Sentencia de marzo 4 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

ACCIÓN DE TUTELA

SÓLO SE EJERCITA UNA VEZ

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Romero Sierra

Santafé de Bogotá, D.C., cuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos.

En ejercicio de la acción de tutela, Sergio Camargo solicita, por el precedente escrito, que por esta corporación se “suspenda o revoque” la providencia de 12 de julio de 1991, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en el proceso ejecutivo de Sergio Camargo contra Manufacturas de Cemento S.A., del que conoció en primera instancia el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de dicha capital, con lo cual se impidió el cumplimiento de las sentencias proferidas en razón del juicio ordinario que, entre las mismas partes, se tramitó en el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito, cuyo fallo de 28 de febrero de 1979 confirmó el mismo Tribunal por el suyo de 20 de agosto de 1980.

Solicitó además que se condene solidariamente al “Estado Colombiano o Nación--Ministerio de Justicia” y a los demandados (Magistrados componentes de la Sala de Decisión de donde emanó el susodicho auto) a indemnizarle, por fallas en el servicio público de la administración de justicia, las sumas de $ 10.000.000 por lucro cesante y $ 3.000 000 por daño emergente.

Pues bien, con respecto a dicha solicitud observa la Corte:

a) Con anterioridad ya el señor Sergio Camargo había incoado idéntica acción de tutela, tal como resulta del cotejo que se haga con la que contiene el escrito que obra en este mismo cuaderno a folios 1 a 4. No sólo coincide en el petitum, sino con los fundamentos fácticos entonces expuestos.

b) En la ocasión anterior se dispuso, primeramente, por auto de 16 de diciembre postrero, que corrigiese la solicitud que se ofrecía ininteligible, por las razones allí plasmadas. Y, como el término concedido para tal fin, transcurrió en silencio, la Corte, con apoyo en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, rechazó de plano la petición de tutela.

Por modo que para decidir lo que ahora corresponda, se considera:

1. El derecho de tutela, está dicho varias veces, no es un mecanismo que permita replantear las controversias judiciales que han sido ventiladas por las vías comunes u ordinarias, las que ciertamente también garantiza la Constitución Nacional.

Dicho en un lenguaje elíptico, la tutela no tiene un carácter sucedáneo ni complementario. Lo primero, porque no puede reemplazar o suplantar los cauces comunes y corrientes; lo segundo, porque no es herramienta de más para alcanzar lo que otrora no se consiguió o no se intentó conseguir.

De suerte que su procedencia está sujeta a que no se estructure ninguna de las eventualidades consagradas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, entre las que cabe destacar ahora, por lo que hace al caso concreto, la de que es inadmisible cuando el peticionario dispone de otros medios judiciales, si ya no es, según la salvedad prevista a renglón seguido, que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Tales razones conducen de suyo a desembocar en la conclusión de que, hablando de la tutela, se está enfrente de un instrumento excepcional por antonomasia.

2. Pónese rápidamente al descubierto, así, que el ejercicio de la tutela no ha podido establecerse de manera tal que en el punto imperase el arbitrio del peticionario. De allí que el decreto mencionado viniese a reglamentar todo lo concerniente en la materia, a cuya observancia debe sujetarse todo el que en ella busca la protección efectiva de los derechos fundamentales contemplados en la Carta Política. Trátase, pues, de un terreno vedado para el proceder antojadizo del petente.

Precisamente porque el legislador estuvo atento a que la bondad de la tutela no se malograra por los meandros de su utilización irresponsable, es por lo que consagró, entre otras previsiones al efecto, que el ejercicio repetido de la tutela constituye temeridad (art. 38), adviniendo, subsecuentemente, el rechazo o la decisión desfavorable a todas las solicitudes; y si es un abogado el que incurre en tal conducta “será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años”, por fuera de que si reincide se le cancelará la misma.

Todo, claro está, y como no podría ser de manera diversa, sin perjuicio de otros efectos jurídicos, como podrá ser, en su caso, el que halle venero en la responsabilidad penal por la manifestación que, avalada con el juramento, se debe hacer al interponerse la acción de tutela (inciso 2º del artículo 37 ibídem).

3. Traduce, pues, que, respecto de unos mismos hechos y razones, no puede el accionante de la tutela emplearla sino por una sola vez. Hecho lo cual decae su oportunidad y se le cierra la posibilidad de pedir que sobre ella se vuelva.

Reglamentación que se antoja inmejorable, pues no estaría puesto en razón que, de cara a un instrumento tan excepcional, pudiera anidarse la actitud persistente, reiterativa y hasta tozuda, por que de admitirse esto, se tornaría en “un elemento portador del caos, y responsable, por consiguiente, de la inseguridad social y jurídica que a buen seguro generaría...”. (Sentencia de 23 de enero de 1992, dictada en la tutela que impetró Melania Arias Limas y otras).

Es indebido, entonces, que la tutela sea ensayada en un número plural de veces. Ya porque se haga mediante la presentación simultánea de varias solicitudes. Ya, con incomparable mayor razón, si es que se hace de manera sucesiva, y justamente cuando han resultado frustráneas las presentadas con antelación. En uno y otro caso, por igual, se desdibuja, por decir lo menos, la teleología de la tutela. En ambos, subsecuentemente, caben las mismas consecuencias.

4. La segunda de las hipótesis que vienen de expresarse, es la que aquí se ofrece. Conforme a la sinopsis que ya se hizo, el mismo ciudadano, aduciendo los mismos hechos y los mismos fundamentos, la suplica dos veces. En pretérita ocasión se le ordenó, por ser confusa y farragosa su solicitud, que la corrigiera, concediéndosele tres días para ello. No lo hizo, y de ahí su rechazo de plano con arreglo a lo que prescribe el artículo 17 ejusdem.

He ahí, patentizada, la eventualidad objeto de análisis. Si quien supuestamente ha de estar padeciendo la vulneración de un derecho fundamental, o, lo que no es menos grave, la atisba inminente por la amenaza que se cierne, no revela así —pues no otra cosa es dable deducir de su actitud desidiosa al hacer caso omiso de la corrección ordenada—, ahí no puede verse más que el incorrecto uso de la acción de tutela. Lo menos que puede pensarse es que en realidad no la ha menester, o que habiéndolo sido en el pasado ya no lo es hoy; en últimas, que desiste de ella.

5. Afluye como corolario que esta segunda solicitud de tutela, según lo ampliamente elucidado, debe rechazarse, ordenándose la remisión de copias de lo pertinente a la justicia penal, a fin de que, si lo estima del caso, adelante la investigación concerniente a las consecuencias de carácter penal a que alude el inciso segundo del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

6. Y la indebida utilización de la tutela no sólo se pone de manifiesto por su ejercicio repetido; pues el caso se revela propicio para puntualizar, de otro lado, que por el camino de ella no debe ni puede hacerse lo que no se hizo en el juicio respectivo, como aquí lo ensaya equivocadamente el peticionario, quien, según las copias arrimadas en este trámite, no cumplió con lo que se le ordenó en el auto inadmisorio de la demanda ejecutiva que promovió contra Manufacturas de Cemento S.A., y de ahí que se rechazara entonces, lo que el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá confirmó por el auto que se menciona, o sea el de 12 de julio de 1991. La razón de la providencia que se pide tutelar jamás se puede encontrar, así, en la transgresión de derechos constitucionales fundamentales, y sí más bien en la contumacia.

Por lo dicho, se resuelve:

1. Recházase la tutela referenciada en la parte motiva,

2. Compúlsense las copias que, con arreglo a lo dicho, deben enviarse a la justicia penal competente.

Notifíquese esta decisión por telegrama.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Eduardo García Sarmiento—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero—Rafael Romero Sierra. 

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