Sentencia C-996 de agosto 2 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

FALSEDAD EN ESTADOS FINANCIEROS

LA DESCRIPCIÓN DE ESTA CONDUCTA PUNIBLE NO ES VAGA NI IMPRECISA

EXTRACTOS: «Norma demandada. A continuación se transcribe el texto del artículo 43 de la Ley 222 de 1995, de acuerdo a la publicación aparecida en el Diario Oficial Nº 42.156 de 20 de diciembre de 1995, destacando con negrillas lo acusado.

“LEY 222 DE 1995

(Diciembre 20)

Por la cual se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones.

Capítulo VI

Estados financieros

Artículo 43.—Responsabilidad penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas:

1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad.

2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas”.

(...).

1. Anotaciones previas.

1.1. En la sentencia C-434 de 1996(1) la Corte declaró exequible el artículo 43 de la Ley 222 de 1995, únicamente en cuanto no se desconocía el principio de la unidad de materia. Además, se condicionó la exequibilidad de dicha norma “... en el sentido de que los sujetos activos de las conductas allí previstas son única y exclusivamente los administradores, contadores y revisores fiscales de sociedades civiles o mercantiles”.

(1) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

1.2. Dado que el pronunciamiento de la Corte contenido en la sentencia antes mencionada tiene los efectos de cosa juzgada relativa, es procedente que de nuevo se ocupe de analizar la constitucionalidad del artículo 43 de la Ley 222 de 1995, en su totalidad, dada su unidad normativa.

2. Planteamiento del problema.

Según los términos de la demanda, las intervenciones registradas en el curso del proceso y el concepto emitido por el Procurador General de la Nación, le corresponde a la Corte establecer si la norma que se acusa viola la Constitución, por desconocer el principio de tipicidad.

En consecuencia, la Corte habrá de determinar si efectivamente el precepto censurado regula adecuadamente las conductas consideradas ilícitas, o, por el contrario, la describe de manera ambigua y vaga, desconociendo los principios constitucionales que prescriben la necesidad de que la ley penal identifique en forma inequívoca el comportamiento punible.

3. Solución al problema jurídico.

(...).

Según la reiterada jurisprudencia de esta corporación el principio de legalidad en materia penal se ha entendido en sentido lato, y comprende dos aspectos: en primer término, la estricta reserva legal en la creación de los delitos y las penas, y en segundo lugar, la prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes, y en sentido estricto, referido a la necesidad de la descripción taxativa de los elementos que estructuran el hecho punible y a la inequivocidad en su descripción.

La taxatividad consiste en la descripción de los hechos que merecen reproche penal, se hace de manera precisa y delimitada en relación con una circunstancia o situación específica, abstracta y objetiva, sin que ello sea obstáculo para que en algunas oportunidades existan elementos subjetivos, normativos o complementarios, directos, y/o indirectos y/o circunstanciales. Así, será posible determinar en forma clara los sujetos, el verbo rector, los objetos material y jurídico, y la pena en forma clara y precisa.

Sin embargo, no es posible hacer la descripción de las conductas punibles para cada caso particular y concreto, porque la exigencia de una taxatividad extrema conduciría a una irracional técnica y práctica legislativa e interpretativa, que restringiría excesivamente la libertad de configuración política de la norma por el legislador, y la facultad autónoma de interpretación de los jueces.

Sobre el punto es ilustrativa la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(6). Ha dicho la Corte:

(6) Casación. 22.11.71, Gaceta Judicial, T. CXXXIX, pág. 552.

“Los tipos o figuras penales describen o relacionan en el precepto penal una forma determinada de conducta a fin de que el juzgador, al identificarla en la acción que tiene ante sí, pueda medir el significado antijurídico de ésta, declarar la culpabilidad y la responsabilidad del agente, y, en consecuencia, pronunciar la condena. Esta necesaria confrontación es la garantía de libertad individual, pues la justicia no puede admitir elementos que el tipo no contiene, y es garantía de seguridad colectiva, ya que toda conducta adecuada a un tipo criminoso implica la atribución correspondiente, eliminando cualquier asomo de impunidad”.

3.3. Cuando el legislador describe cuáles comportamientos han de tenerse como delictivos, ello implica que el proceso de adecuación típica no permite una interpretación arbitraria de los tipos penales. Pero, a su vez, éste no conduce a un mero hacer mecánico del operador jurídico, pues el juicio de tipicidad que éste realiza le permite analizar en qué condiciones cuándo una conducta se adecua a uno u otro tipo delictivo y cuándo no. En este sentido, resulta evidente que corresponde al investigador o al juzgador determinar qué tipo de imputación en relación con la persona vinculada al proceso penal, deriva en un hecho punible.

Esta observación resulta trascendental, pues la responsabilidad penal que se atribuye a un sujeto determinado, comienza por el proceso de adecuación típica, el cual dicho en otras palabras, es un juicio de tipicidad por parte del operador jurídico. Desde luego, debe considerarse que el funcionario judicial, debe hacer la interpretación de los tipos penales en forma estricta, lo cual significa que no le está permitido hacerla en forma extensiva o restringida.

En síntesis, la determinación de los tipos penales implica el señalamiento de los elementos que estructuran el tipo penal, que indican que es esa y no otra la conducta que de manera objetiva, da lugar a una sanción penal. Por consiguiente, siempre será del orden restrictivo, en cuanto limita el poder punitivo del Estado.

De esta manera, el principio de legalidad estricta se asegura y garantiza, pues al funcionario judicial no le corresponde la función de crear tipos penales, en razón de que esta labor conforme quedó antes expresado, corresponde al legislador, según las voces del numeral 2º del artículo 150 de la Constitución. Por eso resulta importante resaltar que la actividad del funcionario judicial habrá de ser complementaria en la medida que debe constatar si los hechos legalmente establecidos y probados dentro del proceso penal, se adecuan a los elementos que se establecen en los tipos penales.

3.4. Hechas las consideraciones anteriores procede la Corte a pronunciarse sobre los cargos de la demanda, así:

3.4.1. Resulta conveniente precisar, en primer lugar, si conforme lo afirma el demandante las normas acusadas resultan innecesarias, toda vez que las conductas allí descritas, se encuentran debidamente tipificadas en otros tipos penales. Sobre este punto la Corte razona de la siguiente manera:

Cabe observar que la norma censurada hace parte del capítulo correspondiente a los estados financieros del régimen legal de las sociedades. La existencia y la importancia de éstos ha sido justificada de manera diversa: i) son los estados financieros los instrumentos contables a través de los cuales se pueden determinar la utilidad o pérdida obtenida en desarrollo del objeto social de la empresa; ii) permiten establecer la situación financiera de la sociedad, tanto para sus propios socios, como terceros que no tienen acceso, inversionistas, y el propio Estado a fin de cumplir su función de inspección, vigilancia y control, y desde luego para establecer la base tributaria de las sociedades.

Con el fin de dar adecuado cumplimiento al mandato constitucional que señala la función social a la empresa, y en ejercicio de la competencia del legislador para delimitar el alcance de la libertad económica (C.P., arts. 150-21 y 334) es indiscutible que el legislador pueda regular la materia relativa a los estados financieros en sus diferentes facetas, más aún si se tienen en cuenta las necesidades sociales del tráfico mercantil que exige que los datos e instrumentos contables reflejen de manera transparente la situación económica, administrativa y financiera de las sociedades.

En la sentencia C-434 de 1996(7) la Corte justificó la expedición por el legislador de la norma censurada, en los siguientes términos:

(7) Ídem.

“Entiende la Corte que al establecer el régimen de las sociedades, que es el asunto señalado por el legislador como central en el título y en el contexto de la indicada ley, resulta indispensable prever las reglas relativas a los estados financieros de las compañías y a la garantía de que el contenido de ellos, de sus soportes y de las constancias y certificaciones que a tales estados se refieran, con el objeto de asegurar la transparencia de la actividad económica de las personas jurídicas reguladas, permitir la intervención del Estado en el desenvolvimiento de las mismas y facilitar la eventual práctica de pruebas en las controversias que surjan con motivo de los negocios societarios.

Naturalmente, tal régimen incluye, por su misma naturaleza y con miras a su efectividad, la previsión de normas por medio de las cuales se contemplen las faltas en que puedan incurrir los administradores, contadores y revisores fiscales de las compañías y las correspondientes sanciones, aun las de carácter penal.

A juicio de la Corte, la naturaleza penal de disposiciones como la acusada no implica per se el quebrantamiento de la unidad normativa en un contexto legal destinado a establecer el régimen de las sociedades, pues éste no necesariamente incluye normas de puro contenido comercial, entre otras razones por la de que las prácticas propias de esa actividad pueden lesionar bienes jurídicos que el correspondiente régimen legal debe proteger, precisamente en guarda del comercio.

Es que la unidad de materia exigida por los preceptos constitucionales no excluye que un asunto pueda ser tratado por el legislador, dentro del mismo cuerpo normativo, desde las perspectivas propias de distintas ramas del derecho, toda vez que lo relevante es la identidad sustancial del tema objeto de legislación y la ya anotada correspondencia entre el articulado y el título de la ley.

Téngase presente, además, para lo que concierne al caso en estudio, que la disposición introducida en el nuevo régimen estaba presente, con algunas diferencias, en el artículo 157 de la legislación reformada (C. Co., D. 410/71), cuyo texto se transcribe:

“ART. 157.—Los administradores, contadores y revisores fiscales que ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades cometidas en los balances, incurrirán en las sanciones previstas en el Código Penal para el delito de falsedad en documentos privados y responderán solidariamente de los perjuicios causados””.

En las circunstancias anotadas, las normas que se demandan fueron estimadas por el legislador necesarias para asegurar la protección de los mencionados bienes jurídicos, y resultan además proporcionadas a la finalidad buscada.

Además, la Corte comparte la idea expuesta en algunos foros sobre la reforma del Código de Comercio(8), según la cual el deber de informar la situación jurídico contable de la sociedad y de proveer su cumplimiento, a través de la creación de mecanismos de control administrativos y penales, persigue finalidades sociales valiosas como son: la de asegurar la lealtad dentro de los competidores y la consiguiente protección de los consumidores, la de tener datos confiables para conocer la situación económica de las empresas, como elemento de lucha contra la corrupción, para la vigilancia ciudadana y el desarrollo de la política de la intervención y tributaria del Estado.

(8) La reforma al Código de Comercio. Cámara de Comercio de Bogotá y Colegio de Abogados Comercialistas. Intervención de Hernando Bermúdez Gómez pág. 324.

3.4.2. En cuanto a lo relativo a la supuesta violación al principio de legalidad y la inutilidad de la norma, porque las conductas en ella descritas se pueden sancionar a través de otros tipos penales, la Corte(9) al estudiar la constitucionalidad de algunas disposiciones del libro segundo del Código Penal, razonó de la siguiente manera:

(9) Sentencia C-133 de 1999. M. P. Carlos Gaviria Díaz.

“Una y otra conducta están claramente tipificadas como delictivas, pero la segunda contiene elementos específicos que permiten distinguirla de la primera, sin que por ello quebrante el legislador el principio de legalidad del delito, consignado en el artículo 29 de la Constitución, puesto que la exigencia contenida en éste se satisface plenamente al estar ambos comportamientos (el genérico y el específico) descritos con claridad en las respectivas normas.

La ley es general, impersonal y abstracta y lo que exige la Constitución es que en ella se describan en forma clara y precisa los elementos generales de cada delito, señalando la pena y su medida para que el administrador de justicia pueda adecuar el comportamiento individual y concreto a uno de ellos la precisión debe ser entonces razonable”.

En el caso que se analiza, resulta obvio comprender que la norma censurada es un tipo complementario, que agrava la situación del sujeto activo comprometido en las conductas que describe la norma censurada, pues los sujetos, el bien jurídico y la sanción resultan distintas al tipo penal de falsedad en documento privado.

3.4.3. En relación con el cargo central según el cual la norma es vaga e imprecisa y conduce a la discrecional tipificación de la conducta punitiva por los operadores jurídicos, la Corte precisa lo siguiente:

— En lo relativo al tipo de sujeto activo que ejecuta las conductas descritas en el numeral 1º del artículo 43 de la Ley 222 de 1995, la Corte ya tuvo la oportunidad de referirse a este aspecto, cuando al declarar exequible en forma condicionada dicha norma(10), expreso:

(10) Sentencia C-434 de 1996, citada.

“Se trata, en el sentir de la Corte, de una disposición especial, cuyos sujetos activos son única y exclusivamente los administradores, contadores y revisores fiscales de las sociedades mercantiles reguladas por el libro II del Código de Comercio, cuyo régimen se ha extendido a las compañías civiles por norma que en la fecha ha recibido el respaldo constitucional de la Corte”.

De esta manera, se ha establecido por vía jurisprudencial que la expresión “quienes” se contrae a las personas anotadas. Es decir, que siendo un tipo penal especial y complementario, resulta necesario tener la calidad de administrador, contador o revisor fiscal de la persona jurídica, para que se pueda ser acreedor a la sanción, en el evento de realización de la conducta punible.

Así las cosas, la norma se encuentra plenamente justificada, en la medida en que tales constancias o certificaciones han sido suscritas por los sujetos activos arriba mencionados, y en cuanto la finalidad que se persigue de darle seguridad y transparencia a la gestión jurídico contable de la sociedad. Por lo demás, se trata de documentos que se presumen auténticos, por cuanto dan fe pública.

Adicionalmente se anota, que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte(11), cuando un contador otorga fe pública en materia contable, adquiere una responsabilidad especial frente a la colectividad y al Estado, “si se tiene en cuenta la magnitud de sus atribuciones, porque no todo profesional puede, con su firma o su atestación establecer la presunción legal de que, salvo prueba en contrario, los actos que realiza se ajustan a los requisitos formales”.

(11) C-530 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

— Respecto de la expresión “autoridades”, empleada en el inciso 1º del artículo 43, considera la Corte que ésta es suficientemente comprensiva de lo que se pretende por el legislador, como es la de asegurar que aquellas cuenten con informaciones confiables para poder ejercer las competencias que le han sido asignadas. Además, el concepto de autoridad es lo suficientemente entendible por los destinatarios de la norma; no se requiere, por lo tanto, definir cuál es el universo de dichas autoridades.

— Los verbos rectores “suministrar”, “expedir”, “ordenar”, “tolerar”, “hacer”, “encubrir”, describen de manera inequívoca, clara y simple las conductas punibles, sin que se presten a confusión alguna; ello en razón de que se configura de manera objetiva el modo como las referidas conductas se dirigen a falsear o deformar la realidad económica, administrativa y financiera de la sociedad. Por consiguiente, la alteración ejecutada a través de estos comportamientos, afecta la transparencia en el suministro de información jurídico contable y la presunción de legalidad, que la ley le ha dado a las constancias, datos, estados financieros y sus notas, cuando éstos han sido suscritos por los sujetos cualificados ya anotados.

— En lo que atañe a las expresiones “datos” “constancias” “certificaciones” contenidas en el numeral 1º y “en los estados financieros o en sus notas”, de que trata el numeral 2º del artículo 43, la Corte, como lo hizo en la sentencia C-530 de 2000(12), en relación con la constitucionalidad y de los apartes demandados de los artículos 6º y 25 de la Ley 43 de 1990, se remite a lo expresado en la sentencia C-597 de 1996(13), en la cual se analizó el artículo 659 del estatuto tributario que alude a la posibilidad de imponer sanciones a los contadores y las sociedades de contadores, cuando “lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados”, providencia en la cual se dijo lo siguiente:

(12) Ídem.

(13) M.P. Alejandro Martínez Caballero.

“La Corte no coincide con el actor pues considera que, como bien lo sostienen todos los intervinientes, esta expresión tiene un contenido técnico suficientemente preciso y determinado por la ley para calificar la conducta de estos profesionales. Así, el artículo 6º de la Ley 43 de 1990, que debe integrarse al análisis de la presente disposición, señala que los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia son “el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente, sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas”. Además, como bien lo indican varios intervinientes, estos principios no son un criterio vago, que puede ser interpretado de cualquier manera por quien imponga la sanción, sino que tales principios tienen un contenido técnico universal que debe ser conocido por cualquiera de estos profesionales, pues es elemento integrante de sus conocimientos profesionales. Por ello la Corte considera que no estamos en frente de un tipo en blanco cuyo alcance es establecido de manera autónoma por un reglamento administrativo, caso en el cual su constitucionalidad sería discutible, sino de una descripción que recurre a un concepto técnico determinable por cualquiera que sea experto en tales disciplinas. Lo único que hace entonces el decreto reglamentario mencionado por el actor es aumentar la seguridad jurídica al codificar los alcances de ese concepto, lo cual en manera alguna genera la inconstitucionalidad de la norma acusada. Se trata pues de una “colaboración reglamentaria”, según la expresión de la jurisprudencia comparada(14), que es válida en este campo sancionador, pues la ley no se remite al reglamento para que éste elabore una regulación independiente de la ley sino que el reglamento simplemente contribuye a la precisión de ciertos conceptos legales, que ya se encuentran de por sí suficientemente determinados por la ley”.

(14) Ver, por ejemplo, Tribunal Constitucional Español. Sentencia STC 77 de 1983. Fundamentos jurídicos Nº 2º y 3º y Sentencia STC 101 de 1988. Fundamento jurídico Nº 3.

— Finalmente, en lo que concierne con la expresión “contrarios a la realidad”, la Corte no comparte los argumentos expuestos por el demandante, pues teniendo en cuenta la diversidad de conductas punibles que se describen en la norma demandada, resulta razonable que sean sancionadas, no sólo aquellas que se refieren exclusivamente a la realidad contable, sino simplemente a la realidad que se predica de la actividad misma de la empresa.

4. En conclusión, los cargos de inconstitucionalidad formulados contra la norma demandada, serán desestimados y, en consecuencia, será declarada exequible.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 43 de la Ley 222 de 1995, en lo acusado.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-996 de agosto 2 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Antonio Barrera Carbonell).

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