SENTENCIA C-995 DE OCTUBRE 12 DE 2004

 

Sentencia C-995 de octubre 12 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-995 de 2004 

Ref.: Expediente D-5112

Magistrado Sustanciador:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Actora: Bernardita Pérez Restrepo

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 24 del Decreto-Ley 2453 de 1993 y el artículo 2º del Decreto-Ley 356 de 1994 (parcial).

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil cuatro

EXTRACTOS: «II. Las normas acusadas

A continuación se transcribe el texto de las normas acusadas, con los apartes demandados resaltados:

DECRETO-LEY 2453 DE 1993 

“Por el cual se determina la estructura orgánica, objetivos y funciones y régimen de sanciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se dictan otras disposiciones”

(...).

ART. 24.—Definición. Para efectos del presente decreto, entiéndase por vigilancia y seguridad privada, toda actividad que desarrollen las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, en beneficio propio o de terceros, tendiente a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad o tranquilidad individual y a la vigencia de un orden justo, en lo relacionado con la vida, la honra y los bienes propios o de terceros.

DECRETO-LEY 356 DE 1994 

(Febrero 11)

“Por el cual se expide el estatuto de vigilancia y seguridad privada”.

ART. 2º—Para efectos del presente decreto, entiéndase por servicio de vigilancia y seguridad privada las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

Esta corporación es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de los incisos acusados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Carta Política, toda vez que ellos forman parte integrante de una ley.

2. Problemas jurídicos.

La demandante cuestiona las normas acusadas porque al señalar que toda actividad de las personas tendiente a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad o tranquilidad individual y a la vigencia de un orden justo, en lo relacionado con la vida, la honra y los bienes propios o de terceros, es objeto de control por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, desconoce la intimidad (C.P., art. 15), el libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16) y la autonomía básica a que tienen derecho las personas, obligándolas a cuidar sus bienes en los términos del control de la mencionada entidad e incluso negándoles el derecho a descuidar sus bienes. También señala la accionante que las disposiciones demandadas violan el artículo 365 de la Carta porque a pesar de que tratan el tema del servicio público de vigilancia y seguridad privada, no lo regulan de manera precisa, plena y exhaustiva.

Por su parte el Procurador General de la Nación sostiene que de las dos normas cuestionadas en el presente proceso, solo el artículo 2º del Decreto-Ley 356 de 1994 se encuentra vigente. Dicha norma no vulnera los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, pues contiene una definición restrictiva de los servicios de vigilancia y seguridad privados que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, corrigiendo los términos excesivamente amplios que consagraba el artículo 24 del Decreto-Ley 2453 de 1993. Considera que tampoco se vulnera el artículo 365 de la Carta, pues esta no exige una regulación exhaustiva, plena y precisa de todas las actividades que puedan desplegar los particulares para asegurar su vida, integridad personal o sus bienes, sino de aquellas que el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración, defina.

Por lo anterior, pasa la Corte Constitucional a resolver las siguientes cuestiones:

1. ¿Resulta contrario al derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad consagrados en los artículos 15 y 16 de la Carta, el que una norma legal defina las actividades de seguridad y vigilancia privada que se encuentran bajo control de la Superintendencia y Seguridad Privada, cuando dicha definición parece cobijar todas las posibles formas y medios de protección que decidan emplear las personas para cuidar de sus bienes y su integridad física?

2. ¿Desconoce el artículo 365 de la Carta, el que una norma expedida por el legislador para regular el servicio público de vigilancia y seguridad privadas lo haga de manera general, sin referirse de manera detallada a todos los aspectos que hacen parte de ese servicio?

3. Cuestión preliminar: la vigencia del artículo 24 del Decreto-Ley 2453 de 1993.

Señala el Procurador General de la Nación que el artículo 24 del Decreto-Ley 2453 de 1993 fue subrogado por el artículo 2º del Decreto-Ley 356 de 1994, por lo cual el pronunciamiento de la Corte Constitucional solo debe recaer sobre el precepto legal vigente.

En primer lugar, constata la Corte que el artículo 24 del Decreto 2453 de 1993 no fue derogado expresamente por el Decreto 356 de 1994. Dicho decreto no contiene una cláusula sobre derogatorias que se refiera, ya sea de manera específica al artículo 24 cuestionado, o mediante una estipulación general a la derogación de normas que le sean contrarias. El artículo 117 del Decreto 356 de 1994, solo dice que el Decreto 356 de 1994 “rige a partir de la fecha de su publicación”.

Por lo tanto, es necesario examinar el contenido de los dos artículos demandados para establecer si coinciden materialmente, y en caso de que ello sea así, determinar si existe alguna contradicción entre las dos definiciones, o una diferencia de tal magnitud que se esté claramente ante una derogatoria tácita.

Mediante el Decreto-Ley 2453 de 1993, el gobierno determinó la estructura orgánica, los objetivos, las funciones y el régimen de sanciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (1) . Este decreto fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 7º, artículo 35 de la Ley 62 de 1993, “por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”.

El artículo 24 del Decreto-Ley 2453 de 1993, define lo que se entiende por (i) vigilancia y seguridad privada, e incluye dentro de tal definición; (ii) “toda actividad”; (iii) que realicen personas naturales o jurídicas; (iv) privadas o de derecho público; (v) en beneficio propio o de terceros; (vi) tendiente a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual y a la vigencia de un orden justo; (vii) en lo relacionado con la vida, la honra y los bienes propios o de terceros. Tal definición se hace, tal como lo dice expresamente la norma, “para los efectos del presente decreto”, que es determinar la estructura orgánica, objetivos y funciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Aun cuando dicha definición incluye dentro del concepto de vigilancia y seguridad privada “toda actividad” que desarrollen las personas públicas o privadas para prevenir perturbaciones o proteger sus bienes o los de terceros y garantizar su seguridad y tranquilidad, en realidad el decreto solo regula algunos aspectos de la vigilancia y seguridad privadas. En efecto, las actividades sometidas a vigilancia de la superintendencia se restringen en el mismo Decreto-Ley 2453 de 1993 a lo siguiente:

ART. 3º—Competencia. Corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la vigilancia, inspección y control de los siguientes servicios o actividades:

1. Servicios de vigilancia y seguridad privada.

2. Servicios de transporte de valores.

3. Servicios de seguridad y vigilancia interna de empresas, públicas o privadas.

4. Servicios de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.

5. Servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad.

6. Otros servicios especiales de vigilancia y seguridad privada.

7. Fabricación, instalación o comercialización de equipos para vigilancia y seguridad privada, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

8. Fabricación, instalación o comercialización de blindajes.

Si bien, el texto del artículo 24 del Decreto 2453 de 1993, examinado cobija todo tipo de actividad orientada a garantizar la seguridad y vigilancia privadas, el contexto en el que fue dictada esta norma fue el de una regulación integral del uso de armas, municiones y explosivos, sobre las cuales el Estado tiene el monopolio. Ello explica la creación de una Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada, la definición del tipo de armas que podían estar en manos de particulares, y el control sobre medios y equipos de vigilancia que deben ser autorizados por el Estado, tales como el blindaje y equipos de telecomunicaciones. Por lo tanto, existe una diferencia sustancial entre lo que define el decreto como objeto de control por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, y lo que regula en diferentes normas en concreto.

Por su parte, el Decreto-Ley 356 de 1994 (2) , mediante el cual se estableció el estatuto de la vigilancia y seguridad privadas, emplea una definición, no de cualquier actividad de vigilancia, sino solamente de los “servicios de vigilancia y seguridad privados”. En efecto, el artículo 2º del Decreto 356 de 1994, se refiere exclusivamente a (i) los servicios de vigilancia y seguridad privada; (ii) prestada por personas naturales o jurídicas; (iii) que realicen estas actividades en forma remunerada; (iv) en beneficio de una organización pública o privada; (v) para prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual; (vi) en lo relacionado con la vida, los bienes propios o de terceros y (vii) la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos de vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin.

Así lo confirma el artículo 7º del Decreto-Ley 356 de 1994, que define el ámbito de control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en los siguientes términos:

ART. 7º—Control. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejercerá control, inspección y vigilancia sobre todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de vigilancia y seguridad privada y sus usuarios de conformidad con lo establecido en la ley.

Por lo anterior, dado que el ámbito definido por el artículo 24 del Decreto-Ley 2453 de 1993 es distinto del regulado por el artículo 2º del Decreto-Ley 356 de 1994, no ha ocurrido la subrogación alegada por el procurador, ni una clara derogatoria tácita, por lo que esta corporación se pronunciará sobre la constitucionalidad de las dos normas cuestionadas.

4. La definición de actividades de vigilancia y seguridad privadas bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad no desconoce el derecho a la intimidad. Interpretación armónica de las disposiciones cuestionadas.

La actora cuestiona las definiciones contenidas tanto en el artículo 24 del Decreto 2453 de 1993, como el artículo 2º del Decreto 356 de 1994, porque considera que dichas definiciones cobijan todas las actividades que una persona pueda y quiera desplegar para proteger su vida y bienes, repeler acciones y garantizar su seguridad, y les impone un modelo de protección que vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad.

En primer lugar, es preciso señalar que el objeto de la regulación de la vigilancia y seguridad a que se refieren tanto el Decreto 2453 de 1993, como el Decreto 356 de 1994, es la seguridad ciudadana ordinaria, no asociada al conflicto armado. Se trata de la regulación de ciertas actividades realizadas por los particulares, dirigidas a disminuir los riesgos personales que puedan amenazar la vida, la integridad física o los bienes de las personas, y cuyo empleo no implica una modificación de su estatus de población civil de conformidad con el principio de distinción que consagra el derecho internacional humanitario. Sobre este punto la Corte señaló en la Sentencia C-251 de 2002 (3) :

“(...) al precisar los alcances del principio de distinción, esta Corte señaló que la “protección general de la población civil contra los peligros de la guerra implica también que no es conforme al derecho internacional humanitario que una de las partes involucre en el conflicto armado a esta población, puesto que de esa manera la convierte en actor del mismo, con lo cual la estaría exponiendo a los ataques militares por la otra parte” (4) .

También es preciso recordar que de conformidad con el artículo 223 constitucional, el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, y los particulares solo pueden poseer o portar armas con permiso de la autoridad competente (5) . Tal autorización no incluye en ningún caso, la posibilidad de que los particulares tengan o porten armas de guerra, o de uso exclusivo de la fuerza pública (6) . Por ello, ningún servicio de vigilancia privado puede desplazar o sustituir la actividad de defensa y seguridad desplegada por las fuerzas armadas del Estado. Por lo mismo, tales servicios de seguridad privados se adelantarán siempre en los términos del régimen legal vigente y dentro del pleno respeto a la Constitución. Precisados estos dos aspectos, pasa la Corte a examinar el contenido de los artículos demandados.

Tal como se señaló en la sección anterior, la comparación del ámbito cobijado por las normas demandadas para determinar la competencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad (7) , muestra que mientras que el artículo 2º del Decreto 356 de 1994 se refiere solo a algunas de las maneras que los particulares pueden emplear para cuidar sus bienes y proteger su vida o la de terceros, en este caso, aquellas que puedan implicar el uso de armas de fuego o de medios que puedan poner en peligro la integridad física y la intimidad de las personas, el artículo 24 del Decreto 2453 de 1993 emplea términos amplios, e indeterminados que aparentemente colocan bajo el control de la superintendencia actividades eminentemente íntimas y pasivas de los individuos para salvaguardar y vigilar sus propios bienes.

No obstante, una interpretación armónica del artículo 24 del Decreto 2453 de 1993, a la luz del objeto regulado tanto por el Decreto 2453 de 1993, como por el Decreto 356 de 1994, ayuda a precisar el ámbito de competencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. A la luz del objeto de regulación de los dos decretos, las actividades que quedan bajo el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada son aquellas realizadas por los servicios de vigilancia a favor de terceros, de conformidad con lo que establece el artículo 2º del Decreto 356 de 1994, para los cuales el Estado expide los permisos necesarios (8) . Por lo tanto, las actividades individuales y pasivas de custodia realizadas por los particulares, dirigidas a velar por su propia seguridad y la de los suyos, sin una finalidad distinta a la de disminuir riesgos personales, sin afectar los derechos de terceros —siempre que mantengan características distintas a los servicios de seguridad anteriormente mencionados—, no están bajo el control de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, ni se requiere para su ejercicio de licencias o permisos.

Ni el artículo 24 del Decreto 2453 de 1993 ni el artículo 2º del Decreto 356 de 1994, sometieron a la vigilancia y control de la superintendencia actividades meramente individuales y eminentemente íntimas, en los términos de las normas legales vigentes y dentro de las condiciones estrictas que han de reunirse para que la defensa individual sea estimada por la ley penal como legítima.

Los términos del artículo 2º del Decreto 356 de 1994, precisa el alcance de la definición del artículo 24 del Decreto 2453 de 1993 y excluye de la competencia de la superintendencia las actividades individuales que los particulares desplieguen para prevenir perturbaciones a su propia tranquilidad y seguridad, así como para proteger sus bienes y su vida, en los términos anteriormente recordados y desarrollados por las normas vigentes.

Es preciso señalar que la protección de los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, no justifican organizar grupos o mecanismos para usurpar funciones exclusivas del Estado (9) . Tampoco podría el Estado permitir a los particulares la posesión y uso de armas de tal calibre que pusieran en cuestión el monopolio del ejercicio de la fuerza por el Estado a través de la fuerza pública (10) .

Por ello, cuando la defensa personal involucra la utilización de empresas privadas de seguridad, o de medios de defensa que impliquen el uso de armas autorizadas a los particulares o de medios de vigilancia cuyo comercio y empleo está restringido, el único modelo compatible con la Constitución, tal y como lo ha señalado esta Corte en varias oportunidades (11) , es el esquema de seguridad bajo el control y vigilancia estatales. En el caso de la materia regulada por los decretos 356 de 1994 y 2543 de 1993, ese control está a cargo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Por lo anterior, tanto el artículo 24 del Decreto 2543 de 1993 como el artículo 2º del Decreto 356 de 1994 serán declarados exequibles.

5. La regulación de los servicios de seguridad y vigilancia privadas no desconoce el artículo 365 de la Carta.

La actora señala que dado que el artículo 24 del Decreto 2453 de 1993 se refiere a todas las actividades que desarrollen los particulares para garantizar su seguridad y tranquilidad, la regulación de los servicios de seguridad contenida en los decretos 2453 de 1993 y 356 de 1994, es incompleta e insuficiente, pues deja por fuera otro tipo de actividades distintas a los servicios de seguridad prestados con armas de fuego y uniformes, con lo cual desconoce el artículo 365 de la Carta.

El procurador, por su parte, señala que el artículo 365 constitucional no impone al legislador la obligación de regular de manera exhaustiva, precisa y detallada, la prestación de los servicios públicos, por lo cual, la regulación contenida en los decretos 2453 de 1993 y 356 de 1994 en materia de servicios de seguridad y vigilancia privadas, resulta conforme a la Carta.

Por lo anterior, pasa la Corte a examinar si al regular la vigilancia y seguridad privadas, el legislador estaba obligado a regular todas las manifestaciones de estos servicios, y si la Constitución exige que tal regulación sea precisa, exhaustiva y detallada como lo señala la actora.

De conformidad con lo que establece el artículo 2º superior, las autoridades colombianas fueron instituidas para brindar protección a las personas, resguardando su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Por lo tanto, garantizar la seguridad para la vida y los bienes de las personas es un deber primordial del Estado. Ello no impide que bajo ciertas condiciones, y siempre bajo la vigilancia y control del Estado, la seguridad sea prestada por servicios de seguridad y vigilancia a cargo de particulares.

En materia de regulación de servicios públicos, y según lo establece el artículo 365 superior, en concordancia con el artículo 150, numeral 23 constitucional, el constituyente dejó en manos del legislador la determinación del régimen jurídico general de los servicios públicos, para garantizar que fueran prestados eficientemente, ya fuera directamente por el Estado o por los particulares (12) . En ejercicio de tal potestad de configuración, el legislador puede regular un determinado servicio público con el grado de precisión que considere necesario y adecuado para garantizar la eficiencia del servicio y el ejercicio del control y vigilancia estatales teniendo en cuenta la política pública diseñada por él. La norma constitucional no le impone al legislador un determinado nivel de detalle y complejidad al regular un servicio público. Es imposible prever todas las hipótesis de regulación de una materia, por lo que si la Carta exigiera que la regulación de los servicios públicos tuviera el máximo nivel de detalle posible, se restringiría en exceso el ejercicio de la potestad de configuración del legislador. Una regulación que garantice tanto la eficiencia en la prestación del servicio como el ejercicio de las facultades de control y vigilancia, no tiene que referirse hasta el detalle a los distintos aspectos de la prestación de un servicio público.

Por lo anterior, no prospera el cargo por violación del artículo 365 de la Carta.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el artículo 24 del Decreto 2453 de 1993.

2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 2º del Decreto-Ley 356 de 1994, por los cargos analizados en la presente sentencia.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada fue creada mediante la Ley 62 de 1993, artículo 34. Con el fin de determinar la estructura orgánica, objetivos, funciones y régimen de sanciones de la superintendencia, el artículo 35 numeral 7º de la Ley 62 de 1993, revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para regular estos aspectos, y en desarrollo de esas facultades el Presidente expidió el Decreto 2453 de 1993. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es un organismo de orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera (D. 2453/93, art. 1º). Tiene entre sus funciones, de conformidad con lo que establecen los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 2453 de 1993, ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada, y el cumplimiento de los siguientes objetivos: (i) Asegurar la confianza pública en la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada; (ii) Velar por que quienes prestan estos servicios mantengan en forma permanente los más altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones; (iii) Garantizar el cumplimiento de las normas legales y procedimientos para la adecuada prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada; (iv) Velar por que las entidades sometidas a su vigilancia y los equipos o elementos autorizados no sean empleados para fines distintos a los autorizados por la ley, protegiendo el interés general y particularmente el de terceros de buena fe; (v) Asegurar que en cumplimiento de las actividades de vigilancia y seguridad privada se respeten los derechos y libertades de la comunidad; (vi) Adoptar políticas de inspección y vigilancia y dirigidas a permitir y estimular el desarrollo tecnológico y profesional de la industria de la vigilancia y seguridad privada. Adoptar correctivos e imponer sanciones en los casos en que se violen las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad privada, o cuando se ejerza esta actividad sin las autorizaciones legales vigentes; (vii) Adoptar correctivos e imponer sanciones en los casos en que se violen las normas que regulen los servicios de vigilancia y seguridad privada, o cuando se ejerza esta actividad sin las autorizaciones legales correspondientes.

(2) Este decreto fue expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el literal j) del artículo 1º de la Ley 61 de 1993, “por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas”.

(3) Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández.

(4) Sentencia C-225 de 1995, fundamento 30.

(5) Constitución Política, ART. 223.—Solo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas. || Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale.

(6) Corte Constitucional, Sentencia C-572 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero. Ver también las sentencias C-038 de 1995 y C-296 de 1995.

(7) Decreto 2453 de 1993, artículo 24, Decreto 356 de 1994, artículo 2º, demandados.

(8) ART. 3º—Permiso del Estado. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata el artículo anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con base en potestad discrecional, orientada a proteger la seguridad ciudadana. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con base en esa misma potestad, podrá suspender o cancelar la licencia o credencial expedida.

(9) Corte Constitucional, C-572 de 2001, precitada.

(10) Corte Constitucional, C-572 de 2001 y C-038 de 1995. Fundamento jurídico Nº 11.

(11) Corte Constitucional, C-296 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en donde la Corte precisó que no existía un derecho individual de los particulares a poseer armas de fuego; C-572 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero, en donde la Corte rechazó en forma absoluta el empleo de la fuerza contra el derecho, reafirmó su condena a todos los grupos armados que actúan al margen de la ley, y reconoció el derecho de la comunidad a organizarse para defenderse de la delincuencia y apoyar a las autoridades legítimas, con estricta sujeción a las leyes vigentes. Igualmente precisó los elementos constitucionales de la legítima defensa colectiva y señaló el tipo de armas cuyo uso puede ser autorizado a los particulares; C-252 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas, en donde se declaró inexequible un modelo de seguridad y defensa establecido por la Ley 684 de 2001, por desconocer el diseño constitucional que garantizaba el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos.

(12) Ver entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional, C-493 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz; C-389 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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