Sentencia IJ-4 de mayo 30 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR ORDEN DE JUEZ PENAL

EL PERJUDICADO DEBE RECLAMAR MEDIANTE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

EXTRACTOS: «El asunto de fondo consiste en dilucidar los derechos salariales y prestacionales que el actor reclama por el tiempo en que estuvo suspendido en el ejercicio de su cargo desempeñado en el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Tolima, por orden del antiguo Juzgado Tercero Penal Aduanero de Bogotá, habida cuenta de que fue exonerado de toda responsabilidad dentro de la investigación, para adelantar la cual se le suspendió.

Al respecto se observa lo siguiente:

Para la rama ejecutiva no existe norma alguna de que autorice en esos casos de suspensión por orden judicial, el pago de sueldos y prestaciones dejados de devengar cuando el empleado o funcionario es absuelto o cesa en su favor el procedimiento, o cuando por prescripción o por cualquier otra razón se revoca la orden de suspensión en el ejercicio del cargo.

Ciertamente cuando se trate de suspensión como medida precautelativa para adelantar una investigación de naturaleza disciplinaria, el Decreto 1950 de 1973 y las normas posteriores, como la Ley 13 de 1984, y el Decreto 482 de 1985, vigentes para la época de los hechos y aplicables por mandato del artículo 63 de la Ley 4ª de 1990, contemplaban la posibilidad de pago de sueldos y prestaciones si no se imponía sanción disciplinaria de destitución o de suspensión o si la impuesta era inferior al término de la separación provisional del servicio.

En la actualidad, la Ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único, prevé la suspensión provisional del investigado disciplinariamente en las condiciones señaladas en el artículo 115 y el derecho del servidor suspendido al reconocimiento y pago de las remuneración dejada de percibir durante el lapso de la suspensión, en los casos enlistados en el artículo 116. Ejercido el control de estas normas por la Corte Constitucional, fueron declaradas exequibles mediante sentencia C-280 de 1996.

Sin embargo la situación es diferente en cada caso. En estas hipótesis la orden de suspensión proviene del superior jerárquico del empleado o funcionario o de la procuraduría, para facilitar el adelantamiento de una investigación disciplinaria. Si esta no culmina con la imposición de una sanción, o se impone una sanción inferior al término de la suspensión, el empleado o funcionario suspendido debe recibir como restablecimiento de sus derechos, el pago de los sueldos y prestaciones dejados de percibir durante la suspensión precautelativa; así lo previó la ley.

Pero cuando la orden de suspensión proviene de un juez, no es el superior jerárquico quien toma la determinación de suspender provisionalmente al empleado, y por tanto la responsabilidad se traslada a ese órgano del Estado. La administración a menos de existir norma expresa que la autorice, no puede, en caso de absolución o revocatoria de la orden de suspensión, cancelar los sueldos y prestaciones dejados de devengar por el empleado o funcionario suspendido por orden judicial.

Se dirá entonces que frente al artículo 90 de la Constitución Política de 1991 que consagra la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, esa suspensión posteriormente revocada debe significar una reparación para el suspendido.

Así entiende la Sala que por aplicación de dicho artículo 90 puede lograrse la reparación del daño causado, mas no por la vía intentada por el actor en este proceso, en el cual en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se controvierte u acto administrativo ficto que a la luz de las disposiciones invocadas como violados es legal, puesto que para cancelar los sueldos y prestaciones reclamados, la entidad demandada no cuenta con autorización de la ley ni le es dado aplicar analógicamente otras normas que regulan situaciones diferentes y por lo mismo no puede deducírsele responsabilidad, de manera automática, sino a través del ejercicio de la acción de reparación directa.

El panorama de la responsabilidad del estado, por acción u omisión de sus agentes judiciales, se amplió y precisó por el legislador el que, con posterioridad a los hechos que se juzgan, previó en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal la indemnización por privación injusta de la libertad y posteriormente, en los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la justicia, destinó un capítulo a la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales, estableciendo la responsabilidad patrimonial por los daños antijurídicos causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

Es preciso tener en cuenta que si bien es cierto el Estado es uno solo, nuestra Constitución consagra en el artículo 113 el principio de la separación de los poderes públicos y cada rama del poder debe asumir sus propias responsabilidades.

Las normas anteriormente comentadas, es decir, el artículo 90 de la Constitución, los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996 y el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal que consagra la responsabilidad por privación injusta de la libertad, son las llamadas hoy a garantizar la protección del empleado o funcionario injustamente suspendido de su cargo por orden judicial, pero ni antes de su expedición, ni ahora, puede ello perseguirse a través del ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto que, como ocurre en el caso sub examine, no resulta contrario a normas superiores de derecho y del cual no se puede derivar una condena para quien se limitó a ejecutar una orden de un juez de la república que indudablemente era de obligatorio cumplimiento.

Naturalmente en ejercicio de la acción de reparación directa, el empleado o funcionario tendrá la posibilidad de demostrar dentro del proceso respectivo, que se le ocasionó un daño antijurídico o que se dan los supuestos contemplados en la preceptiva citada, y obtener, si es el caso, el resarcimiento del daño causado, el cual podría comprender el pago de lo dejado de devengar en el evento analizado.

Como en el caso de autos se acudió a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y el acto ficto acusado no resulta contrario a las normas superiores invocadas en la demanda, habrá de confirmarse la sentencia en cuanto negó a la petición de pago de salarios y prestaciones dejados de devengar durante el término de suspensión de su empleo por orden judicial».

(Sentencia de mayo 30 de 2002. Expediente IJ-004. Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla).

SALVAMENTO DE VOTO

EXTRACTOS: «Con el debido respeto me permito exponer las razones que me motivan a disentir de la decisión mayoritaria que se abstuvo de imponer en contra del nominador del empleado suspendido el reconocimiento de los salarios y las prestaciones dejadas de percibir en cumplimiento de una orden judicial que posteriormente fue revocada.

En la providencia de la cual me aparto, se esgrime como tesis la improcedencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y la viabilidad de la de reparación directa para lograr el reintegro de las sumas de dinero de cuyo goce estuvo privado el actor por causa de una orden judicial que resulta a posteriori revocada.

A mi juicio, es correcto que el perjudicado pretenda de su nominador la devolución de lo dejado de recibir mediante el mecanismo procesal previsto en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, pues la suspensión del pago de salarios y prestaciones, surge dentro de la relación laboral y se presenta como un evento propio de su desenvolvimiento, luego mal podría el nominador pretender desprenderse de las situaciones que ocasionalmente acontezcan en tal relación.

La decisión judicial de suspender el pago de los salarios y prestaciones, no implica el rompimiento de la relación laboral porque la orden de suspensión contiene una condición resolutoria consistente en el futuro incierto del proceso, luego como el acto de suspensión no conlleva extinguir el vínculo laboral, es apenas comprensible que desaparecida la condición suspensiva que pasaba sobre el derecho a la remuneración, se retrotraigan plenamente los efectos de tal suceso, recayendo sobre el nominador la obligación de reintegrar las sumas de dinero dejadas de pagar.

En este orden de ideas, estimo que para radicar en el nominador el deber de pagar los salarios y prestaciones en la hipótesis contemplada, no se requiere de un precepto normativo que establezca dicha obligación, pues es de elemental justicia que habiendo sido privado el empleado de su medio vital de subsistencia por causa de una medida que no implica extinción de la relación laboral, una vez que esta sea revocada lo pertinente es permitir que se retrotraiga plenamente en sus efectos, volviendo las cosas a su estado inicial.

Adicionalmente, nada impide en aras de reconocer tal derecho, que pueda acudirse analógicamente a las normas que estatuyen la obligación de pagar los salarios y prestaciones en los eventos de suspensión por orden del nominador o de la procuraduría para facilitar el trámite de una investigación disciplinaria que se contemplan en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 158 del Decreto 1950 de 1973, el artículo 21 de la Ley 13 de 1984 y el artículo 46 del Decreto 482 de 1985 aplicables por mandato del artículo 63 de la Ley 4ª de 1990 (vigentes para el momento en que fueron expedidos los actos acusados), e incluso a los principios constitucionales, los que evidentemente resultan vulnerados por la circunstancia de desconocer el derecho fundamental y mínimo en material laboral a percibir el pago de salarios y prestaciones que se protege en el artículo 53, razón por la cual no es dable afirmar que el acto acusado no pueda ser anulado, en tanto es diáfano que infringe el ordenamiento jurídico.

De otra parte, considero que para el nominador queda a su alcance instaurar la acción de reparación directa contra La Nación, rama judicial, por los perjuicios que pudo ocasionarle el pago de salarios por servicios no prestados, que encuentra sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual consagra la responsabilidad por el daño antijurídico o en el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 cuando quiera que la orden de suspensión incurra en error judicial.

Así mismo, bien podría el empleado acudir a la mencionada acción para reclamar al causante directo del daño los perjuicios que la medida de suspensión de salarios y prestaciones le irrogó, pero ello no significa, en términos de la tesis mayoritaria, que únicamente cuente con este mecanismo procesal, pues si lo prefiere, está igualmente facultado para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra su nominador, y en esta circunstancia, se configura un conflicto de naturaleza estrictamente laboral, propio del vínculo laboral que indudable e indiscutiblemente existe entre el empleado y su empleador»

Alejandro Ordóñez Maldonado 

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