Sentencia de junio 24 de 1976 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN PRIMERA

HOMOLOGACIÓN

Convención colectiva y contrato sindical

La Corte por providencia de veinticuatro de junio de 1976,

RESUELVE:

DECLÁRASE totalmente nulo el laudo arbitral de veintiocho de febrero de mil novecientos setenta y seis, proferido para decidir las diferencias surgidas, con motivo de la discusión de un “proyecto de contrato sindical”, entre la sociedad “Roberto Cavelier & Cía.” y el Sindicato de Chequeadores de Carga Marítima y Fluvial del Departamento de Bolívar, “Sinchemarflú”.

Magistrado Ponente:

Dr. Juan Manuel Gutiérrez Lacouture

Bogotá, D.E., veinticuatro de junio de mil novecientos setenta y seis.

Acta Nº 28

Decide la Corte sobre el recurso de homologación interpuesto por la sociedad “Roberto Cavelier & Cía.”, por medio de su representante legal, contra el laudo proferido el veintiocho de febrero de mil novecientos setenta y seis por el tribunal de arbitramento obligatorio convocado por la Resolución 3022 de 1º de agosto de 1975, emanada del Ministerio del Trabajo, “para que estudie y decida el diferendo laboral colectivo” existente entre la referida sociedad y el “Sindicato de Chequeadores de Carga Marítima y Fluvial del Departamento de Bolívar”, “Sinchemarflú”.

Antecedentes

En el año de 1975, el sindicato presentó a la consideración de la empresa un proyecto de contrato sindical, del cual se acordaron por conducto de los representantes que cada una de las partes designó para su negociación, las cláusulas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, octava, décima primera, décima cuarta, décima sexta, décima séptima, décima octava, décima novena, vigésima, vigésima primera, vigésima segunda, vigésima tercera, vigésima séptima, vigésima octava y vigésima novena; se anuló la sexta y se dejó constancia de que las restantes serían estudiadas en la próxima reunión.

El 22 de abril del expresado año, los señores Raúl Acevedo Rojas y Ricardo Cárdenas Espinosa, en acta suscrita por ellos a título de conciliadores, “declaran rotas las conversaciones de esta etapa y deciden pasar los puntos números 10, 12, 13, 15, 24, 25 y 26 a un tribunal de arbitramento”. En vista de lo anterior, la asamblea general del sindicato resolvió solicitar al Ministerio del Trabajo la convocatoria de un tribunal de arbitramento obligatorio para que decidiera el conflicto, solicitud que fue atendida mediante la resolución a que antes se hizo mención.

El tribunal, una vez integrado e instalado, profirió el laudo recurrido, al cual corresponde la siguiente transcripción:

Consideraciones

“El tribunal durante sus sesiones examinó los contratos sindicales que celebraron con “Sonchemarflú (sic) las otras empresas a las que se pasó el mismo pliego de peticiones, las cuales fueron Navemar y Compañía Transportadora S.A., Aníbal Ochoa y Compañía, Comar S.A., Eduardo Gerleín y Compañía, Remar Limitada, Roldán y Compañía Ltda. y se estableció que, con excepción del contrato con Roldán y Compañía, los contratos sindicales firmados por la institución sindical con las demás empresas enumeradas, son básicamente, iguales.

También se estudiaron por el tribunal las posibilidades económicas, las características de organización, la categoría empresarial, los recursos patrimoniales, principalmente, el giro de los distintos establecimientos en mira a ver si había entre las empresas que pactaron y la que es parte en este arbitramento, Roberto Cavelier & Cía., una cierta equiparación para efectos de asimilar, sin quebranto y dentro de un plano de equidad entre entidades competidoras. El resultado de tal indagación fue que, con excepción de Roldán y Compañía, cuya actividad como aporte marítimo es sensiblemente menos importante que la desarrollada como agentes de aduana, en la cual no es indispensable el servicio de chequeadores de carga, las demás empresas que recibieron el pliego pueden considerarse en plano de aproximada igualdad.

Obtenido el resultado anterior, el tribunal optó por orientar su fallo, en lo más posible, a resolver los puntos materia de su cometido jurisdiccional en forma que todos los trabajadores del gremio de chequeadores de carga gocen de un régimen de salarios y prestacional extralegal unitario o, cuando menos, similar.

Se adoptó la modalidad de que el laudo, en su parte resolutiva, reprodujera lo acordado por las partes mismas en las etapas previas al arbitramento, en mira a dar existencia a un documento integrado que facilitase la consulta y del estatus laboral entre la empresa “Roberto Cavelier & Cía.”, su personal sindicalizado y el Sindicato de Chequeadores de Carga Marítima y Fluvial del Departamento de Bolívar, Sinchemarflú.

En el curso de las deliberaciones fueron adoptándose las decisiones punto por punto a considerar, unas veces —las más— por unanimidad, y otras —las menos, por mayoría—. Con respecto de estas últimas, los árbitros discrepantes del criterio mayoritario consignan sus correspondientes salvamentos de voto. Se deja constancia de que en los puntos sobre los cuales no hubo unanimidad, el árbitro designado por el Gobierno Nacional actuó como fiel de balanza y que unas veces coincidió con el criterio del árbitro designado por los trabajadores y otras por el nombrado por la empresa.

Precisado todo lo anterior, el tribunal procede a formular el siguiente laudo, lo que hace administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley:

“ART. 1º—Se resuelven los puntos del pliego sobre los cuales no hubo acuerdo entre las partes en los períodos de arreglo directo y conciliación, transcritos en la parte considerativa, así:

Cláusula décima del pliego. El tribunal niega la petición contenida en esta cláusula porque la ley señala cuáles son los días sujetos a compensación, y porque además, al sindicato se le pagan recargos legales y extralegales cuando se trabaja en horas suplementarias (CST., arts. 180, 183; D. 2351/65, art. y el presente laudo).

Cláusula décima segunda del pliego. El tribunal la niega por las mismas razones expuestas respecto del punto anterior, y, así mismo, porque en el país no existe la práctica de remunerar curadruples (sic) los días de fiesta.

Cláusula décima tercera del pliego. El tribunal la concede así: Tarifas: LA EMPRESA por los servicios contratados con EL SINDICATO partes a que se refiere este fallo arbitral pagará a partir de la fecha de su notificación la suma de noventa pesos ($ 90) diarios por cada jornada ordinaria de ocho horas diarias por cada chequeador que EL SINDICATO utilice en las labores.

Suplementario diurno y nocturno. A partir de la fecha de la notificación de este laudo, cuando en la ejecución de la obra o la prestación del servicio se labore en tiempo suplementario ordinario diurno o nocturno, se recargará con el ciento por ciento (100%) la tarifa básica a que se refiere el inciso anterior, o sea, que por cada hora suplementaria diurna o nocturna, se pagarán veintidós pesos con cincuenta centavos ($ 22.50), porque el valor de la hora básica es de once pesos con veinticinco centavos ($ 11.25).

Tiempo extra en domingos o feriados. Cuando los servicios se presten en domingos o en feriados las tarifas como lo ordena la ley, las cancelará la empresa a partir de la notificación de este laudo, con tarifa básica doble, por jornada ordinaria completa de ocho horas o proporcionalmente según el caso, y como la tarifa sencilla a partir de la notificación de este fallo es de $ 11.25 la doble es de $ 22.50. Cuando el servicio se preste en domingos y feriados, en tiempo nocturno, suplementario diurno o nocturno, los recargos legales del 25%, 35% y 75% respectivamente, se pagarán únicamente sobre la tarifa sencilla, porque los recargos se producen de manera exclusiva, es decir, sin acumular un recargo con otro.

La hora suplementaria diurna en domingo y feriado se pagará así: $ 11.25 más el 25% más $ 11.25, o sea que la hora suplementaria diurna vale $ 25.32 en domingos y feriados. La hora ordinaria nocturna se pagará así: $ 11.25 más el 35%, más $ 11.25, o sea que la hora nocturna en domingo y feriados costará $ 26.44. La hora suplementaria nocturna en domingos y feriados costará en total $ 30.94. Todas estas tarifas se repite, regirán a partir de la fecha de la notificación del laudo.

Auxilio de transporte. La empresa reconocerá a partir de la fecha de la notificación de este laudo la suma de $ 10 por concepto de auxilio de transporte por cada chequeador que termine labores entre las 07:00 a las 19:00 horas; la suma de $ 20 cuando termine de las 19:00 a las 07:00 del día siguiente. Cuando las labores se ejecuten en la zona de Mamonal el auxilio de transporte será de $ 60.

Hora gris. La empresa reconocerá al sindicato por cada chequeador que realice labores de chequeo de las 23:00 a las 24:00 la suma de $ 23 por concepto de descanso y $ 23 por concepto de cena.

Feriados. Serán feriados para las partes a las que concierne este laudo dos días que como tales señale oficialmente la Alcaldía de Cartagena cada año para la conmemoración de declaración de Independencia absoluta de la antigua provincia de Cartagena el 11 de noviembre de 1811, así como también los días 24 y 31 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana.

Cláusula décima quinta. El tribunal la concede así, a la terminación de cada obra, labor o servicio, la empresa pagará al sindicato o directamente a la persona o entidad que éste designe el valor de las tarifas y prestaciones sociales (auxilio de cesantía, primas de servicio y vacaciones) que correspondan. Se fija en el 45% de lo que se pague por concepto de tarifas por la obra, labor o servicio, el importe de las indicadas prestaciones sociales.

PAR.—El tribunal fija tal porcentaje por ser el estimativo que todas las empresas del ramo pagan al sindicato por concepto de dichas prestaciones sociales.

Cláusula vigésima cuarta del pliego. La petición contenida en esta cláusula la niega el tribunal debido a que la empresa paga sobrerremuneración por la llamada hora gris y cena conforme se precisó antes. Además una de las destinaciones primordiales del salario es la manutención del trabajador y de las personas a su cargo.

Cláusula vigésima quinta del pliego. El tribunal niega la petición que ella envuelve porque ninguna de las empresas del ramo que recibieron el pliego de peticiones paga las primas solicitadas, y porque al fallar la cláusula décima quinta se fija un porcentaje para el pago de prestaciones sociales (vacaciones, prima de servicios) bastante considerable y por encima del cálculo aritmético estricto, usando el método actuarial más favorable al trabajador.

Cláusula vigésima sexta del pliego. Se niega esta cláusula, entre otras, por la razón justísima de que el pliego se discutió según información de la empresa, no desvirtuada por el sindicato, en horas que no afectaron las labores.

ART. 2º—Para efectos de la unidad del estatuto resultante de lo convenido por las partes en las etapas de arreglo directo y conciliación y del presente laudo, unidad que facilita su consulta, conservación y aplicación, se copiaron en la parte anterior a este fallo.

ART. 3º—El presente laudo rige a partir de la fecha de su notificación, y su depósito será hecho conforme a la ley. La secretaría al hacer las notificaciones manifestará a los representantes de las partes que en su contra cabe el recurso de homologación ante la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, interpuesto dentro del término legal de los tres días hábiles siguientes a aquél en que sea notificado. El término del laudo es hasta octubre treinta y uno (31) de mil novecientos setenta y seis (1976).

Salvaron su voto, en diferentes aspectos, los árbitros Alpecides Alvis Fernández y Luis Carlos Donado Villalobos.

Recibido el expediente por esta corporación y repartido, como se observara incompleto, se solicitaron algunas piezas, las cuales llegaron a la secretaría el 25 de mayo del presente año”.

El recurso

Fue sustentado, por el apoderado de la sociedad, en escrito que pretende que se declaren inexequibles las disposiciones de la parte resolutiva del laudo que resolvieron las cláusulas décima tercera, letra d, y décima quinta, sobre auxilio de transporte y prestaciones sociales, respectivamente, por estimar que los árbitros excedieron el límite que a sus poderes impone la parte final del artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, al ordenar el pago de sumas superiores a las que, por esos mismos conceptos, determina la ley.

Como cuestión previa, el recurrente manifiesta que “es de observar que si bien en algunas de las peticiones se habla de “contrato sindical”, lo que en verdad se persigue con ellas es la celebración de una convención colectiva, según la definición que de esta figura da el artículo 467 del Código Sustantivo del trabajo”.

Se considera

El documento que contiene las aspiraciones del sindicato (fls. 42 a 45) no es un “pliego de peticiones” de los que forzosamente deban someterse a los trámites previstos en los capítulos II, III, Vl y Vll del título II del Código Sustantivo del trabajo, sino, como en el mismo se expresa, un “proyecto de contrato sindical”, sujeto por lo tanto, a las regulaciones del capítulo III del título III de la misma obra. No fue un simple error del sindicato al denominarlo de ese modo, pues, aparte de que en muchas de las estipulaciones propuestas se le da esa misma calificación, su cláusula primera, que es del siguiente tenor, pone de relieve la verdadera intención del proponente:

“El presente contrato sindical se celebra con base a lo dispuesto (sic) en los artículos 482, 483 y 484 del Código Sustantivo del Trabajo y tiene por objeto la presentación (sic) del servicio colectivo por parte del sindicato de la obra o labor determinada de chequeo en cargue y descargue de la mercancía que lleguen (sic) a los muelles de la zona portuaria de Cartagena en buques que agencia la empresa”.

Es evidente que algunas de sus cláusulas se enderezan a la consagración de disposiciones normativas sobre las condiciones generales de trabajo y a procurar el mejoramiento de la situación de los trabajadores asociados, mas no por ello puede concluirse —como se ha llegado a pensar— que se está en presencia de un “pliego de peticiones” que debe culminar en una convención colectiva o, en su defecto, en un laudo arbitral. Las cláusulas normativas constituyen nota distintiva de las convenciones colectivas, pero no son exclusivas de ellas. Nada se opone a que se inserten también en los contratos sindicales si así lo acuerdan voluntariamente las partes, como producto de la libertad de estipulación de que gozan, y si además, cumplen el loable propósito de mejorar las condiciones de trabajo de quienes prestan el servicio. Todo esto es perfectamente posible dentro del libre juego de voluntades que preside la celebración de los contratos; encuadra dentro de la finalidad principal de las organizaciones sindicales que es la de propender por el mayor beneficio para sus afiliados, y no desvirtúa, en manera alguna, la índole propia del contrato sindical.

Es distinto el tratamiento que la ley otorga a los “pliegos de peticiones” y a los contratos sindicales, y sólo en relación con aquellos prevé que puedan dar lugar a la celebración de una convención colectiva o a un pacto colectivo, en virtud de acuerdo obtenido en las etapas de arreglo directo o de conciliación (CST, arts. 435 y 442), o, a falta de ese acuerdo, a un laudo arbitral con efectos jurídicos equivalentes a los de las convenciones (art. 461). Y mientras que expresamente remite la celebración y efectos de los pactos a las disposiciones que regulan las convenciones colectivas (art. 481), sujeta los contratos sindicales, en cuanto a su duración, revisión y extinción, a las normas que rigen el contrato individual de trabajo (art. 482).

Mas lo que, en últimas, viene a diferenciar, de manera clara y ostensible, la convención colectiva del contrato sindical y a establecer una enorme distancia entre las dos figuras jurídicas, es el hecho de que, en la primera, el sindicato actúa en representación de trabajadores pertenecientes a la empresa, es decir, vinculados a ella por sendos contratos individuales de trabajo, en tanto que, en la segunda, la organización sindical puede representar a trabajadores independientes, sin nexo alguno con la beneficiaria del servicio, pues el vínculo contractual se establece únicamente entre la entidad empresarial y el sindicato, sin consideración a las personas que en calidad de socios formen parte de éste. Así se desprende de la definición que de la convención colectiva consagra el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo al señalar que el objeto de ésta es el de “fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”, significando con ello que su celebración supone necesariamente la existencia de contratos individuales entre los afiliados al sindicato de la empresa.

El Sindicato de Chequeadores de Carga Marítima y Fluvial del Departamento de Bolívar, “Sinchemarflú”, es una institución gremial que agrupa a trabajadores dedicados a esa actividad dentro del departamento de Bolívar, pero que no tienen vinculación laboral con ninguna empresa o patrono. Los afiliados prestan servicios, bajo las órdenes del sindicato, a distintas entidades del ramo, y en las condiciones pactadas en el respectivo contrato sindical, siéndoles indiferentes la empresa o persona para la cual ejecutan la obra o labor. “Sinchemarflú”, según lo registra el laudo, tiene celebrados varios contratos sindicales del mismo tenor del que figura en los autos con distintas empresas, y por medio de sus socios presta el servicio en ellos convenido. En ese proveído se dejó consignado lo siguiente:

“El tribunal durante sus sesiones examinó los contratos sindicales que celebraron con Sonchemarflú (sic) las otras empresas a las que pasó el mismo pliego de peticiones, las cuales fueron Navemar y Compañía Comar S.A. Eduardo Gerleín y Compañía, Remar Limitada, Roldán y Compañía Ltda. y se estableció que, con excepción del contrato con Roldán y Compañía, los contratos sindicales firmados por la institución sindical con las demás empresas enumeradas, son, básicamente, iguales” (las subrayas de la sala).

Los “proyectos de contratos sindicales” presentados a las mencionadas compañías eran, pues, iguales al que ahora se examina y dieron lugar, como era apenas lógico, a la celebración de los contratos de la naturaleza propuesta. Pero como no ocurre lo mismo con la sociedad “Roberto Cavelier & Cía.”, se resolvió, indebidamente, someterlo al procedimiento establecido para las convenciones colectivas.

De aceptarse que la discusión de un contrato de esta índole pueda terminar con la expedición de un laudo por un tribunal de arbitramento obligatorio, que por mandado de la ley tiene el carácter de convención colectiva, automáticamente nacerían a la vida jurídica una serie de contratos individuales de trabajo hasta entonces inexistentes, puesto que aquélla no puede concebirse, dados sus fines, sin la existencia de éstos. Todo lo cual resulta inadmisible.

Se infiere de lo expuesto que al “proyecto de contrato sindical” presentado por el Sindicado de Chequeadores de Carga Marítima y Fluvial del Departamento de Bolívar, “Sinchemarflú”, a la consideración de la empresa “Roberto Cavelier & Cía.”, se le dio una tramitación que legalmente no le corresponde, con desconocimiento de los artículos 435, 442, 452, 453, 461, 467, 481 y 482, del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 31, 34 y 36 del Decreto 2351 de 1965 y el 143 del Código de Procedimiento Laboral. En consecuencia, el fallo que se profirió es inexequible en su totalidad y así habrá de declararlo la Corte.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

DECLÁRASE totalmente nulo el laudo arbitral de veintiocho de febrero de mil novecientos setenta y seis, proferido para decidir las diferencias surgidas, con motivo de la discusión de un “proyecto de contrato sindical”, entre la sociedad “Roberto Cavelier & Cía.” y el Sindicado de Chequeadores de Carga Marítima y Fluvial del Departamento de Bolívar, “Sinchemarflú”.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y envíese el expediente al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para lo de su cargo.

Juan Manuel Gutiérrez Lacouture—Alejandro Córdoba Medina—Jorge Gaviria Salazar. 

Vicente Mejía Osorio, Secretario.

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