las condiciones estipuladas en el artículo 119 —entre ellos el de permanecer soltero— (art. 122).

Cabe precisar que de acuerdo con el artículo 126 ibídem el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional está compuesto por oficiales, suboficiales (31) , dragoneantes (32) , alumnos y los bachilleres auxiliares que presten el servicio militar en la institución (33) .

De acuerdo con el artículo 128 ibídem son oficiales, los egresados de la Escuela Penitenciaria Nacional, formados y capacitados para comandar la vigilancia penitenciaria y carcelaria, dirigir, coordinar y responder por los servicios de orden, seguridad y disciplina en los establecimientos penitenciarios y carcelarios y garantizar el normal desarrollo de las actividades en las dependencias del instituto. Así mismo, los profesionales con título de formación universitaria conforme a las normas de educación superior vigentes en todo tiempo, con el fin de aplicar sus conocimientos profesionales en el servicio penitenciario y carcelario.

El artículo 129 ibídem señala que los oficiales del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, según sus funciones tienen la siguiente clasificación: i). Oficiales de seguridad (34) ; ii) Oficiales logísticos (35) ; iii) Oficiales para tratamiento penitenciario (36) .

Hechas las anteriores precisiones procede la Corte a efectuar el análisis de los cargos formulados en la demanda.

4. El análisis de los cargos.

Para la demandante el numeral 3º del artículo 119 del Decreto 407 de 1994 en cuanto establece como condición para ingresar al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, ser soltero y permanecer como tal durante el curso de formación desconoce los derechos al libre desarrollo de la personalidad, al acceso a cargos públicos, a la igualdad, a la participación y la dignidad humana como principio fundante del Estado.

Al respecto la Corte constata que como se desprende de los apartes preliminares de esta sentencia asiste razón a la demandante en cuanto a la vulneración del conjunto de preceptos constitucionales por ella invocados.

En efecto, con el establecimiento del requisito de ser soltero y permanecer como tal durante el curso de formación para ingresar al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional el legislador desbordó claramente la potestad de configuración en materia de determinación de condiciones para acceder a la función pública que si bien es amplia no tiene carácter ilimitado y particularmente debe respetar el núcleo esencial de los derechos fundamentales de las personas (37) .

La corporación ha hecho particular énfasis en que la posibilidad de regular los requisitos de acceso, promoción y remoción de los servidores en los cargos públicos, tiene como presupuesto el respeto de los derechos, principios y valores reconocidos en la Constitución y el ejercicio razonable y proporcionado de la potestad de configuración normativa reconocida por el constituyente al legislador y en este sentido este no puede establecer exigencias que hagan nugatorio el derecho de participación de los ciudadanos en el ejercicio de la función pública en condiciones de igualdad o que afecten el núcleo esencial de otros derechos fundamentales de las personas (38) .

En el presente caso se está sin duda en presencia de una ilegítima limitación de la autonomía de los aspirantes a ingresar al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, al condicionarse la posibilidad de ingreso al hecho de no estar casados y de permanecer como tales durante el curso de formación.

Al respecto, como lo ha recordado la Corte en las decisiones de constitucionalidad (39) y de tutela (40) a que ya se hizo referencia en esta sentencia la intromisión de otros —incluido el Estado— en aspectos tan esenciales como la escogencia del estado civil (casado o soltero), la determinación acerca de si se constituye o no una familia —por vínculo matrimonial o de hecho—, la selección de la pareja, la decisión acerca de si esta quiere o no procrear, la planeación sobre el número de hijos y en torno a la época en que habrán de ser engendrados, la resolución de dar por terminado el matrimonio o de poner fin a la unión de hecho, implica sin lugar a dudas una limitación de la libertad no consentida por la Carta Política (41) .

Una de las intervinientes justifica esta injerencia aduciendo que la formación para el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional y por ende a la carrera penitenciaria y carcelaria exige un régimen incompatible con la situación de casado. Dicha formación, indica, requiere de unas condiciones especiales sin presiones de tipo psicológico o emocional que estarían ligadas a los compromisos familiares. Afirma además, sin aportar prueba de ello, que “se ha demostrado que la persona con una relación de esposo, compañero permanente y padre no puede tener la concentración y dedicación que se necesita para el curso de custodia y vigilancia”.

Al respecto la Corte señala que no es evidente que exista una relación necesaria entre el instrumento escogido —restringir el ingreso de personas casadas— y el objetivo supuestamente buscado por el legislador —garantizar un proceso educativo óptimo—. Es decir, nada indica que el hecho de ser soltero asegure per se mejores circunstancias para el desenvolvimiento del proceso educativo, ni que en alguna forma contribuya a ello. En este caso, como en un caso similar que analizó la Corte en relación con el ingreso a las Fuerzas Militares (42) , debe afirmarse que la adecuación del medio no está probada, siendo tan solo una hipótesis o conjetura, máxime cuando es obvio que las personas solteras también pueden estar vinculadas por compromisos u obligaciones familiares de diversa índole que supuestamente pueden interferir el proceso educativo.

Ahora bien, como también en esa ocasión señaló la Corte el reproche más grave que cabe hacer al tipo de restricción que impone la disposición que se examina, radica en su desproporcionalidad. El sacrificio de derechos fundamentales que implica supera en mucho el beneficio constitucional que supuestamente se obtendría, cual sería el mejorar las condiciones para el desarrollo del proceso de formación. Los derechos a la igualdad de acceso a los cargos públicos, a la libertad de escoger profesión y oficio y al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, se ven seriamente recortados, pues todas las personas que no sean solteras quedan automáticamente excluidas de la posibilidad de ser miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, a menos que se trate, como se desprende del artículo 120 del mismo Decreto 407 de 1994 de profesionales con título universitario que quieran ingresar como oficiales logísticos o para tratamiento penitenciario, lo que añade una nueva violación de la Constitución pues como lo señala el señor procurador no se ve cuál es la razón para diferenciar entre profesionales y no profesionales respecto de la decisión autónoma de cualquier individuo de casarse o no.

Los términos de la limitación y sus implicaciones particularmente en el caso del derecho al libre desarrollo de la personalidad ya también los señaló la Corte en la misma sentencia cuando reiteró que:

“El derecho a la educación no puede verse condicionado a la toma de decisiones que afectan de manera radical el futuro personal y familiar del individuo. Por ello, se muestra como inconstitucional la exigencia de no casarse o de no tener hijos para acceder a un determinado programa académico o para permanecer dentro del mismo.

“Allí se lesiona por partida doble el libre desarrollo de la personalidad, pues se condiciona en los siguientes términos: “Si usted quiere estudiar esta carrera, no puede casarse y no puede tener hijos mientras estudia”. “O, si usted desea casarse o procrear en este momento de su vida, debe renunciar a la carrera” (43) .

Siguiendo las orientaciones jurisprudenciales aludidas, no cabe duda entonces que con la imposición del requisito aludido el legislador desbordó el ámbito a él reconocido por la Constitución en armonía con sus principios y valores para el ejercicio de su potestad de configuración en la determinación de las condiciones para el ingreso al cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional y por lo tanto debe la Corte declarar la inconstitucionalidad del numeral acusado.

5. El alcance de la presente decisión.

La demandante, coadyuvada en este punto por el interviniente en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, solicita a la Corte que además de declarar la inconstitucionalidad del numeral acusado —que establece el requisito de no estar casado y permanecer como tal durante el curso de formación—, se examine el alcance que pueda darse a la decisión adoptada por la corporación para evitar que la administración continúe exigiendo el requisito de no tener hijos. Requisito que además de ser abiertamente inconstitucional no tiene fundamento legal pues el mismo no figura en el Decreto Ley 407 de 1994. Concretamente la demandante solicita que la corporación efectúe la unidad normativa con los actos de convocatoria proferidos por la Escuela Enrique Low Murtra en los que se exige como requisito para el curso de formación además de ser soltero “no tener hijos”.

Al respecto ha de recordarse que la Constitución confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos del artículo 241 superior y que dentro de las competencias allí establecidas no se encuentra la de controlar en el marco del juicio abstracto de constitucionalidad los actos administrativos a que alude la demandante.

Así mismo caber recordar que de acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Corte (44) , la conformación de la unidad normativa es excepcional, y solo procede cuando i) ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo. Así por ejemplo cuando la norma acusada o su contenido normativo se encuentran reproducidos en otro u otros textos legales no demandados, de manera tal que la declaración de la Corte —especialmente la declaración de inconstitucionalidad— puede resultar inocua si no se refiere a todas las disposiciones con el mismo alcance regulador ii) ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la corporación pueda decidir de fondo el problema planteado. iii) Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad (45) .

En este caso respecto de los actos de convocatoria a que alude la demandante dichas condiciones no se reúnen pues la petición que se hace por la actora concierne actos administrativos cuyo control corresponde a otras autoridades judiciales.

En relación con dichas actuaciones es claro que son otros los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para su control jurisdiccional y que solo eventualmente en el caso de reunirse los presupuestos para interponer una acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable la jurisdicción constitucional estaría llamada a ocuparse de las mismas (C.P., art. 86).

Por ello la Corte se abstendrá de atender la solicitud formulada por la demandante en este sentido.

Debe la Corte empero, en relación con el alcance de la decisión que ahora se adopta, señalar que respecto de la disposición legal que fue objeto de demanda y que se declara inexequible en esta sentencia sí existe una disposición en el mismo Decreto 407 de 1994 que guarda una estrecha relación que lleva a la Corte a pronunciarse para evitar que la decisión resulte contradictoria.

En efecto, declarada la inexequibilidad de la regla general —la obligación de ser soltero y permanecer así durante el curso de formación contenida en el numeral 3º del artículo 119— la excepción contenida en el artículo 120 del Decreto 407 de 1993 (46) para el caso de los oficiales logísticos y de tratamiento penitenciario deja de tener sentido. Su mantenimiento en el ordenamiento jurídico, no solo resulta contradictorio con la decisión aquí adoptada sino que puede significar que la misma se desconozca y pueda llegar a ser inocua (47) .

Por ello la Corte efectuará la unidad normativa con la expresión “casados” contenida en el referido artículo 120 y declarará su inexequibilidad por las mismas razones que se han expuesto en la presente sentencia respecto del numeral 3 del artículo 119 del Decreto 407 de 1994.

En ese orden de ideas la Corte declarará la inexequibilidad del numeral 3º del artículo 119 del Decreto 407 de 1994 y además, declarará la inexequibilidad de la expresión “casados” del artículo 120 del mismo decreto y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

DECLARAR INEXEQUIBLES el numeral 3º del artículo 119 y la expresión “casados” del artículo 120 del Decreto Ley 407 de 1994 “por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(4) Ver entre otras las sentencias C-221 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-511 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-537 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón; C-408 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería A.V. Manuel José Cepeda Espinosa; C-109 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentaría; C-171 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-739 de 2002 y C-1174 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-100 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil A.V. Jaime Araújo Rentaría.

(5) Sentencia C-109 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería. En el mismo sentido ver la Sentencia C-100 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil A.V. Jaime Araújo Rentería y C-1174 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(6) Ver la Sentencia C-100 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(7) Sentencia C-408 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería A.V. Manuel José Cepeda Espinosa.

(8) En este sentido, en la Sentencia C-592 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte expresó que “En abstracto, la ley puede establecer condiciones, requisitos y calidades para el ejercicio de los cargos públicos (C.P., art. 150-23). Del desempeño competente y eficiente de los mismos depende la realización de los fines del Estado. Esto justifica el establecimiento de exigencias para el acceso a la función pública, sin que ello signifique el desconocimiento de los derechos al trabajo o los derechos de participación política”.

(9) Corte Constitucional. Sentencia T-003 del 11 de mayo de 1992.

(10) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-086 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.

(11) Sentencia C-739 DE 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(12) Ver entre otras las sentencias C-537 DE 1993, M.P. Ciro Angarita Barón; C-200 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-408 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería A.V. Manuel José Cepeda Espinosa; C-100 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(13) Sentencia C-537 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.

(10)(sic) Ver Sentencia C- 408 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería A.V. Manuel José Cepeda Espinosa y las sentencias C-221 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-511 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, allí citadas.

(14) Ver, entre otras, las sentencias: C-588 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-306 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-1050 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonel; C-1440 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonel, y C-101 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(15) Ver Sentencia C-101 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(16) Sentencia C-588 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(17) ART. 1134.—Los artículos precedentes no se oponen a que se provea a la subsistencia de una mujer mientras permanezca soltera o viuda, dejándole por ese tiempo un derecho de usufructo, de uso o de habitación, o una pensión periódica”.

(18) Cfr. C-306 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-1050 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonel; C-1440 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonel.

(19) Sentencia C- 101 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra S.V. Rodrigo Escobar Gil.

(20) Sentencia T-543 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Así mismo, se pueden consultar las sentencias C-588 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-480 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz; C-507 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa S.V. S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Álvaro Tafur Galvis. Para el caso del derecho a tener hijos ver, entre otras, las sentencias T-850 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-248 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(21) M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(22) ART. 33.—Ingreso y ascenso. El ingreso y ascenso de los oficiales de las Fuerzas Militares se dispone por el Gobierno Nacional y el de los suboficiales por el Ministro de Defensa Nacional o los comandos de las respectivas fuerzas cuando en ellos se delegue, de acuerdo con las normas del presente decreto.

PAR. 1º—Para ingresar a las Fuerzas Militares como oficial o suboficial es condición mínima ser colombiano y soltero.

PAR. 2º—Se exceptúa de la condición de soltería a los oficiales y suboficiales del cuerpo administrativo y del cuerpo de justicia penal militar.

(23) En Sentencia C-034 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte consideró que las personas viudas o divorciadas eran solteras, en cuanto la viudez y el estado de divorcio no eran en si mismos estados civiles. En tal virtud, en la presente oportunidad solo se estudia la discriminación en que presuntamente incurre la norma acusada respecto de las personas casadas, pues, conforme a la interpretación de la Corte, dentro del término “soltero” incluido en el artículo 33 sub examine, deben entenderse comprendidas las personas viudas y divorciadas.

(24) C.P., artículo 67.

(25) Sentencia C-1293 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(26) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(27) Sentencia T-813 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En similar sentido ver la Sentencia T-704 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(28) Ver la Sentencia C-1230 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(29) Ver sentencias C-479 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero; C-195 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-517 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-1079 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(30) Sentencia C-1079 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(31) ART. 133.—Suboficiales. Son suboficiales los dragoneantes que hayan recibido y superado los cursos de la Escuela Penitenciaria Nacional, preparados y capacitados, para que ejerzan las funciones de apoyo, cooperación y ejecución de los órdenes del servicio de los oficiales, en los aspectos de orden, seguridad, disciplina, resocialización y administración.

(32) ART. 134.—Dragoneantes. Son dragoneantes los egresados de la Escuela Penitenciaria Nacional, que hayan aprobado el curso de formación y hubieren sido propuestos por su director para ejercer funciones de base, seguridad, resocialización, disciplina y orden de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, los cuales tendrán la obligación de cumplir las órdenes relativas al servicio y a las funciones de los directores regionales del instituto, subdirectores de centros de reclusión, de los oficiales y suboficiales del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria.

PAR.—Son distinguidos los dragoneantes que con un tiempo mínimo de dos (2) años de servicio han sobresalido por sus calidades profesionales y requisitos cumplidos, están capacitados para continuar ejerciendo las funciones de base, seguridad y orden de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Los aspirantes a distinguidos serán propuestos por los respectivos comandantes de vigilancia regionales a consideración de las comisiones regionales de personal, quienes evaluarán sus méritos y mediante acta las remitirán a la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para su aprobación y nombramiento. Esta distinción no constituye grado en la carrera y será reglamentada por la Dirección General del instituto.

(33) ART. 127.—Categorías y grados. Para efectos de mando, régimen disciplinario, obligaciones y derechos consagrados en este decreto, las categorías de oficiales, suboficiales, dragoneantes, alumnos y auxiliares de guardia comprenden los siguientes grados:

a) Categoría de oficiales:

1. Comandante superior.

2. Mayor.

3. Capitán.

4. Teniente.

b) Categoría de suboficiales:

1. Inspector jefe.

2. Inspector.

3. Subinspector;

c) Categoría de dragoneantes:

1. Dragoneantes.

2. Distinguidos;

d) Categoría de alumnos y auxiliares de guardia:

1. Alumnos aspirantes a dragoneantes.

2. Servicio militar de bachilleres.

(34) ART. 130.—Oficiales de seguridad. Son oficiales de seguridad los egresados de la Escuela Nacional Penitenciaria, encargados de la vigilancia y seguridad de los establecimientos penitenciarios y carcelarios nacionales que tienen como misión dirigir, coordinar y responder por los servicios de orden, seguridad y disciplina en los establecimientos de reclusión y de garantizar el normal desarrollo de sus actividades, ejerciendo con eficiencia y eficacia el mando sobre el personal bajo sus órdenes.

(35) ART. 131.—Oficiales logísticos. Son oficiales logísticos del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional, los profesionales con título de formación universitaria debidamente reconocido por el Icfes conforme a las normas de educación superior vigentes en todo tiempo, escalafonados en la carrera penitenciaria, previa aprobación del curso de orientación, con el propósito de ejercer su profesión necesaria para la administración de los recursos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y para desarrollar programas de industrialización y mejoramiento de la infraestructura; o los oficiales de seguridad que habiendo obtenido el referido título profesional, solicitan al director general del instituto servir de apoyo logístico, el cual podrá aprobar el cambio de clase. Quienes obtengan dicho cambio no podrán pertenecer nuevamente a la clase de seguridad.

(36) ART. 132.—Oficiales de tratamiento penitenciario. Son oficiales de tratamiento penitenciario, los profesionales con título universitario reconocido por el Icfes en las áreas de: derecho, psiquiatría, psicología, pedagogía, medicina, trabajo social, antropología, criminología y demás disciplinas que se consideren necesarias como apoyo a los consejos de evaluación y tratamiento y grupos colegiados interdisciplinarios, con el objeto de que se cumpla la finalidad de la detención preventiva y del tratamiento penitenciario; o los oficiales de seguridad que habiendo obtenido el referido título profesional, solicitan al director general del instituto servir de apoyo a los agentes de tratamiento, el cual podrá aprobar el cambio de clase. Quienes obtengan dicho cambio no podrán pertenecer a la clase de seguridad.

(37) Sentencia C-109 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería. En el mismo sentido ver la Sentencia C-100 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil A.V. Jaime Araújo Rentería y C-1174 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(38) Ver entre otras las sentencias C-537 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón; C-200 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-408 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería A.V. Manuel José Cepeda Espinosa; C-100 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil .

(39) Ver sentencias C-1293 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C- 101 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(40) Sentencia T-813 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En similar sentido ver la Sentencia T-704 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(41) Ver Sentencia C-101 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(42) Ver Sentencia C-1293 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(43) Ver Sentencia C-1293 de 2001 donde se reiteran los considerandos de la Sentencia T-813 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En similar sentido ver la Sentencia T-704 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(44) Ver, entre otras, las sentencias C-221 de 1997, C-320 de 1997 y C-204 de 200,1 M.P. Alejandro Martínez Caballero; C- 010 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz, C-813 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentaría; C-1031 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-251 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández; C-373 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-642 de 2002 y C-1201 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-871 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C- 224 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-173 de 2001 y 514 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(45) Al respecto ha dicho la Corte: “Ahora bien, en determinados casos, la Corte debe estudiar una proposición normativa que fue acusada por un ciudadano, pero frente a la cual resulta materialmente imposible pronunciarse sobre su exequibilidad o inexequibilidad sin analizar globalmente los elementos esenciales del conjunto normativo del cual ella forma parte. En estos eventos, y con el fin de evitar un pronunciamiento inhibitorio, es válido que la Corte proceda a integrar la unidad normativa, siempre y cuando ello sea estrictamente necesario para examinar en debida forma las acusaciones formuladas en la demanda.

Algunos podrían objetar que esta posibilidad desborda la competencia de la Corte ya que, si es necesario establecer una unidad normativa para poder estudiar los cargos, es porque la demanda es inepta, pues el actor no habría acusado una proposición jurídica autónoma. Sin embargo, la Corte considera que este argumento no es de recibo, porque confunde dos fenómenos jurídicos diversos. Así, la proposición jurídica incompleta opera en aquellos casos excepcionales en que el actor no acusa una norma autónoma, por lo cual esta no puede ser estudiada, por carecer de sentido propio. En cambio, en otros eventos, la demanda no es inepta, por cuanto el demandante verdaderamente impugna un contenido normativo inteligible y separable. Lo que sucede es que el estudio de ese contenido presupone el análisis de un conjunto normativo más amplio, por lo cual se hace necesaria la integración de una proposición jurídica mayor. Es pues diferente el caso de la demanda inepta, por falta de proposición jurídica inteligible, situación en la cual procede la inadmisión e incluso, excepcionalmente, la sentencia inhibitoria, de aquellos eventos en que el contenido normativo impugnado por el actor es inteligible y autónomo, pero no puede ser estudiado independientemente, por cuanto su examen remite inevitablemente al estudio del conjunto normativo del cual forma parte.

Con todo, se podría objetar también que mediante estas integraciones normativas, la Corte se convierte en una instancia de revisión oficiosa de toda la legislación, cuando la Constitución le atribuye otra función más específica: pronunciarse sobre las demandas ciudadanas. Según este razonamiento, una norma siempre hace parte de un conjunto normativo mayor, el cual a su vez hace parte de otros conjuntos mayores, que se interrelacionan entre sí hasta abarcar la totalidad del ordenamiento. Entonces, conforme a este argumento, una sola demanda obligaría a la Corte a estudiar todas las regulaciones legales, lo cual no es admisible, pues desvirtúa la función del control constitucional. Esta objeción es en parte válida, por lo cual la Corte entra a precisar el alcance excepcional de la unidad normativa en estos casos. Así, esta procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos, que resulta imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones. En los otros casos, esto es, cuando la relación entre las proposiciones jurídicas no es tan estrecha, la unidad normativa no procede, salvo si la regulación de la cual forma parte la disposición acusada aparece prima facie de una constitucionalidad discutible. En efecto, si esa regulación mayor es constitucionalmente sospechosa, ineludiblemente debe la Corte examinarla, pues no podría declarar constitucional un aspecto de una determinada institución, si esta última puede ser globalmente inexequible.

La unidad normativa no opera entonces exclusivamente en los fallos de inexequibilidad, lo cual explica que esta corporación, en varias decisiones, haya extendido los efectos de una decisión de constitucionalidad a contenidos normativos que no habían sido formalmente demandados por el actor, pero cuyo examen era indispensable para poder pronunciarse de fondo sobre las disposiciones acusadas. Así, frente a una acusación parcial del artículo 45 del Código de Procedimiento Penal, la Corte concluyó que “aunque es solo una expresión la acusada de inconstitucional, dado que ella solo es inteligible dentro del precepto íntegro de que forma parte, y en vista de que las consideraciones que atrás quedan consignadas se refieren a la norma en su integridad, sobre esta versará el pronunciamiento de exequibilidad”. Igualmente, frente a una demanda parcial del artículo 495 del estatuto procesal civil, la Corte concluyó que era necesario analizar la totalidad de la disposición, pues no solo “el aparte demandado constituye una unidad jurídica o un todo inescindible en relación con el texto integral de dicha norma” sino que, además, “de declararse la inexequibilidad del referido segmento normativo la norma quedaría incompleta, sin sentido, porque básicamente este es parte importante y esencial de la regulación que el legislador quiso hacer”.

5. Conforme a lo anterior, la Corte concluye que la unidad normativa es excepcional, y solo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la corporación pueda decidir de fondo el problema planteado por los actores. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad”. Sentencia C-320 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero”.

(46) Artículo 120 “Excepción al estado civil” “Podrán ingresar a la carrera penitenciaria y carcelaria, como oficiales logísticos y de tratamiento penitenciario, los profesionales con título de formación universitaria, casados, varones o mujeres, con el lleno de los demás requisitos a que se refiere el artículo anterior”.

(47) Como acaba de recordarse la unidad normativa puede excepcionalmente darse cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo. Así por ejemplo cuando la norma acusada o su contenido normativo se encuentran reproducidos en otro u otros textos legales no demandados, de manera tal que la declaración de la Corte —especialmente la declaración de inconstitucionalidad— puede resultar inocua si no se refiere a todas las disposiciones con el mismo alcance regulador. Ver Sentencia C-514 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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