Sentencia de casación, diciembre 14 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CORRECCIÓN MONETARIA

SE DEBE DESDE LA CONSTITUCIÓN EN MORA DEL DEUDOR

EXTRACTOS: «i. Ninguna duda existe actualmente sobre que la desvalorización monetaria es un perjuicio que debe ser indemnizado cuando, en tratándose de obligaciones dinerarias, estas son incumplidas, o lo son tardía o defectuosamente. Así lo ha definido la jurisprudencia de la Corte como puede verse, por ejemplo, en el siguiente fallo:

“En los países que, por virtud de los altos y constantes índices de inflación, ven sometida su moneda a una permanente y notoria desvalorización, nadie discute hoy día que dicho fenómeno es, en sí mismo, un perjuicio cuya indemnización es jurídicamente de recibo, cuando a ello hubiere lugar. Dicho perjuicio, también ha sido expuesto, encaja dentro de la noción de daño emergente. Ello es lo que sucede en Colombia y en tal sentido se ha orientado la jurisprudencia de la Corte durante la última década cuando ha abordado problemas concernientes al resarcimiento de daños provenientes del incumplimiento, o del cumplimiento tardío o defectuoso de una obligación contractual, o del quebrantamiento del deber general del neminem laedere” (Cas. Civ. 12 de agosto de 1988, G. J., T. CXCII, 2º semestre, p. 7).

También antes había expuesto lo siguiente en el mismo sentido:

“Es innegable, en la actual coyuntura económica en que se desenvuelve el país, que el deudor desde que injustificadamente incurre en mora en el pago de una obligación de dinero, por una parte asume una conducta antijurídica y, por otra, ocasiona un daño al acreedor, que aquél, frente al derecho positivo, está obligado a repararlo...” (Cas. Civ. 30 de marzo de 1984, G. J. T. CLXXVI, p. 137).

ii. Aun cuando el punto aparece ya definido en los conceptos anteriores, no sobra recalcar que la desvalorización monetaria, al igual que cualquier otro perjuicio indemnizable, debe quedar conectada a la mora del deudor. Acerca de este aspecto específico, entre muchas oportunidades, la Corte explicó lo que a continuación se reproduce del 21 de junio de 1986:

“2. Según la ley, la indemnización de perjuicios se debe desde que el deudor se ha constituido en mora en el cumplimiento de sus obligaciones positivas (de dar y de hacer) o, desde el momento de la contravención si la obligación es negativa (de no hacer), pues así lo establece expresamente el art. 1615 del Código Civil...

3. Al tenor del artículo 1608 del Código Civil y en consideración a los alcances o efectos de la mora, se sienta la regla general de que el deudor queda constituido en mora a partir de la reconvención judicial hecha por el acreedor al deudor para que cumpla con sus obligaciones, regla que sólo tiene las excepciones señaladas en los ordinales 1º y 2º del mencionado precepto...

4. No tratándose de los casos de excepción mencionados en los ordinales 1º y 2º del artículo 1608 del Código Civil, en los demás, que es la regla general, la mora debitoria requiere de la solemnidad de la reconvención judicial...

5. La reconvención judicial, se ha sostenido insistentemente por la jurisprudencia de la Corte, que se requiere, cuando no se trate de las excepciones contempladas por la ley, no queda cumplida con la demanda ordinaria de resolución o cumplimiento del contrato, sino con la solicitud previa que ante el juez formula el acreedor a fin de que el deudor pague o cumpla una obligación que es exigible, petición esta orientada a fijar el momento en que el deudor queda en mora y, por ende, obligado a pagar perjuicios al acreedor, que desde ese mismo momento empezará a sufrirlos...’’(G.J. T. CLXXXIV, p. 92).

iii. Proyectadas las ideas precedentemente expuestas sobre el caso sub júdice, nítidamente se deduce que al fallador de instancia no le era dable condenar, desde el día en que la actora puso término de manera unilateral al contrato de agencia, a la sociedad demandada al pago de la corrección monetaria sobre las sumas en que concretara las condenas restantes. De hecho, siendo la mora la exigencia legal que le abre paso a la producción de los perjuicios que el incumplimiento del deudor le pueda irrogar al acreedor, tanto el juzgado cuando profirió la condena, como el Tribunal cuando la confirmó, creyeron que la misma era de recibo con el mero apoyo en la transgresión que de las obligaciones de la sociedad agenciada encontraron probada, juicio que resulta contrario a la ley cuando, como se viene diciendo desde siempre por la jurisprudencia de la Corte, la indemnización de perjuicios se debe desde la constitución en mora del deudor (art. 1615 C. C.), aspecto este no tomado en consideración por aquellos.

Por lo tanto, el cargo está llamado a prosperar pues la sentencia del Tribunal resulta violatoria de las normas invocadas por el recurrente.

La resolución que sustitutivamente le corresponde tomar a la Corte se circunscribirá a absolver a la demandada por el concepto de la corrección monetaria, como quiera que esa parte no ha sido constituida en mora por ninguno de los medios establecidos en el artículo 1608, lo que quiere decir que la actora aún no puede reclamar aquella como perjuicio, sin que a este caso se pueda aplicar la reforma que al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil le introdujo el Decreto 2282 de 1989, en el sentido de que la notificación del auto admisorio de la demanda produce los efectos de requerimiento judicial para constituir en mora, puesto que la litis se trabó con mucha anterioridad a la entrada en vigor del citado decreto».

(Sentencia de casación, diciembre 14 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Héctor Marín Naranjo).