SENTENCIA C-998 DE OCTUBRE 12 DE 2004

 

Sentencia C-998 de octubre 12 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-998 de 2004 

Ref.: Expediente D-5135

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Actor: Álvaro Francisco Rojas González

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 205 (parcial) de la Ley 600 de 2000 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Bogotá, D.C., doce de octubre del año dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 44.097 del 24 de julio de 2000. Se resalta lo demandado.

“LEY 600 DE 2000”

(Julio 24)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

(...).

TÍTULO V

Actuación procesal

(...).

CAPÍTULO IX

La casación

ART. 205.—Procedencia de la casación. La casación procede contra las sentencias (ejecutoriadas) (1) proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.

La casación se extiende a los delitos conexos, aunque la pena prevista para estos sea inferior a la señalada en el inciso anterior.

De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las arriba mencionadas, a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la ley.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma acusada hace parte de una ley de la República.

2. La materia sujeta a examen.

Para el actor el aparte acusado del primer inciso del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, en cuanto permite que proceda la casación y se pueda llegar a proferir sentencia condenatoria en la hipótesis a que él alude —a saber, cuando se ha absuelto al sindicado en primera y segunda instancia—, vulnera i) el artículo 29 superior porque se desconocería el derecho en él establecido a impugnar la sentencia condenatoria dado que contra la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia no procede ningún recurso; ii) el artículo 31 superior por cuanto en su criterio este debe interpretarse en el sentido de no permitir al legislador descartar la impugnación de la sentencia condenatoria proferida por la Corte Suprema de Justicia en las circunstancias anotadas; iii) el principio de igualdad por cuanto frente al derecho a impugnar la sentencia condenatoria se establecería una diferencia de trato entre las personas a quienes se les haya condenado en alguna de las instancias y aquel a quien se le absolvió en primera y segunda instancia y iv) consecuentemente se vulneraría el preámbulo y los artículos 2º, 85 y 93 superiores que presuponen el respeto de los derechos a la justicia, al debido proceso y a la igualdad que el actor considera violados.

Por lo anterior y dado que en su criterio vulneraría igualmente el debido proceso obligar a la Corte Suprema de Justicia en las circunstancias anotadas a confirmar la sentencia absolutoria o que se abstenga de fallar, solicita a la corporación que declare la exequibilidad condicionada de las expresiones acusadas en el entendido que la casación no procede en la hipótesis que él invoca, a saber, los procesos penales no viciados de nulidad en los que se ha proferido sentencia absolutoria en primera y segunda instancia.

Todos los intervinientes coinciden en solicitar la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones acusadas y hacen énfasis en que i) el actor estructura su demanda sin tomar en cuenta la finalidad y naturaleza específicas de la casación que no constituye una tercera instancia sino un juicio técnico jurídico de puro derecho sobre la sentencia de segunda instancia; ii) la pretensión del actor de condicionar la exequibilidad de las disposiciones acusadas atentaría contra el derecho a la igualdad que el mismo actor invoca en su demanda, al tiempo que significaría el desconocimiento del derecho al acceso a la justicia de los demás intervinientes en el proceso penal; iii) bien mediante la acción de revisión, bien mediante la acción de tutela, como lo precisan varios intervinientes, el sistema jurídico establece mecanismos excepcionales de impugnación de la sentencia que se adopte por la Corte Suprema de Justicia en las circunstancias a que alude el actor, por lo que la acusación que este formula carece totalmente de fundamento.

El señor Procurador General de la Nación coincide con los intervinientes en que la acusación del actor desconoce el alcance y la naturaleza de la casación que constituye un juicio a la sentencia y no una nueva instancia al tiempo que hace énfasis en que por ser la Corte Suprema de Justicia el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria no cabe invocar la impugnación de su decisión. La vista fiscal destaca igualmente que la exequibilidad condicionada solicitada por el actor desconocería los derechos de los demás intervinientes en el proceso penal. Señala de otra parte que el término de comparación planteado por el actor para sustentar la supuesta vulneración del principio de igualdad carece de sustento. Finalmente y dada la ausencia de fundamento de los cargos por el supuesto desconocimiento de los artículos 13, 29 y 31 constitucionales, descarta la vulneración de los demás textos superiores que el actor invoca en su demanda.

Corresponde a la Corte en consecuencia examinar si las expresiones acusadas contenidas en el primer inciso del artículo 205 de la Ley 6000(sic) de 2000 —en cuanto permiten que proceda la casación y se pueda llegar a proferir sentencia condenatoria en la hipótesis a que alude el actor—, vulneran o no los artículos 13, 29 y 31 superiores y si consecuentemente se desconoce o no el preámbulo y los artículos 2º, 85 y 93 superiores.

3. Consideraciones preliminares.

Previamente la Corte considera necesario hacer algunas precisiones relativas a i) la finalidad de la casación —que no puede asimilarse a una tercera instancia— y el fundamento de la sentencia proferida por la Corte en esas circunstancias; ii) la interpretación y alcances dados por la jurisprudencia constitucional al derecho a impugnar la sentencia condenatoria contenido en el artículo 29 superior; iii) la vigencia, contenido y alcance del artículo 205 de la Ley 600 de 2000 donde se contienen las expresiones acusadas y la necesaria unidad normativa de las mismas con el resto del primer inciso de dicho artículo, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda.

3.1. La finalidad de la casación penal y el fundamento de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en la hipótesis en que casa la sentencia de segunda instancia.

La Corte ha explicado que la casación, como medio de impugnación extraordinario, es una institución jurídica destinada a hacer efectivo el derecho material y las garantías fundamentales de las personas que intervienen en un proceso (2) . Su finalidad ha dicho la corporación “es más de orden sistémico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo” (3) .

Dicho carácter extraordinario la diferencia por completo de la labor judicial de los juzgadores de instancia. En efecto, mientras el control jurídico que estos realizan tiene por objeto en la jurisdicción ordinaria examinar la conducta de los particulares frente al derecho vigente, en la casación varía el objeto del control, pues el tribunal o Corte de Casación realiza control jurídico sobre la sentencia que puso fin a la actuación de los juzgadores de instancia, para decidir luego si se ajusta o no a lo ordenado por la ley, lo que significa que en la casación se efectúa un control de legalidad sobre los actos del juez para decidir si en ellos se produjo un error in iudicando o un error in procedendo de tal naturaleza que no exista solución distinta a infirmar, destruir, casar, la sentencia impugnada (4) .

Al respecto la Corte ha explicado lo siguiente:

“La sentencia, en cualquier proceso, es la decisión judicial más importante dictada por una autoridad del Estado, investida de jurisdicción, que no solo debe cumplir los requisitos establecidos en la ley en cuanto a su forma y contenido, sino que constituye un juicio lógico y axiológico destinado a resolver una situación controversial, en armonía con la Constitución y la ley. Dicha providencia no es, entonces, un simple acto formal sino el producto del análisis conceptual, probatorio, sustantivo y procesal, de unos hechos sobre los cuales versa el proceso, y de las normas constitucionales y legales aplicables al caso concreto.

Tal acto, entonces, puede contener errores de juicio o de actividad, que los doctrinantes denominan errores in iudicando y errores in procedendo. Es decir, “que la voluntad concreta de la ley proclamada por el juez como existente en su sentencia, no coincida con la voluntad efectiva de la ley (sentencia injusta), porque, aun habiéndose desarrollado de un modo regular los actos exteriores que constituyen el proceso (inmune, así, de errores in procedendo), el juez haya incurrido en error durante el desarrollo de su actividad intelectual, de modo que el defecto inherente a una de las premisas lógicas haya repercutido necesariamente sobre la conclusión. En este caso, en el que la injusticia de la sentencia se deriva de un error ocurrido en el razonamiento que el juez lleva a cabo en la fase de decisión, los autores modernos hablan de un ‘vicio de juicio’ que la doctrina más antigua llamaba un ‘error in iudicando(5) .

Los errores in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea.

Los errores in procedendo, por el contrario, nacen de la “inejecución de la ley procesal, en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución in omittendo), o ejecuta lo que esta ley prohíbe (inejecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la ley prescribe: esta inejecución de la ley procesal, constituye en el proceso una irregularidad, que los autores modernos llaman un vicio de actividad o un defecto de construcción y que la doctrina del derecho común llama un error in procedendo(6)(7) .

En este sentido la jurisprudencia ha hecho énfasis en que mediante la casación no se vuelve a juzgar al procesado cuya situación jurídica ya fue definida por los jueces de instancia, sino la legalidad del fallo, es decir si la decisión fue dictada con la estricta observancia del ordenamiento legal y constitucional (8) . En materia penal concretamente en casación no se discute la responsabilidad penal de la persona, sino el cumplimiento por el juez de la ley al emitir el fallo (9) .

A partir de las anteriores consideraciones la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como la de la Corte Suprema de Justicia ha señalado enfáticamente que la casación no puede en manera alguna considerarse una tercera instancia (10) .

Ahora bien, cabe precisar que la radical diferencia entre la casación y la instancia, se pone de manifiesto si se observa que la decisión del tribunal o Corte de Casación se contrae a casar o no casar la sentencia objeto de la misma. De tal suerte que, si se destruye el fallo de segundo grado por la prosperidad de la casación, se dice entonces que se realizó un iudicium rescinden, respecto de la sentencia impugnada y en ese momento, en principio, finaliza la labor del juez de la casación.

Pero, como la sentencia de segunda instancia fue destruida, se hace indispensable ahora su reemplazo, pues solo queda entonces en vigor la de primera instancia. Para dictar la sentencia sustitutiva de la que fue casada, es decir para volver a examinar la conducta que fue objeto de juzgamiento en la primera instancia, se realiza entonces un iudicium rescisorium, propio del juez ad quem. Esa función, en algunos países, como en Francia o en Italia, se cumple por un tribunal de igual jerarquía al que profirió la sentencia de segundo grado que se destruyó en casación, tribunal este al que se envía el proceso por la Corte de Casación para que profiera ese fallo, lo que se conoce como el reenvío del proceso, para que se dicte una nueva sentencia de segunda instancia. En Colombia, finalizada la casación con el iudicium rescindens, la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación, asume entonces una función adicional, la de proferir el iudicium rescisorium, es decir, la de dictar la sentencia de reemplazo o sustitutiva de la que fue destruida por la prosperidad de la casación (11) . Cabe recordar que al respecto el artículo 217 de la Ley 600 de 2000 establece que cuando la Corte Suprema de Justicia aceptare como demostrada alguna de las causales (12) propuestas procederá así: i) Si la causal aceptada fuere la primera —a saber cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial—; la segunda —a saber cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación—; o la de nulidad cuando esta afecte exclusivamente la sentencia demandada, casará el fallo y dictará el que deba reemplazarlo ii) si la causal aceptada fuere la tercera —a saber, cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad—, declarará en qué estado queda el proceso y dispondrá que se envíe al funcionario competente para que proceda de acuerdo a lo resuelto por la Corte.

De todo lo anterior se desprende que la labor del juez de casación está dirigida entonces a la salvaguarda del ordenamiento jurídico, a hacer efectivo el derecho material y las garantías fundamentales de las personas que intervienen en el proceso, en función no de la labor de juez de instancia sino de responsable de asegurar la legalidad de la sentencia que ha de proferirse.

3.2. La interpretación dada por la jurisprudencia constitucional al derecho a impugnar la sentencia condenatoria contenido en el artículo 29 superior.

3.2.1. De manera reiterada la Corte ha explicado que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas, al tiempo que sus principios fundamentales, a saber que i) nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa; ii) ese juzgamiento solo lo puede realizar el juez o el tribunal competente; iii) el juez o el tribunal competente debe realizar el juzgamiento con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio; iv) es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso, constituye una de las garantías esenciales en el Estado social de derecho (13) .

La Corte ha explicado, así mismo, que en materia penal existen garantías adicionales que la misma norma señala, lo cual se explica por tratarse de actuaciones que eventualmente pueden desembocar en la privación de la libertad. Por ello, además de los genéricos, los elementos del debido proceso penal a tener en cuenta son los siguientes: i) la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable; ii) toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable; iii) todo sindicado tiene derecho a la defensa; iv) todo sindicado tiene derecho a la defensa y asistencia de un abogado escogido por él, o designado de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; v) todo sindicado tiene derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; vi) todo sindicado tiene derecho a presentar pruebas; vi) todo sindicado tiene derecho a controvertir las pruebas que se alleguen en su contra; viii) todo sindicado tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria; ix) todo sindicado tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

En el mismo orden de ideas cabe recordar que conforme a lo dispuesto por el artículo 31 de la Carta, en plena armonía con el artículo 29 de la misma y para hacer efectiva la garantía constitucional al debido proceso, “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”. Lo que significa, entonces, que los procesos han de ser de dos instancias, a menos que la propia Constitución o la ley dispongan que la tramitación de algunos de ellos sea de única instancia, como ocurre por ejemplo en el juzgamiento de altos funcionarios del Estado por la Corte Suprema de Justicia o en aquellos casos en que, por razón de la cuantía así se disponga por el legislador.

Por ello la Corte ha precisado, que el principio de doble instancia no reviste uncarácter absoluto, pues no hace parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso pudiendo la ley consagrar excepciones al respecto.

Ha dicho la Corte:

“(E) principio de la doble instancia (C.P., art. 31) no reviste un carácter absoluto, pues no hace parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso, ya que la procedencia de la apelación puede ser determinada por el legislador de acuerdo con la naturaleza del proceso y la providencia, y la calidad o el monto del agravio referido a la respectiva parte” (14) . En ese orden de ideas, la ley puede consagrar excepciones a la doble instancia, salvo cuando se trata de sentencias penales condenatorias o de fallos de tutela, los cuales siempre podrán ser impugnados, según los artículos 29 y 86 de la Carta (15) .Esto significa que en materia penal, la Constitución ordena que todos los procesos sean de doble instancia, con la única excepción de aquellos casos en donde la propia Carta establece fueros especiales, que implican un juicio penal de única instancia, como es el caso de los congresistas, que son investigados y juzgados en única instancia por la Corte Suprema de Justicia. En estos fueros especiales, la garantía del debido proceso es lograda por el hecho mismo de que esos funcionarios son investigados penalmente por la más alta corporación judicial de la justicia ordinaria (16) .

Al respecto no sobra precisar igualmente que nuestra Constitución, en cuanto a la garantía a la doble instancia, en el proceso, guarda perfecta armonía con el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 16 de diciembre de 1966, cuyo artículo 14, numeral 5º, dispone que toda persona a quien se hubiere proferido un fallo condenatorio tendrá derecho a que este sea sometido a conocimiento de “un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”, pues, de esa manera, se controla la legalidad de la actuación del juzgador de primer grado.

De la misma manera, guarda también armonía la Constitución con la Convención americana sobre derechos humanos, cuyo artículo 8º, literal h), establece que el procesado tiene el derecho a “recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”, es decir, a que lo resuelto por el juez de conocimiento pueda ser objeto de un reexamen por otro juzgador que tenga la calidad de superior funcional del primero, para evitar la arbitrariedad e ilegalidad de la decisión.

3.2.2. Ahora bien, cabe destacar que dentro de los derechos que se establecen en el artículo 29 superior y que conforman el derecho al debido proceso, figura efectivamente como lo recuerda el actor el derecho a impugnar la sentencia condenatoria.

Sobre dicho derecho la Corte ha aclarado que el artículo 29 de la Constitución utiliza el verbo impugnar, que es genérico, y no se refiere a una forma de impugnar en particular. Como tampoco menciona recurso alguno.

Al respecto la Corte en la Sentencia C-142 de 1993 donde examinó la constitucionalidad de diversas normas de procedimiento penal mediante las cuales se regulaba el juzgamiento en única instancia de determinados ciudadanos (17) , y frente a las cuales se solicitaba la declaratoria de inexequibilidad “en cuanto la competencia en única instancia dada a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia desembocara en un fallo condenatorio, pues de producirse una sentencia absolutoria no habría problema en que el juzgamiento fuera en única instancia (18) , hizo las siguientes precisiones que resultan pertinentes para el caso que se analiza en el presente proceso.

Dijo la Corte:

“Como se ha visto, el artículo 29 de la Constitución establece que quien sea sindicado tiene, entre otros derechos, el de “impugnar la sentencia condenatoria” (la negrilla no es del texto).

Lo anterior nos lleva a definir qué se entiende por “impugnar la sentencia”.

Impugnar, según el Diccionario de la Lengua Española, publicado por la Real Academia Española, es: “Combatir, contradecir, refutar. || 2. Der. interponer un recurso contra una decisión judicial”.

Puede, en consecuencia, afirmarse que impugnar una sentencia es oponerse con razones a lo resuelto en ella, en general interponer un recurso. Si la sentencia es condenatoria, el condenado la impugnará para ser absuelto o, al menos, disminuir la pena.

Desde ahora conviene no olvidar que el artículo 29 utiliza el verbo impugnar, que es genérico, y no se refiere a una forma de impugnar en particular. Como tampoco menciona recurso alguno.

Hay que decir esto porque, como se verá, en el procedimiento penal colombiano existen diversos medios de impugnación de las sentencias” (19) .

En dicha sentencia la Corte al hacer el inventario de los diferentes mecanismos de impugnación ordinarios y extraordinarios ofrecidos por el ordenamiento jurídico colombiano respecto de las sentencias condenatorias en materia penal, hizo particular énfasis en el caso de la acción de revisión, cuyas características le permitieron afirmar que con dicha acción se cumple la exigencia de la Constitución relativa a la posibilidad de impugnar las sentencias condenatorias.

Dijo al respecto la Corte:

“Está, en primer lugar, la acción de revisión. Esta procede, al decir del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:

1. Cuando se haya condenado o impuesto medida de seguridad a dos o más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas.

2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.

3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.

4. Cuando con posterioridad a la sentencia, se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un hecho delictivo del juez o de un tercero.

5. Cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa. “6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria.

Lo dispuesto en los numerales 4º y 5º se aplicará también en los casos de cesación de procedimiento y preclusión de la investigación”.

(...).

Como se ve, no hay sentencia ejecutoriada que no sea impugnable mediante la acción de revisión.

Puede, en consecuencia, concluirse que con la acción de revisión se cumple la exigencia de la Constitución relativa a la posibilidad de impugnar las sentencias condenatorias.

Según la legislación anterior, la acción de revisión era un verdadero recurso, pues se denominaba “recurso extraordinario de revisión”. Y, no tenía, como no tiene hoy, límite de tiempo para su interposición.

En alguna oportunidad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, vigente el anterior Código de Procedimiento Penal, consideró que el recurso extraordinario de revisión, no era tal, sino una verdadera acción. Doctrina convertida hoy en legislación positiva. Pero, sea recurso o acción, para los efectos de este fallo lo mismo da, pues el resultado es igual, ya que indudablemente es un mecanismo de impugnación de la sentencia” (20) .

A ello cabría agregar que como lo ha explicado esta corporación si bien la acción de tutela no es en principio un mecanismo judicial idóneo para controvertir las providencias judiciales, en particular las que han hecho tránsito a cosa juzgada, sin embargo en los casos en que el juzgador incurre enuna vía de hecho contraria al orden jurídico preestablecido y violatoria de las garantías constitucionales y legales que integran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia (21) , se convierte en un mecanismo excepcional y extraordinario de impugnación de dichas decisiones (22) .

En efecto, siguiendo los argumentos expuestos por la Corte en la Sentencia C-543 de 1992 y reiteradas en posteriores pronunciamientos, cuando las actuaciones de las autoridades judiciales —incluida la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a que alude el actor—, se adelantan en abierto desconocimiento de la Constitución o las leyes, no pueden ser consideradas como compatibles con el debido proceso y, por tanto, garantizadoras de los derechos fundamentales de quienes se encuentran incursos en una situación jurídica concreta. En esos casos, se configura una “vía de hecho”, pues el proceder del operador jurídico “es más el resultado de una valoración subjetiva, caprichosa e infundada del asunto sometido a examen, que una consecuencia necesaria de la apreciación probatoria y de la aplicación concreta de la ley sustancial y procesal” (23) . En esas circunstancias, se justifica entonces la intervención del juez constitucional, en aras de lograr, a través de la tutela, la protección o el restablecimiento de los derechos afectados con la acción ilegítima de la autoridad (24) .

Dicha posibilidad de impugnar mediante acción de tutela decisiones adoptadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación ha llevado a la Corte en contadas y excepcionales ocasiones a conceder el amparo constitucional y a declarar la nulidad de las decisiones proferidas por dicha Sala en contravención de los principios constitucionales (25) .

3.3. Vigencia, contenido y alcance del artículo en que se contienen las expresiones acusadas.

Cabe precisar que durante el trámite del presente proceso fue expedida la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, del 31 de agosto de 2004, publicada en el Diario Oficial Año CXL Nº 45.658 del primero de septiembre de 2004.

El artículo 533 de dicha ley sobre “derogatoria y vigencia” establece:

“El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3º del artículo 235 de la Constitución Política (26) continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000.

Los artículos 531 y 532 del presente código (27) , entrarán en vigencia a partir de su publicación”.

Es decir que a pesar de la expedición de un nuevo Código de Procedimiento Penal, las normas contenidas en la Ley 600 de 2000 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” para la fecha en que se profiere la presente sentencia no han perdido vigencia y procede por tanto que la Corte se pronuncie sobre los cargos formulados en el presente proceso en contra del artículo 205 de la Ley 600 de 2000.

Ahora bien, el capítulo IX del título V sobre “actuación procesal” de la Ley 600 de 2000 regula la casación y concretamente su procedencia (art. 205), sus fines (art. 206) (28) , causales (art. 207) (29) , cuantía (art. 208) (30) , legitimación (art. 209) (31) , oportunidad (art. 210) (32) , traslado a los no demandantes (art. 211) (33) , requisitos formales (art. 212) (34) , calificación de la demanda (art. 213) (35) , principio de no agravación (art. 215) (36) , limitación de la casación a determinadas causales (art. 216) (37) , decisión (art. 217) (38) y término para decidir (art. 218) (39) .

En lo relativo a la procedencia de la casación el artículo 205 de la Ley 600 de 2000 —en cuyo primer inciso se contienen las expresiones acusadas por el actor— señala que la casación procede contra las sentencias (40) proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.

El segundo inciso de dicho artículo precisa que la casación se extiende a los delitos conexos, aunque la pena prevista para estos sea inferior a la señalada en el inciso anterior.

El tercer inciso dispone que de manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las mencionadas en los dos primeros incisos de dicho artículo, a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, y siempre que reúnan los demás requisitos exigidos por la ley.

3.4. La necesaria unidad normativa de las expresiones acusadas con el resto del primer inciso del artículo 205 de la Ley 600 de 2000.

Ahora bien, como en el presente caso el actor acusa solamente algunas expresiones contenidas en el primer inciso del artículo aludido cabe recordar que conforme a reiterada jurisprudencia (41) , la Corte de manera excepcional procede a integrar la unidad normativa entre las disposiciones acusadas y otros textos que no han sido demandados pero en relación con los cuales existe una unidad inescindible, cuando resulta materialmente imposible pronunciarse sobre la exequibilidad o inexequibilidad de las expresiones acusadas sin analizar globalmente los elementos esenciales del conjunto normativo del cual ellas forman parte (42) .

En ese orden de ideas, para la Corte es claro que las expresiones acusadas por el actor contenidas en el primer inciso del artículo 205 de la Ley 600 de 2000 que acaba de citarse, guardan una relación inescindible con el resto de dicho inciso al punto que, de declararse la inexequibilidad del referido segmento normativo la norma quedaría incompleta.

En efecto, de llegar a declararse inexequibles las expresiones acusadas (43) el texto restante, a saber “aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad”, carecería de sentido por lo que es claro que en el presente caso procede que la Corte se pronuncie sobre el conjunto del primer inciso del artículo 206 de la Ley 600 de 2000.

4. Análisis de los cargos.

4.1. El análisis de la acusación por la supuesta vulneración de los artículos 29 y 31 superiores.

Para el actor el aparte acusado del primer inciso del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, vulnera el artículo 29 superior porque —al permitirse que proceda la casación y se pueda llegar a proferir sentencia condenatoria cuando en las decisiones de primera y segunda instancia se haya absuelto al sindicado— se desconoce el derecho en él establecido a impugnar la sentencia condenatoria dado que contra la decisión que adopte la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no procede recurso alguno. Igualmente considera vulnerado el artículo 31 superior por cuanto en su criterio este debe interpretarse en concordancia con el artículo 29 superior en el sentido de no permitir al legislador en ningún caso descartar la impugnación de la sentencia condenatoria, por lo que en este caso considera que al no poderse interponer en la hipótesis que él formula ningún recurso contra la sentencia condenatoria que sustituye la sentencia absolutoria proferida en segunda instancia, se desconocen ambos artículos superiores.

Al respecto la Corte señala que, como se desprende de las consideraciones preliminares de esta sentencia, el actor sustenta su acusación en contra del primer inciso del artículo 205 de 2000 a partir de un entendimiento de la decisión adoptada por la Corte Suprema de justicia en las circunstancias que él invoca que desconoce la naturaleza y finalidades de la casación como mecanismo de impugnación extraordinario no asimilable —contrariamente a lo que él pretende—, a una nueva instancia, al tiempo que parte de un entendimiento de los artículos 29 y 31 superiores que no consulta su texto ni la interpretación que de ellos ha hecho la jurisprudencia constitucional.

4.1.1. En efecto, la Corte hace particular énfasis en que la actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de sus competencias en materia de casación, cuando casa la sentencia y está llamada a reemplazarla por una nueva decisión que atienda el ordenamiento jurídico, no puede asimilarse a una nueva instancia, frente a la cual cabría el recurso de apelación que el actor echa de menos en la hipótesis a que él alude.

Al respecto, no sobra precisar que la mención que se ha hecho en la jurisprudencia de la corporación a la actuación que cumple el juez de casación como superior del juez de instancia en relación con el respeto del principio de reformatio in pejus (44) no pueden interpretarse en el sentido de dar a la actuación del juez de casación en esas circunstancias el carácter de una nueva instancia con todas sus consecuencias y dentro de ella la posibilidad de apelar la decisión de reemplazo que este profiera en caso de casar la sentencia, pues es claro que quien adopta dicha decisión de sustitución es el juez de casación, en ejercicio de sus funciones como tal en materia de control de legalidad de la sentencia que ha sido proferida por el juez de segunda instancia y no un juez de instancia.

4.1.2. Ahora bien, la Corte llama la atención sobre el hecho de que cuando el artículo 29 superior incluye el derecho a impugnar la sentencia condenatoria dentro de las garantías que constituyen el debido proceso utiliza el verbo impugnar, que es genérico, y no se refiere a una forma de impugnar en particular. Tampoco hace mención específica de recurso alguno (45) .

En este sentido es claro que la acusación del actor basada en la supuesta obligatoriedad de la apelación como único mecanismo de impugnación que procedería en estas circunstancias (46) , se fundamenta en una interpretación del artículo 29 superior que no corresponde a la realidad.

En ese orden de ideas basta recordar que —cuando se dan claro está específicas y excepcionales circunstancias—, tanto la acción de revisión (47) como la acción de tutela (48) , constituyen mecanismos de impugnación de las decisiones judiciales.

Así las cosas, si bien se trata de mecanismos de impugnación excepcionales que solo operan en precisos supuestos, son mecanismos de impugnación de la sentencia condenatoria que llegue a proferirse por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la hipótesis a que alude el actor.

Afirmar entonces que en este caso se vulnera el artículo 29 superior porque no resulta posible impugnar dicha sentencia carece de fundamento.

4.1.3. En el mismo orden de ideas dado que como ya se explicó la actuación que adelanta el juez de casación cuando casa la sentencia de segunda instancia y dicta una nueva ajustada a la ley no constituye una nueva instancia debe enfatizarse que el artículo 31 superior mal puede considerarse conculcado en este caso como lo pretende el actor.

No sobra agregar que por lo demás el actor parte de un entendimiento incompleto del mandato contenido en el referido artículo 31 superior, pues si bien dicho artículo señala que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, precisa de manera inmediata que ello será así, “salvo las excepciones que consagre la ley” lo que significa claramente que el constituyente no estableció un principio absoluto en esta materia (49) y dejó al legislador la posibilidad de que en ejercicio de su potestad de configuración estableciera aquellos casos en los que sin perjuicio del respeto de todas las garantías ligadas al debido proceso (C.P., art. 29) solo se profiriera una decisión de instancia (50) .

Así las cosas ha de concluirse que la acusación formulada por el actor por la supuesta vulneración en este caso de los artículos 29 y 31 superiores no está llamada a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

4.2. El análisis de la acusación por la supuesta vulneración del artículo 13 superior.

Para el actor en el presente caso se vulnera el artículo 13 superior, por cuanto se establece en su criterio un trato discriminatorio para el sindicado que ha sido absuelto en primera y segunda instancia y condenado en casación y a quien se le niega el derecho de impugnar la única sentencia condenatoria proferida en su contra, mientras, que a los sindicados que han sido condenados en una o ambas instancias dicho derecho sí se les reconoce, y en este sentido afirma que “frente al derecho fundamental de impugnar la sentencia condenatoria es preferible ser condenado a ser absuelto en la primera y segunda instancia”.

Al respecto cabe recordar que esta corporación ha señalado de manera reiterada que en desarrollo del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política, corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones fácticas que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles (51) .

En el presente caso para la Corte es claro que no es comparable la actuación ante los jueces de instancia, que la actuación ante el juez de casación. Tanto la finalidad de dichas actuaciones, como los fundamentos de las decisiones que allí se adoptan son diferentes.

Como se explicó en los apartes preliminares de esta sentencia mediante la casación no se vuelve a juzgar al procesado cuya situación jurídica ya fue definida por los jueces de instancia, sino la legalidad del fallo, es decir si la decisión fue dictada con la estricta observancia del ordenamiento legal y constitucional (52) .

Las razones en que se fundamenta la sentencia condenatoria en uno y otro caso, también son diferentes. Mientras que en el caso de las decisiones de instancia ella surge de la valoración de los hechos y de la conducta de los particulares frente a las normas penales, en el otro ella surge de la valoración hecha a la actuación del juez.

Cabe reiterar que tampoco los jueces ante los que se actúa son los mismos. En un caso se trata del juez de instancia, en tanto que en el otro se trata de el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en lo penal.

No son pues situaciones fácticas idénticas a las que haya debido dársele el mismo tratamiento como pretende el actor para sustentar su cargo por la supuesta configuración en este caso de un tratamiento discriminatorio contrario a la Constitución.

Ahora bien, la Corte ha establecido en múltiples ocasiones que un tratamiento legislativo diferente no implica per se una violación del principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable.

Así frente a los supuestos planteados por el actor, la Corte constata que las disposiciones atacadas no solo establecen en este caso tratamiento diferente a situaciones distintas, sino que responden a los criterios establecidos por esta corporación para justificar la diferenciación que el legislador hace en ciertas circunstancias atendiendo elementos objetivos, razonables, proporcionados y que estén acordes con una finalidad constitucional legítima (53) .

La Corte llama la atención además, sobre el hecho de que, como válidamente lo señalan la mayoría de los intervinientes y el señor Procurador General de la Nación, si se accediera a la petición hecha por el actor en el sentido de descartar la procedencia de la casación en las circunstancias que él invoca y por tanto no se permitiera al Ministerio Público, a la fiscalía, a la víctima, o a los perjudicados con el hecho punible solicitar la casación de la sentencia absolutoria con el fin de que se corrija un eventual desconocimiento de la Constitución y la ley, se estaría no solo desconociendo el derecho a la igualdad de dichos intervinientes en el proceso penal sino su derecho al acceso a la administración de justicia en perjuicio de los derechos del Estado, de la sociedad, de la víctima o de los eventuales perjudicados con el hecho punible y con grave detrimento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación (54) .

Téngase en cuenta que en la hipótesis a que alude el actor en la que se impugna la sentencia absolutoria proferida en segunda instancia, quienes acuden en casación son los demás intervinientes en el proceso y es precisamente para asegurar el cumplimiento de los fines de la casación que se establece la posibilidad para la Corte Suprema de Justicia de casar la sentencia contraria a la ley y de proferir una nueva, sin que quepa contra ella un nuevo recurso.

Al respecto la Corte hace énfasis en que como se explicó en los apartes preliminares de esta sentencia, si bien el proceso penal como todo procedimiento previsto en la ley, debe adecuarse a las reglas básicas derivadas del artículo 29 de la Constitución instituido para asegurar la protección y realización del derecho material de las personas, ello no se predica solo respecto de los derechos del acusado sino de los de todos los intervinientes en el proceso penal a quienes junto al derecho al debido proceso debe garantizárseles el derecho también superior de la eficacia del acceso a la justicia (C.P., art. 229) (55) .

Ahora bien, no sobra señalar de otra parte que la persona a quien se le llegue a casar la sentencia en esas circunstancias, no se encuentre indefensa pues, no solo durante las instancias ha tenido la oportunidad de aportar pruebas, intervenir, y hacer valer sus derechos, sino que como lo señala el señor procurador durante la actuación en casación se le correrá traslado para que presente sus alegatos (56) .

Téngase en cuenta además que, como ya se explicó, en el ordenamiento jurídico se establecen mecanismos extraordinarios de impugnación de la sentencia que llegue a proferirse para aquellos eventos excepcionalísimos en que bien, se hace necesario dejar sin efecto una decisión injusta (57) dado que sea posible cuestionar la decisión judicial porque la realidad allí declarada no corresponde a la verdad objetiva o real, debido por ejemplo al surgimiento de hechos nuevos que no se conocieron durante el trámite del proceso penal (58) ; bien se hace necesario a través de la acción de tutela, la protección o el restablecimiento de los derechos afectados con la acción ilegítima de la autoridad (59) .

No es pues en manera alguna irrazonable ni desproporcionado que en las circunstancias atrás anotadas y en atención a la naturaleza de la casación, la decisión proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no pueda ser objeto de ningún recurso, contrariamente a lo que sucede en relación con las decisiones que adoptan los jueces de instancia.

Así las cosas ha de concluirse que tampoco asiste razón al actor en relación con el cargo formulado por el supuesto desconocimiento en este caso del principio de igualdad y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

4.3. La consecuente ausencia de vulneración de los demás textos superiores invocados por el actor.

Dado que el actor deriva de la supuesta vulneración de los artículos 13, 29 y 31 superiores, la consecuente vulneración del preámbulo y de los artículos 2º, 85 y 93 superiores, y que ha quedado establecido, como se desprende de las consideraciones hechas en la presente sentencia, que ni el principio de igualdad, ni el debido proceso ni el derecho a apelar o consultar las sentencias judiciales se vulnera con la regulación contenida en el primer inciso del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, es claro que la acusación formulada en este sentido por el actor carece igualmente de fundamento y en ese orden de ideas frente al conjunto de cargos así propuestos la Corte declarará la exequibilidad de dicho inciso y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el primer inciso del artículo 205 de la Ley 600 de 2000 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) La expresión “ejecutoriadas” fue declarada inexequible en la Sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz, A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis.

(2) Sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz, A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido ver entre otras las sentencias C-586 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz; C-1065 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-668 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, A.V. de los magistrados Jaime Araújo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa y Álvaro Tafur Galvis.

(3) Al respecto ha dicho la Corte que “Un análisis histórico y normativo muestra que el tribunal de casación no surgió para corregir todos los eventuales errores judiciales sino que su función es, si se quiere, más de orden sistémico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo, por lo cual ha sido denominada por algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia como “nomofilaquia” (3) . ¿Qué significa eso? Que para la definición de las controversias judiciales concretas el ordenamiento prevé las instancias, mientras que el papel de la Corte Suprema, como tribunal de casación, es primariamente asegurar la coherencia del ordenamiento legal, gracias a la unificación de los criterios de interpretación de la ley, para de esa manera, lograr la realización del derecho objetivo y asegurar el respeto a los principios de legalidad y de igualdad. Por eso, la casación no es una tercera instancia para enmendar cualquier yerro ocurrido en las instancias, sino un recurso extraordinario que pretende lograr la mayor coherencia posible del sistema legal, al lograr el respeto del derecho objetivo y una mayor uniformidad en la interpretación de las leyes por los funcionarios judiciales. Esto no significa obviamente que la reparación de la eventual injusticia de un caso concreto no tenga ninguna relevancia en la casación sino que, en cierta medida, y como lo ha resaltado Piero Calamandrei, este recurso extraordinario pone el interés que tiene el particular en que se corrija el agravio en su contra al servicio de la protección de la coherencia sistémica del ordenamiento. Así, el individuo tiene interés en atacar una sentencia ilegal o contraria a la jurisprudencia, a fin de evitar una decisión que le es desfavorable, y de esa manera, su actuación permite que el tribunal de casación anule la decisión contraria al derecho objetivo, y asegure así el respeto al ordenamiento”. Sentencia C-1065 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(4) Ver salvamento de voto de los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis a la Sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria.

(5) Morales Medina, Hernando. Técnica de Casación Civil.

(6) Ibídem.

(7) Sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz, A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis.

(8) Sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz, A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis.

(9) Sentencia T-1625 de 2000, M.P. Martha Sáchica de Moncaleano.

(10) En este sentido ver entre otras las sentencias C-586 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz; C-1065 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz, A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis; C-261 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-668 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, A.V. de los magistrados Jaime Araújo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa y Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia cabe recordar por ejemplo el auto, Sala de Casación Civil, 17 de febrero de 1992, expediente 3573; sentencia de la Sala de Casación Laboral, expediente 16747 del 10 de abril de 2002, M.P. Isaura Vargas; sentencia de la Sala de Casación Penal, M.P. Jorge Enrique Valencia M., aprobado acta 79, Santafé de Bogotá, D.C., julio diecinueve (19) de mil novecientos noventa y cuatro (1994); sentencia dentro del proceso 17255, Sala de Casación Penal, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, aprobado acta 201, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil uno (2001); sentencia del proceso 12442, Sala de Casación Penal, aprobado acta 35, M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll, Santafé de Bogotá, D.C., diez de abril de mil novecientos noventa y siete; sentencia del proceso 12350, Sala de Casación Penal, M.P. Jorge E. Córdoba Poveda, aprobado acta 50, Santafé de Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).

(11) Ver salvamento de voto de los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis a la Sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(12) ART. 207.—Causales. En materia penal la casación procede por los siguientes motivos:

1. Cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial. Si la violación de la norma sustancial proviene de error de hecho o de derecho en la apreciación de determinada prueba, es necesario que así lo alegue el demandante.

2. Cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación.

3. Cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad.

(13) Ver, entre otras las sentencias T-082 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-951 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(14) Ver Sentencia C-153 de 1995. M.P.(sic).

(15) Sobre este tema pueden consultarse las sentencias C-005 de 1993, C-019 de 1993, C-345 de 1993, C-017 de 1996.

(16) Sentencia C-040 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver en el mismo sentido la Sentencia C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(17) Las normas demandadas en ese proceso eran las siguientes:

Artículo 68, numeral 8º del Decreto 50 de 1987; artículo 68 (parcial) del Decreto 100 de 1980; artículo 319, numeral 2º, del Decreto 2250 de 1988; artículo 34 (parcial) del Decreto 2700 de 1991; artículo 45 (parcial) del Decreto 2700 de 1991; artículo 68, numeral 6º del Decreto 2700 de 1991; artículo 123, numeral 1º del Decreto 2700 de 1991; artículo 202 (parcial) del Decreto 2700 de 1991.

(18) Ver Sentencia C-142 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.

(19) Sentencia C-142 de 2003, M.P. Jorge Arango Mejía.

(20) Sentencia C-142 de 2003, M.P. Jorge Arango Mejía.

(21) Sentencia T-1169 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(22) Sentencia T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(23) Sentencia ibídem.

(24) Sentencia SU-1553 de 2000.

(25) Ver al respecto las sentencias T-678 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-728 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-082 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; SU-062 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; SU-1153 de 2000, M.P. Jairo Charry Rivas; SU-047 de 1999, MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero; T-474 de 1992, MM.PP. Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero.

(26) ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

(...).

3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.

(27) ART. 531.—Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos. Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años.

En las investigaciones previas a cargo de la fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la prescripción.

Estarán por fuera del proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos, las investigaciones por delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados y, además, los delitos de falsedad en documentos que afecten directa o indirectamente los intereses patrimoniales del Estado; peculado por apropiación; peculado culposo en cuantía que sea o exceda de cien (100) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; enriquecimiento ilícito de servidor público; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos; violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación; prevaricato; fraude procesal; hurto y estafa en cuantía que sea o exceda de cincuenta (50) salarios mínimos, mensuales, legales y vigentes cuando se afecte el patrimonio económico del Estado; homicidio agravado y delitos conexos con todos los anteriores. También se exceptúan todos aquellos delitos sexuales en los que el sujeto pasivo sea menor de edad y las actuaciones en las que se haya emitido resolución de cierre de investigación.

Los fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos anteriores, procederán de inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una sola decisión se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto.

Los términos contemplados en el presente artículo se aplicarán en todos los distritos judiciales a partir de la promulgación del código.

ART. 532.—Ajustes en plantas de personal en Fiscalía General de la Nación, rama judicial, Defensoría del Pueblo y entidades que cumplen funciones de policía judicial. Con el fin de conseguir la transición hacia el sistema acusatorio previsto en el Acto Legislativo 3 de 2002, se garantiza la presencia de los servidores públicos necesarios para el adecuado funcionamiento del nuevo sistema, en particular el traslado de cargos entre la Fiscalía General de la Nación, la rama judicial, la Defensoría del Pueblo y los organismos que cumplen funciones de policía judicial.

Al efecto, el Consejo Superior de la Judicatura podrá, dentro de los límites de la respectiva apropiación presupuestal, transformar juzgados penales municipales y promiscuos municipales en juzgados penales de circuito y juzgados y tribunales especializados.

El término para la reubicación de los servidores cuyos cargos se supriman, será de dos (2) años contados a partir de la supresión. Los nombramientos en estos cargos se harán con servidores de carrera judicial, o que estén en provisionalidad, que se encuentren en registro de elegibles, o por concurso abierto.

(28) ART. 206.—Fines de la casación. La casación debe tener por fines la efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación penal, la unificación de la jurisprudencia nacional y además la reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia demandada.

(29) ART. 207.—Causales. En materia penal la casación procede por los siguientes motivos:

1. Cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial. Si la violación de la norma sustancial proviene de error de hecho o de derecho en la apreciación de determinada prueba, es necesario que así lo alegue el demandante.

2. Cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación.

3. Cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad.

(30) ART. 208.—Cuantía. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a la indemnización de perjuicios decretados en la sentencia condenatoria deberá tener como fundamento las causales y la cuantía establecidas en las normas que regulan la casación civil, sin consideración a la pena señalada para el delito o delitos.

(31) ART. 209.—Legitimación. La demanda de casación podrá ser presentada por el fiscal, el Ministerio Público, el defensor y los demás sujetos procesales. Estos últimos podrán hacerlo directamente, si fueren abogados titulados y autorizados legalmente para ejercer la profesión.

(32) ART. 210.—Oportunidad. Incisos 1º y 2º declarados INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

Si la demanda se presenta extemporáneamente, el tribunal así lo declarará mediante auto que admite el recurso de reposición.

(33) ART. 211.—Traslado a los no demandantes. Presentada la demanda se surtirá traslado a los no demandantes por el término común de quince (15) días para que presenten sus alegatos.

Vencido el término anterior se remitirá el original del expediente a la Corte.

(34) ART. 212.—Requisitos formales de la demanda. La demanda de casación deberá contener:

1. La identificación de los sujetos procesales y de la sentencia demandada.

2. Una síntesis de los hechos materia de juzgamiento y de la actuación procesal.

3. La enunciación de la causal y la formulación del cargo, indicando en forma clara y precisa sus fundamentos y las normas que el demandante estime infringidas.

4. Si fueren varios los cargos, se sustentarán en capítulos separados.

Es permitido formular cargos excluyentes de manera subsidiaria.

(35) ART. 213.—Calificación de la demanda. Si el demandante carece de interés o la demanda no reúne los requisitos se inadmitirá y se devolverá el expediente al despacho de origen. En caso contrario se surtirá traslado al procurador delegado en lo penal por un término de veinte (20) días para que obligatoriamente emita concepto.

(36) ART. 215.—Principio de no agravación. Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal, el Ministerio Público o la parte civil, cuando tuviere interés, la hubieren demandado.

(37) ART. 216.—Limitación de la casación. En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas a las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Pero tratándose de la causal prevista en el numeral tercero del artículo 220, la Corte deberá declararla de oficio. Igualmente podrá casar la sentencia cuando sea ostensible que la misma atenta contra las garantías fundamentales.

(38) ART. 217.—Decisión. Cuando la Corte aceptare como demostrada alguna de las causales propuestas procederá así:

1. Si la causal aceptada fuere la primera, la segunda o la de nulidad cuando esta afecte exclusivamente la sentencia demandada, casará el fallo y dictará el que deba reemplazarlo.

2. Si la causal aceptada fuere la tercera, salvo la situación a que se refiere el numeral anterior, declarará en qué estado queda el proceso y dispondrá que se envíe al funcionario competente para que proceda de acuerdo a lo resuelto por la Corte.

(39) ART. 218.—Término para decidir. El magistrado ponente tendrá treinta (30) días para registrar el proyecto y la Sala decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes.

(40) La expresión “ejecutoriadas” fue declarada inexequible en la Sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz, S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis.

(41) Ver, entre otras las sentencias C-221 de 1997, C-320 de 1997 y C-204 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-010 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz; C-173 de 2001 y C-514 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-813 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-1031 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-251 de 2002, MM.PP. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández; C-373 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-642 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(42) Al respecto ha dicho la Corte: “Ahora bien, en determinados casos, la Corte debe estudiar una proposición normativa que fue acusada por un ciudadano, pero frente a la cual resulta materialmente imposible pronunciarse sobre su exequibilidad o inexequibilidad sin analizar globalmente los elementos esenciales del conjunto normativo del cual ella forma parte. En estos eventos, y con el fin de evitar un pronunciamiento inhibitorio, es válido que la Corte proceda a integrar la unidad normativa, siempre y cuando ello sea estrictamente necesario para examinar en debida forma las acusaciones formuladas en la demanda.

Algunos podrían objetar que esta posibilidad desborda la competencia de la Corte ya que, si es necesario establecer una unidad normativa para poder estudiar los cargos, es porque la demanda es inepta, pues el actor no habría acusado una proposición jurídica autónoma. Sin embargo, la Corte considera que este argumento no es de recibo, porque confunde dos fenómenos jurídicos diversos. Así, la proposición jurídica incompleta opera en aquellos casos excepcionales en que el actor no acusa una norma autónoma, por lo cual esta no puede ser estudiada, por carecer de sentido propio (42) . En cambio, en otros eventos, la demanda no es inepta, por cuanto el demandante verdaderamente impugna un contenido normativo inteligible y separable. Lo que sucede es que el estudio de ese contenido presupone el análisis de un conjunto normativo más amplio, por lo cual se hace necesaria la integración de una proposición jurídica mayor. Es pues diferente el caso de la demanda inepta, por falta de proposición jurídica inteligible, situación en la cual procede la inadmisión e incluso, excepcionalmente, la sentencia inhibitoria, de aquellos eventos en que el contenido normativo impugnado por el actor es inteligible y autónomo, pero no puede ser estudiado independientemente, por cuanto su examen remite inevitablemente al estudio del conjunto normativo del cual forma parte.

Con todo, se podría objetar también que mediante estas integraciones normativas, la Corte se convierte en una instancia de revisión oficiosa de toda la legislación, cuando la Constitución le atribuye otra función más específica: pronunciarse sobre las demandas ciudadanas. Según este razonamiento, una norma siempre hace parte de un conjunto normativo mayor, el cual a su vez hace parte de otros conjuntos mayores, que se interrelacionan entre sí hasta abarcar la totalidad del ordenamiento. Entonces, conforme a este argumento, una sola demanda obligaría a la Corte a estudiar todas las regulaciones legales, lo cual no es admisible, pues desvirtúa la función del control constitucional. Esta objeción es en parte válida, por lo cual la Corte entra a precisar el alcance excepcional de la unidad normativa en estos casos. Así, esta procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene un contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos jurídicos, que resulta imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones. En los otros casos, esto es, cuando la relación entre las proposiciones jurídicas no es tan estrecha, la unidad normativa no procede, salvo si la regulación de la cual forma parte la disposición acusada aparece prima facie de una constitucionalidad discutible. En efecto, si esa regulación mayor es constitucionalmente sospechosa, ineludiblemente debe la Corte examinarla, pues no podría declarar constitucional un aspecto de una determinada institución, si esta última puede ser globalmente inexequible.

La unidad normativa no opera entonces exclusivamente en los fallos de inexequibilidad, lo cual explica que esta corporación, en varias decisiones, haya extendido los efectos de una decisión de constitucionalidad a contenidos normativos que no habían sido formalmente demandados por el actor, pero cuyo examen era indispensable para poder pronunciarse de fondo sobre las disposiciones acusadas. Así, frente a una acusación parcial del artículo 45 del Código de Procedimiento Penal, la Corte concluyó que “aunque es solo una expresión la acusada de inconstitucional, dado que ella solo es inteligible dentro del precepto íntegro de que forma parte, y en vista de que las consideraciones que atrás quedan consignadas se refieren a la norma en su integridad, sobre esta versará el pronunciamiento de exequibilidad” (42) . Igualmente, frente a una demanda parcial del artículo 495 del estatuto procesal civil, la Corte concluyó que era necesario analizar la totalidad de la disposición, pues no solo “el aparte demandado constituye una unidad jurídica o un todo inescindible en relación con el texto integral de dicha norma” sino que, además, “de declararse la inexequibilidad del referido segmento normativo la norma quedaría incompleta, sin sentido. Porque básicamente este es parte importante y esencial de la regulación que el legislador quiso hacer” (42) .

5. Conforme a lo anterior, la Corte concluye que la unidad normativa es excepcional, y solo procede cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la corporación pueda decidir de fondo el problema planteado por los actores. Igualmente es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad”. Sentencia C-320 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(43) Los apartes resaltados son los que demanda el actor. ART. 205.—Procedencia de la casación. La casación procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aun cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.

(44) Al respecto por ejemplo la Corte en la Sentencia T-082 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil dijo lo siguiente: “Cabe precisar que la garantía constitucional de la no reformatio in pejus es aplicable no solo al juez de segunda instancia que conoce del recurso de apelación, sino también a la autoridad judicial a quien se le asigna la función de ejercer el control de legalidad de las decisiones judiciales, esto es, al tribunal de casación. Esta corporación, al interpretar el alcance del inciso segundo del artículo 31 de la Constitución Política, ha sido enfática en señalar que la prohibición según la cual “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, se extiende también a la labor desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, pues dicha institución, cuando opta por casar una decisión y dictar la respectiva sentencia sustitutiva, funge como tribunal de instancia y se convierte en juez “superior”, siendo este último la autoridad a la que hace expresa referencia la norma constitucional citada.

La vinculación de la Corte Suprema de Justicia a la prohibición de la reforma peyorativa, no pretende deslegitimar o hacer inoperante su función como tribunal de casación. En realidad, lo ha dicho esta corporación, lo que se persigue con la incorporación del precitado principio al trámite de casación, es hacer plenamente efectivas las garantías constitucionales que son aplicables al proceso de configuración de la pena, concretamente, cuando la Corte Suprema adquiere competencia para proferir un nuevo fallo...”.Sentencia T-082 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el mismo sentido ver, entre otras las sentencias T-474 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-1553 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(45) Sentencia C-142 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.

(46) Afirmación sustentada a su vez, como se verá, en una lectura incompleta y errónea del artículo 31 superior.

(47) ART. 220.—Procedencia. La acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:

1. Cuando se haya condenado o impuesto medida de seguridad a dos o más personas por una misma conducta punible que no hubiese podido ser cometida sino por una o por un número menor de las sentenciadas.

2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.

3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.

— Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-004 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; “en el entendido de que, de conformidad con los fundamentos 31, 36 y 37 de esta sentencia, la acción de revisión por esta causal también procede en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates. Igualmente, y conforme a lo señalado en los fundamentos 34, 35 y 37 de esta sentencia, procede la acción de revisión contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones”.

4. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por una conducta típica del juez o de un tercero.

5. Cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa.

6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria.

Lo dispuesto en los numerales 4º y 5º se aplicará también en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria.

(48) Ver al respecto las sentencias T-678 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-728 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-082 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; SU-062 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; SU-1153 de 2000, M.P. Jairo Charry Rivas; SU-047 de 1999, MM.PP. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero; T-474 de 1992, MM.PP. Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero.

(49) Ver entre otras, las sentencias C-040 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(50) No sobra precisar de otra parte que tampoco toma en cuenta el actor que en el mismo artículo 31 en su segundo inciso se establece que en esta materia el superior no podrá agravar la pena impuesta “cuando el condenado sea apelante único”, lo que significa que en aquellos casos en los que la apelación sea interpuesta además o solamente por los otros intervinientes en el proceso el principio de reformartio in pejus —que el actor de alguna manera alega igualmente como vulnerado— no opera y menos aún en la hipótesis que él invoca en la que de los que se trata es de una decisión absolutoria frente a la cual serán los demás intervinientes en el proceso quienes tendrán interés en la impugnación de la misma.

(51) Vid. T-02 de 1992 y T-230 de 1994, entre muchas otras.

(52) Sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz, A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis.

(53) Ver entre otras las sentencias C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-412 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-586 de 2001 y C-233 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-742 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, con aclaración de voto del magistrado Jaime Araújo Rentería. Sobre ese tema puede encontrarse así mismo un completo recuento en la Sentencia C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(54) Ver Sentencia C-228 de 2002, MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. En dicha sentencia se hicieron las siguientes consideraciones que resulta pertinente recordar “tanto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia —no restringida exclusivamente a una reparación económica— fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello solo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.

De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso:

1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos (54) .

2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.

3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito.

(55) Ver, entre otras, las sentencias C-648 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-154 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(56) Código de Procedimiento Civil, ART. 211.—Traslado a los no demandantes. Presentada la demanda se surtirá traslado a los no demandantes por el término común de quince (15) días para que presenten sus alegatos.

Vencido el término anterior se remitirá el original del expediente a la Corte.

(57) Corte Suprema de Justicia, Casación Penal, sentencia de julio 4 de 2002, Rad. 16831, M.P. Hernán Galán Castellanos.

(58) Sentencia C-252 de 2001, M.P. Carlos Gaviria Díaz, A.V. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido ver, entre otras, la Sentencia C-871 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(59) Sentencia SU-1553 de 2000.

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