Sentencia de octubre 2 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DECLARACIÓN DE PATERNIDAD EXTRAMATRIMONIAL

CADUCIDAD DE LOS EFECTOS PATRIMONIALES

Magistrado Ponente:

Dr. Héctor Marín Naranjo

Santafé de Bogotá, D.C., dos de octubre de mil novecientos noventa y dos.

Se despacha por la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, que data del treinta (30) de agosto de mil novecientos noventa (1990), proferida dentro del proceso ordinario donde son demandantes Juan de Dios, Carmen Sofía, José de Jesús, Olga Cecilia, Luis Fernando, Heriberto, Nohelia y Susana Vera Acosta, como hijos legítimos de Juan Bautista Vera; y demandados Victoria Barrera de Rueda, Eugenia Ribero Barrera de Gomezese, Manuel Ribero Barrera, Marina Ribero Barrera de Torres, y herederos indeterminados de Marco Aurelio Barrera Silva.

Antecedentes

En demanda cuyo conocimiento asumió por reparto el Juzgado 2º Civil del Circuito de San Gil, la parte demandante pidió que con citación y audiencia de los demandados ya nombrados y previos los trámites de un proceso ordinario, se declarase que Juan Bautista Vera, ya fallecido, era hijo extramatrimonial del causante Marco Aurelio Barrera Silva, y que, en consecuencia, se dijese que son sus herederos por representación, con derecho a concurrir con los demás legitimarios en la mortuoria de Barrera Silva, y se tomasen las determinaciones consecuenciales, enumeradas en la demanda.

Esas pretensiones se apoyaron en los hechos que así se resumen:

En el municipio de Páramo, el 5 de mayo de 1927, Luciana Vera dio a luz a Juan Bautista Vera, a quien Aurelio Barrera, su padre natural siempre le prodigó los cuidados propios de tal parentesco, lo que trajo como consecuencia que el vecindario y los habitantes del Valle de San José y Páramo, así lo consideraran. En una ocasión le escrituró la finca denominada “El Fical”.

En 1951, Juan Bautista Vera contrajo matrimonio con Cecilia Acosta y de esa unión nacieron los demandantes.

Juan Bautista Vera falleció el 24 de agosto de 1971, y Aurelio Barrera Silva el 3 de mayo de 1985, por lo que, en virtud de la representación los hijos legítimos de aquél tienen derecho a recoger la herencia de este último.

En el proceso sucesorio de Aurelio Barrera Silva figuran como herederos los aquí demandados, al igual que la cónyuge supérstite Abigaíl Duarte de Barrera.

Admitida la demanda anterior y corrida en traslado a los demandados, estos la replicaron oportunamente oponiéndose a las pretensiones en ella deducidas, para lo cual negaron los hechos fundamentales de la misma.

Adelantada la primera instancia, el juzgado del conocimiento tomó la determinación cuya parte resolutiva es como sigue:

“1. Declarar que el señor Juan Bautista Vera . . . era hijo extramatrimonial del señor Marco Aurelio Barrera Silva ..., y como tal tenía derecho a heredarlo.

2. Declarar que los hijos legítimos de Juan Bautista Vera (fallecido) ..., son herederos legitimarios del señor Marco Aurelio Barrera Silva, en virtud del derecho de representación que les asiste consagrado en el artículo 1041 del Código Civil.

3. Ordenar rehacer la partición de la sucesión del causante Marco Aurelio Barrera Silva, tramitada en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil para que se les reconozca los derechos herenciales que correspondan a los demandantes Juan de Dios, Carmen Sofía, José de Jesús, Olga Cecilia, Luis Fernando, Heriberto, Nohelia y Susana Vera Acosta.

4. Decretar que los demandados están obligados a entregar a los demandantes las cosas hereditarias que les sean adjudicadas en el momento de rehacer la partición(...).

5. (...).

6. (...).”

La sentencia de segunda instancia

Apelada la anterior decisión por la parte demandada, el Tribunal, en el fallo que es materia del presente recurso, la modificó en estos términos:

“1. Confirmar el punto 1º del fallo recurrido(...).

2. Revocar los numerales 2º, 3º y 4º de la antes dicha sentencia.

3 . Modificar el numeral S º en el sentido de que las costas a cargo de los demandados será de un setenta por ciento (70%).

4. (...)”.

Para arribar a la anterior decisión, el Tribunal, a vuelta de reseñar los antecedentes del proceso empieza la parte considerativa de su fallo comentando, en líneas generales, la posesión notoria del estado de hijo como causal de investigación de la paternidad natural, para ocuparse luego del análisis de la prueba acopiada. Hecho ello, concluye que “el juzgado no desacertó en la conclusión de dar por demostrada la presunción de paternidad natural por posesión notoria”. Pero, a renglón seguido, advierte que “en lo atinente a la caducidad de los efectos patrimoniales consecuenciales de la anterior declaración de paternidad, no comparte . . . el criterio esbozado por el a quo toda vez que considera se produjo dicha figura jurídica, habida cuenta la fecha de fallecimiento de Juan Bautista Vera y la época en que fueron notificados los demandados en este proceso”.

Luego reproduce un concepto doctrinario relativo a la caducidad, una pauta jurisprudencial acerca de su declaratoria de oficio, así como el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, para entonces anotar que “mientras no entró en vigencia la Ley 29 de 1982 que consagró la igualdad de derechos hereditarios de la filiación extramatrimonial con la filiación legítima, era indiscutible que para que no se produjera la caducidad de los efectos patrimoniales, el presunto hijo tenía la obligación de haber demandado y notificado dentro de los dos años siguientes a la defunción del pretendido padre su acción de paternidad natural”. En apoyo de su punto de vista trae a cuento lo expresado por la Corte en las sentencias que datan del 29 de abril de 1975 y del 2 de abril de 1973.

Expresa seguidamente que el presunto hijo extramatrimonial Juan Bautista Vera falleció el 24 de agosto de 1971, quien es el padre legítimo de los demandantes; y que el presunto padre natural murió el 3 de mayo de 1985, o sea 13 años después, por lo que la acción de filiación “no puede producir efectos patrimoniales, ya que ha transcurrido más del bienio desde el fallecimiento del presunto hijo, tal como lo consagra el artículo 10 de la Ley 75 de 1968”.

Concluye, pues, que de la sentencia impugnada se deben revocar los numerales 2º, 3º y 4º por no producir la declaración de filiación efectos patrimoniales.

La demanda de casación

Un solo cargo con apoyo en la causal 1ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, dirige en ella la parte recurrente en contra de la sentencia anterior, a la que acusa por la violación del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, y de la de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 29 de 1982, y 1041, 1042, 1043, 1044, 1226, 1239, 1240, 1241, 1242, 1253, 1276, 1321, 1322 y 1323 del Código Civil.

Al sustentarlo, advierte el impugnante que:

“... tanto algunos tratadistas como la propia jurisprudencia de la Corte han sostenido que cuando el hijo natural fallece antes que su padre presunto, entonces, los herederos de aquel, a quienes se transmite la acción de investigación de la paternidad, para que el fallo favorable produzca efectos patrimoniales, deben notificar el auto admisorio de la demanda dentro de los dos años siguientes a la muerte del hijo”.

Pasa después a exponer las razones que, en su sentir, “actualmente propician una mejor interpretación del artículo 10 de la Ley 75 de 1968”.

Al plantear la primera empieza por señalar que la Corte, en su sentencia del 1º de octubre de 1945 aceptó doctrinariamente que muerto el padre, la acción de investigación podía proponerse contra sus herederos, tesis jurisprudencial que quedó consagrada en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, el cual transcribe destacando lo dispuesto en su inciso 3º, para entonces anotar que “desde la vigencia de la citada Ley 75 de 1968, quedaron copados los vacíos que en el punto presentaba la Ley 45 de 1936 y que después de iniciales vacilaciones fueron llenados por jurisprudencias en un todo favorables al hijo natural”.

En la segunda razón dice que si el presunto padre muere, por disposición del cuarto inciso del artículo 10, para que el fallo que declare la paternidad produzca efectos patrimoniales, el auto admisorio debe ser notificado a los herederos y al cónyuge del padre natural dentro de los dos años siguientes a la muerte de éste. Ahora bien, argumenta, como hoy no se pone en duda que fallecido el presunto hijo natural la acción de filiación que a éste competía se transmite a sus ascendientes y a sus descendientes (arts. 1º y 2º de la Ley 29 de 1982), y no meramente a los descendientes legítimos como lo establecía el inciso 3º del artículo 10 de la Ley 75, se pregunta por la razón de justicia o equidad, de orden social o moral, o de simple lógica jurídica que habría “para que los causahabientes del hijo natural fallecido no tengan el derecho cierto que éste tenía para demandar en cualquier tiempo, sin plazo que lo limite temporalmente, la investigación de la paternidad extramatrimonial mientras esté vivo el presunto padre”. Observa que si el propio hijo no tiene limitación alguna estando vivo el padre, no se ve por qué había que limitar a sus ascendientes o descendientes en vida del presunto padre.

Al exponer la tercera razón manifiesta que de la lectura atenta del inciso final del artículo 10 y de su relación con las partes restantes del mismo, “se llega, sin esfuerzos, teniendo como mira de interpretación el propósito legislativo de mejorar la condición de la familia extracontractual (sic), que el bienio dentro del cual debe hacerse la notificación del auto admisorio de la demanda de filiación, se cuenta, en las dos hipótesis allí contempladas, a partir de la defunción del presunto padre y, en ningún caso, a partir de la muerte del hijo(...)”.

Tras una glosa al sentido que tradicionalmente se le ha dado al último inciso del artículo 10, sostiene que:

“ . . . lo que en verdad expresa el citado texto legal, es que la sentencia que declare la paternidad cuando por haber muerto el presunto padre la demanda se propuso contra sus herederos y su cónyuge, o cuando por haber fallecido el hijo la acción de filiación natural se incoó por sus descendientes o sus ascendientes, sólo producirá efectos a favor o en contra de quienes fueron parte en el proceso “y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción” del presunto padre”.

Llama la atención sobre el texto que tendría la norma si se hubiera querido comprender tanto la muerte del padre como la del hijo para observar luego que “si el padre presunto está vivo, no existe la menor razón para constreñir a los descendientes del hijo a que tengan que demandar la filiación dentro de los dos años siguientes”, punto de vista que refuerza luego anotando que el inciso tercero del artículo 10, que contempla el caso de la muerte del hijo, “no se inscribió para fijar el inicio de otra caducidad, sino para consagrar legislativamente, y de manera expresa, que el derecho concedido al hijo extramatrimonial para investigar la paternidad no es derecho personalísimo suyo, que se extinga con su muerte, sino que por su fallecimiento se transmite a sus descendientes y a sus ascendientes”.

Expone a continuación que no se puede olvidar que la acción de petición de herencia, inclusive para los hijos extramatrimoniales cuando a ella tienen derecho, prescribe en 20 años. Reitera que el cónyuge y los herederos del presunto padre tienen derecho a que la demanda de filiación se les notifique dentro de los dos años siguientes a la muerte de éste, y que, del mismo modo, los descendientes del hijo natural tienen derecho a promover la acción de investigación de paternidad y a obtener un fallo con efectos patrimoniales, siempre que el auto admisorio de la demanda haya sido notificado dentro de los dos años siguientes a la defunción del presunto padre.

Después anota que:

“... si estando en vigor la Ley 45 de 1936, nunca se puso en tela de juicio que mientras estuviera vivo el presunto padre podía promoverse, en cualquier tiempo, la acción de investigación de la paternidad natural, con más razón ahora ha de sostenerse igual tesis, pues la Ley 75 de 1968 en ningún momento trató de menoscabar los derechos de la descendencia extramatrimonial, y porque la Ley 29 de 1982 no sólo concedió los mismos derechos a todos los hijos y expresamente igualó los derechos hereditarios de todos estos, sino que, de manera explícita, en su artículo 3” facultó a la descendencia extramatrimonial y no exclusivamente a la descendencia legítima, como lo estatuía el artículo 1043 del C. Civil, para representar al de cujus y a sus hermanos”.

Finalmente, expone cómo la sentencia impugnada habría incurrido en la violación de la ley por él denunciada.

Se considera

i) El problema, por lo visto, reside en escudriñar el sentido que tenga el inciso final del artículo 10 de la Ley 75, al relacionarlo con los dos incisos que le preceden, en orden a determinar si la defunción de la que allí se habla es sólo la del presunto padre, o también involucra la de aquel respecto de quien se afirma la condición de hijo.

El tenor del precepto, en su integridad, es como sigue:

“El artículo 7º de la Ley 45 de 1936 quedará así:

Las reglas de los artículos 395, 398, 399, 401, 402, 403 y 404 del Código Civil se aplican también al caso de filiación natural.

Muerto el presunto padre la acción de investigación de la paternidad natural podrá adelantarse contra sus herederos y su cónyuge.

Fallecido el hijo, la acción de filiación natural corresponde a sus descendientes legítimos y a sus ascendientes.

La sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los dos incisos precedentes, no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción” (se dest.).

La reforma al precepto estribó justamente en la adición de esos tres incisos, puesto que el texto original del artículo 7º de la Ley 45 se circunscribía a lo consignado en el inciso 1º. Y ella se introdujo con el doble propósito de recoger legislativamente lo que la Corte venía predicando a partir de su sentencia del 1º de octubre de 1945, en la cual esta corporación rectificó la posición que hasta ese momento sostenía, y entró a admitir que la acción de investigación de la paternidad natural, muerto el presunto padre, podía ser instaurada en frente de sus herederos. Y de ponerle término a la disputa sobre si, muerto el hijo, la acción de investigación podía ser instaurada por los herederos de éste.

ii) Con miras a esclarecer el problema propuesto es conveniente empezar por recordar cuáles fueron los antecedentes de la ley en el punto.

En el proyecto de Ley Nº 187 de 1967—proyecto que luego se convirtiera en la Ley 75 de 1968—, presentado por el Gobierno Nacional a la consideración del Congreso, díjose en el artículo 9º—que más adelante vino a ser el 10 de la Ley 75:

“El artículo 7º de la Ley 45 de 1936 quedará así:

Las reglas de los artículos 395. 398, 401, 402, 403 y 404 del Código Civil se aplican también al caso de filiación natural.

Muerto el presunto padre, la acción de investigación de la paternidad natural podrá adelantarse contra sus herederos y contra su cónyuge, pero sólo dentro del año siguiente al fallecimiento.

Fallecido el hijo, la acción de filiación natural corresponde a sus descendientes legítimos, hijos naturales y ascendientes.

La sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los dos incisos precedentes, no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio y contra quienes habiendo sido notificados de la demanda no la contestaron” (se dest.).

Como se aprecia, en este proyecto se pretendía que el plazo para el ejercicio de la acción quedara condicionado únicamente a la muerte del presunto padre, pero no a la del hijo. En cuanto a los efectos patrimoniales, en ambas hipótesis, se supeditaban a la no contestación de la demanda y se extendían a quienes hubiesen sido parte en el proceso.

Tal fórmula, indudablemente, dejaba mucho que desear desde el punto de vista de la coherencia y de la eficacia de la norma.

Sin embargo, como era de esperarse, en el trámite del proyecto ese planteamiento inicial sufrió variaciones. Así, en la ponencia para el segundo debate en el Senado de la República, se dijo lo siguiente respecto del punto en cuestión:

“El proyecto acoge e incorpora a la legislación la jurisprudencia reiterada en torno al juicio de filiación natural con posterioridad a la muerte del presunto padre y zanja la discusión sobre la acción luego de muerto el hijo. Y, en la mira de evitar frecuentes abusos, que comprometen el ejercicio recto del derecho, ... fija un término de caducidad de dos años, contados desde la muerte del legítimo contradictor, para la acción con efectos patrimoniales, ante todo los sucesorales, dejando imprescriptible la acción de simple estado, tal como lo estatuye el Código Civil” (se dest. ).

En concordancia con la idea anterior, fue modificado el artículo 9º del proyecto del gobierno, viniendo a quedar convertido en el que llegó a ser el artículo 10, atrás reproducido.

Como emerge del aparte de la ponencia que se deja destacado, el autor de la misma alude a la muerte “del legítimo contradictor” como momento a partir del cual se cuenta el término de caducidad. Y si, de conformidad con el artículo 403 del C. C., aplicable a la acción de investigación de la paternidad extramatrimonial por mandato del mismo artículo 10, legítimo contradictor es el padre contra el hijo, o éste contra aquel, entonces resulta dable pensar que en la mente del legislador estuvo la idea de que el plazo de caducidad corre tanto cuando muere el padre como cuando muere el hijo.

Sin embargo, ese concepto no sería del todo confiable porque el propio ponente, de manera inexacta a juicio de la Sala, le otorga más adelante la calidad de legítimos contradictores “a los herederos y cónyuges (sic), cuando ha muerto el presunto padre”, añadiendo a renglón seguido que la acción la tienen “los descendientes legítimos, ascendientes o hijos naturales del hijo que muere antes de la declaración”, y que “la sentencia en estos casos sólo produce efectos patrimoniales entre los que han sido partes en el juicio y siempre que la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción”.

A pesar de eso, si se compara la idea inicial del gobierno, atrás consignada, con la que luego se implantó en la norma, diáfanamente se advierte que, al retirar el término de caducidad de los efectos patrimoniales del segmento donde se habla de la muerte del padre, para ubicarlo en el inciso final, incluso, después de determinar que fallecido el hijo la acción corresponde a sus descendientes legítimos y a sus ascendientes, se le quiso asignar a ese término un radio de acción más amplio, radio que no podía ser otro que el de tomar en cuenta no sólo el óbito del padre sino también el deceso del hijo.

De modo que, con arreglo a los antecedentes de la ley, bien se podría afirmar que el legislador de 1968 acogió, amplió y refinó las ideas preconizadas por la jurisprudencia de la Corte a partir de 1945.

iii) Pero, como es comprensible, el asunto no queda íntegra y satisfactoriamente definido con el recuento de los antecedentes de la norma. Esta aún debe ser examinada desde las perspectivas de su propia configuración y de lo que con ella se persigue.

La comprensión de los incisos 2º y 3º del artículo 10 de la Ley 75, no ofrece ninguna dificultad: muerto el presunto padre, la acción puede ejercerse en frente de sus herederos y de su cónyuge. Fallecido el hijo, la acción corresponde a sus descendientes legítimos y a sus ascendientes.

En lo que atañe al inciso 4º, nótase que él está compuesto por tres segmentos debidamente concatenados, siendo el primero el que constituye el supuesto sobre el cual se definen las consecuencias juzgadas como necesarias: “La sentencia que declare la paternidad en los casos que contemplan los dos incisos precedentes ...”, es decir, aquella que se pronuncie tanto cuando la pretensión se entabla en frente de los herederos y del cónyuge del presunto padre, como cuando la pretensión es propuesta por los descendientes o ascendientes del hijo.

Las consecuencias se materializan, por decirlo así, en los efectos patrimoniales. O sea, la sentencia que se pronuncie en proceso de investigación de la paternidad natural adelantado por el hijo en frente de los herederos y del cónyuge del supuesto padre, al igual que la que se dicte en el entablado por los descendientes legítimos o los ascendientes del hijo en frente de quien señalan como progenitor de éste, tiene la virtualidad de producir efectos patrimoniales.

Mas la producción de esos efectos queda enmarcada por dos limitaciones sucesivas que la regla legal instituye seguidamente. Por la primera determínase que esos efectos (en favor o en contra) únicamente se extienden a quienes hayan sido parte en el proceso. Y por la segunda, que opera sobre la anterior, defínese que respecto de esas partes los efectos sólo se dan si la demanda es notificada dentro de los dos años siguientes a la defunción.

Descompuesta la regla legal en los términos anteriores, con toda nitidez se advierte que la segunda puntualización se proyecta sobre el supuesto básico por la vía de la finalidad que a éste se le adscribe. Por ende, cabe concluir que ella, por ser una de las partes integrantes de la medida, debe conectarse con el supuesto tal cual éste se presenta, o sea, englobando tanto la muerte del padre como la del hijo. Es esa la configuración de la norma.

iv) Pero ella, naturalmente, debe también ser mirada desde el ángulo de su función, la cual, por lo visto, radica en conferirle efectos patrimoniales a la sentencia que se profiera dentro de los acotamientos ya señalados.

A este propósito, se tiene que anticipar que al recurrente le asistiría la razón si se encontrara un caso en que, en vida del padre, la sentencia no acarreará consecuencias patrimoniales, las que en cambio sí surgirían una vez muerto aquel, porque allí aparecería la incoherencia del entendimiento por él atacado. Pero si se concluye que el sentido del precepto se mantiene por igual en todas las hipótesis, entonces se estaría patentizando que el inciso final concierne a ambas defunciones, la del padre y la del hijo, como punto inicial del término de caducidad.

Por otra parte, en un primer momento se podría pensar que esos efectos deberían ser hallados tanto cuando la demanda se instaura ante los herederos y el cónyuge del presunto padre, como cuando se propone por los ascendientes o los descendientes legítimos del hijo. Sin embargo, en este punto debe hacerse una salvedad y de ella se hablará luego, aunque, como en su momento se constatará, no desvirtúa el entendimiento de la cuestión.

Los efectos patrimoniales en el caso de la muerte del presunto padre son evidentes y, por lo mismo, no hay para que tomarlos en consideración en este análisis.

v) Pero también existen en el evento del fallecimiento del hijo y en vida del padre. De hecho, la propia Ley 75 de 1968, en su artículo 31, dispuso lo siguiente:

“Modifícanse los artículos 411 del Código Civil y 25 de la Ley 45 de 1936, así:

Se deben alimentos:

5. A los hijos naturales, su posteridad legítima y a los nietos naturales.

6. A los ascendientes naturales”.

Si, pues, los descendientes legítimos del hijo están facultados, de conformidad con la ley, para exigirle alimentos a su abuelo natural, tal derecho, tejido a la acción de investigación de la paternidad que aquellos instauren en frente de éste, le otorga a la sentencia, en su significación o aspecto económico, que en el correspondiente proceso llegue a dictarse la connotación patrimonial por la que se averigua. Subsecuentemente, como la norma no establece distinciones entre los efectos de índole patrimonial, y como estos se dan —o dejan de darse— ope legis se debe colegir que, mirada la cuestión a la luz de los efectos patrimoniales, sí existe una razón para que los descendientes del hijo instauren la respectiva acción dentro de los dos años siguientes a la muerte de éste.

Empero, la salvedad a la que antes se aludía atañe a los ascendientes del hijo, quienes, en su calidad de tales, no le podrían reclamar alimentos al padre de éste. Por ejemplo, la madre natural del hijo premuerto, si bien se encuentra legitimada para deprecar la declaratoria de paternidad en frente del progenitor, esa declaratoria, una vez obtenida, no la autoriza para demandar del padre el pago de alimentos. Esta observación conduciría a objetar que no siempre, en vida del padre, se presentan los efectos patrimoniales de la sentencia definidora de la filiación.

Con todo y lo acabado de expresar, también es tempestivo dejar en claro lo que sucede con ese mismo ascendiente una vez muerto el padre, obviamente, después del hijo, situación que es la propia de la representación en la herencia, acorde con el artículo 1041 del Código Civil.

De conformidad con el artículo 3º de la Ley 29 de 1982, modificatoria del artículo 1043 del Código Civil, la representación se da “en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos”. Esto se traduce en que incluso muerto el padre, el ascendiente del hijo no podría invocar en su favor los efectos patrimoniales de la sentencia porque aquel no representa a éste, ni siquiera cuando previamente ha sido definida la filiación. Otra cosa sería que, en idéntico supuesto, al ascendiente del hijo le correspondiera algún derecho de contenido patrimonial que hacer valer en frente de los herederos del padre. Pero como ese derecho no existe, se sigue, con toda lógica, que cuando muere el hijo antes que el padre y la acción es ejercitada por un ascendiente, con arreglo al inciso 3º del artículo 10 de la Ley 75, la sentencia no produce en su favor ningún efecto patrimonial ni en vida el padre ni después de muerto éste, lo que lleva a concluir, por un lado, que tal supuesto no es idóneo para evaluar el alcance del inciso final del artículo 10; y por el otro, que la única hipótesis válida para desentrañar ese sentido es la del descendiente, con relación al cual los efectos patrimoniales surgen en vida del padre y también después de su muerte.

vi) De tal modo las cosas, lo discurrido da pie para inferir que el sistema creado por la Ley 75 de 1968 es perfectamente coherente puesto que los efectos patrimoniales de la sentencia que declare la filiación extramatrimonial se pueden presentar aun en vida del padre; y que, cuando ello no sucede, tampoco surgen una vez muerto éste.

Por lo demás, ese sistema no se ve alterado por las disposiciones de la Ley 29 de 1982 porque es palmar cómo la Ley 75 le atribuyó directa y específicamente a los descendientes legítimos y a los ascendientes del hijo extramatrimonial el derecho de investigar judicialmente la paternidad de este; o sea, que su acción es propia y no transmitida, lo que, a su vez, entraña que el fundamento legal de la misma sigue estando en el artículo 10 de la Ley 75, y que, en consecuencia ningún desplazamiento se ha producido hacia las previsiones contenidas en la Ley 29, cuyo objeto se ubica directamente en el campo de los derechos hereditarios.

Todo lo dicho, entonces, conduce a la Sala a concluir que no existe ningún motivo valedero para variar el criterio por ella expuesto en oportunidades anteriores en relación con el alcance que se le debe dar a la parte final del último inciso art. 10 de la Ley 75 de 1968, criterio que es el que hoy se reitera.

Lo hasta aquí dicho no riñe con la imprescriptibilidad propia de la acción de reclamación de estado que le corresponde al presunto hijo.

vii) Como en este caso el Tribunal, después de observar que la muerte del señor Juan Bautista Vera, tenido como hijo natural del señor Marco Aurelio Barrera, se produjo desde el 24 de agosto de 1971, y que la acción de investigación de la paternidad sólo vino a ejercerse por los descendientes de aquel después de la defunción del presunto padre, lo que sucedió el 3 de mayo de 198S, concluyera que los efectos patrimoniales de la sentencia declarativa de la paternidad habían caducado, debe la Sala anotar que no violó el precepto últimamente citado, ni ninguno de los otros que en el cargo se tienen como transgredidos.

Por lo tanto, el cargo no prospera.

Decisión

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de treinta (30) de agosto de mil novecientos noventa, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en este proceso ordinario seguido por Juan de Dios, Carmen Sofía José de Jesús, Olga Cecilia, Luis Fernando, Heriberto, Nohelia y Susana Vera Acosta, como hijos legítimos de Juan Bautista Vera, en frente de Victoria Barrera de Rueda, Eugenia Ribero Barrera de Gomezese, Manuel Ribero Barrera, Marina Ribero Barrera de Torres, y herederos indeterminados de Marco Aurelio Barrera Silva.

Costas en el recurso de casación de cuenta de la parte impugnante. Tásense en su oportunidad.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Eduardo García Sarmiento—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero—Rafael Romero Sierra. 

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