Sentencia C-203 de 2011

Revista Nº 167 Sep.-Oct. 2011

Juan Manuel Charria Segura 

Charria Segura Abogados Asociados S.A.S. Gerente General 

El pasado 24 de marzo, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “no reúne los requisitos” contemplada en el artículo 49, inciso 3º de la Ley 1395 de 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. En la frase demandada se plantea que si la demanda de casación no contiene los requisitos señalados por la ley y expuestos por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, se declara desierto el recurso y se impondrá al apoderado judicial una multa de 5 a 10 salarios mínimos mensuales.

Demanda de inconstitucionalidad

El actor considera que se vulnera el artículo 13 de la Constitución ya que la norma acusada contempla una misma sanción para dos situaciones diferentes, como lo son una el presentar la demanda de casación sin los requisitos formales en la sustentación, cuya valoración es subjetiva, y la otra el presentarla extemporáneamente, que es un asunto objetivo, concluyendo que es inadmisible que estas situaciones tengan el mismo tratamiento. Además, se expone que el precepto acusado determina una carga injustificada sobre el recurrente que presenta una demanda, sin los requisitos legales, máxime si el Derecho Laboral es de orden público, proteccionista de los derechos de los trabajadores que, a diferencia del Derecho Civil, se refiere a controversias patrimoniales sin que exista en la casación civil una norma de esta naturaleza.

Respecto al artículo 229, el actor señala que la existencia de requisitos tan gravosos para la demanda de casación laboral restringe de forma injustificada la posibilidad que tiene un ciudadano para el acceso a la justicia; se convierte la Sala de Casación Laboral en una sala disciplinaria que sanciona a quienes no dieron forma apropiada al recurso.

Finalmente, respecto al artículo 29, señala que éste se vulnera ya que el precepto acusado no contempla recurso alguno contra la decisión que impone la multa por indebida presentación del escrito de solicitud de casación, afectando la dignidad de la profesión de abogado.

Problemas jurídicos

Igualdad: A pesar de la libertad de configuración legislativa, se vulnera el derecho a la igualdad al equiparar, con la misma consecuencia jurídica, tanto la presentación extemporánea del recurso como su formulación sin los requisitos legales, estableciendo una sanción en lo laboral no prevista en las demandas de casación civiles y penales.

Acceso a la administración de justicia: Se vulnera al imponer restricciones irrazonables o excesivas para quien pretenda recurrir en casación.

Debido proceso: Se vulnera al no haberse establecido un recurso contra la decisión que niega el trámite del recurso y lo declara desierto, imponiendo la respectiva sanción.

Análisis de constitucionalidad

(i) Libertad de configuración legislativa en materia procesal

Se divide en fijar las etapas de los procesos y establecer los términos, definir las competencias entre los diferentes entes del Estado, la regulación de los medios de prueba, definir los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, los poderes y deberes del juez, y configurar los recursos y medios de defensa de los administrados. Sin embargo, el poder de configuración legislativa está sometido al cumplimiento de valores y principios constitucionales como la dignidad humana, la igualdad, el orden justo, el acceso a la administración de justicia, el debido proceso; donde se obre de acuerdo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas para lograr la primacía del derecho sustancial y de los derechos fundamentales en el proceso judicial.

(ii) La igualdad y el poder de configuración legislativa en materia procesal

La igualdad es un elemento relevante que debe considerar el legislador al regular un ámbito de amplio poder configurativo como lo son los procesos judiciales. Donde se verifica que si existe un trato diferenciado, este debe ser proporcional y razonable con un propósito constitucionalmente legítimo que se evalúa a través del test de igualdad. En materia procesal, se alude a la igualdad en el acceso a la administración de justicia con las diferencias en cada caso, o la igualdad como manifestación del debido proceso, entre las partes civiles, laborales o penales, donde será la igualdad formal entre sujetos que merecen igualdad de trato o material si se ampara a través de discriminaciones positivas a determinados sujetos que participan en los procesos ante la rama judicial.

(iii) Derecho al acceso a la administración de justicia

El legislador, al configurar las formas, términos, derechos, cargas y obligaciones procesales, las características de cada juicio, los incidentes y los recursos, lo que concreta son los alcances y restricciones del derecho al acceso a la administración de justicia. Un derecho fundamental que es base para el ejercicio del debido proceso y representa un instrumento constitucional para realizar la convivencia pacífica.

(iv) Recurso de casación en la jurisprudencia constitucional

La casación es un recurso extraordinario que unifica la jurisprudencia nacional y la realización del derecho objetivo, es decir, el de proteger la ley; no es una tercera instancia, donde se impugnan sentencias judiciales.

La casación laboral se regula en los artículos 87 a 90 del CPL, requiere de un planteamiento lógico contra la sentencia acusada y es de orden constitucional según el artículo 35 de la C.P., donde las causales son constitucionales siempre que no vulneren el derecho sustancial.

La función de la casación laboral se debe considerar en sus condiciones de recurso extraordinario complejo como una garantía constitucional para estudiar la uniformidad y consistencia de las sentencias, de cara a la condición de sujeto de especial protección que tiene el trabajador. La casación laboral representa otra forma de proteger la equidad, igualdad material y la justicia en las relaciones laborales.

(v) Caso concreto

La Corte considera que el precepto acusado crea una figura jurídica hibrida, en la que se sanciona al apoderado judicial frente al incumplimiento de una carga procesal de presentar correctamente el recurso de casación laboral, buscando un uso racional del aparato judicial. Pero al sancionar al apoderado que presenta un recurso de casación en tiempo, pero sin cumplir los requisitos legales, es arbitrario e irrazonable y por tanto vulnera la igualdad, ya que lo que esta situación desconoce es la carga procesal, mas no un deber u obligación procesal cuyas consecuencias son solamente el declarar desierto el recurso y no lo previsto en el artículo 49 inciso 3º de la Ley 1395 de 2010. El imponer una multa entre 5 y 10 salarios mínimos es inconsistente con la naturaleza jurídica reconocida que es la carga procesal de sustentar debidamente el recurso.

Para la Corte, el ejercicio antitécnico de las facultades procesales no puede convertirse en un hecho reputado como ilícito, merecedor de sanciones de cualquier índole, configurando una eventual responsabilidad objetiva la cual está proscrita en Colombia.

Conclusión

Con el análisis de la providencia mencionada, que declara inexequible la frase demandada del inciso 3º del artículo 49 de la Ley 1395 de 2010, se permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia ya que la norma acusada restringía —de manera irrazonable y excesiva— la posibilidad de presentar recursos de casación en materia laboral, máxime si los conflictos en materia laboral son entre empleadores y trabajadores, lo cual excluiría que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, lograra

unificar su jurisprudencia.

Sentencia C-372 de 2011

El 12 de mayo del año en curso, la Corte Constitucional, en comunicado de prensa 21, declaró inexequible el artículo 48 de la Ley 1395 del 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. En el artículo demandado que modificaba el artículo 86 del CPL, señala que, a partir la vigencia de la presente ley, solo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de 220 veces el salario mínimo legal mensual vigente.

Problemas jurídicos

Se estudia si el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010 vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política, de una gran mayoría de trabajadores colombianos cuyo ingreso asciende a un salario mínimo.

Análisis de constitucionalidad

La Corte señala que los instrumentos judiciales para el goce de los trabajadores deben ejercerse en la práctica. La libertad de configuración legislativa está limitada por la realización del derecho sustancial y la razonabilidad de la medida. El aumentar el monto de la cuantía de la casación laboral, si bien busca la descongestión judicial, no satisface el juicio de razonabilidad, máxime en materia laboral, que implica la determinación del alcance de las garantías de los trabajadores y la vigencia de sus derechos fundamentales como el trabajo y la seguridad social. Se aumenta drásticamente la cuantía, a saber en un 83%, para acudir en casación, cerrando así el acceso a la mayoría de los procesos laborales sin explicación par parte del legislador.

Conclusión

La Corte Constitucional acierta al declarar la inexequibilidad de la norma acusada, ya que es evidente que la misma consagra una restricción irrazonable y desproporcionada en la cual se presenta un exceso en la libertad de configuración legislativa al consagrar una cuantía muy alta y que está fuera del alcance de los trabajadores colombianos.