Sentencia C-994 de noviembre 29 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-994 de 2006 

Ref.: D-6367

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 134 (parcial) de la Ley 600 de 2000.

Demandante: Carlos Felipe Useche García.

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, acorde con su publicación en el Diario Oficial Nº 44.097, de 24 de julio del 2000, y se resalta el aparte acusado:

“LEY 600 DE 2000

(Julio 24)

Diario Oficial Nº 44.097, de 24 de julio del 2000

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(…).

ART. 134—Apoderados suplentes. El defensor, el apoderado de la parte civil y del tercero civilmente responsable podrán designar suplentes bajo su responsabilidad, y estos intervendrán en la actuación procesal a partir del momento en que se presente al despacho el escrito que contenga su designación.

El nombramiento de suplente se entiende revocado cuando se designe a otra persona para estos fines. Los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea.

Los apoderados principales y suplentes podrán designar como auxiliares a estudiantes de derecho, para conocer y enterarse de la actuación procesal. Estos auxiliares actuarán bajo la responsabilidad de quien los designó y tendrán acceso al expediente, entendiéndose comprometidos a guardar la reserva correspondiente si es el caso (...)”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la corte

Competencia

1. Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, num. 4º, de la Constitución, por estar contenida en una ley.

2. Corresponde a esta corporación determinar si el supuesto normativo señalado en la disposición acusada, referente a la imposibilidad de que los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea al interior del proceso penal, vulnera el derecho de defensa.

Para analizar las cuestiones jurídicas de fondo, la Corte pasa a determinar en una primera parte (I) el contenido del derecho de defensa, para posteriormente analizar, en una segunda parte (II), el caso concreto.

I. El Derecho de Defensa

A raíz de la Constitución de 1991 el derecho penal sufre un positivo cambio a través de la constitucionalización de sus materias tanto sustantivas como procedimentales. De esta forma, la Constitución señala una serie de parámetros basados en los derechos fundamentales que influencian de manera directa el derecho penal e indican su desarrollo.

En este orden de ideas, el derecho penal se ve influenciado de manera intensa por los contenidos constitucionales sustentados en los derechos esenciales de las personas.

Implica lo anterior, que el legislador no posee una total discrecionalidad al momento de establecer los procedimientos penales, sino que debe respetar los derechos fundamentales de las personas, los cuales no solo son sujetos de protección y garantía por parte del Estado sino que igualmente devienen como un límite inherente y normativo de origen constitucional al ejercicio del poder punitivo del Estado.

Así las cosas, uno de estos derechos fundamentales de origen constitucional que actúa como sujeto de protección estatal y como límite normativo del derecho penal es el derecho de defensa.

En efecto, el derecho de defensa apareja consigo que tanto el Estado como el ordenamiento jurídico tienen el deber constitucional de salvaguardar a cualquier persona sin distingo del tipo de proceso —aún más en el penal donde se debate la libertad de una persona— de la “plena oportunidad de ser oído, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga” (1) .

En otras palabras, el derecho de defensa se centra en la posibilidad de que una persona dentro de un proceso pueda ser oída, controvertir las pruebas existentes e interponer los recursos de ley. Por lo anterior, debe afirmarse que el derecho de defensa es un derecho fundamental autónomo no obstante estar ligado inexorablemente al debido proceso, a la libertad, la vida; entre otros.

En últimas, el derecho de defensa lo que pretende, basado en la Constitución, es la “interdicción a la indefensión” (2) . Esta se presentaría “cuando se priva al ciudadano de la posibilidad de impetrar la protección judicial, de sus derechos, o la de realizar dentro de dicho proceso, las adecuadas pruebas, o cuando se le crea un obstáculo que dificulte la actividad probatoria, o cuando se le niega una justa legal facultad de que su negocio sea conocido en segunda instancia(...)”. Efectivamente, se produce una indefensión de las personas cuando se les coarta la posibilidad de acceder al aparato judicial o cuando se les dificulta realizar las actividades encaminadas a propiciar su defensa dentro de un proceso” (3) .

Ahora bien, el ejercicio del derecho fundamental y constitucional de defensa: el derecho a ser oído dentro del proceso, el derecho a controvertir las pruebas allegadas en contra, el derecho a solicitar pruebas, el derecho a interponer los recursos que establezca la ley, y en general el derecho a esbozar los propios argumentos y razones; puede ser desplegado esencialmente de dos maneras:

1. Derecho de defensa ejercitado de manera directa por el procesado.

El derecho de defensa, como derecho fundamental constitucional, es un derecho que prima facie puede ser ejercido directamente por un procesado al interior de un proceso penal. Así las cosas, el procesado puede hacer valer él mismo sus argumentos y razones dentro de un proceso judicial.

Esta facultad de defensa directa por parte del procesado colabora en la realidad a hacer efectivo el derecho fundamental referido por cuanto quien lo desarrolla esencialmente es la persona sobre la que recae el derecho constitucional, quien no necesitará de un intermediario para hacerlo valer.

Con relación a este tema se ha afirmado:

“La jurisprudencia sobre este derecho es escasa. En el caso Hill, se negó a uno de los imputados el derecho a defenderse personalmente porque la legislación vigente solo permitía al acusado defenderse con el apoyo de un abogado. El comité de derechos humanos consideró que ese requisito, establecido por la legislación, era incompatible con el “derecho de autodefensa”. Sin embargo, la mayor parte de la jurisprudencia sobre este derecho se refiere a casos en los cuales el defensor de oficio se niega a defender la causa del acusado. La jurisprudencia sobre casos de esta índole tiende a considerar el derecho a defenderse personalmente no tanto como un elemento importante del debido proceso, sino más bien como un mal menor” (4) .

Sin embargo, no todos los actos procesales ni todas las materias en discusión son así de sencillas que permiten a cualquier persona procesada ejercer de manera directa su derecho de defensa. Así pues, por el grado de complejidad, existe como derivación del derecho de defensa, la posibilidad de que el procesado en quien recae dicho derecho fundamental nombre un apoderado que represente sus intereses, que lo aconseje y que razone y argumente por él. La jurisprudencia del comité de derechos humanos no determina claramente cuando sería necesaria la representación a través de apoderado y en aras del interés de justicia (5) .

Dicho mandato lo efectúa el procesado a través de un poder, manteniéndose la posibilidad por parte de la persona de revocar el poder en cualquier momento procesal. Esto da cuenta entonces, de que la persona procesada en una causa penal está activamente presente en la misma, a pesar del ejercicio del mandato otorgado, no obstante debe tenerse presente que cuando la defensa “se ejerza de manera simultánea por el sindicado y su defensor, prevalecerán las peticiones de este último” (6) .

Ratificando la preponderancia del interés del titular del derecho fundamental de defensa, esta corporación afirmó:

“La Corte se ha ocupado así mismo de este tema en relación con las facultades del apoderado de quien interpone una acción de tutela, para hacer énfasis en que ninguna persona distinta del interesado en la defensa de sus derechos fundamentales puede retirar la demanda, ni desistir, sin la expresa manifestación de aquel.

“En primer lugar, para la Corte es claro que ninguna persona distinta del interesado en la defensa de sus derechos fundamentales puede retirar la demanda, ni desistir, sin la expresa manifestación de aquel. Y el juez de tutela no puede basarse en el dicho de un tercero —que lo es el apoderado cuando carece de facultad en cuanto al desistimiento se refiere— para abstenerse de fallar, como es su deber” (7) .

2. Derecho de defensa ejercitado por un profesional del derecho.

Debido a los conocimientos adquiridos por un profesional del derecho, una persona puede hallarse en mejor oportunidad de defender sus intereses dentro de un proceso penal. Sin embargo, no basta con que el defensor sea un defensor del derecho, utilizando un método técnico, sino que además debe poseer una dimensión humana inmensa (8) .

Para la persona procesada en una causa penal, el derecho de nombrar un apoderado o de estar asistido por un abogado de oficio, deviene de la propia Constitución. En efecto, el artículo 29 Constitucional señala que “… Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento…”.

Este derecho se centra en últimas, en la posibilidad del procesado de escoger un abogado que considere es el que mejor representa sus intereses y tiene como base estructural garantizar un elemento esencial de debido proceso consistente en el derecho a ser oído “con las debidas garantías” (9) . Respecto a la facultad de escogencia de abogado, el comité de derechos humanos concluyó en el caso Domukovsky y otros contra Georgia:

“Tampoco garantizó el Estado Parte que cada uno de los acusados estuviese defendido en todo momento por el abogado de su elección”.

Ahora bien, la actividad de defensa debe estar sustentada en mecanismos técnicos que garanticen el ejercicio del derecho fundamental de defensa. Por consiguiente, dicha actividad debe estar desempeñada por un profesional académicamente preparado e idóneo en su gestión y además que esté legalmente autorizado para el ejercicio de la profesión.

No obstante, la garantía del derecho de defensa no “se satisface y termina con la designación de un profesional del derecho para ser representado en juicio, sino con la posibilidad del convocado al proceso de 1) intervenir en cada una de las actuaciones procesales por intermedio del abogado previamente designado, 2) hacerlo directamente —si le está permitido—, 3) actuar por conducto de un profesional distinto al otrora designado —sin prescindir de la asistencia de este—, o 4) de no intervenir. Porque por más técnica que parezca la intervención del apoderado actuante, lo esencial para el implicado en el juicio no es la técnica empleada, sino que el designado sepa proyectar la posición que el involucrado desea asumir y proyectar en el juicio” (10) .

Sin embargo, para que el apoderado garantice el derecho de defensa debe realizar el manejo adecuado y oportuno de los instrumentos y recursos procesales previamente estatuidos, para eludir la simple formalidad de su encargo. Al respecto en Sentencia de Unificación de esta Corporación 044 de 1995 se señaló:

“Una adecuada y eficaz representación dentro de un proceso, que necesariamente comporta la utilización de instrumentos y del variado repertorio de actos y recursos procesales se asegura con la presencia y actividad de un defensor profesional que hace efectiva la exigencia constitucional de que el sindicado deba estar asistido por un abogado, pues se supone que este como conocedor de las disciplinas jurídicas, es quien está habilitado para actuar con la dinámica y habilidad requeridas para la defensa técnica de las garantías procesales de aquel” (negrilla fuera del texto).

Al respecto se ha manifestado:

“La observación General Nº 13 declara que “El acusado o su abogado deben tener el derecho de actuar diligentemente y sin temor, valiéndose de todos los medios de defensa disponibles, así como el derecho a impugnar el desarrollo de las actuaciones si consideran que son injustas “La jurisprudencia del Comité de derechos humanos reconoce el derecho del imputado a una “representación eficaz” conforme al interés de la justicia, pero también reconoce la presunción de que la actuación de un defensor ha sido adecuada. El comité ha aclarado que “en ausencia de una prueba clara de negligencia profesional por parte del abogado, no corresponde al comité cuestionar el juicio profesional de este último.

La representación es “incompatible con los intereses de la justicia” cuando, en vez de defender una causa, un letrado informa al tribunal que la causa carece de méritos, privando al proceso de su carácter contradictorio. La ausencia de defensor durante una parte de las audiencias también puede vulnerar el derecho del imputado a una defensa eficaz. En el caso Yaseen y Thomas, la ausencia del defensor durante los primeros cuatro días del juicio oral, cuando el fiscal expuso sus argumentos relativos a los hechos y a la responsabilidad de los acusados y cuando declararon dos testigos de cargo, se consideró incompatible con el derecho de defensa eficaz. La ausencia de letrado durante las audiencias preliminares también puede dejar al acusado indefenso. En los casos Browm y Simpson, el comité de derechos humanos consideró que la ausencia del defensor durante las declaraciones de testigos en una audiencia preliminar conculcó el derecho del imputado a una defensa eficaz” (11) .

Pues bien, este derecho constitucional en cabeza de la persona, de escoger el apoderado que ella considere mejor represente sus intereses, es decir la escogencia de un defensor de confianza, implica que el Estado no puede adoptar la responsabilidad de las decisiones tomadas por el apoderado defensor. Al respecto ha afirmado el comité de derecho humanos.

“El comité considera que no se puede hacer a los Estados responsables de las decisiones que hayan podido adoptar los abogados en ejercicio de su criterio profesional (…)” (12) .

El mismo Comité en el caso Brown y Parish (párrafo 9.2. 1999) señaló:

“El Estado no puede ser considerado responsable por la falta de preparación o de presuntos errores cometidos por los abogados defensores, a menos que haya negado a los acusados y a su abogado tiempo para preparar la defensa o que haya resultado manifiesto al tribunal que la manera en que los abogados fue incompatible con el interés de la justicia”.

No obstante, el defensor de confianza no es la única figura jurídica a través de la cual un profesional del derecho defiende los intereses de un procesado. Tanto así que, el mismo ordenamiento jurídico exterioriza la posibilidad de asignación de un defensor por parte del Estado, evento en el cual estamos en presencia de un defensor público, o ante la ausencia de estos en el lugar donde se desarrolla el proceso se señala la posibilidad de nombrar un defensor de oficio (13) .

No obstante tanto el primero como los subsiguientes requieren ser profesionales del derecho, quienes deben actuar en representación de los titulares de derecho. En principio, esta actuación de los profesionales del derecho es aplicable a todas las etapas del proceso (14) .

Este actuar no significa en ningún momento la sustitución de la titularidad de los derechos de quienes ellos representan. Lo anterior, basado en la autonomía de voluntad de la persona que otorga poder a un apoderado y consecuencia de la titularidad exclusiva que el poderdante tiene de los intereses en discusión en el proceso.

Ahora bien, no en todos los casos se puede contar en los procesos penales con abogados titulados (defensor de confianza, defensor público y defensor de oficio), razón por la cual y solo en casos excepcionales el ordenamiento jurídico permite que se habiliten para tal efecto defensores que reúnan como requisito mínimo la condición de egresado o estudiantes de derecho pertenecientes a consultorios jurídicos. Lo precedente, estructurado sobre la base de que al menos son personas con conocimiento jurídico (15) .

En cualquiera de estos eventos, la defensa debe ser preparada con el tiempo y medios adecuados. Con relación a este tema se ha mencionado:

“(…) El comité reitera su jurisprudencia que dice que el derecho de una persona acusada a disponer del tiempo y los medios suficientes para la preparación de su defensa es un aspecto importante del principio de igualdad de armas” (16) .

Más adelante se afirmó:

“En su Observación General Nº 13 el Comité de derechos humanos señala que el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa incluye el derecho de “acceso a los documentos y demás testimonios que el acusado necesite para preparar la defensa” (17) .

Pues bien, el derecho fundamental de defensa se interrelaciona con otros derechos fundamentales de origen constitucional como el debido proceso, la libertad y la vida entre otros, como se mencionó con anterioridad. Pero igualmente posee una relación directa con el principio de igualdad propio de la administración de justicia que exige criterios homogéneos en el trato entre las partes del proceso.

Así entonces, el derecho de defensa no es materia disponible de una de las partes, por cuanto produciría una inestabilidad de las facultades de estas al interior del proceso perdiendo el sentido de igualdad del proceso penal, que se traduce en la “equivalencia de oportunidades predeterminas por la ley”.

La Declaración universal de los derechos humanos determina que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia…”. En igual sentido, el artículo 14 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos señala: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia”; a su vez la Convención americana de derechos humanos estipula en su artículo 8.2. que “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad”, a unas ciertas garantías mínimas.

II. El caso concreto

Señala el demandante que la expresión “no” de la norma acusada, restringe el derecho de defensa, al prohibir que en cualquier actuación procesal el apoderado principal y el suplente puedan actuar de manera simultánea, impidiendo que una defensa pueda utilizar los servicios de dos profesionales del derecho (el principal y el suplente) de manera simultánea. Se agrega, que limitar el ejercicio del derecho de defensa a un solo apoderado impide que actúen varios apoderados que posean conocimientos especializados y específicos con relación a las diferentes materias, y por consiguiente permitan resolver las múltiples vicisitudes que se presentan en los procesos. Lo anterior, garantizaría la eficacia de la defensa y del resultado de esta pues existen asuntos que por su complejidad requieren el conocimiento de varios expertos y no hay razón alguna para negarle al procesado su derecho a defenderse con la intervención de varios profesionales.

Con base en las argumentaciones precedentes, esta corporación constata lo siguiente:

• El derecho fundamental constitucional de defensa implica esencialmente la interdicción a la indefensión de una persona sometida a un proceso penal. Dicha interdicción se ve desvirtuada cuando el procesado cuenta con la posibilidad de ser oído dentro del proceso, de controvertir las pruebas allegadas en su contra, de solicitar pruebas, de interponer los recursos que señale la ley, en reglas generales de esbozar sus propios argumentos y razones al interior de una causa penal.

• El procesado es el titular del derecho fundamental de defensa. Es por tal razón que este es el directamente llamado a ejercitarlo, colaborando de esta manera en hacer efectivo el derecho constitucional referido.

• No obstante, existe la posibilidad constitucional de que el procesado —en quien recae el derecho de defensa— nombre un apoderado que lo asista y aconseje de un lado y de otro lado represente sus intereses y argumente y razone por él. Sin embargo, el procesado siendo titular de su derecho de defensa permanece activo al interior del proceso hasta el punto de poder revocarle el mandato y nombrar un apoderado nuevo. Sin embargo, y como lo anotan los artículos 127 de la Ley 600 de 2000 y 130 de la Ley 906 de 2004, en caso de presentarse un conflicto entre las actuaciones de la defensa con las del procesado, prevalecerán las de la defensa.

• Así pues, y en aras del derecho de defensa, el apoderado nombrado por el procesado (defensor de confianza) debe ser un profesional del derecho, académicamente preparado, conocedor de las disciplinas jurídicas, idóneo en su gestión y legalmente autorizado para ejercer la profesión. Debe hacerse claridad que en aquellos eventos en los cuales el procesado sea al mismo tiempo profesional del derecho, cuenta con la posibilidad de defenderse él mismo o hacerlo a través de un apoderado de confianza. Es decir, independiente que el procesado sea profesional del derecho puede nombrar otro profesional del derecho como su apoderado de confianza.

• Ahora bien, no deviene de la Constitución que el ejercicio técnico de la defensa de un procesado deba ser realizado por múltiples apoderados. Basta simplemente con que uno, el apoderado, sea conocedor de las disciplinas jurídicas. Esta exigencia es suficiente a la luz de los postulados que estructuran esta providencia para la garantía eficaz del derecho de defensa. Y lo anterior se desprende claramente del artículo 29 Constitucional: “… Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento…”. En otras palabras, la propia Constitución resuelve el problema del número de apoderados de confianza del procesado, el cual debe ser de uno.

• Debe agregarse que es imposible conocer todos los contenidos a profundidad, lo que haría igualmente indeterminado designar un sin fin de apoderados dependiendo la inmensa variedad de temas jurídicos que se pueden presentar en un proceso. Por más apoderados que haya en una defensa nunca se va a presentar una defensa que maneje todos los temas jurídicos en un proceso. Se podría llegar al absurdo de que si en un proceso se manejan 50 temas diferentes sea indispensable contar con 50 apoderados; lo que llevaría a conformar una regla no ajustada a la constitución según la cual en aquel instante en que falta uno solo de aquellos 50 apoderados se podría afirmar que se violó el derecho de defensa y en consecuencia habría lugar a una nulidad.

• Por lo anterior, es que es indispensable desarrollar la idoneidad de la defensa técnica. Es decir, el apoderado de confianza del procesado cuenta con los conocimientos pertinentes para hacer valer las diferentes posiciones jurídicas existentes a favor de su defendido, sea porque se haga asistir por conocedores de estos temas o sea porque directamente él maneje las diferentes materias. Pues bien, no por ello todos los conocedores de la materia requieren ser apoderados de procesado. La confianza depositada por el procesado se hace en un apoderado.

• Ahora bien, debe recordarse como lo hace el Ministerio Público que si de lo que se trata es que el procesado pueda contar con conocimientos especializados que defiendan sus intereses, existe la posibilidad procesal de que “funcionario judicial practique y tenga como prueba pericial conceptos de profesionales especializados de distintas áreas del saber y de ser el caso también puede requerirse el testimonio de personas especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos para emitir conceptos, como lo autoriza el artículo 276 de la Ley 600 de 2000” (18) . Situaciones estas que el apoderado de confianza debe valorar y preparar con tiempo y a través de los medios adecuados, como se expuso en los argumentos precedentes de esta providencia.

• Pues bien, basado en la división de trabajo que esbozó también la Fiscalía General de la Nación, el legislador otorgó la facultad al apoderado de confianza de nombrar un suplente, esencialmente para aquellos actos procesales en los cuales este no pudiere estar presente. Al respecto afirma la Ley 600 de 2000 artículo 134 “… El defensor, el apoderado de la parte civil y del tercero civilmente responsable podrán designar suplentes bajo su responsabilidad,…” y “… estos intervendrán en la actuación procesal a partir del momento en que se presente al despacho el escrito que contenga su designación”. Así las cosas, para que un abogado sea suplente debe haber sido designado por el apoderado de confianza, su actuación se efectúa bajo la responsabilidad del apoderado ya mencionado y por último, solo puede actuar a partir que el escrito que contenga su designación se presente ante el despacho judicial que lleva la causa penal.

Por esta razón, es que el apoderado de confianza es quien debe establecer las directrices de la defensa y propender porque las actuaciones posibles del abogado suplente correspondan a lo determinado por él, simplemente porque es él y no otra persona la escogida por el procesado basado en su derecho constitucional. Además, debe agregarse, que el apoderado principal o de confianza cuanta siempre con la posibilidad de desplazar en la actuación al abogado suplente e incluso puede cambiarlo por otro.

• Así las cosas, resta por determinar si el apoderado principal o de confianza y el abogado suplente pueden o no actuar de manera simultánea en un proceso penal. Según el Diccionario de la Real Academia Española el término simultáneo se dice “… de una cosa: Que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra”. En consecuencia, el contenido normativo que se ataca de inconstitucional determina lo siguiente: “… los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea”. En otras palabras, el apoderado principal (defensor de confianza) y el suplente no pueden actuar procesalmente al mismo tiempo.

• En este orden de ideas, basados en el derecho de defensa constitucional, en la posibilidad constitucional de escoger apoderado letrado, en la unidad de defensa, en la confianza depositada por el procesado en su apoderado y en la primacía del apoderado principal sobre el suplente resulta ajustado a la Constitución la prohibición de que el primero actúe de manera simultánea con el segundo. Lo cual, de ser contrario, estaría en contra de la eficacia tantas veces anotada de la misma defensa.

• Ahora bien, la prohibición que es ajustada a la Constitución por las razones ya esbozadas, es la de actuación simultánea del apoderado principal y del suplente. Por consiguiente, el contenido normativo atacado no prohíbe la actuación del apoderado principal y del suplente de manera alterna. Al respecto, esta corporación al analizar un contenido normativo similar al acusado en esta demanda, perteneciente al Código de Procedimiento Penal anterior a la Ley 600 de 2000, señaló:

“De otra parte, conviene indicar que cada procesado no puede tener sino un defensor, lo cual no obsta para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal el defensor y el apoderado de la parte civil puedan designar suplentes que, una vez posesionados ante el juez, sin necesidad de observar mayores formalismos, quedan facultados para intervenir, alternativa mas no conjuntamente, en la actuación procesal” (19) .

Así las cosas, esta Corte declarará exequible la expresión “no” perteneciente a la frase “Los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea” del artículo 134 de la Ley 600 de 2000, por los cargos analizados.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “no” perteneciente a la frase “Los apoderados principales y suplentes no pueden actuar de manera simultánea” del artículo 134 de la Ley 600 de 2000, por los cargos analizados.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Sentencia C-617 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(2) Sentencia T-1263 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(3) Ibídem.

(4) “Derecho internacional de los derechos humanos” oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004, pág. 415.

(5) “Derecho internacional de los derechos humanos” oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004, pág. 410.

(6) Artículo 127, Ley 600 de 2000 y artículo 130, Ley 906 de 2004.

(7) Sentencia C-383 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(8) Sentencia T-436 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.

(9) Comisión interamericana de derecho humanos, interpretación del artículo 8º de la Convención americana de derecho humanos.

(10) Sentencia C-1178 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(11) “Derecho internacional de los derechos humanos” Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, 2004, pág. 414.

(12) Comité de derechos humanos , caso Tomlinc. Jamaica, párr. 8.1. (1996).

(13) “En principio, el derecho a tener un defensor de oficio no comprende “el derecho a elegir el defensor que se le asigne”. No obstante, puede producirse una violación de este derecho cuando el tribunal continúa acreditando a un defensor de oficio a pesar de que el acusado ha indicado que no lo acepta como su representante, ni le ha dado instrucciones y ha hecho lo necesario para obtener los servicios de otro defensor”. Comité de derechos humanos, caso Pinto C. Trinidad y Tobago, párr. 12.5 (1989).

(14) Comité de derechos humanos, caso Browm C. Jamaica , párr. 6.6 (1999); CIDH caso Figueredo Planchart C. Venezuela, párr. 112.

(15) Sentencia SU-044 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(16) “Derecho internacional de los derechos humanos”. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004, pág. 418.

(17) Ibídem, pág. 420.

(18) Concepto del Ministerio Público.

(19) Sentencia C 657 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz.

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