Sentencia de septiembre 14 de 1976 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

INCAPACIDAD POR DEMENCIA SENIL

Medio nuevo en casación. Efectos de la nulidad para las restituciones por parte del incapaz

Magistrado Ponente:

Dr. José María Esguerra Samper

Bogotá, D.E., catorce de septiembre de mil novecientos setenta y seis.

1. Guillermo y Germán Gerardo Osorio Vallejo demandaron por la vía ordinaria a Lucía Osorio de Ruiz para que se hiciesen los siguientes pronunciamientos:

a) Que es simulado el contrato de compraventa que dijeron haber celebrado la demandada y María Valvanera Vallejo de Osorio mediante Escritura 1699 otorgada el 18 de octubre de 1964 en la Notaría Primera de Pereira, “por cuanto la vendedora no tuvo intención alguna de vender ni la compradora de comprar o adquirir por ese título los bienes a que se refiere este instrumento”;

b) Que en subsidio se decrete la nulidad por falta de capacidad de parte de la vendedora Vallejo de Osorio del contrato de compraventa mencionado en el punto anterior;

c) Y en subsidio también, que se declare la nulidad de la referida escritura, desde el punto de vista formal, por la omisión de requisitos esenciales para su validez en que se incurrió al otorgarla, y

d) Como súplicas comunes, se pidió que como consecuencia de la prosperidad de cualquiera de las anteriores, se ordenase la cancelación del registro de la mencionada Escritura 1699 e igualmente que se condenase a la demandada a restituir “junto con sus frutos correspondientes al tiempo en que la demandada los tenga, desde la fecha de ese instrumento, purificados de hipoteca y demás derechos reales que haya constituido sobre ellos los bienes mencionados en dicha escritura”, restitución que debe hacerse a favor “de la masa herencial de la señora Valvanera Vallejo de Osorio, cuyo proceso sucesorio cursa en el juzgado primero civil del circuito, y la cual está representado por sus herederos”.

2. A manera de fundamento de hecho de las antedichas súplicas expusieron los demandantes lo que enseguida se resume:

a) María Valvanera Vallejo, viuda de Alejandro Osorio, de cuyo matrimonio nacieron entre otros los demandantes y la demandada, falleció en Pereira el 24 de diciembre de 1974;

b) El patrimonio de la causante estaba integrado por dos inmuebles rurales ubicados en jurisdicción del municipio de Pereira, denominados “Las Mercedes” y “El Porvenir”, cuyos linderos se describen en el libelo;

c) “La señora Valvanera Vallejo persona valetudinaria y atacada de esclerosis senil, administraba sus predios mediante contratos de aparcería” que celebraban en su nombre los encargados de manejarlos;

d) Las mejoras existentes en las fincas atrás mencionadas pertenecían a la propietaria de la misma, ya por haberlas adquirido al comprarlos, ora por haber sido plantadas por ella a través de trabajadores a su servicio y con el producto de préstamos obtenidos de la Caja Agraria y del Comité de Cafeteros;

e) La demandada al quedar viuda y carente de bienes de fortuna, se acogió al abrigo de su anciana madre y figuraba como persona a cargo de ésta en las respectivas declaraciones de renta y patrimonio;

f) La demandada, aprovechando el estado de completa invalidez e inconciencia en que se encontraba Valvanera, se hizo transferir de ésta en forma simulada, mediante la escritura que se impugna, las dos fincas rurales allí descritas, pero es lo cierto que no pagó el precio que en ella se indica, y además que no corresponde a la realidad que la aparente compradora de tales fincas fuese la dueña de todas las mejoras en ellas existentes;

g) “De otra parte, la supuesta vendedora... no rogó a un fantasmagórico señor Miguel Salvador García Martínez, para que firme la escritura dado su estado de inconciencia”, porque no estaba en condiciones de rogar a nadie, y por otra parte, no se dio cumplimiento a lo dispuesto para esos casos, esto es para cuando el otorgante de una escritura no sabe firmar, por el artículo 39 del Decreto 960 de 1970, “ya que no se indicó la edad y domicilio del rogado, ni se dejó constancia en el instrumento de la impresión de la huella dactilar de la otorgante. La omisión de estos requisitos genera nulidad desde el punto de vista formal de esa escritura”;

h) Poco antes del fallecimiento de Valvanera y “a pesar del absoluto abandono y del aislamiento de su parentela que trató de imponerle la señora Laura... por razones que son muy explicables, se logró que el doctor Bernardo Molina Londoño, la visitara el día 19 de diciembre de 1974 y certificara sobre su estado físico y mental, pues consideró que ya nada podía hacerse por su salud”, e

i) “Numerosas personas que trataron en los últimos años a la señora Valvanera... se enteraron perfectamente de su estado de salud física y mental, que la colocaba en incapacidad de llevar una vida normal y por consiguiente en imposibilidad absoluta de tener un razonamiento normal y lúcido para realizar actos de disposición. No reconocía a las personas, su memoria se había extinguido completamente, ni oía ni veía normalmente”.

3. Opúsose la demandada a todas las súplicas del libelo. Negó en su mayor parte las afirmaciones de los demandantes, insistió en que la compraventa impugnada correspondía a la realidad y terminó su respuesta manifestando que era ella quien había cuidado solícitamente de su anciana madre durante su última enfermedad y hasta el momento de morir, por cuando los demás hijos la habían abandonado por completo, y propuso las excepciones que denominó “acumulación indebida de aciones y petición de un modo indebido”.

4. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en sentencia del 19 de septiembre de 1975, desató la primera instancia del proceso en la siguiente forma: rechazó la declaración de simulación; declaró probada la nulidad del contrato impetrada como súplica subsidiaria; condenó a la demandada a restituir los predios objeto del mismo junto con los frutos producidos y que hubieran podido producir con mediana inteligencia y cuidado a partir de la contestación de la demanda; ordenó inscribir el fallo en la oficina de registro de esa ciudad; y declaró no probadas las excepciones propuestas.

5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en su sentencia del 13 de diciembre de 1975 que ha sido recurrida en casación por la señora demandada, desató la segunda instancia en virtud de la apelación interpuesta por la misma, en el sentido de confirmarla, con la única salvedad de la condena a pagar frutos, de la cual absolvió a Laura.

Consideraciones del fallo impugnado

El tribunal comienza por referirse a la primera pretensión principal formulada en la demanda, diciendo que si para la época en que se celebró el contrato de compraventa que se impugna, la vendedora “no tenía capacidad de discernimiento, capacidad para expresar libremente su voluntad, en esas condiciones, lógicamente, no podía celebrar el contrato celebrado ni de ninguna otra clase. Según el acta del estado civil que obra a folio 4 del cuaderno principal la señora María Valvanera Vallejo nació en Santa Rosa de Cabal el día 6 de junio de 1886. Y el contrato de compraventa que se acusa de simulado, lo celebró mediante la Escritura 1699 de 1974 en la notaría primera, de 18 de octubre de 1974, en la notaría primera de esta ciudad, es decir, que para esa época contaba con 88 años y 6 meses y 12 días”.

Se refiere enseguida a las declaraciones testimoniales de los médicos Bernardo Molina y Ricardo Mejía Isaza y las califica de testimonios técnicos. Pone de presente que ambos declarantes coinciden en que Valvanera sufría de esclerosis cerebral y que “estaba padeciendo ciertas psicosis que se presentan como consecuencia de la alteración de la nutrición del cerebro (irrigación cerebral) precisamente a causa de la esclerosis cerebral”. Luego de citar una obra de psiquiatría expresa que sus exposiciones técnicas “encuentran abundante respaldo en las narraciones que hicieron los demás testigos que declararon en el proceso”. Se detiene entonces a valorar los testimonios que Melba Luz Echeverri Ramírez, Hernando Antonio García Quiceno, Uriel Rivera Ballesteros y Pedro Luis Ramírez, en cuanto a la situación en que se hallaba Valvanera y al estado de salud que la aquejaba. “Una persona que se encuentra desorientada en el tiempo y en el espacio —expresa el ad quem como conclusión de su análisis de los testimonios antes mencionados—, que sufre de alteración de la memoria, que no oye ni entiende, que tiene una vida simplemente vegetativa y que carece por tanto de discernimiento para elegir entre aquellos actos que le convienen y los que le perjudican, no puede hallarse en condiciones de expresar libremente su voluntad. Su absoluta falta de entendimiento, así sea transitoria la hace totalmente inhábil para la vida jurídica”.

Aplicando, pues, esos razonamientos al caso sujeto a su decisión, dice el sentenciador que está desvirtuada la presunción de capacidad legal de la mencionada señora, por lo cual surge como corolario la ilegalidad del contrato impugnado “por haber faltado de parte de la presunta vendedora... una condición indispensable como es la falta de capacidad (sic) para expresar libremente su consentimiento. En estas circunstancias se hace evidente la improcedencia de la declaración de simulación impetrada... pues si era incapaz... también lo era para llevar a efecto un negocio simulado”.

Advierte el sentenciador que no fue indebida la acumulación de las pretensiones formuladas en la demanda, según lo autoriza el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en su numeral 2º, por cuanto la de nulidad (que está llamada a prosperar), se propuso como subsidiaria de la de simulación.

A renglón seguido procede a estudiar las demás súplicas consecuenciales impetradas en el libelo y dice que de acuerdo con el artículo 789 del Código Civil no es necesario decretar la cancelación de la inscripción del título que se declara nulo, porque tal declaración envuelve la del registro de la escritura respectiva; que al efecto basta con registrar la sentencia. Respecto de las mejoras existentes en la finca objeto de la compraventa, expresa el tribunal que no está demostrado que ellas hubieran sido puestas por la demandada, pues la declaración hecha en la escritura no sólo está desvirtuada con los testimonios de Eduardo Chica y Humberto Antonio Osorio, quienes afirmar que Laura actuaba no en nombre propio sino en el de Valvanera, sino que tal declaración no puede producir efectos contra terceros, como lo son los demandantes en relación con tal instrumento.

Destaca enseguida que el comportamiento procesal de Laura durante la primera instancia y el haber desatendido la citación que se le hizo para la diligencia del interrogatorio de parte que solicitaron los demandantes, constituye un indicio en contra de ella y además la presunción de ciertos los hechos afirmados en la demanda, de acuerdo con los cuales Laura no pagó el precio de la compraventa.

Como consecuencia de todo lo expuesto, el tribunal llega a las siguientes conclusiones:

a) Que el contrato de compraventa contenido en la Escritura 1699 de 1974, otorgada en la Notaría Primera de Pereira, por el cual Valvanera dijo vender a Laura los inmuebles que se indican en dicho instrumento “es nulo de nulidad absoluta por incapacidad absoluta (de Valvanera) para expresar libremente su consentimiento al otorgar dicho instrumento”;

b) Que en razón de la incapacidad probada de la vendedora, es improcedente hacer declaración alguna sobre la simulación de dicho contrato;

c) Que, como consecuencia de la nulidad, debe disponerse la restitución de los bienes vendidos a favor de la masa herencial de Valvanera en los términos del artículo 1953 del Código Civil, “es decir, purificando los bienes de hipotecas u otros derechos reales que haya constituido en ellas”;

d) Que la demandada no tiene derecho a que se le reconozcan mejoras puestas por ella en los inmuebles relacionados en la demanda, porque no demostró que las hubiera plantado con sus propios recursos;

e) Que Laura tampoco tiene derecho a que se le restituya suma alguna de dinero como precio pagado por los inmuebles que dice haber comprado a la Valvanera, “porque cuando se declara nulo un contrato celebrado con una persona incapaz sin los requisitos que la ley exige, la obligación de restituir lo que se pagó o gastó en virtud del contrato, se reduce a cuanto se probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz, según el artículo 1747 del Código Civil. Esta circunstancia de haberse hecho más rica la persona incapaz, entendida en la forma como la define el inciso 2º de la disposición citada, no fue demostrada por la parte demandada. De otra parte, por ser procedente en este caso el decreto de nulidad del contrato... contra la declaración de haberse pagado el precio contenido en dicho instrumento, cabe la prueba en contrario de conformidad con el artículo 1934 del Código Civil. A la señora Laura... le correspondía desvirtuar la presunción legal deducida en contra suya de no haber pagado el precio de la compraventa que habrá de declararse nula, demostrando la realidad del pago”.

Finalmente dice el tribunal que no es el caso de condenar a la demandada al pago de frutos, por cuanto la parte actora “no aportó ninguna prueba que permita establecer por lo menos las bases sobre las cuales podría hacerse esa liquidación en el caso de una condenación in genere”. Respecto de las excepciones propuestas por la demandada al dar respuesta al libelo, dice que no cabe estudiarlas, porque no fueron sustentadas en forma alguna, y además, en cuanto a la de acumulación indebida de pretensiones, que no la hubo, puesto que la declaración de nulidad se pidió como subsidiaria de la simulación. Y remata su argumentación así: “Por cuanto las anteriores conclusiones son las mismas que dedujo el señor juez de instancia en la sentencia que se revisa, ésta será confirmada en todas sus partes, excepto en cuanto a la condena a restituir frutos por cuanto la parte actora no aportó prueba alguna que sirva de base para calcularlos siquiera con fundamento en una condenación in genere”.

El recurso

Dentro del ámbito de la causal primera de casación se formulan los siguientes cargos contra el fallo del tribunal:

Primero

El recurrente estima que el sentenciador aplicó indebidamente los artículos 553, 1502, 1503, 1504, 1740, 1741, 1746, 1747 y 961 del Código Civil y el 2º de la Ley 50 de 1936 a consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la prueba de la demencia.

Al sustentar su acusación, comienza por referirse brevemente a la presunción legal de capacidad que sólo cabe desvirtuar mediante la plena prueba de la demencia que padecía el contratante al celebrar el acto impugnado y comenta enseguida algunos contratos que celebró la presunta demente años antes de aquel cuya nulidad se impetra en este proceso, respecto de los cuales afirma que su validez no ha inspirado sospecha alguna. Insiste también en que la mencionada contratante no fue declarada en interdicción judicial por demencia ni sometida a ningún reconocimiento médico psiquiátrico.

Sobre estas bases acomete enseguida pormenorizado análisis de las pruebas en que el sentenciador apoyó su convicción de que Valvanera Vallejo de Osorio estaba demente cuando celebró la compraventa con la demandada, en su intento de señalar los errores de hecho que le atribuye al ad quem, así:

a) Respecto de las declaraciones de Bernardo Molina y Ricardo Mejía dice el acusador, por una parte, que el tribunal supuso la prueba de que tales declarantes eran médicos de profesión, como ellos mismos lo afirmaron, y más aún, que tenían la calidad de especialistas en psiquiatría, y por la otra, que tal suposición lo llevó a darle a lo que depusieron el valor de testimonios técnicos. Enseguida emprende una crítica tanto del contenido de tales declaraciones que califica de “híbrido de testimonio y dictamen pericial”, como de la valoración que del mismo hizo el ad quem, al que tilda de “juzgador-perito psiquiatra para así resultar con una prueba decisiva, fuera de todo catálogo lógico y sustraído a toda posibilidad de controversia”.

Recalca también que las exposiciones de esos declarantes, en cuanto se refieren al estado de salud de la contratante, no mencionaran para nada la fecha en que se celebró el contrato impugnado, sino que se limitan a referirse a aquéllas en que examinaron a la paciente por lo cual estima que el tribunal exageró su contenido objetivo al respecto y que al declarar la nulidad solicitada por la parte demandante, supuso en esa forma la prueba de la demencia en el momento en que ocurrió tal celebración.

Los testigos que se dicen médicos —agrega más adelante— no declaran nada sobra la capacidad de la vendedora. Se limitan a afirmar que la visitaron uno a fines de 1971 y otro a fines de 1974, cuando se estaba muriendo, y a indicar cómo la encontraron en esas dos oportunidades. Nada de dictamen. Nada de pronunciamiento técnico. Ninguna mención de su capacidad futura en el primero. Ninguna de su capacidad anterior en el segundo. Aquél no emite diagnóstico. Éste señala una esclerosis de vieja data, pero sin avanzar sobre su grado, su acentuación y, menos, sobre el compromiso de la capacidad para un determinado tiempo distinto del momento (resalta el recurrente) de la visita, o en general. Se advierte la cautela de ellos en sus apreciaciones, correspondiente a su responsabilidad. ¿Cómo entonces atribuirles calificativos que ellos no pronunciaron? ¿Cómo deducir, de esos dos trazos tenues, aislados e incompletos, una pericia contundente de incapacidad localizada en un tiempo diferente al de su examen?”;

b) “¿Y qué decir de los otros cuatro testimonios? —se pregunta la censura— se trata de personas absolutamente iletradas, de ínfima condición cultural, cuyas apreciaciones, que eso es lo que expresan, no tienen consistencia propia, amén de que debe hacérseles el descuento de prejudicialidad e interés en la causa de los demandantes, muy ostensible en su actitud”. Hace enseguida un breve recuento de lo expuesto por los testigos Hernando Antonio García Quiceno, Uriel Rivera Ballesteros, Pedro Luis Ramírez y Melva Luz Echeverri, para expresar que todos adolecen de vaguedad, imprecisión y rudimentariedad “como también la repetición de unos mismos términos, cual lección recién aprendida, que ostentan, resultan en contraposición con el planteamiento de los actores, para quienes su anciana madre fue sustraída de todo trato con cualquier persona de la familia o extraña, por la hija demandada. ¿Cómo explicar que las cinco personas que enviaron a declarar pueden suministrar un informe creíble en cuanto a la oportunidad frecuente que tuvieron de observación?”.

Estos declarantes “reconocidamente legos en la materia” son los que “sin reserva alguna, en forma correspondiente a su ignorancia y prejuicio, van hablando de inconciencia de la vendedora, para repudiar el contrato que ella celebrara con Laura de Ruiz. De esa manera, y a juzgar por el seguro de la sentencia, más parece que el fundamento testimonial “técnico” se hubiera tomado de los terceros comerciantes, trabajadores agrícolas y de la esposa de uno de ellos, que de los afirmados médicos, para un trabucamiento de la lógica”.

Segundo

En este cargo se acusa también por aplicación indebida el quebranto de las mismas normas legales señaladas en el anterior, esta vez por error de derecho en la apreciación de las declaraciones testimoniales de Ricardo Mejía y Bernardo Molina.

“Si bien el estatuto procesal civil de 1970 —dice el impugnante— confía al juez la apreciación de la prueba y se asienta en el principio de la sana crítica, convenía, a la tarifa legal sólo en el caso de que la ley exija alguna formalidad ad substantiam actus (CPC, arts. 175 y 187) no es menos cierto que esa habilidad genérica de todo medio útil para la formación del convencimiento del juez (art. 175 ibídem), tiene una cortapisa lógica, técnica y legal obvia: la utilidad, pertinencia y habilidad propia del medio en función del hecho que se pretende demostrar con él, a más de la manera de su allegamiento al proceso, que necesariamente ha de implicar la posibilidad de controversia de la prueba.

El tribunal declara la incapacidad de la contratante y, así, la nulidad absoluta de la compraventa, con todas las secuelas propias de tal medida..., en su convicción de que los dos testimonios técnicos acreditan una esclerosis senil, demostrativa de inconsciencia y falta de voluntad de aquélla para entonces. Los dichos de los profanos se mencionan como corroboración de lo anterior, pero sin fuerza propia y suficiente. O sea que en fin de cuentas el sentido del fallo se basa en la deposición de Ricardo Mejía y Bernardo Molina”.

El recurrente hace diversos comentarios acerca de la demencia en general y de la demencia senil en particular, y se detiene en el factor temporal de la misma, es decir, en el alcance de la expresión “estaba entonces demente” que trae el artículo 553 del Código Civil, en contraposición a la presunción de capacidad que consagra la ley. “Surge entonces la pregunta —expresa— de si esos dos testimonios (los de los médicos), prescindiendo de la exigüidad de su contenido y de su limitación cronológica, son como tales lógica y legalmente idóneos para la comprobación de aquel supuesto”.

Con el propósito de establecer el error de derecho que a su juicio cometió el tribunal, estudia enseguida la naturaleza de las pruebas pericial y testimonial, haciendo un paralelo entre las mismas, y destaca los factores que las diferencian, para concluir que una cuestión puramente técnica y científica como lo es la demencia de una persona y además la época en que ésta la padecía, no pueden ser acreditadas con declaraciones de testigos aunque estos sean de los llamados “técnicos”. Arguye respecto de estos que “se convierten en dictámenes, decretados y recibidos sin ese anuncio, con desmedro del deber de lealtad procesal, y rendidos sin el respaldo propio de la designación de peritos que sea tal, con títulos y antecedentes comprobados, y sin necesidad de sustentación alguna. Es más —agrega—, así se pudiera crear el híbrido del testigo —perito o testimonio— técnico, lo menos que pudiera exigirse sería la técnica o idoneidad real y comprobada, y la fundamentación y contradicción del concepto (CPC, arts. 236 a 238).

Y si esos vacíos de forma y de fondo de los “testimonios técnicos” son manifiestos y comportaron una violación de las reglas procedimentales citadas, mucho mayor fue el yerro de derecho del tribunal cuando él, en la sentencia, asume la función de perito máximo, para con descripciones abstractas de libro, sin apoyo en circunstancias singulares del caso, sobre la sola mención del nombre de una anomalía síquica, conceptúa concluyentemente que la vendedora no tenía razón ni voluntad para cuando celebró el contrato. Aquí se violaron de bulto los artículos 174, 175 y 178 del Código de Procedimiento Civil. Se usó ya no el conocimiento personal del juez, de suyo inadmisible, sino su incursión súbita en materia ajena a su ciencia y competencia, para emitir una decisión fundada en prueba imaginaria, que no son tales, y que no fueron regular y oportunamente allegadas al proceso.

Consideraciones de la Corte

En numerosas ocasiones la Corte ha tenido oportunidad de referirse extensamente al artículo 553 del Código Civil, sobre cuyas aplicación y alcance por el aspecto fáctico giran los dos cargos que ahora se despachan. Se trata de saber si Valvanera Vallejo de Osorio era incapaz cuando celebró el contrato de compraventa que se impugna, debido a la demencia senil que la aquejaba cuando suscribió la escritura respectiva, o si por el contrario, a falta de pruebas plenas e idóneas sobre tal demencia, la contratante estaba amparada por la presunción legal de capacidad que consagra el artículo 1503 ibídem.

En sentencia del 27 de octubre de 1949 esta sala describió la supradicha enfermedad mental en los siguientes términos:

“La demencia senil se caracteriza por un déficit intelectual, que hace decaer unas facultades, como la memoria, hasta llegar a la amnesia profunda, como consecuencia del desgaste cerebral que se efectúa en la edad avanzada (se ha resaltado). Un cerebro que no se nutre y se desgasta, tiende a atrofiarse y por ende, sobreviene disminución de las capacidades mentales, todas las facultades progresivamente van oscureciéndose y el paciente, con inconsciencia de la vida, sólo está atento al momento presente; en un período más avanzado es completa la anulación de la personalidad psíquica, evolucionando hasta la ruina absoluta y definitiva, que coloca al enfermo en un estado de completa ideosa y en la cual sólo queda en pie una vida vegetativa sobre la personalidad arruinada” (LXVI, pág. 642).

Los testigos cuyas declaraciones censura el recurrente, coinciden todos en ese síntoma propio de la demencia senil a que se refiere la doctrina transcrita, la pérdida de la memoria, manifestación fácilmente perceptible para un profano en cuestiones científicas. Valvanera los conocía de vieja data y no obstante, en sus últimos años, o sea para la época en que dicha señora efectuó la venta que aquí se impugna cuando iban a visitar no los reconocía.

Aseveran también que no oía ni veía bien, que se la pasaba encorvada y aislada de lo que ocurría a su alrededor. Esas aseveraciones de los declarantes le merecieron crédito al sentenciador porque encontró adecuada y convincente la razón de la ciencia de su dicho.

En efecto: Melva Luz Echeverri Ramírez, al ser preguntada por el juez, dice haber conocido a Valvanera “hace unos tres años” en junio de 1975, cuando vivía en Pereira con su hija Laura; afirma que fue a visitarla varias veces con su esposo y que aquélla “parecía no darse cuenta de las cosas ya que a las personas ni las recordaba”.

Hernando Antonio García Quiceno, al parecer marido de la anterior, en la misma fecha declara haber conocido a Valvanera “hace aproximadamente unos quince años cuando ella vivía en la finca Las Mercedes en Colombia, y yo vivía en esa finca como trabajador de ella... Realmente Valvanera Vallejo en los últimos años estuvo muy mal de la cabeza, pues inclusive se le olvidaban los nombres de las personas a pesar de haber sido conocidos y haber conversado con ella hacía poco”. Es de advertir que este testigo también fue interrogado por el juez.

Uriel Rivera Ballesteros, al ser preguntado por el a quo dice ese mismo día haber conocido a Valvanera “hace aproximadamente unos diez años aquí en Pereira, vivía con Laura Osorio, Miryam Osorio y Guillermo Osorio. En los últimos meses de su vida vivían con ella Laura Osorio y Pablo Osorio que murió un poco antes que ella... Ellas vivían en una casa donde yo vivo y les subarrendé la parte de encima, ellos vivieron ahí hace como dos años y vivieron trece meses... La señora Valvanera en los últimos años estaba en estado de inconsciencia, porque en una ocasión cerré la casa donde yo vivía, nos fuimos a pasear con Laura y unos familiares de ella, regresamos del paseo, tocamos la puerta de la casa donde vivía Laura y Valvanera se asomó por la ventana para averiguar quién era, y no nos abrió la puerta porque no nos conocía y nos preguntaba quiénes éramos nosotros, en la cual (sic) tuve que poner una escalera y subir por la ventana para abrir la puerta, yo hice esto con autorización de Laura”.

Pedro Luis Ramírez, afirma haber conocido a Valvanera desde muy pequeño, calcula la edad de ésta en noventa años, “ella no oía bien pues era un ser, se mantenía agachada, inmóvil; ella no podía conocer las personas, pues siendo yo viejo amigo ya no me conocía... ella no gozaba de buena salud, su conversación no era clara, era muy débil, ella no estaba en un completo estado como toda persona de buena salud y con ella no se podía conversar... era una persona enferma, quizás por su edad o por su agotamiento”. En otro aparte de su declaración y al contestar una pregunta formulada por el juez, luego de dar detalles sobre una tienda que tenía y a donde acudía Valvanera, en algunas ocasiones llevada por su hija Laura, agrega “... inmediatamente que yo veía que llevaba la viejita inclenque (sic) yo le ponía un asiento para que se sentara y entonces yo veía en la ancianita como una persona anormal por su avanzada edad, porque a pesar de que en mi infancia la conocía y como hasta ahora hace veinte años que me vine de Santa Rosa a estas tierras, ella no me volvió a reconocer, no se volvió a acordar de mi persona y es más o menos lo que tengo que decirle”.

Estas declaraciones, como fácilmente se colige de los fragmentos de las mismas que se dejan transcritos, no son repetición de preguntas formuladas por la parte que las pidió como prueba; ni sus versiones están sujetas a cartabón alguno; la razón de la ciencia del dicho de cada una es adecuada; y versan todas sobre hechos perceptibles por los sentidos. De ahí que la Corte no encuentre fundados los reparos que a través del error de hecho les formula el recurrente, sin que sobre recordar, que éste reconoce que tales testimonios los tomó el sentenciador como corroborantes de los que rindieron los médicos. Por consiguiente, no constituyen el único soporte de la convicción que se formó el tribunal acerca de la demencia senil que le atribuye a la contratante.

En cuanto se refiere a lo expuesto por Bernardo Molina y Ricardo Mejía, por el aspecto de los errores de hecho que se le indilgan al tribunal, cabe observar lo siguiente:

Ambos testigos afirmaron ser médicos de profesión al rendir sus declaraciones en primera instancia, sin que durante ella ni tampoco en la segunda, el apoderado de la parte demandada hubiese desconocido, o siquiera puesto en duda esa afirmación. Antes bien, en su alegato, se refiere repetidamente a ellos calificándolos de “médicos” y de “galenos”. Si la parte que pidió esas declaraciones como prueba ya no tiene oportunidad de demostrar la calidad de médicos de dichos declarantes, resulta inaceptable, por constituir un medio nuevo que repudia la técnica de casación, afirmar que el sentenciador incurrió en error de hecho al haber supuesto la prueba de tal calidad científica.

El doctor Molina expidió un certificado de fecha 19 de diciembre de 1974 que se acompañó al libelo sin reparo alguno de la demandada, acerca de que Valvanera, de 88 años de edad padecía entonces de demencia senil “y por lo tanto carece de facultades mentales normales”. Posteriormente declaró como testigo en el proceso y dijo haber conocido a la mencionada señora cuando la visitó como médico. “La señora Valvanera estaba en el momento en que fui a visitarla completamente falta del uso de la razón, ni siquiera se dio cuenta del médico que fue a examinarla ni reconoció a los hijos que la acompañaban, presentaba lo que se llama en términos médicos, una esclerosis completa, pues la señora tenía más de ochenta y ocho años en mi concepto. Esta señora cuando yo fui a visitarla ni oía, ni entendía, tenía una vida simplemente vegetativa. Esta visita médica tuvo lugar como unos ocho días antes del fallecimiento... Esta situación de la señora, según mi concepto personal se venía presentando desde hacía más o menos cinco años, porque la esclerosis senil es demasiado frecuente en las personas mayores de ochenta años. Es una enfermedad progresiva y el estado en que se encontraba la paciente indicaba que la padecía desde hacía mucho tiempo” (se ha resaltado).

El doctor Mejía Isaza afirma haber atendido médicamente a Valvanera “en diversas ocasiones. De acuerdo con la historia clínica que llevo de mis pacientes, la última consulta fue a finales de mil novecientos setenta y uno. En esa ocasión estaba visiblemente deteriorada física y mentalmente por un proceso de esclerosis vascular cerebral. Respondía con dificultad y con vaguedad al interrogatorio y se encontraba bastante desorientada en el tiempo y en el espacio”.

No constituye en manera alguna error de hecho que el doctor Mejía no se hubiese pronunciado sobre la capacidad de la paciente sino que se hubiera limitado a describir el estado de salud en que la encontró y las causas que a su juicio, como médico, le habían producido el estado en que se hallaba, ni tampoco que el último médico que la vio, ya en vísperas de su muerte, se hubiese abstenido de conceptuar sobre la capacidad de la enferma. La falta de tal capacidad la dedujo el juez de la valoración en conjunto de esos dos testimonios técnicos de los médicos que vieron a Valvanera en sus últimos años: de la avanzada edad de ésta (nacida en 1886 y fallecida el 24 de diciembre de 1974, según las partidas que como prueba se acompañaron a la demanda); y finalmente, de las narraciones de los demás declarantes que conocían y vieron también a la señora Osorio en época coetánea a la celebración del contrato cuya validez se ha atacado en este proceso.

En todo caso, la Corte no encuentra contraevidencia alguna en la apreciación del sentenciador ni en la convicción que se formó al valorar las pruebas indicadas.

Tampoco hay error de hecho evidente —como lo pretende la censura— en cuanto a que esa declaración conceptual de los testigos técnicos que examinaron médicamente a Valvanera, el uno a finales de 1971 y el otro ocho días antes de su muerte, la hubiese proyectado el sentenciador a la fecha en que se otorgó la escritura de venta, o sea el 18 de octubre de 1974.

La Corte, en su sentencia del 6 de octubre de 1942, expuso sobre ese punto un concepto que no puede menos de ser reiterado ahora, “el inciso 2º del artículo 553 de la obra citada (el Código Civil) establece la presunción de validez respecto de todos los actos o contratos celebrados por una persona, a menos de probarse que el que los ejecutó estaba entonces demente. El adverbio entonces ha sido tomado por la jurisprudencia y la doctrina, en el artículo que acaba de citarse, en su primitiva significación, que significa “en aquél tiempo u ocasión”, que es también la más recta acepción de su correspondiente latino tunc. No expresa, por lo tanto tal vocablo indispensablemente el acto coetáneo a la ejecución de un hecho, sino que abarca un período más amplio. Ciertas enfermedades mentales, como la demencia, no se producen, según los expositores de psiquiatría y de medicina legal, de una manera repentina, sino que constituyen perturbaciones hasta la obnubilación completa del entendimiento. Por tanto, en cierta clase de demencias progresivas, se ha llegado a establecer por la ciencia, que, además de no admitir intervalos lúcidos, la enfermedad avanza más cada día; y la doctrina y la jurisprudencia, basados en ese postulado, y cuando se demuestra técnica y científicamente que una persona estaba demente cierto día, anula o invalida los actos de ella posteriores a ese estado mental anterior” (LIV bis pág. 154).

Así, pues, si como lo afirma el doctor Mejía a fines de 1971 Valvanera ya estaba “visiblemente deteriorada física y mentalmente por un proceso de esclerosis vascular cerebral”, y el doctor Molina asevera que el 19 de diciembre de 1974 la mencionada señora tenía todos los síntomas de una avanzada demencia senil a consecuencia de una “esclerosis cerebral completa”, estado éste que databa aproximadamente de unos cinco años antes, mal pudo incurrir el tribunal en contraevidenciar al estimar que para el mes de octubre de 1974 la paciente padecía de demencia senil que la constituía en absolutamente incapaz para actuar en la vida civil. En consecuencia, tampoco existe el error de hecho evidente que sobre este aspecto la prueba se pretende que cometió el sentenciador.

Finalmente, en lo que se refiere al error de derecho que se atribuye al tribunal, por haber apreciado como prueba los testimonios conceptuales de los médicos antes mencionados, es pertinente recordar lo que esta sala expuso recientemente sobre la admisibilidad y el valor probatorio que puede tener la declaración de los llamados testigos técnicos, como indudablemente lo son los que el recurrente impugna por ese aspecto en el segundo cargo.

“... Dictamen pericial. Aunque la ley no exige al efecto en los procesos de que se trate una determinada prueba, al contrario de lo que ocurre en el de interdicción, como antes se dijo, por regla general, cualesquiera elementos de juicio convenientemente apreciados por el juzgador a la luz de la sana crítica podrían producirle convicción acerca de la demencia. Ello no obstante, la Corte considera que el dictamen de médicos —de preferencia especializados en psiquiatría— es la mejor prueba y la más adecuada, para establecer la existencia de esa enfermedad mental; la posibilidad de que durante ella pudieran haber sobrevenido intervalos lúcidos por el contrario, sus caracteres de irreversible y progresiva, y muy especialmente si el enfermo carecía de “la libre determinación de la voluntad” o sea de la capacidad de obrar razonablemente cuando contrató o testó.

En efecto, todos esos hechos y circunstancias “requieren especiales conocimientos científicos” para lo que es procedente la prueba de peritos, como lo estatuye el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.

“... Testimonio técnico. Ahora bien, sin que haya mediado dictamen pericial practicado dentro del proceso sobre la enfermedad psíquica que padece o que sufrió una persona, la prueba testimonial legalmente producida y debidamente apreciada es admisible para establecerla, si proviene de persona o personas especialmente calificadas en la materia por sus conocimientos científicos, a las cuales por serlo, la ley les permite (CPC, arts. 227, inc. final y 228 num. 2º) que expongan conceptos, como una excepción al principio de que los declarantes deben limitarse a relatar los hechos percibidos por ellos y que les está vedado emitir opiniones o juicios personales.

“Son los llamados testimonios técnicos. Tal sería el evento de los médicos que trataron al paciente y que al testimoniar sobre éste, conceptúan que padecía de una enfermedad mental cuando testó o celebró el acto o contrato cuya validez se discute. Al juez corresponderá en este caso resolver razonadamente si esos testimonios técnicos, debidamente analizados y apreciados en conjunto con los demás elementos probatorios que obran en los autos, le bastan para obtener la certidumbre de que la persona que contrató o testó “estaba demente”, o si requiere además un dictamen pericial que en todo caso está facultado para decretar “de oficio (arts. 180 y 233, 2º inc. in fine por aplicación analógica). Si estima que tales pruebas resultan insuficientes o le suscitan alguna duda sobre la demencia que se discute, puede y debe decretar oficiosamente un dictamen pericial” (Sent. mayo 25/76, aún no publicada).

En consecuencia, no prosperan los dos cargos que se han estudiado.

Tercero

El recurrente considera que la sentencia del tribunal es directamente violatoria del artículo 1747 del Código Civil por interpretación errónea.

“Más con propósito doctrinal —dice— deseo comentar la actitud del sentenciador en lo relativo a las prestaciones mutuas que surgen de la declaración de nulidad de un contrato. Para él cuando el artículo 1747, con restricción de la regla general en materia de restituciones, consagrada en el artículo 1746, ambos del Código Civil, circunscribe el deber devolutivo del incapaz a aquello que se probare haberlo hecho más rico, dentro de la acepción que el mismo artículo prescribe impone la prueba del aprovechamiento dentro del mismo proceso, de modo que si allí no se demuestra el empleo de lo pagado o adquirido y su necesidad o conservación, más el deseo de retenerlas, el incapaz queda exonerado de toda obligación por ese concepto.

Ese entendimiento de la norma me parece desacertado, erróneo, pues lo que al juzgador compete en tales casos es ordenar las restituciones, en la forma dispuesta por la ley (1746), con la salvedad en torno del incapaz (1747), y será en la ejecución de la sentencia cuando se pruebe y decida si hubo o no el enriquecimiento y en qué medida, y por tanto si el incapaz está obligado o no y la cuantía de su deber, a la restitución de lo que recibió o pagó”.

Indudablemente, en el evento de que se mantuviera la declaración de nulidad, la suerte y los interese (derechos subjetivos) de la demanda difieran según la interpretación de aquel precepto, que según lo considera el tribunal conduciría a una aceptación preliminar de la incapacidad y la irregularidad (informalidad del acto) y orientaría el debate al solo destino de lo adquirido por el contratante incapaz.

En esta forma la sentencia habría de ser casada para en su lugar, con revocación del fallo del a quo, aplicar rectamente el artículo 1747 del Código Civil, incluso para retener en cuenta la deuda hipotecaria asumida por la compradora.

Se considera:

La Corte ha dicho que el “afecto legal y natural de toda declaración judicial de la nulidad es la restauración completa de las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato anulado. La sentencia declarativa de nulidad produce efectos retroactivos y en virtud de ella cada una de las partes tiene que devolver a la otra lo que ha recibido como prestación del contrato invalidado (C.C., art. 1746). Este principio general tiene dos excepciones: cuando la nulidad proviene de un objeto o causa ilícita, caso en que no puede repetirse lo que se ha pagado a sabiendas de la ilicitud (1525, íb.), y cuando se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz sin los requisitos que la ley exige, en cuya ocurrencia la obligación de restituir lo que se pagó o gastó en virtud del contrato se reduce a cuanto se probare haberse hecho más rica la persona incapaz (1747, íb.). La excepción relativa a los incapaces tiene su razón y fundamento en un sentido de amparo legal a las personas que por causas, ya de orden fisiológico como ocurre con los dementes o los menores, o de orden jurídico como sucede con los pródigos, se suponen insuficientemente dotados para la actividad comercial por carecer de una voluntad jurídicamente eficaz, que los hace acreedores a una especial protección de la ley que vela por sus intereses, y en la presunción ordinaria de que un contratante de disminuida o inferior capacidad habrá malgastado en todo o parte del dinero recibido. Pero esta excepción sufre a su turno la excepción, fundada en la norma general de derecho de que nadie puede enriquecerse injustamente a expensas ajenas, de que el incapaz debe devolver cuando lo hubiere enriquecido el contrato anulado, según las reglas legales” (Cas. Civ. sep. 20/38, XLVIII, pág. 227. En igual sentido LXXVI, pág. 292).

En la doctrina que en lo pertinente se ha transcrito, para el caso concreto de que trata el artículo 1747 del Código Civil, aparece claramente expuesto que quien contrató con el incapaz, como regla general, no tiene derecho a ser restituido al estado anterior al contrato que se anula, lo cual constituye una excepción al principio general que consagra el artículo 1746, y que a su turno, ésta sufre una excepción cuando se demuestra que por razón del contrato anulado el incapaz se hizo más rico. El segundo inciso de aquel precepto fija muy bien los casos en que se produce esa ocurrencia, es decir, cuando se entiende que dicho incapaz recibió un incremento patrimonial así: a) si las cosas pagadas o las adquiridas por medio de ellas le hubieran sido necesarias, y b) cuando a falta de tal necesidad, tales cosas subsistan en el patrimonio del incapaz y quisiere retenerlas.

Sirven de ejemplo del primer caso el pago de una deuda válida y plenamente comprobada que el acreedor habría podido hacer efectiva judicialmente, y del segundo, un contrato de permuta en cuya virtud ingresaron al haber del incapaz bienes que subsisten al declararse la nulidad y que el incapaz (vale decir, su representante legal) quiere conservar. Estas circunstancias, pues, son defensas que asisten a quien contrató con el incapaz para que en virtud de lo que estatuye el artículo 1747 no tenga que perder lo que pagó o entregó a su contratante, pero en todo caso deben estar plenamente acreditadas en el proceso.

De esta suerte y siguiendo las reglas generales que gobiernan la decisión de los litigios judiciales, si el juez encuentra que las pretensiones del demandante están llamadas a prosperar, por cuanto se acreditó la incapacidad por demencia o por cualquier otra causa de uno de los contratantes, tendrá que proceder a estudiar la aplicabilidad del citado artículo 1747 y a valorar los elementos de juicio que tiendan a demostrar los hechos de que éste depende. En el evento que se contempla, el juzgador tendrá que hacer pronunciamiento expreso en su fallo sobre ese aspecto de la litis. Si lo encuentra demostrado, pero no así el quántum de lo que enriqueció al incapaz, podrá proferir su decisión en abstracto a este respecto y deferir para la ejecución de la sentencia la liquidación de aquello que se debe restituir el demandado o sea del equivalente al enriquecimiento que recibió el incapaz. Lo que sería a todas luces inadmisible es que la sentencia se profiérese (sic) sobre la base de una presunción que no consagra la ley, consistente en que el contrato anulado siempre hace más rico al incapaz y que por tanto sólo falta determinar la cuantía de tal enriquecimiento en el trámite de ejecución del fallo. Tal situación se repite, debe considerarse y resolverse en la sentencia y decidirse con apoyo en pruebas que acrediten el enriquecimiento del incapaz.

Si el enriquecimiento en cuestión no se produjo o no está demostrado, lo procedente es aplicar el artículo 1747, esto es, sin ordenar que se efectúe a favor del contratante capaz de ninguna restitución o reembolso de lo que gastó o pagó por razón del contrato anulado. Tal fue lo que hizo el Tribunal en el presente caso precisamente porque estimó que según el inciso 2º del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, la no comparecencia de la demandada a responder el interrogatorio de parte, comportaba una confesión de ser ciertos los hechos afirmados en la demanda, en uno de los cuales (el noveno) se afirma que ni la compradora pagó ni la vendedora recibió “ni un solo centavo” del precio de la compraventa. Esta consideración no fue atacada por el recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia acusada y condena en costas a la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente.

Aurelio Camacho Rueda—José María Esguerra Samper—Germán Giraldo Zuluaga—Humberto Murcia Ballén—Alberto Ospina Botero—Ricardo Uribe Holguín. 

Alfonso Guarín Ariza, Secretario general.

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