Sentencia de julio 8 de 1976 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SOCIEDAD DE HECHO

LA DECLARATORIA DE NULIDAD TIENE SÓLO EFECTOS FUTUROS

Diversas clases de aportes

Magistrado Ponente:

Dr. Humberto Murcia Ballén

Bogotá, D.E., ocho de julio de mil novecientos setenta y seis.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de 15 de septiembre de 1975, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso ordinario instaurado por Luis Alfonso Rave frente a Rosalba Alarca Gaviria.

I. El litigio

Mediante escrito de 13 de mayo de 1974, que en repartimiento correspondió al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, el citado Luis Alfonso Rave demandó a la mentada Rosalba Alarca Gaviria, en procura de que, previos los trámites del proceso ordinario, se hiciesen los siguientes pronunciamientos:

a) Que se declare la existencia entre ellos de una sociedad de hecho, de “las modalidades y características concretadas en la parte narrativa de este escrito”;

b) Que se diga que durante la existencia de la sociedad dicha, ésta adquirió los bienes que la demanda discrimina “y que están radicados en cabeza de los integrantes de la misma”;

c) Que, consecuencialmente, se ordene la disolución y liquidación del patrimonio social entre los dos socios, observando en la liquidación dicha “las normas que el ordenamiento adjetivo señala” al efecto, y

d) Que se condene a la demandada al pago de las costas procesales.

En subsidio de las tres primeras súplicas anteriores, solicitó el demandante las siguientes dos declaraciones, a saber:

a) Que la demandada, “por razón de la actividad, trabajo y desarrollo de la capacidad personal del demandante”, adquirió los bienes que en la demanda se relacionan y especifican, y

b) Que, como consecuencia del pronunciamiento anterior, se condene a la demandada a entregar a su demandante, dentro del término que en la sentencia se señale, la cuota parte que de dichos bienes corresponda a éste, “en la cuantía que su despacho indique”.

2. Como hechos constitutivos de la causa petendi el demandante invocó, en síntesis, los siguientes:

a) Que hace “cerca de 8 años”, cuando él solamente poseía como activo un derecho de $ 20.000 radicado en un inmueble que se le había adjudicado en la sucesión de su padre, entró a convivir con Rosalba Alarca Gaviria, con quien resolvió unir sus capacidades de trabajo y aunar sus esfuerzos “ante todo con la finalidad de levantar un patrimonio común, que redundara en beneficio de ambos”;

b) Que durante el lapso de la convivencia, que se extendió desde 1967 hasta principios de 1974 en que la demandada en forma intempestiva abandonó “su calidad de compañera del demandante”, y pretendió apropiarse de todos los bienes sociales, por la común actividad de los asociados, estos realizaron muchos negocios que les produjeron beneficios de orden económico;

c) Dice el demandante que en 1967, mediante el esfuerzo de ambos, con un préstamo que les hizo el Banco Central Hipotecario construyeron un edificio de tres plantas sobre el lote ubicado en la calle 61 A con carrera 55 A de Medellín, previamente adquirido por ambos, aunque “por conveniencia mutua”, dicho lote “resultó a la postre escriturado a la demandada”;

d) Que terminada la referida edificación en la cual intervino decisivamente el demandante con su esfuerzo, dedicación y trabajo, fue permutada por el establecimiento comercial denominado “Club El Dorado”, situado en el municipio de Bello; que este establecimiento fue luego vendido por suma determinada, precio que sumado a un préstamo obtenido personalmente por Rave, sirvió a los consocios para comprar en común los siguientes derechos: la mitad de la finca “El Edén”, ubicada en el paraje “Malabrigo” de la jurisdicción municipal de Caramanta; y la mitad de otra finca situada en el paraje “El Alvarado” del municipio de Copacabana;

e) Que sin embargo de que fue la demandada quien pagó las cuotas respectivas, “en razón de que era ella quien administraba el patrimonio común”, en el año de 1973 los dos adquirieron “un billete de la lotería extraordinaria de Navidad, el cual resultó favorecido en el sorteo respectivo” y les reportó ganancia de $ 900.000;

f) Con parte del producto de ese golpe de suerte, dice el demandante que por gestión suya adquirieron los socios en 1974 la propiedad de un edificio en la ciudad de Medellín, el que después de reparado, lo dieron en arrendamiento a Juan Montoya por un canon mensual de $ 15.000;

g) Que con el producto de la actividad común de los dos hicieron, mediante intervención directa del concubinato, varios préstamos a personas diferentes, obteniendo así intereses de las sumas mutuadas, réditos que ingresaron al patrimonio social, y

h) “Por lo dicho hasta el presente —reza la demanda en su hecho 7º— tanto la demandada como el suscrito demandante persiguieron, desde un principio fines comunes, una asociación de esfuerzos, hasta el punto de adquirir un patrimonio respetable, que no habría podido alcanzarse por el simple esfuerzo individual”.

3. Oportunamente la demandada contestó la demanda oponiéndose a los pedimentos de su demandante.

En cuanto a los hechos afirmados por éste, salvo el atinente al concubinato, el cual aceptó, la demandada negó todos los demás. Expresó, de consiguiente, que “a partir del 23 de enero de 1968, inició una comunidad de lecho con el actor Rave, en una vivienda ubicada al margen de la Avenida del Ferrocarril de esta ciudad de Medellín”; agregó, sin embargo, que dicha unión jamás tuvo por finalidad “crear un patrimonio común o levantar una empresa con miras a la creación de bienes o servicios, materia de especulaciones económicas”; y que los bienes referidos en la demanda fueron adquiridos exclusivamente por ella, sin que en sus negocios hubiera actuado, como socio, su demandante.

En esa misma oportunidad la demandada propuso las excepciones que denominó “inexistencia de la obligación o carencia de acción”, “ilegitimidad en la personería sustantiva del actor”, pago, compensación y prescripción.

4. Replicada en tales términos la demanda, con aducción de pruebas de ambas partes se surtió la primera instancia del proceso, a la que el juzgado del conocimiento le puso fin con su sentencia de 14 de abril de 1975, mediante la cual resolvió el litigio así:

Reconoció la existencia de sociedad de hecho entre los querellantes; declaró como bienes sociales “los valores de la edificación y de las mejoras, sobre los inmuebles” que allí determinan; dispuso el avalúo pericial de ellos; decretó la disolución y ordenó la liquidación de la sociedad reconocida, lo que “se hará mediante la aplicación de las normas procedimentales pertinentes”; y finalmente condenó a la demandada a pagar el 50% de las costas procesales causadas en la instancia.

5. Por virtud de apelación interpuesta por las dos partes contra lo así resuelto, el proceso subió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el que, en fallo pronunciado el 15 de septiembre de 1975, tomó las siguientes decisiones:

Confirmó los ordinales 1º, 3º y 4º de la parte resolutiva de la sentencia apelada, o sea los atinentes a la declaración de existencia de la sociedad de facto, al decreto de disolución y liquidación de ella y a la orden de avalúo de los bienes sociales; revocó las otras dos resoluciones contenidas en dicho fallo y en su lugar dispuso: a) que como la sociedad reconocida existió “entre el mes de enero de 1968 y la fecha de la presentación de la demanda”, el patrimonio social está integrado por los bienes adquiridos durante su existencia “por cualquiera de los dos concubinos, y que al tiempo de la demanda les pertenecieren, deduciéndose a dicho acervo, el pasivo y la suma de $ 1.240 a favor de la demandada, como parte del precio pagado por ella, con antelación a la formación de dicha sociedad”, y b) que las costas causadas en las dos instancias del proceso las debe pagar la demandada.

II. Motivación del fallo impugnado

1. Después de relatar los antecedentes del litigio y el trámite de las instancias el ad quem inicia el examen de los medios de prueba aducidos, para inferir, con apoyo en ellos, que sí existió sociedad de hecho entre los sujetos aquí querellantes, “paralela a las relaciones extramaritales indubitables habidas y admitidas por ellos mismos”.

En el proemio de las motivaciones de su fallo, advierte el tribunal, sin embargo, que para arribar a dicha conclusión no hay “necesidad de relacionar los documentos aportados con el fin de demostrar que los actos que en ellos se contienen, fueron realizados en la época de la convivencia de los litigantes”; y que al efecto contrae su examen a “los restantes elementos probatorios”.

2. Refiriéndose singularmente a la adquisición del lote de la calle 61 A de Medellín y a la construcción que sobre él se hizo, dice el sentenciador que de las declaraciones rendidas por Enrique Arismendy Gómez, Fernando Mesa Gómez, José Miguel Jiménez, Alberto Baena y Luis Álvarez Pérez, “se colige que para todos ellos el cuestionado inmueble era tanto de Alarca como de Rave, pues pese a que quien figuraba como dueña era ella, para todo negocio o actividad quien asumía la calidad de dueño o condueño lo era Rave, ya disponiendo lo relativo a la construcción, a su arrendamiento o a su venta, pues que con todos ellos fue él quien trató, limitándose la señora Alarca, diciéndose esposa de Rave, a firmar la escritura de venta... Para la Sala esos actos, así acreditados, revelan actividad económica paralela a las relaciones extramatrimoniales con miras a incrementar el patrimonio”.

Y agrega el sentenciador, luego de ponderar la prueba testimonial, que no le queda duda “que por razón de la ocupación principal de Rave, que era la de contratista de pequeñas construcciones, éste instó a su concubina a conseguir los préstamos para librar el lote, y para construir sobre el mismo, como en efecto aparece demostrado que se realizó bajo su dirección entre 1968 y 1969, edificio y lote que fue vendido en julio de 1971, dejando un saldo” que luego se empleó para adquirir el “Club El Dorado”; y que después de vendido éste, por iniciativa del demandante se adquirieron derechos en las fincas Copacabana y Caramanta.

De todo lo cual dice, apoyando su acerto en la declaración de Darío Correa Díaz y en el contenido de “los distintos testimoniantes”, que la actividad común desplegada por los amantes en sus negocios permite considerar “el patrimonio de Rave y la Alarca de ambos, pese a que quien figuraba en todos los actos jurídicos aducidos al plenario, fuera ella únicamente”.

3. Aludiendo al billete de la lotería que resultó premiado y al empleo del correspondiente dinero recibido, también lo toma el tribunal como actividad que se realizó por cuenta y en nombre de la sociedad. Dice, en efecto, que a más de la numerosa prueba testimonial, tales hechos son reconocidos como ciertos por la propia demandada.

Al punto expresa que “en adición a la fuerza indicativa de la realidad de esa sociedad patrimonial que acusan los hechos enunciados, cobra su fuerza los constituidos por el hecho de ir ambos a gestionar la consignación del premio de la citada lotería, como lo atestigua el propio gerente del banco, doctor Hugo Salazar, el hecho de autorizar a Rave para igualmente girar sobre la cuenta corriente abierta sólo a nombre de Rosalba, lo que en su monto, con un depósito cuantioso a disposición, demuestra esa ilimitada confianza que surge de la existencia de relaciones sexuales”.

Y agrega que todo “ello se corrobora con los incidentes y hechos correlativos a la inversión del producto de la lotería, en el inmueble de que da cuenta la Escritura 264 de 29 de enero de 1974... y con la otorgación de dineros en mutuo a distintas personas, créditos en los que, en parte figura Rave como acreedor o propietario, quien estudia a los distintos deudores en su honorabilidad y responsabilidad”, todo lo cual, dice el tribunal, “revela esa concurrencia de actividades encaminadas a obtener rentas de los bienes sociales, pese a que sólo figuraran en cabeza de ella”.

Añade que además, según la prueba documental visible al folio 12 del cuaderno uno, el demandante contribuyó a pagar el arrendamiento de la casa donde vivía con su amante, lo que “igualmente indica comunidad de intereses, pues que se responsabilizan como arrendatarios por el pago del mismo local ocupado por ellos, como comunidad de goce, disfrute e igualmente de responsabilidad en el pago del canon pertinente”.

4. Finalmente, con cita de alguna jurisprudencia de la Corte en el punto, el sentenciador determina los presupuestos de hecho indispensables para que la justicia declare la existencia entre concubinos de una sociedad de facto; elementos que estima justificados en el presente caso.

“Para la Sala —dice— es nítida la actividad del demandante, con miras a obtener un aumento patrimonial y a la producción de frutos civiles, mediante la construcción en el lote que había adquirido la demandada y sobre el que ésta únicamente había pagado, antes de su unión, una mínima parte, para lo cual era obvio que había que acudir, además de su propio esfuerzo personal, a la consecución de financiación adecuada a cuyo efecto se realizan los mutuos con garantía hipotecaria, de que dan cuenta las escrituras citadas, todas fechadas con posterioridad a la época de iniciación de las relaciones extramatrimoniales entre ellos y antes de su terminación”.

III. El recurso extraordinario y consideraciones de la Corte

Contra la sentencia de segundo grado interpuso casación la demandada. En su respectiva demanda le formula dos cargos, ambos con apoyo en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, y que la Corte procede a examinar y despachar en el orden en que vienen propuestos.

Cargo primero

1. Mediante éste se acusa el fallo del tribunal de ser indirectamente violatorio, por aplicación indebida, de los artículos 2079, 2081, 2083, 2094, 2096 y 2141 del Código Civil; y de los preceptos 1502, 1524, 2082 ibídem y 2º de la Ley 50 de 1936, por falta de aplicación, a causa del error de hecho en que habría incurrido el tribunal en la apreciación de la prueba.

2. En desarrollo del cargo el censor, después de extractar el contenido de las normas legales que estima infringidas con la sentencia que impugna, concretando el yerro de hecho que denuncia asevera que éste consiste “en que el sentenciador ordenó la liquidación y partición del caudal social, a imitación de las sociedades conyugales, es decir, en dos cuotas iguales, sin estar pericialmente justipreciado el aporte del señor Luis Alfonso Rave ni el de su socia”.

“La conclusión a que llegó el fallador —dice el censor— de repartir por igual luego de las deducciones del pasivo y de $ 1.240, por causa del error comentado es abiertamente contraevidente a la realidad fáctica establecida”, pues que supuso la existencia de un dictamen pericial “que imponía dividir por mitades el haber social”.

3. Continuando en el desenvolvimiento de esta censura, expresa el impugnador que si la industria, servicio o trabajo apreciable en dinero es legalmente materia de aporte a una sociedad, de ello no puede inferirse que la aportación de dicha especie “otorgue derecho a la mitad de la masa partible, pues, para fijarla, es menester apreciarla en dinero y relacionarla, como es obvio, con la valoración pecuniaria que se haga de toda la masa partible”.

Añade el censor que si en el caso de este proceso no se avalúo el aporte del demandante ni el de la demandada, “por medio de la prueba pertinente, mal podría el sentenciador, calificar cuantitativamente por mitades, el reparto”.

Se considera

1. Tienen dicho la doctrina y la jurisprudencia que la sociedad de hecho, ora sea la que se forma por virtud de un consentimiento expreso, o ya la que se origina en la colaboración de dos o más personas en una misma explotación y resulta del consentimiento implícito de las actividades realizadas en común, es una sociedad nula.

Ha agregado, empero, que siendo la sociedad un contrato de ejecución sucesiva, la entidad que de éste resulta, a pesar de haber nacido con vida viciada ente en relaciones jurídicas, adquiere derechos, y contrae obligaciones, obtiene ganancias y pérdidas, y que por eso no es posible aplicar a dichas situaciones rígidamente el principio de la nulidad para deshacerlo todo. Dice que la nulidad de una sociedad de hecho no tiene efecto retroactivo sino futuro, una vez declarada la irregularidad; que no puede afectar los derechos de terceros de buena fe que hayan contratado con ella; ni que a estos les es posible alegarla para exonerarse del cumplimiento de sus obligaciones.

Con fundamento en estos principios el legislador colombino consagró, mediante los artículos 2083 del Código Civil y 505 del Código de Comercio hoy vigente, el derecho de cada uno de los socios de una sociedad de facto para pedir su liquidación, a fin de que paralicen las actividades sociales, se liquiden sus operaciones anteriores y retire “lo que hubiere aportado”, adicionado con la parte proporcional de las ganancias si la sociedad fue próspera, o disminuido en la proporción correspondiente a las pérdidas, en caso contrario.

2. De acuerdo con las normas legales regulativas de su trámite (CPC, título XXXI, libro tercero, y C. Co. capítulo IX, título I, libro segundo), el proceso seguido con la finalidad indicada puede representar dos etapas, cada de ellas con objetivos propios: la primera, que constituye un proceso declarativo, tiene por objeto único discutir y resolver si existe la sociedad de hecho para declararla y ordenar su liquidación; y la segunda, que asume el carácter de ejecución de la sentencia del contenido dicho, busca determinar precisamente cuáles son los bienes partibles y cuál es el monto de lo que a cada socio corresponde.

Por consiguiente, cuando el referido proceso no ha salido de su etapa puramente declarativa, sólo procede decidir las pretensiones de la demanda concernientes a la declaración de existencia y disolución de la sociedad de hecho y al decreto consecuencial de liquidación, correspondiendo dejar para la etapa subsiguiente, si la sentencia es estimativa, lo relativo a la concreción del pago de aportes, a fin de no festinar los trámites legalmente debidos.

3. En absoluta consonancia con los anteriores principios doctrinarios el Tribunal de Medellín, después de haber considerado que entre los sujetos de esta litis existió una actividad común que tendió, con la unión de sus trabajos y esfuerzos, a la explotación de una empresa creada por ellos para obtener ventajas económicas, reconoció la existencia de la sociedad de hecho deprecada en la demanda; declaró que dicha sociedad quedaba en estado de disolución y ordenó la liquidación de los bienes sociales “mediante la aplicación de las normas procesales pertinentes”; y dispuso que ellos se avaluaran.

En ninguna parte de su fallo, ni en la motiva ni en la dispositiva, dijo pues el sentenciador ad quem que los bienes sociales debían repartirse “por partes iguales” o en proporción concretamente determinada en cuantía alguna, entre el demandante y la demandada. Y siendo ello así, como en realidad lo es, al golpe advierte la Corte que el cargo, montado sobre la creencia de haberse ordenado repartir el patrimonio social en proporción determinada, cae en el vacío; y que por no corresponder la censura al contenido real del fallo impugnado, aquélla resulta claramente infundada y por ende improcedente.

Se rechaza pues el cargo.

Cargo segundo

1. Denúnciase en él violación indirecta por inaplicación, de los artículos 749, 756, 759, 826, 1857 y 1880 del Código Civil; y de los preceptos 2079, 2081, 2083 y 2095 ejusdem, por aplicación indebida, a causa del error de derecho en que habría incurrido el sentenciador en la apreciación de las pruebas.

El censor, denuncia como violación medio, la de los artículos 251, 256 y 265 del Código de Procedimiento Civil.

2. Estima el recurrente, y en ello funda el error de derecho que acusa, que si la sociedad de hecho se inició en enero de 1968 “con aportes consistentes en un derecho real de herencia y de un inmueble, por parte de actor y demandada respectivamente”, erró el sentenciador al reconocer su existencia, puesto que, dice, falta en el proceso la escritura pública registrada que, según los preceptos cuya inaplicación denuncia, es prueba única para acreditar la tradición de inmuebles, o de derechos reales constituidos sobre estos.

Se detiene el censor en el análisis del aporte como requisito esencial del contrato de sociedad, y en sus especies; afirma que cuando la aportación dicha consiste en derechos reales “debe constituirse por medio de escritura pública inscrita”.

La necesidad imperiosa de pactar el importe —expresa— arranca del hecho de que para llenar los fines que se tuvieron en vista al comenzar la sociedad, ésta necesita de un patrimonio propio que se va nutriendo, no con cualquier clase de bienes que adquieran los socios, sino con aquéllos que tengan nexo causal con la sociedad. Si cada una de las partes no se obliga a efectuar aporte, en la forma prevenida por la ley, y es considerada, en cambio, para los efectos del reparto de utilidades, no hay sociedad a su respecto; no es socio”.

3. Rematando la formulación del cargo, asevera el recurrente que erró de derecho el sentenciador al atribuir a la prueba testimonial y a la documental que discrimina, virtualidad suficiente para demostrar la existencia de la sociedad de hecho, pues, añade, por tratarse de especiales aportes dichas probanzas no son idóneas para justificarlos.

Se considera

1. Tomando por punto de partida la preceptiva legal pertinente, ha dicho la doctrina que la aportación como elemento que es de la esencia de la sociedad y que consiste en lo que cada socio entrega para formar el capital de ésta, puede ser de tres clases, a saber: a) aporte en dinero; b) aporte en especie, y c) aporte en industria. Corresponde al primer grupo el que se hace en dinero efectivo; es de la segunda clase el que consiste en toda cosa comerciable (distinta del dinero) capaz de prestar alguna utilidad, como créditos, las cosas muebles o inmuebles, etc.; y pertenece a la tercera clase la industria o trabajo personal de un asociado. No hay inconveniente legal alguno, empero, para que en la constitución de la sociedad se combinen las aportaciones en dinero, en especie y aun industria.

2. El contexto de la sentencia impugnada permite inferir en forma inequívoca que en el caso sub júdice el ad quem, para dar por establecida la sociedad de hecho cuya existencia declaró, estimó que el aporte del demandante a ella consistió en su industria o trabajo personal, del cual dice fue factor determinante en la creación y aumento del capital social cuyo repartimiento busca.

Refiriéndose a la construcción y administración del edificio de la calle 61 A, que encontró realizadas con el trabajo y esfuerzo de los dos socios, dijo en efecto el sentenciador que “esos actos, así acreditados, revelan actividad económica paralela a las relaciones extramatrimoniales con miras a incrementar el patrimonio”; agregó, aludiendo a la compra del billete de lotería, a la inversión del producto del premio y a las operaciones de mutuo con interés, actos en los que encontró la participación del demandante, que todo ello “revela esa concurrencia de actividades encaminadas a obtener rentas de los bienes sociales, pese a que sólo figuraran en cabeza de ella”; y analizando el alcance que dio al hecho de que el actor pagara en parte los arrendamientos causados por la común vivienda, dice que también él “indica comunidad de intereses, pues que se responsabilizan como arrendatarios por el pago del mismo local ocupado por ellos, como comunidad de goce, disfrute e igualmente de responsabilidad en el pago del canon pertinente”.

Si, pues, el aporte que el fallo reconoce hecho a la sociedad por parte del demandante consiste en su industria o trabajo personal, y no en el derecho de dominio sobre inmuebles o derechos reales constituidos sobre estos, se impone aceptar que para darlo por establecido no se requiere de prueba especial, o sea de escritura pública debidamente registrada. Y siendo ello así, a más de que el artículo 498 del Código de Comercio consagra libertad probatoria para demostrar la sociedad de hecho, cabe concluir afirmando que no existe el error de derecho que el censor le enrostra al tribunal en la apreciación de la prueba tendiente a demostrar los aportes de los asociados.

El cargo resulta entonces infundado.

IV. Decisión

En mérito de lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha quince (15) de septiembre de mil novecientos setenta y cinco (1975), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en este proceso ordinario.

Costas del recurso a cargo de la recurrente.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase al tribunal de origen.

Aurelio Camacho Rueda—José María Esguerra Samper—Germán Giraldo Zuluaga—Alejandro Mendoza y Mendoza—Humberto Murcia Ballén—Alfonso Peláez Ocampo. 

Alfonso Guarín Ariza, Secretario general.

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