Sentencia de febrero 9 de 1976 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

La concurrencia de culpas reduce pero no libera de responsabilidad. La diligencia y cuidado del automovilista no lo exonera de responsabilidad

Magistrado Ponente:

Dr. Germán Giraldo Zuluaga

Bogotá, D.E., nueve de febrero de mil novecientos setenta y seis.

Decídese el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra el fallo de 18 de marzo último, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en este proceso ordinario suscitado por Consuelo Londoño viuda de Londoño y otros contra Avelino Hincapié.

I. El litigio

1. En demanda que fue admitida por el Juez Civil del Circuito de Rionegro mediante auto de 7 de junio de 1973, Consuelo Londoño viuda de Londoño, obrando en su propio nombre como viuda de Horacio Londoño y como representante de sus menores hijos legítimos José Milagros, Luis Horacio, María de Jesús, Gladys del Socorro, Luz Mary, John Jairo y Rosalba Londoño y además María Graciela Ospina viuda de Gil, quien a más de obrar en nombre propio, como viuda de Efrén Gil, actúa como representante legal de sus hijos no emancipados John Jairo, Berta, Mario de Jesús y Piedad del Socorro Gil Ospina, pidieron que, con citación de Avelino Hincapié, se declarase que éste es civilmente responsable de los perjuicios que se les ocasionaron a los demandantes con la muerte trágica de Horacio de J. Londoño y Efrén de J. Gil quienes fueron arrollados por el vehículo K-15256, de propiedad del demandado, automotor que, en el momento de acaecer el insuceso, era piloteado por un hijo suyo, por lo cual el demandado debe resarcirles ese daño.

2. La causa para pedir radica en que a eso de las 11 de la noche del 11 de julio de 1971, Horacio y Efrén caminaban por la vía llamada autopista Medellín-Bogotá con dirección a sus respectivas residencias, situadas en aquellos contornos, e intempestivamente fueron atropellados por el vehículo antes descrito que, en ese momento era conducido por Pablo Hincapié, hijo del propietario del mismo, Avelino Hincapié. A consecuencia de este accidente, los dos lesionados fallecieron inmediatamente. Sus familias derivaban íntegramente su subsistencia de lo que, respectivamente, cada uno de los difuntos devengaba como retribución de su trabajo, que era la suma aproximada de mil pesos ($ 1.000) mensuales.

3. Con oposición del demandado, quien alegó que el accidente se debió a culpa exclusiva de las víctimas quienes “en avanzado estado de embriaguez se acostaron en la mitad de la vía”, “a descansar o a dormir”, se adelantó la primera instancia del proceso que terminó con fallo condenatorio, el cual, apelado por el demandado, recibió revocación del tribunal respectivo por medio de la sentencia de 18 de marzo de este año, en la que se absuelve al demandado. Entonces los demandantes interpusieron el recurso de casación contra ella.

II. La sentencia del tribunal

Luego de recordar cuáles son las peticiones de la demanda y los hechos en que ésta descansa, el sentenciador expresa que este proceso versa sobre la responsabilidad extracontractual que cabría al demandado Avelino Hincapié en su calidad de propietario del automotor con que su conductor, Pablo Hincapié, quien era hijo suyo además, produjo la muerte de Horacio J. Londoño y Efrén de J. Gil. Dice que para la prosperidad de pretensión basada en culpa aquiliana, deben establecerse en principio, el daño de la víctima, la culpa del demandado y la relación de causalidad entre uno y otra; pero que la culpa no debe ser probada siempre, ya que ella se presume legalmente cuando quien causó el daño lo hizo al ejercitar una actividad peligrosa, como es la de conducir automotores, pues es él quien voluntariamente hace correr a los demás asociados el riesgo de ser lesionados. Que en tratándose de accidente ocurrido en la explotación de actividad peligrosa, cual acaece en el presente litigio, al demandante le basta demostrar el daño sufrido y que éste tuvo origen en acción u omisión del demandado; que la persona que sufre el detrimento, en la hipótesis contemplada por el artículo 2356 del Código Civil, “está relevada de demostrar la existencia del factor culpa, y será el demandado para liberarse de responsabilidad, quien corre con la carga de probar una causa eximente como sería el caso fortuito, la intervención de un elemento extraño, o la culpa exclusiva de la víctima”. Agrega el tribunal que cuando el lesionado concurrió con actos culposos suyos a la producción del daño, la Corte, interpretando el artículo 2357 del Código Civil, ha dicho que si el perjuicio se ha originado en la culpa conjunta de víctima y victimario, la responsabilidad del demandado puede ser atenuada y aun borrada o suprimida totalmente para lo cual el juez goza de amplios poderes para valorar el hecho y las circunstancias en que se produjo el daño. “En síntesis —dice el ad quem— cuando se presentan aquellos casos en que ambas partes participan de culpa en el hecho causante del daño, si bien la responsabilidad del autor del mismo, como principio general, no queda eliminada sino apenas atenuada, excepcionalmente, según la magnitud o grado de culpa del ofendido, puede el juzgador dentro de su prudencia, considerar liberado de responsabilidad al ofensor”.

Luego expresa el fallador de segundo grado que entrando en el análisis de los medios de convicción, de ello resulta lo siguiente:

“a) Que el 11 de julio de 1971, en las horas de la noche, Pablo Hincapié Flórez conducía un vehículo automotor de placas K-15256 de propiedad de Avelino Hincapié, y cuando se desplazaba por la carretera denominada “Autopista Medellín-Bogotá, atropelló a Horacio de J. Londoño y Efrén de J. Gil, causándoles la muerte. Así se infiere de los testimonios rendidos por Darío Sánchez Vargas, Mario de J. Londoño Zapata, Luciano Rúa Tabares, Tulio Vargas Sánchez y de la prueba de confesión contenida en la contestación de la demanda y en interrogatorio de parte rendido por el demandado (fls. 2º vto. A 4º vto. cuaderno 2; 16 vto., 25 vto., cuaderno principal);

b) Que el automotor con el cual se causó la muerte de Horacio de J. Londoño y Efrén de J. Gil, fue entregado por su propietario Avelino Hincapié a su hijo Pablo, para que este último lo condujera. Esto se pone de manifiesto con la prueba de confesión de la contestación de la demanda y del interrogatorio de parte;

c) Que el insuceso se presentó cuando el vehículo era maniobrado a velocidad aceptable, en horas de la noche, bajo fenómenos de lluvia y neblina. Esto lo exteriorizan los testimonios de Luciano Rúa, Tulio Vargas y Alfonso Sánchez;

d) Que las víctimas habían ingerido licor. De esto da fe la prueba practicada en el proceso penal e incorporada al proceso civil (fls. 10 a 58 cuaderno 4);

e) Que las víctimas, vencidas por los efectos del licor se acomodaron, o mejor, se sentaron sobre el piso de la autopista, poniendo en peligro sus vidas, a pesar de estarles prohibida semejante conducta por el Código Nacional de Tránsito Terrestre (D. 1344/70, arts. 120 y ss.). Esto se deduce de toda la investigación penal adelantada sobre el hecho, la cual dio lugar a que los falladores penales, ante la marcada imprudencia de las víctimas, declararan la inexistencia del delito, pues los sentenciadores de primera y segunda instancia coincidieron en afirmar que todo se debió a la imprudencia de los occisos, quienes sin parar mientes en la peligrosidad de una vía, como es una autopista, se sentaron en ella “borrachos y sin tener el más mínimo cuidado con los vehículos que transitaban en la vía”, y

f) Que el conductor del vehículo, afectado en su visibilidad por factores tales como estar de noche, lloviznando y con algo de neblina, al observar la presencia en la autopista de “un bulto”, maniobró el sistema de frenos, a pesar de lo cual siempre causó la muerte a las dos personas, que cómodamente y por efectos del licor se habían ubicado en el piso de la autopista. Esta reflexión se saca del conjunto de toda la prueba incorporada al proceso.

Entonces, de la forma como se presentaron los hechos, sólo puede llegarse a la clara conclusión de que la imprudencia o culpa de las víctimas en el insuceso fue superior a la del autor del daño. Por tanto, como aquélla resulta ser en mayor grado, no se le puede derivar responsabilidad civil al autor del daño. Así las cosas, habrá de revocarse la decisión recurrida, a efecto de absolver a la parte demandada. Por esta circunstancia, es superfluo analizar el medio exceptivo propuesto por dicha parte”.

III. La demanda de casación

Dos cargos formula el recurrente a la sentencia del tribunal, ambos con apoyo en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, de los cuales la Corte despachará sólo el último, por encontrarlo fundado.

Cargo segundo

En él denúnciase infracción directa de los artículos 2341, 2356 y 2357 del Código Civil por interpretación errónea, lo que condujo al tribunal a violar, por falta de aplicación, los artículos 1613 y 1614 de la misma obra.

Como premisa de su ataque expresa el recurrente que el tribunal encontró tanto prueba de que existía culpa atribuible al demandado, como de que las víctimas también habían obrado negligentemente. Mas concluyó que por cuanto la culpa de las víctimas “fue superior a la del autor del daño, como aquélla resulta ser en mayor grado, no se le podía derivar responsabilidad civil al autor del daño”. Arguye entonces el censor que si hubo concurrencia de culpa, al tenor del artículo 2357 citado sólo podía el tribunal reducir la indemnización que debería pagar el demandado, mas no declararlo exento totalmente, pues esto sólo es posible, cuando a pesar de que inicialmente se presume la culpa del autor del daño originado en el desarrollo de actividad peligrosa, el agente comprueba que el perjuicio dimana de culpa exclusiva, no concurrente, de la víctima. Que, por consiguiente, si el tribunal concluyó que tanto el demandado como las víctimas eran reos de culpa, por existir negligencia concurrente o simultánea del autor del daño y de los lesionados, debía solamente haberse reducido la valoración del daño que habría de resarcir el demandado y no haberlo declarado exento totalmente de la obligación de indemnizar.

IV. Consideraciones de la Corte

Quien por sí o por medio de sus agentes cause a otro un daño, originado en hecho o culpa suya, está obligado a resarcirlo; y quien demande la indemnización ha de comprobar, en principio, el daño padecido, el hecho intencional o culposo del demandado, y la relación de causalidad entre el proceder o la omisión negligente de éste y el perjuicio sufrido.

Cuando el daño se cause, empero, en el desarrollo de una actividad de las que la jurisprudencia ha calificado como peligrosas, porque con ellas se pone a los demás asociados en inminente peligro de recibir lesión aunque se desarrolle empleando toda la diligencia y el cuidado que por su naturaleza exige, entonces la víctima que reclama indemnización no tiene qué demostrar la culpa del demandado, pues ésta se presume en tal evento por ser él quien con su obrar ha creado la inseguridad de sus conciudadanos.

Conclúyese de lo anterior que en el estado actual de la jurisprudencia, los daños ocasionados en el ejercicio de una actividad peligrosa, cual es la de conducir vehículos automotores, se presumen causados por culpa del conductor. Mas como esta presunción no es de derecho, sino simplemente legal, aquél sobre quien pesa la dicha presunción, puede liberarse de ella acreditando que el perjuicio provino de culpa exclusiva de la víctima, de fuerza mayor o de la intervención de un elemento extraño.

Pero como el daño no siempre tiene su origen en la culpa exclusiva de la víctima o en descuido único del demandado, sino que, en muchas ocasiones, tiene su manantial en la concurrencia de culpas de uno y otro, en negligencia tanto de la víctima como del autor del perjuicio, entonces, en este último evento, en virtud de la concausa, el demandado no puede ser obligado, sin quebranto de la equidad a resarcir íntegramente el daño sufrido por la víctima.

Si la acción o la omisión culposa de ésta fue motivo concurrente del perjuicio que sufre, necesariamente resulta ser el lesionado, al menos parcialmente, su propio victimario. Y si él ha contribuido a la producción del perjuicio cuya indemnización demanda, es indiscutible que en la parte del daño que se produjo por su propio obrar o por su particular omisión, no debe responder quien sólo coadyuvó a su producción, quien, realmente, no es su autor único, sino solamente su copartícipe.

Tal es el fundamento racional y lógico del artículo 2357 del Código Civil que expresa:

“La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.

Pero reducir, según la inteligencia que a esa voz le da el diccionario de la Real Academia en el texto transcrito, es equivalente de disminuir, mas no de liberar o eximir del pago de la obligación.

La total reparación del daño producido tanto por negligencia de la víctima como del demandado, no puede exigirse judicialmente de éste, pues habiendo contribuido también a su producción la propia persona que lo padece, entonces la solución equitativa es la de reducir su monto. Sólo cuando el perjuicio se ocasiona por culpa exclusiva de la víctima, vale decir cuando el demandado no contribuyó a su producción, entonces sí puede declararse que éste queda exento de la obligación de indemnizar.

Habiendo encontrado, pues, el tribunal que la muerte de Horacio de J. y de Efrén de J. se debió no sólo a la imprudencia notoria de ellos, sino también a la culpa del demandado Avelino, a pesar de que la negligencia de aquéllos fue mayor, no podía liberar a éste de responsabilidad, sino reducir el monto de la condena apropiada para satisfacer el perjuicio sufrido por los demandantes. No habiendo obrado así, quebrantó, ciertamente el artículo 2357, pues entendió que por cuanto a la producción de la muerte de Horacio de J. y Efrén de J. contribuyeron tanto estos mismos, como el demandado Hincapié, podía declarar totalmente libre a éste de la obligación de resarcir el daño, apoyándose especialmente en haber encontrado que la imprudencia de los interfectos era mayor o superior a la del demandado.

Por lo dicho se casará la sentencia recurrida.

IV. Bases del fallo sustitutivo

Fuera de las anteriores consideraciones, menester es tener de presente las siguientes:

a) Están satisfechos los presupuestos procesales;

b) Los demandantes, como cónyuge y herederos de Horacio de J. Londoño y Efrén de J. Gil, respectivamente, están legitimados para demandar el daño que padecieron por la muerte violenta de estos;

c) El demandado confesó ser el propietario del vehículo con que fueron atropellados Horacio y Efrén y de la misma manera aceptó que quien conducía el automóvil en el momento del accidente era hijo suyo, quien lo piloteaba con su beneplácito; por ende, aquél es persona frente a la cual se puede reclamar la reparación del detrimento sufrido;

d) En la contestación al escrito de demanda, Avelino Hincapié acepta los hechos en que se funda la causa petendi, mas arguyendo en su pro que la muerte de Londoño y de Gil “ocurrió por la exclusiva imprudencia de estos, quienes borrachos se acostaron a descansar o a dormir sobre todo el ancho de la autopista”;

e) La actividad desarrollada (la de conducir automotores) por Pablo Hincapié con el automóvil de su padre y con el expreso asentimiento de éste, es una verdadera actividad peligrosa;

f) El demandado en este proceso fue Avelino Hincapié, propietario del vehículo arriba descrito y quien tenía autorizado a su hijo para explotarlo. Por tanto, como el daño que se demanda fue producido en el desarrollo de actividad peligrosa, por la propia naturaleza de esta actividad y por cuanto quien piloteaba el vehículo estaba autorizado por su propietario, se presume la culpa de Avelino Hincapié al tenor de los artículos 2347 y 2356 del Código Civil, presunción que no se destruye con la mera demostración de que se obró diligentemente, que se puso todo el cuidado requerido en el desarrollo de la respectiva actividad. Es decir, el demandado no puede exonerarse de la obligación de resarcir el daño con la sola demostración de lo que la doctrina jurisprudencial de la Corte ha denominado “prueba de la diligencia y cuidado”, pues como ya se expresó, por cuanto con el funcionamiento de ciertas máquinas se crea la inseguridad de los conciudadanos por el riesgo palmar que ofrecen, y por cuanto sería difícil, por no decir imposible, que las víctimas de una actividad peligrosa pudieran demostrar la negligencia o el descuido, la jurisprudencia ha levantado a cargo del guardián de esas máquinas, cual lo es el propietario que por sí o por medio de otras personas las explota, una presunción de culpa que sólo puede desvanecerse con la plena prueba del caso fortuito, de la intervención de un elemento extraño o de culpa exclusiva de la víctima. Tal especie de presunción, pues, no se aniquila con sólo acreditar el empleo de diligencia y cuidado;

g) Con la prueba de confesión y con lo declarado por Julio Vargas a solicitud de los demandantes (fls. 3 vto. y del cuaderno de pruebas de estos) queda acreditado que Pablo Hincapié, quien con autorización de Avelino, su padre, explotaba un automóvil de propiedad de éste, en el momento que piloteaba tal vehículo causó la muerte de Horacio de J. Londoño y Efrén de J. Gil, por lo cual y en virtud de lo dicho arriba se presume que el daño se causó por culpa del demandado Avelino.

Y como no aparece la prueba de que la muerte haya sobrevenido a consecuencia de un caso fortuito, de culpa exclusiva de las víctimas o de la intervención de un elemento extraño, necesariamente habrá de declararse que el demandado es civilmente responsable de los daños causados a los demandantes con la muerte de Horacio y Efrén.

Y a pesar de que al proceso se adujo copia de los autos de sobreseimiento definitivo con que el conductor Pablo Hincapié fue favorecido por el Juzgado 11 Superior de Medellín y por el tribunal superior respectivo, no se podrá eximir de responsabilidad al demandado y propietario Avelino, pues de tales providencias judiciales sólo surgiría prueba de que el piloto Pablo Hincapié obró con diligencia y cuidado, y ya se vio que la simple prueba de esta diligencia cuidadosa no libera de la presunción establecida por el artículo 2356 del Código Civil. Por este motivo no puede prosperar la excepción de cosa juzgada propuesta por el demandado y que se hizo consistir en que la justicia penal había declarado exento de culpa al conductor Pablo Hincapié;

h) Pero como está demostrado con la misma declaración de Tulio Vargas que las víctimas se expusieron imprudentemente a recibir el daño, pues se situaron en mitad de una vía destinada especialmente al tránsito de automotores, sólo se condenará al demandado a pagar el 30% del daño, e

i) Por contera, como no está demostrado el quántum del perjuicio y, fundamentalmente, como de otro lado, en las peticiones segunda y tercera se expresó que la cuantía tanto de los daños morales como de los materiales, sería la que “se demostrase en incidente posterior”, la condenación se hará en forma genérica y no concreta.

Por lo expuesto, habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia, pero con la reforma de que el demandado Avelino Hincapié sólo pagará el 30% de los perjuicios ocasionados a los demandantes con la muerte de Horacio de J. Londoño y Efrén de J. Gil.

A mérito de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 18 de marzo de 1975, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en este proceso ordinario en que Consuelo Londoño viuda de Londoño y otros demandaron a Avelino Hincapié y, en su lugar, actuando ya como tribunal de segunda instancia,

FALLA:

Confírmase la sentencia condenatoria de primer grado, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Rionegro, calendada el 7 de febrero de 1974, pero con la reforma de que el demandado sólo se le condena al pago de un treinta por ciento (30%) de los perjuicios que los demandantes demuestren haber sufrido.

Las costas de primera y segunda instancia las pagará el demandado, mas sólo en un treinta porciento (30%), sin costas en casación porque el recurrente triunfó.

Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Humberto Murcia Ballén—Aurelio Camacho Rueda—Ernesto Escallón Vargas—José María Esguerra Samper—Germán Giraldo Zuluaga—Alfonso Peláez Ocampo. 

Alfonso Guarín Ariza, Secretario general.

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