Sentencia C-994 de septiembre 19 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO C-994 DE 2001

Ref.: Expediente D-3452

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Actor: Rúgero Doria Pérez

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º parcial, y 2º del Decreto Legislativo 284 de 1957, adoptado como legislación permanente mediante el artículo 1º de la Ley 141 de 1961.

Bogotá, D.C., diecinueve de septiembre de dos mil uno.

EXTRACTOS:II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 29.552 del 4 de diciembre de 1957, y se subraya lo demandado.

"Decreto Legislativo 284 de 1957

(Noviembre 7)

Por el cual se dictan normas sobre salarios y prestaciones de los trabajadores de contratistas a precio fijo, en empresas de petróleos.

La Junta Militar de Gobierno, de la República de Colombia,

en uso de las facultades de que trata el artículo 121 de la Constitución Nacional,

DECRETA:

ART. 1º—Cuando una persona natural o jurídica dedicada a los ramos de exploración, explotación, transporte o refinación de petróleos realice las labores esenciales y propias de su negocio o de su objeto social mediante el empleo de contratistas independientes, los trabajadores de éstos gozarán de los mismos salarios y prestaciones a que tengan derecho los de la empresa beneficiaria, en la respectiva zona de trabajo, de acuerdo con lo establecido en las leyes, pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

Son labores propias de la exploración, explotación, transporte y refinación de petróleo, los trabajos geológicos, geofísicos, de perforación con taladro, de extracción y almacenamiento del crudo, y los de construcción, operación y mantenimiento de oleoductos y refinerías y todas aquellas otras que se consideran esenciales a la industria del petróleo.

Si los contratistas independientes no tuvieren los elementos adecuados para atender las referidas prestaciones, podrán convenir con la empresa beneficiaria que ésta las atienda por cuenta de aquéllos. Si no fuere ello posible, los contratistas deberán compensar en dinero a sus trabajadores el valor de las prestaciones que no pudieren atender, previa autorización del gobierno.

ART. 2º—No quedarán obligados a cumplir lo dispuesto en el artículo anterior los contratistas a precio fijo que en el momento de entrar a regir el presente decreto tuvieren celebrados contratos sobre ejecución de obras o labores determinadas, por el tiempo restante de su respectivo contrato.

(...)”.

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte es competente para decidir sobre la constitucionalidad de las disposiciones acusadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 7º de la Constitución, por cuanto aquéllas hacen parte de un decreto legislativo.

2. Solicitud de inhibición por sustracción de materia.

El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarase inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 2º demandado, por carencia actual de objeto, pues considera que dicho precepto ya no se encuentra produciendo efectos, criterio que esta corporación comparte plenamente.

En efecto, el artículo 1º del Decreto 284 de 1957 consagra:

“Cuando una persona natural o jurídica dedicada a los ramos de exploración, explotación, transporte o refinación de petróleos realice las labores esenciales y propias de su negocio o de su objeto social mediante el empleo de contratistas independientes, los trabajadores de éstos gozarán de los mismos salarios y prestaciones a que tengan derecho los de la empresa beneficiaria, en la respectiva zona de trabajo, de acuerdo con lo establecido en las leyes, pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales".

Y el artículo 2º del mismo ordenamiento, establece:

"No quedarán obligados a cumplir lo dispuesto en el artículo anterior los contratistas a precio fijo que en el momento de entrar a regir el presente decreto tuvieren celebrados contratos sobre ejecución de obras o labores determinadas, por el tiempo restante de su respectivo contrato".

Como se puede observar, en esta última disposición se consagra una excepción a la regla general contenida en el artículo 1º la cual tenía carácter eminentemente transitorio, pues la exoneración de la obligación sólo se aplicaba a los contratos de obra o de otras labores determinadas, por el tiempo que hiciere falta para su expiración. En consecuencia, dicho precepto ya cumplió sus efectos y, por ende, no hay materia sobre la cual pueda recaer el pronunciamiento de la Corte.

Ante esta circunstancia, la Corte se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 2º del Decreto 284 de 1957, por sustracción de materia. No sucede lo mismo con el artículo 1º parcialmente demandado, del mismo ordenamiento, sobre el cual la corporación sí se pronunciará, pues éste aún se encuentra produciendo efectos.

3. Problema jurídico planteado.

Corresponde en esta oportunidad a la Corte decidir si el inciso primero del artículo 1º del Decreto 284 de 1957 establece un trato discriminatorio respecto de los empleados al servicio de una asociación petrolera, al no hacer extensivo a su favor el régimen salarial y prestacional a que tienen derecho los empleados de la persona natural o jurídica dedicada a las actividades petroleras, como sí lo hace en relación con los empleados del contratista independiente contratado por esta última para que realice la labores propias de su objeto social.

4. El ordenamiento objeto de control constitucional

El Decreto 284 de 1957, materia de acusación parcial, consagra “normas sobre salarios y prestaciones de los trabajadores de contratistas a precio fijo en empresas de petróleo”, el cual se encuentra en gran parte vigente, a pesar de su antigüedad. Este decreto legislativo fue expedido por la Junta Militar de Gobierno, con fundamento en las facultades consagradas en el artículo 121 de la Constitución Política de 1886, es decir, de las derivadas del estado de sitio (hoy estado de conmoción interior) y, en consecuencia, tenía carácter transitorio. Posteriormente, fue adoptado como legislación permanente por medio de la Ley 141 de 1961, artículo 1º, junto con los demás decretos legislativos que se hubieren dictado con base en esas mismas facultades, entre el 9 de noviembre de 1949 hasta el 20 de julio de 1958.

El artículo primero del mencionado decreto, en la parte acusada, prescribe que cuando una persona natural o jurídica dedicada a los ramos de exploración, explotación, transporte o refinación de petróleos (la beneficiaria) realice las labores esenciales y propias de su negocio o de su objeto social, mediante el empleo de contratistas independientes, los trabajadores de éstos gozarán de los mismos salarios y prestaciones a que tengan derecho los de la empresa beneficiaria, en la respectiva zona de trabajo, de acuerdo con lo establecido en las leyes, pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.

Analizando el anterior precepto, se pueden diferenciar dos relaciones jurídicas claramente autónomas: a) la que surge entre la persona natural o jurídica dedicada a las actividades propias de la industria del petróleo y el contratista independiente, a quien aquélla le encarga la función de desarrollar las labores propias de su objeto social; y b) la que surge entre el contratista independiente y los empleados que trabajan a su servicio.

En otras palabras, estas relaciones autónomas encuentran un fundamento jurídico diverso: la primera de ellas se origina en un contrato celebrado entre la empresa dedicada a actividades esenciales de la industria petrolera y el contratista independiente, mientras que la segunda en un contrato celebrado entre el contratista independiente y sus trabajadores.

Debe señalarse que, celebrado el contrato entre la beneficiaria y el contratista independiente, aquélla sigue siendo empleadora exclusiva de sus trabajadores directos, así como el contratista independiente lo es respecto del personal a su cargo. Es decir, que la empresa se beneficie del trabajo realizado por los empleados del contratista independiente, no significa que se genere un vínculo laboral de tal empresa con éstos, pues se mantiene la independencia y autonomía en las relaciones laborales.

Sobre la independencia laboral que conserva la empresa beneficiaria dedicada a las actividades esenciales de la industria del petróleo, respecto de los trabajadores del contratista independiente que le presta sus servicios, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido:

"...es claro, según el texto de dicha disposición (D. 284/57, art. 1º), que en ella se consagra a favor de los trabajadores vinculados a contratistas de personas o entidades dedicadas a “los ramos de exploración, explotación, transporte o refinación de petróleo” el derecho a gozar de los mismos salarios y prestaciones de los trabajadores directos de dichas personas o entidades; como lo es también que las personas directamente obligadas son, indiscutiblemente, los contratistas respecto de sus propios trabajadores, como se desprende claramente del párrafo final de dicho artículo, que dice: “si los contratistas independientes no tuvieren los elementos adecuados para atender a las referidas prestaciones, podrán convenir (los dichos contratistas, obviamente) con la empresa beneficiaria que ésta las atienda por cuenta de aquéllos (también es obvio, los contratistas independientes). Si no fuere ello posible (finaliza la norma), los contratistas deberán compensar en dinero a sus trabajadores el valor de las prestaciones que no pudieren atender, previa autorización del gobierno” (la negrilla y los paréntesis son de la Corte)”” (1) .

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 15 de septiembre de 1993, M.P. Jorge Iván Palacio. Expediente 5898, reiterada en sentencia del 2 de febrero de 1996, expediente 7942 con ponencia del mismo magistrado.

En este orden de ideas, las obligaciones de carácter laboral para con los empleados del contratista independiente recaen de manera exclusiva en este último, quien adquiere la obligación de pagarles los mismos salarios y prestaciones a que tienen derecho los trabajadores de la beneficiaria en la misma zona de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1º del Decreto 284 de 1957, transcrito en la jurisprudencia antes citada.

5. El derecho de los trabajadores de los contratistas independientes a gozar de los mismos salarios y prestaciones a que tienen derecho los trabajadores de la persona beneficiaria en la misma zona de trabajo, desarrolla los artículos 1º, 13, 25 y 53 de la Constitución.

El trabajo no sólo constituye uno de los fundamentos del Estado social de derecho (C.P., art. 1º), sino un derecho fundamental y una obligación social (C.P., art. 25), razón por la cual goza de una especial protección dentro del ordenamiento nacional. El artículo 53 de la Carta consagra una serie de principios mínimos que protegen al trabajo y al trabajador como tal, entre los que se destacan, para el presente caso, el de la igualdad, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, la primacía de la realidad sobre las formalidades, y la garantía a la seguridad social.

Aún con anterioridad a la promulgación de la Constitución Política de 1991, los trabajadores de la industria petrolera han sido objeto de la especial tutela por parte del Estado, al gozar de un régimen excepcional al del común de los trabajadores, dada la particular naturaleza de la actividad que desarrollan. Como lo ha reiterado esta corporación (2) , los regímenes especiales laborales no vulneran per se la Constitución, ya que el legislador está autorizado para establecer excepciones a las normas generales en esa materia, siempre y cuando el trato diferencial no viole los principios de igualdad y razonabilidad y con dicho régimen se superen los beneficios mínimos e irrenunciables a que tienen derecho todos los trabajadores; de igual forma, si el régimen excepcional es fruto de las conquistas laborales por parte de los trabajadores beneficiados, la Carta Política protege esos derechos adquiridos.

(2) Sentencias C-461 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-173 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-566 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-229 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Antes de analizar el cargo de la demanda, es necesario estudiar previamente la finalidad de la norma acusada parcialmente.

En primer término, debe anotarse que ella se dirige específicamente a proteger a los empleados al servicio de los contratistas independientes que realizan labores para las personas dedicadas a la industria petrolera. Al tenor del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, “son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos (hoy empleadores) y no representantes ni intermediarios las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva”.

En ejercicio de su potestad legislativa extraordinaria, la Junta Militar de Gobierno expidió el precepto demandado, bajo la consideración de que los trabajadores del contratista independiente al servicio de la beneficiaria que lo contrata para realizar las labores propias de su objeto social, debían estar en igualdad de condiciones respecto de los empleados de esta última que laboren en la misma zona de trabajo, razón por la cual les hizo extensivo a aquéllos el régimen salarial y prestacional a que éstos tienen derecho, dada la similitud en el ejercicio de las funciones o actividades que les compete desarrollar a unos y otros.

En tal virtud, la disposición demandada garantiza y protege los derechos de los trabajadores del contratista independiente que presta sus servicios a las personas o empresas beneficiarias en las labores relacionadas con la industria del petróleo, al hacerlos acreedores a las mismas prerrogativas laborales que las que reciben los trabajadores de la beneficiaria. En consecuencia, el ordenamiento impugnado se adecua al principio de igualdad de los trabajadores ante la ley, según el cual quienes desempeñen un mismo trabajo, deben recibir un mismo salario, lo cual encuentra sustento en los artículos 1º, 13, 25 y 53 de la Carta Política.

Sobre el principio de “a trabajo igual, salario igual”, de rango constitucional y recogido por la legislación en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, la Corte ha dicho lo siguiente:

"El calificativo de dignas que se da a las condiciones del trabajo, hay que entenderlo como derivado de la dignidad propia del ser humano. Y si éste, en el plano jurídico, es igual a todos sus semejantes, no tiene sentido el que en abstracto las condiciones del trabajo, en particular su retribución, sean diferentes. Ello implicaría el que la dignidad misma fuera mensurable, al punto de afirmar que unas personas tienen más dignidad que otras. Pretensión inaceptable a la luz de las leyes que nos rigen (3) ”.

(3) Sentencia C-51 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.

Ahora bien, es pertinente aclarar al demandante algunas diferencias existentes entre el contenido del precepto acusado parcialmente, y la figura de la solidaridad salarial y prestacional entre el contratista independiente y el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, consagrada en la legislación laboral, lo cual no es materia de la presente demanda.

6. Diferencias entre el contrato de asociación y el celebrado entre la empresa petrolera beneficiaria con el contratista independiente.

Para analizar el cargo de la demanda, la Corte debe determinar si existen diferencias de fondo entre el contrato de asociación petrolera y el celebrado entre la beneficiaria y el contratista independiente, lo que permitirá identificar si constituyen unos mismos supuestos de hecho o si por el contrario, se establece un trato discriminatorio respecto de los trabajadores de la empresa asociada, como considera el actor.

La base legal para la contratación asociada en Colombia es la Ley 20 de 1969, mediante la cual, en su artículo 12, faculta al gobierno para “declarar de reserva nacional cualquier área petrolífera del país y aportarla, sin sujeción al régimen ordinario de contratación y de licitación, a la Empresa Colombiana de Petróleos para que la explore, explote y administre directamente o en asociación con el capital público o privado nacional o extranjero". La referida ley fue reglamentada, en relación con los hidrocarburos, mediante el Decreto 797 de 1971.

El sistema de asociación coexistió con el de concesión hasta la expedición del Decreto 2310 de 1974, cuando se prohibió expresamente la contratación petrolera a través de este último sistema, con excepción de los contratos de ese tipo que estuvieran vigentes a la fecha (4) . El artículo 1º de dicho ordenamiento dispone lo siguiente:

(4) Alexandra Hudson explica así los motivos que indujeron a la implantación del sistema de asociación y la posterior erradicación total del sistema de concesión, como una necesaria estrategia para afrontar la coyuntura en la industria petrolera de la época: “Por ese entonces (1969) el país era exportador neto de petróleo, situación que cambió radicalmente a partir de comienzos de la década de los años 70, cuando la actividad petrolera disminuye debido a la falta de una política de estímulos que permitiera compensar el riesgo y las inversiones a realizar. Otro tanto ocurre con la producción, la cual disminuye debido a que el precio al cual el país compraba el crudo para la refinación interna era inferior al que se obtenía en el mercado internacional. La situación se vuelve crítica cuando en 1973 el conflicto árabe-israelí puso de presente el valor estratégico del petróleo y las naciones de la OPEP incrementan los precios. Colombia vio cambiar su posición de exportador de crudo barato a importador de crudo a precios nunca antes alcanzados". HUDSON, Alexandra. “Evaluación del contrato de asociación del sector petrolero colombiano con relación a los sistemas de contratación existentes en otros países del mundo".

Universidad de los Andes. 1990.

“Con excepción de los contratos de concesión vigentes en la fecha de expedición del presente decreto, la exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad nacional estará a cargo de la Empresa Colombiana de Petróleos, la cual podrá llevar a efecto dichas actividades, directamente o por medio de contratos de asociación, operación, de servicios o de cualquier otra naturaleza, distintos de los de concesión, celebrados con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

(...)”.

Posteriormente, por medio de la Ley 59 de 1987, se facultó a las entidades descentralizadas u organismos adscritos o vinculados al Ministerio de Minas y Energía, así como a sus organismos descentralizados de segundo grado, para constituir entre sí o con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sociedades o asociaciones destinadas a cumplir las actividades comprendidas dentro de sus objetivos, consolidando así la base legal de la figura jurídica bajo análisis.

El contrato de asociación es un instrumento dirigido a vincular capital y tecnología nacional y extranjera en el proyecto de búsqueda y explotación del petróleo, que permite con cierta efectividad captar la atención de los inversionistas, al compensar el riesgo asumido por el asociado y ofrecer condiciones favorables de negociación. Encuentra su origen en el “joint venture” (5) (aventura común), institución propia del derecho anglosajón, la cual se puede concebir como una asociación de dos o más personas para realizar una empresa que implica un determinado riesgo (venture), en la cual combinan esfuerzos para perseguir un beneficio común, sin crear una sociedad (6) .

(5) Se resalta que el “joint venture” no es un tipo autónomo de contratación petrolera, sino una figura en la cual el contrato de asociación encuentra su génesis y de la cual adopta sus rasgos principales.

(6) A diferencia del “Equity Joint Venture”, donde las partes constituyen una sociedad como tal para desarrollar el objeto del contrato, en materia petrolera en Colombia prevalece el “Contractual Joint Venture”, en el cual las partes no configuran sociedad o corporación alguna.

Un aspecto notable de la relación que surge en virtud del “joint venture" y que irradia el contrato de asociación, consiste en que la ejecución de la actividad es conjunta y, en consecuencia, los contratantes actúan como verdaderos socios, así no se constituya una sociedad como tal. Esto se justifica en la medida en que las actividades propias de la industria petrolera comportan un riesgo tal, que exige establecer condiciones favorables de negociación para mitigarlo. En efecto, las condiciones de explotación y comercialidad del petróleo son inciertas, por lo que la asociación constituye un instrumento idóneo para asumir el riesgo generado por esa incertidumbre, así como para repartir las utilidades en un momento futuro, en caso de obtener resultados positivos.

Según lo anterior, el objeto del contrato de asociación consiste en la ejecución conjunta de actividades propias de la industria petrolera y la consecuente repartición de los costos y riesgos de los mismos en la proporción pactada por las partes contratantes. Así mismo, en virtud de este contrato las partes pueden convenir que los hidrocarburos producidos pertenecerán a cada parte contratante en las proporciones estipuladas en el mismo.

El contrato bajo análisis es en esencia de riesgo en la etapa exploratoria y de operación conjunta en su fase de desarrollo. Para explicar mejor esta característica, es pertinente analizar brevemente el proceso que sigue la ejecución del mismo, el cual se puede sintetizar así:

Durante el período de exploración, la empresa asociada asume todos los costos y riesgos de dicha actividad, por lo que radica en cabeza suya el control total y exclusivo de la misma. La asociada entonces, invierte recursos económicos, técnicos y humanos propios en las operaciones de búsqueda del crudo, sin tener certeza de encontrarlo o de que el hallado sea comercializable. Es pues una fase de riesgo dentro de la ejecución del contrato, ya que en el evento de que no se halle el recurso o de que el pozo encontrado no resulte explotable, la asociada asume en forma individual las pérdidas por los gastos e inversiones incurridas; pero si por el contrario, la exploración resulta positiva y la persona o empresa contratante acepta la comercialidad del yacimiento, esta última le reembolsa a la asociada un porcentaje determinado, por lo general el 50%, de los costos e inversiones en que incurrió hasta ese momento. A partir de ahí se inicia la operación conjunta donde, como su nombre lo indica, los costos y riesgos para obtener éxito en la actividad corren por cuenta de ambas partes, es decir, éstas comparten los costos pasados y futuros, de acuerdo con las proporciones pactadas en el contrato. Finalmente, la fase de distribución de los beneficios obtenidos con la producción, también está sujeta a la voluntad de las partes contratantes.

Como se puede deducir de lo hasta aquí expuesto, la persona natural o jurídica dedicada a las actividades propias de la industria del petróleo, no actúa como beneficiaria dentro de la relación jurídica establecida en virtud de un contrato de asociación, más bien adquiere una condición que se asimila a la de un socio ya que asume, de manera conjunta con su contratante, los riesgos y costos de la empresa desarrollada.

De la relación entre contratante y asociada no surge responsabilidad laboral alguna respecto de los trabajadores, ya que se designa un operador quien, por cuenta de éstas y sin representarlas, ostenta la calidad de verdadero empleador. Así las cosas, el operador es el único responsable del pago de los salarios y prestaciones a que tengan derecho los trabajadores al servicio de la asociación, quien por ninguna razón está obligado a dar aplicación al mandato contenido en la disposición acusada pues, como puede verse, se trata de hipótesis totalmente disímiles.

7. Por contemplar un supuesto de hecho distinto, la norma acusada no es discriminatoria en relación con los trabajadores de la asociación.

El actor considera que el artículo 1º del Decreto 284 de 1957 vulnera el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 superior, al establecer que sólo los trabajadores que laboran al servicio de los contratistas independientes, utilizados por una persona natural o jurídica dedicada a la exploración, explotación o transporte de petróleo, gozarán de los mismos salarios y prestaciones a que tengan derecho los de la empresa beneficiaria, pues con ello se excluye a los demás trabajadores que prestan sus servicios a esa misma persona en virtud de un contrato de asociación.

Para dilucidar lo anterior, es ilustrativa la Sentencia C-173 de 1996 (7) .

(7) M.P. Carlos Gaviria Díaz.

"La igualdad, vale la pena reiterarlo, no comporta identidad numérica, de manera que bien puede el legislador y debe, en defensa del mismo principio, hacer distinciones entre supuestos o situaciones que en realidad requieren ser tratados en forma diferente debido a la relevancia de circunstancias fácticas.

El principio de igualdad prohíbe las diferencias que sean arbitrarias o injustificadas desde un punto de vista jurídico, esto es, que no se funden en motivos objetivos y razonables, o que sean desproporcionadas en su alcance o contenido. Igualmente, implica una evaluación de los efectos y un juicio de razonabilidad de la diferencia, pues como se ha sostenido “La igualdad es básicamente un concepto relacional, que de forma necesaria conduce a un proceso de comparación entre dos situaciones tratadas de forma distinta, en el que es preciso efectuar una valoración de la diferencia. Sólo tras el análisis de las características de cada supuesto que se compara, de la entidad de la distinción, y de los fines que con ella se persigue, podrá concluirse si la medida diferenciadora es o no aceptable jurídicamente (8) ”.

(8) F. Rubio Llorente. “La igualdad en la jurisprudencia del tribunal constitucional” página 15.

En virtud del principio de razonabilidad, una determinada disposición es discriminatoria cuando no se puede justificar razonablemente el trato diferencial que ella establece respecto de dos situaciones similares, en otras palabras, cuando ante situaciones iguales se da un tratamiento jurídico diferente sin justificación alguna. En sentido contrario, no se discrimina a una persona cuando las hipótesis sobre las cuales recae la supuesta discriminación son totalmente disímiles, como ocurre en el caso bajo estudio.

En efecto, la norma demandada está dirigida a regular una relación en particular, totalmente diferente a la que surge en virtud de un contrato de asociación: la del contratista independiente y la persona natural o jurídica beneficiaria quien contrata sus servicios para que lleve a cabo las labores esenciales de su negocio u objeto social. Disposición que, además, es garante y proteccionista de los derechos de los empleados vinculados al contratista independiente, como se argumentó en su momento.

El artículo 1º del Decreto 284 de 1957 contempla una hipótesis o supuesto de hecho distinto al que hace relación un contrato de asociación, toda vez que, en el marco de un contrato de este tipo, las partes designan un operador quien es el verdadero empleador de los trabajadores que laboran al servicio de la asociación, siendo él quien debe responder por las obligaciones laborales para con esos trabajadores; además, dada la naturaleza del contrato en mención, no se puede afirmar que una de las partes sea beneficiaria de los servicios prestados por un contratista independiente, a quien aquélla contrata para desarrollar las labores propias de su objeto social. Por esta misma razón, los trabajadores no están al servicio de empresa beneficiaria alguna sino de la asociación como tal.

Tratándose de supuestos fácticos diversos, la Corte considera que no existe vulneración alguna del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 superior.

Cosa distinta sería, por ejemplo, que la norma demandada hiciera extensible la aplicación del régimen salarial y prestacional a que tienen derecho los empleados de la beneficiaria, únicamente a ciertos trabajadores del contratista independiente, excluyendo de tales beneficios salariales y prestacionales a trabajadores a su servicio que realizaran la misma labor que la que ejecutan quienes resultan favorecidos con tal régimen. Pero, como se vio, no es esa la situación descrita en la norma.

No sobra añadir que, de aceptarse la tesis del actor, según la cual un grupo de personas no incluido en la norma acusada, se ve discriminado respecto de los destinatarios de ésta, la Corte estaría en el deber de analizar todas las posibles hipótesis en que algún otro grupo de personas estaría siendo discriminado por el tratamiento salarial y prestacional contemplado en la disposición. Se caería en el absurdo de estudiar, incluso, si trabajadores ajenos a la industria del petróleo también deberían recibir tal tratamiento salarial y prestacional, lo que obviamente escapa de las funciones propias de la Corte Constitucional, pues es un asunto que compete exclusivamente al legislador.

En conclusión, la norma acusada no vulnera la Constitución, pues el criterio garantista que aquélla guarda se ajusta a los mandatos contenidos en los artículos 25 y 53 del estatuto supremo y, además, es respetuosa del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 ibídem. Por lo tanto, se declarará exequible.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 1º del Decreto Legislativo 284 de 1957.

2. Declararse inhibida para emitir pronunciamiento sobre el artículo 2º del Decreto Legislativo 284 de 1957, por carencia actual de objeto.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

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