Sentencia de junio 13 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CRÉDITO DOCUMENTARIO

ETAPAS

EXTRACTOS: «2.1. Analizadas en orden lógico y cronológico las diversas fases o etapas que se recorren en el llamado crédito documentario, se encuentra ab initio, un contrato fundamental o subyacente (que originalmente fue el de compraventa, pero que bien puede ser otro, como el de fletes o el de prestación de servicios), contrato en el cual el vendedor y el comprador acuerdan que el precio se pague al primero de parte de un banco, previa presentación de unos documentos determinados para acreditar el cumplimiento por ese vendedor de las obligaciones pactadas en el contrato originario o fundamental.

En desarrollo de lo pactado, surge entonces, como segundo eslabón, el contrato de apertura de crédito documentario (C. Co., art. 1408), en virtud del cual el comprador en el contrato originario (deudor), solicita a un banco la apertura de ese crédito, con indicación específica de las instrucciones para que pague a un beneficiario determinado una suma de dinero, o para que pague, acepte o negocie letras de cambio giradas por el beneficiario, pero siempre de conformidad con las instrucciones impartidas para el efecto, en las cuales se determinan los documentos que el acreedor ha de presentar al banco ordenado, así como las demás condiciones y términos establecidos por el ordenador.

En tercer lugar, el banco ordenado se transforma en emisor de la carta de crédito al beneficiario, con quien adquiere una obligación autónoma y propia, de pagar una suma de dinero, o de pagar, aceptar o negociar letras de cambio, según lo hubiere convenido con el ordenante y conforme a las instrucciones de éste, entre las cuales se encuentra la presentación de los documentos exigidos en la propia carta. Como se ve, en ella se adquiere una obligación o un crédito condicional, y se constituye en instrumento de ejecución del contrato de apertura de crédito documentario que le antecede. En consecuencia el banco emisor se obliga de modo directo hacia el beneficiario o cesionario de la carta de crédito, conforme a los principios de la autonomía y la literalidad que le son propios (arts. 1408 y 1415 del C. de Co.), en razón de los cuales el banco actúa en nombre propio aunque por cuenta ajena (art. 1287 C. de Co.) y como obligado, para con el beneficiario o cesionario de esa carta de crédito, de la cual son acreedores, siempre y cuando cumplan literalmente los requisitos exigidos en la carta de crédito, en la que deben señalarse los documentos que debe presentar el tenedor legítimo de la misma al momento de su utilización (art. 1408 C. de Co.).

2.2. Ahora bien, como el simple y exclusivo acuerdo mediante el cual un cliente encarga al banco la expedición de una carta de crédito bajo sus “instrucciones”, envuelve la asunción de un comportamiento a cuenta de aquél, ese tipo específico de encargo por instrucciones (independientemente de la complejidad negocial), “se gobiernan por las reglas propias del mandato”, diferente “a la naturaleza de la carta de crédito” (Sent. 459, dic. 7/89). Por tal virtud entonces el ordenante adquiere para con el banco ordenado que posteriormente emite la carta de crédito, la obligación de reembolsar lo pagado al beneficiario y todo otro gasto razonable en que hubiere incurrido al actuar para con este último en nombre propio pero por cuenta del ordenante, es decir, en desarrollo de un mandato sin representación, y, más concretamente en cumplimiento del contrato de comisión, especie de mandato comercial en que se actúa en nombre propio pero por cuenta ajena (art. 1287 C. de Co.), lo que explica suficientemente la autonomía de las relaciones jurídicas entre el banco y el beneficiario de la carta de crédito, y, además, la independencia de las que surgen entre ordenador y el banco aceptante en el contrato de apertura de crédito documentario.

3. Descendiendo al caso sub examine, encuentra la Corte que en esta censura, de acuerdo con la decisión atacada, no se integró la proposición jurídica correspondiente, ni se ajustó a la técnica de la violación directa.

3.1. De acuerdo con la decisión atacada, parece obvio que el ordenante (mandante) ha de reembolsar al banco (mandatario comisionista), los gastos que éste razonablemente hubiere realizado en ejecución del mandato, obligación que surge en el derecho positivo vigente, de lo preceptuado por el artículo 2184 del C. C., numerales 2º y 5º, conforme a los cuales el reembolso ha de ser total y en forma que el mandatario no sufra ningún desmedro patrimonial por causa o con ocasión del mandato, a menos que medie en ello culpa de su parte. Tales disposiciones legales, son aquí de forzosa aplicación, por imperativo designio del artículo 2º del C. de Co., no obstante lo cual el censor no las denuncia como quebrantadas, lo que deja el cargo sin ninguna posibilidad de prosperidad ya que la proposición jurídica no se integró, como lo exige la ley.

Lo anterior obedece a que dicha norma es la que autoriza el derecho sustancial que en el cargo se dice lesionado, para obtener el reembolso de la suma pagada con la cancelación de la carta de crédito expedida por orden y cuenta de la parte demandada».

(Sentencia de junio 13 de 1991. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta).

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