Sentencia de marzo 11 de 1976 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES DE SU PROPIEDAD

Responsabilidad civil extracontractual: casos en que se genera; elementos que la configuran

Magistrado Ponente:

Dr. José María Esguerra Samper

Bogotá, D.E., once de marzo de mil novecientos setenta y seis.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 20 de mayo de 1975 en el proceso ordinario de José Francisco Pereira contra Rosendo Baquero Gutiérrez.

I. Antecedentes

1. Conforme a la demanda inicial y su corrección, Pereira pide que se condene al demandado a indemnizarlo de los daños que varias reses de propiedad del segundo causaron en una sementera de maíz sorgo perteneciente al primero, y a pagarle los intereses corrientes de la cantidad en que se fije la indemnización, liquidados desde el día en que los daños se causaron hasta la fecha del pago, más las costas del proceso.

2. Los hechos en que se fundan estas pretensiones consisten en síntesis, en que “desde hace más o menos dos meses”, más de cincuenta reses de propiedad de Baquero Gutiérrez que éste tiene en su finca denominada “Los Oraguatos” vienen penetrando diariamente en la sementera de Pereira en la finca “Titania “, comiéndose el maíz sorgo y destruyendo las matas a su paso, con el resultado de que 10 hectáreas se perdieron ya totalmente y otras 20 hectáreas se han perdido en un 80%.

3. En su respuesta al libelo, el demandado negó algunos de los hechos, aceptó otros y dijo oponerse a todas las pretensiones del demandante. Manifestó igualmente que el cultivo de sorgo del demandante está en un potrero a orillas del río Guamal, que no está cercado, y que en verano “todos los ganados de diferentes dueños bajan al río porque no hay más bebederos, por lo cual las playas quedan en mancomún para los ganados porque el río no se puede cercar”.

El Juez Promiscuo del Circuito de Acacías, a quien correspondió el conocimiento del proceso en la primera instancia, lo falló el 4 de noviembre de 1974 de esta manera:

“1. Declárase que el señor Rosendo Baquero Gutiérrez es civilmente responsable de los daños que ganados de su propiedad causaron en el mes de enero de 1974 a los cultivos de maíz sorgo de propiedad de José Francisco Pereira, que éste tenía en su finca Titania, también de su propiedad, finca ubicada en jurisdicción del municipio de San Carlos de Guaroa.

2. Condénase en consecuencia a Rosendo Baquero Gutiérrez a pagar a José Francisco Pereira el valor de los perjuicios materiales que le causaron los animales del primero en el cultivo de sorgo del segundo, en cuantía de ciento treinta y tres mil novecientos pesos ($ 133.900) moneda corriente, más los intereses legales desde el día en que se causaron los daños.

3. Costas a cargo de la parte demandada”.

5. Apelada esta sentencia por la parte desfavorecida, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio al desatar el recurso en la sentencia acusada, resolvió lo siguiente:

“1. Confirmar el punto primero de la sentencia recurrida.

2. Revocar el punto segundo de la misma providencia en cuanto efectúa una condena en concreto y, en su lugar, condenar en abstracto al demandado al pago a favor del demandante José Francisco Pereira, del valor de los perjuicios ocasionados y cuya liquidación debe efectuarse en la forma prevista por los artículos 307 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con arreglo a las bases consignadas en la parte motiva de este fallo.

3. Sin costas por haber prosperado parcialmente el recurso...”.

II. Motivación de la sentencia impugnada

1. Estima el tribunal que el caso debatido versa sobre la responsabilidad civil extracontractual que se atribuye a Baquero y que es precisamente el previsto y regulado por el artículo 2353 del Código Civil, disposición legal que establece presunción de culpa a cargo del dueño o usuario del animal o animales causantes del daño.

Dicha presunción, agrega, sólo puede destruirse mediante la prueba de una causa “externa, extraña, independiente e insuperable”, la cual echa de menos en este proceso.

2. Advierte luego que no sólo el demandado no produjo ningún medio de convicción que desvirtuara la presunción legal de culpabilidad, sino que, por el contrario, ésta quedó reforzada “con las diferentes pruebas allegadas sobre la presencia de animales del demandado dentro del predio y cultivo del demandante, en diferentes ocasiones”.

Tales pruebas son, entre otras, el informe de un agente carabinero, rendido al comandante de policía de San Carlos de Guaroa, en relación con los daños que aquél observó en los cultivos del demandante; la diligencia de inspección extrajudicial practicada por el juez promiscuo municipal de San Carlos de Guaroa, así como el dictamen del perito que en dicha diligencia intervino; y las declaraciones de los testigos, en especial de Martiniano Céspedes, Rodrigo Gómez Quintero y Ricardo Castillo.

3. Dice enseguida el sentenciador: “es cierto que el demandado quiso demostrar que en esa zona por tratarse de una región ganadera, los animales se mantienen sueltos y que por tanto no se le puede responsabilizar al dueño de los daños que ocasionen en cultivos ajenos no debidamente protegidos; que, por la misma causa, es necesario dejarles libres el acceso al río que constituye su abrevadero natural, especialmente, en tiempo de verano; y que, sin aceptar el hecho de que hayan sido sus animales los que causaron el daño, dadas las condiciones económicas preponderantes en la región, la víctima no está exenta de culpa por no haber cercado los cultivos sobre la orilla del río. Esta pretendida concurrencia de culpa no se encuentra erigida en causal de exculpación para el dueño de los animales a los que debe hacerse objeto de vigilancia constante para contenerlos dentro de los lindes del potrero de soltura, ya que el menor descuido o negligencia puede dar lugar a que se salgan, se extravíen y ocasionen daños en los predios vecinos, aun cruzando el caudal de los ríos, como en este caso y sobrepasando predios colindantes por falta de una adecuada vigilancia y encerramiento debidos. Luego no es la falta de una cerca en un cultivo distante la causa del daño sufrido por su dueño (se resalta ), sino la de falta de diligencia (sic) en la guarda y vigilancia, arreglo de cercos, puertas, suministro de comida o pastos suficientes; en una palabra, la no comprobación de una conducta ejemplar ante las circunstancias del hecho que constituye una verdadera ausencia de culpa”.

4. Finalmente por cuanto concierne al monto de la indemnización pedida en la demanda, afirma el tribunal que “los elementos tomados en cuenta por el juzgado para fijar el valor total del perjuicio sufrido por el actor, no alcanzan la virtualidad suficiente a obtener ese fin”. En consecuencia el fallo recurrido debe ser modificado “en el sentido de confirmar el punto primero y revocar el segundo para en su lugar condenar en abstracto al demandado al pago de los perjuicios de los cuales se le declara responsable...”.

III.La demanda de casación

La parte recurrente propone un solo cargo, que se funda en la primera causal, así:

Cargo único

Se hace consistir exclusivamente en que el tribunal “interpretó erróneamente la disposición sustancial contenida en el artículo 2353 del Código Civil”.

La acusación se apoya básicamente en que, como quedó demostrado mediante la inspección judicial practicada por el juez del conocimiento y las declaraciones testimoniales que rindieron José Clavijo, José del Carmen Alfana, Benito Torres, Blasina Solano de Torres, Buenaventura Vargas y Luis Alfredo Rivas, el demandante no cercó su sementera de maíz sorgo por el lado que linda con el río, omisión que, en concepto del impugnador constituye culpa, porque en ella se expuso imprudentemente a que entrara el ganado que causó los daños. Si el demandante “hubiera cercado, nada habría sucedido de lo que él alega en su demanda”.

Es cierto, observa el recurrente, que con arreglo al artículo 2353 del Código Civil, del daño causado por un animal se presume la culpa de su dueño o usuario; pero no lo es menos que, según ese mismo texto legal, la presunción se destruye si se prueba culpa de la víctima. Como el tribunal no aceptó que esta culpa, plenamente demostrada en el proceso exonera de responsabilidad, a juicio del impugnante, el tribunal incurrió en interpretación errónea del citado artículo.

IV. La Corte considera

De lo anteriormente expuesto se desprende que tanto las partes como el tribunal están acordes en la situación de hecho que dio lugar al presente litigio: un ganado vacuno perteneciente al demandado y que pastaba en su propia finca, destruyó en todo o en parte una sementera de maíz sorgo que tenía plantada el demandante en su hacienda ubicada en las cercanías de aquélla. Esa realidad no ha sido discutida. La controversia gira acerca de la culpa imputable a los litigantes en la producción del apuntado daño. Si es a cargo del demandante por no tener cercados los terrenos en donde había plantado la sementera en cuestión, lo cual permitió que el ganado penetrase a ella y la dañara; o si por el contrario, esa culpa es del demandado por no haber encerrado los potreros donde tenía sus semovientes, a fin de impedir que estos se escaparan y pudieran dañar las fincas vecinas.

Todo el debate gira, pues, dentro del campo de la responsabilidad civil extracontractual, acerca de la interpretación que debe darse al artículo 2353 del Código Civil cuyo primer inciso es del siguiente tenor: “El dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aun después que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, extravío o daño no puedan imputarse a culpa del dueño o del dependiente, encargado de la guarda o servicio del animal”.

En memorable sentencia del 12 de mayo de 1939 (XLVIII, pág. 27), reiterada posteriormente en muchas ocasiones, la Corte clasificó los casos en que según la ley se genera la responsabilidad por culpa aquiliana, y tal doctrina, aplicada a las personas naturales, conserva aún toda su vigencia, por lo cual es el caso de acogerla una vez más.

“El título XXXIV del libro cuarto del Código Civil consagrado a dar normas sobre la responsabilidad común por los delitos y culpas, divídese por materias en tres partes: la primera, que son los artículos 2341 y 2345, contiene los principios directores de la responsabilidad delictual y cuasidelictual del hecho personal; la segunda, constituida por los artículos 2346, 2347, 2348, 2349 y 2352, regula todo lo relativo a la misma responsabilidad por el hecho de personas que están bajo el cuidado o dependencia de otro; y la tercera, agrupada bajo los artículos 2350, 2351, 2353, 2354, 2355 y 2356, se refiere a la responsabilidad por el hecho de las cosas animadas e inanimadas”.

La jurisprudencia que acaba de transcribirse como se dijo, ha sido reiterada por la Corte, entre otras, en las siguientes sentencias: 18 de noviembre de 1940 (L, pág. 441); 25 de febrero y 24 de junio de 1942 (LIII, págs. 87 y 658); 18 de octubre de 1945 (LIX, pág. 97); 6 de febrero de 1944 (LVII, pág. 29); 27 de octubre de 1947 (LXIII, pág. 86); 16 de diciembre de 1952 (LXXIII, pág. 86); y 28 de febrero de 1958 (LXXXVII, pág. 131).

La responsabilidad civil extracontractual está configurada por los tres elementos tradicionalmente aceptados por la jurisprudencia y la doctrina, los cuales fluyen claramente del texto de los preceptos legales que la regulan: culpa del demandado; daño sufrido por el demandante; y relación de causalidad necesaria entre éste y aquélla. Quien la invoca con el fin de obtener que por la vía jurisdiccional se le resarza el daño sufrido, debe afirmar en su demanda la concurrencia de tales tres elementos, concretados a la situación fáctica respectiva, y demostrarlos plenamente. Hay ciertos casos, sin embargo, en que la culpa se presume. El demandado sólo puede exonerarse de la responsabilidad consiguiente, afirmando y demostrando que el daño obedeció a fuerza mayor, caso fortuito o a lo que la doctrina francesa denomina la “intervención de un elemento extraño”, que consiste en la culpa de un tercero o de la propia víctima. Si esta última culpa resulta ser la que originó el daño en forma exclusiva, la mencionada exoneración será total; si por el contrario es apenas concurrente, ésta será parcialmente proporcionada a la influencia que esa culpa extraña al demandado tuvo en la producción del perjuicio.

En este caso, el autor del daño no podrá exonerarse jamás, total o parcialmente, de su responsabilidad civil, cuando se limita a demostrar su ausencia de culpa en la ocurrencia del daño.

Cuando se trata de la responsabilidad mencionada en el tercer grupo, o sea por el daño que causen las cosas animadas o inanimadas a cargo del dueño o usuario de las mismas, que es precisamente el caso objeto de esta litis, del ejercicio o desarrollo de actividades peligrosas, o de los habitantes del edificio en el caso especial del artículo 2355, la ley establece una presunción de culpabilidad a cargo de tales personas, como de vieja data lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte sin variación alguna. Esa presunción releva al damnificado de su carga de probar la culpa; le basta con demostrar el hecho u omisión, el daño sufrido y la relación de causalidad entre uno y otro. En este caso, pues, el responsable no se exonera de su obligación de indemnizar demostrando que el daño ocurrió sin culpa alguna de los tres eventos exonerativos mencionados, o sea, caso fortuito, fuerza mayor o culpa exclusiva de un tercero o de la misma víctima, como lo dispone el artículo 2357.

En el caso concreto del artículo 2353 del Código Civil, o sus equivalentes, 1385 del código francés, 2326 del chileno, 1218 y 2052 del italiano, 1124 y 1128 del argentino, es decir de la responsabilidad presunta del dueño del animal propio o ajeno que tenga a su servicio, por los daños que éste cause, cuyos remotos orígenes pueden rastrearse en la lex aquila y en la Ley XXII de la 7ª partida, coinciden todos los doctrinantes en que además del caso fortuito y de la fuerza mayor, uno de los factores eximentes de tal responsabilidad es la culpa de la víctima (Cfr. VÉLEZ, Fernando. Estudio sobre el derecho civil colombiano. 2ª Ed. T. IX, Nº 39, pág. 27; ALESSANDRI y SOMARRIVA. Ed. Nascimiento, Santiago, 1942, T. IV, Nº 1284, pág. 898; PLANIOL, RIPERT, ESMEIN. Traité pratique de droit civil francais, París, 1930, T. II, Nº 601, págs. 820 y 821; JOSSERAND. Cours de droit civil positif. Francais, París, 1933, T. II, Nº 521, págs. 282 y 283; Henri et. León Mazeaud, Traité théorque et. practique de la responsabilité civile, delictuelle et contractuelle, 3ª Ed. París, 1939, T. II, 1132 y 1133, págs. 98 y 99; Henri León y Jean Mazeaud. Lecciones de derecho civil. Trad. Española Luis Alcalá-Zamora y Castillo, Buenos Aires, 1960, parte 2ª, Vol. II, Nº 594, pág. 342; Francesco Messineo. Manual de derecho civil y comercial. Trad. Española Santiago Santis Melendo. Buenos Aires, 1971, T. VI, 13 y 25, págs. 506 y 526). La Corte, al comentar el mencionado artículo 2353, ha dicho que “el sistema legal concede al juez amplios poderes para valorar, en concreto y a la luz de las probanzas, el hecho y las circunstancias determinantes del daño, no sólo en la tarea de deducir hasta dónde fue evitable sino también en cuanto respecta a saber en qué medida la propia culpa de quien sufrió el perjuicio puede atenuar y aun suprimir la responsabilidad” (Cas. Civil. jul. 19/61, XCVI, pág. 166).

En resumen de lo expuesto, como doctrina de la situación regulada por el artículo 2353 del Código Civil, cabe destacar lo siguiente:

a) Los daños causados por un animal, “aun después que se haya soltado o extraviado” comportan una presunción de culpabilidad para su dueño o para la persona que de él se sirve;

b) La referida presunción únicamente releva a quien la invoca del deber de probar la culpa del dueño o guardián del animal, porque el daño y la relación de causalidad con el hecho perjudicial debe probarlos en todo caso;

c) Dicho dueño o guardián no pueden exonerarse de la referida presunción de culpabilidad limitándose a afirmar o a demostrar ausencia de culpa de su parte en la ocurrencia del daño, y

d) Tal exoneración o reducción, según el caso, de la obligación de resarcir el perjuicio, según el claro texto del artículo 2353 sólo tiene cabida en forma total, si el dueño o el guardián demuestran plenamente un hecho positivo y concreto consistente en que el daño causado por el animal obedece a fuerza mayor o caso fortuito o culpa exclusiva de un tercero y en forma parcial, cuando también medió culpa de la propia víctima o de un tercero y en proporción a la influencia determinante que estos hayan tenido en la ocurrencia del daño (C.C., art. 2357). Es obvio que si el perjuicio se produjo como consecuencia de culpa exclusiva del damnificado, el dueño o el guardián del animal quedan exonerados totalmente de responsabilidad.

Todo lo que se ha explicado acerca de la verdadera inteligencia que debe darse al precepto legal en cita, conduce a poner de relieve el error de interpretación en que incurrió el tribunal al aplicarlo en el presente caso. Dijo éste, en efecto, que “la concurrencia de culpas no se encuentra erigida en causal de exculpación para el dueño de los animales” que causen un daño. Ese concepto equivocado del ad quem exige la rectificación doctrinaria que se ha hecho en esta providencia y desemboca inevitablemente en la prosperidad del cargo.

De esta suerte debe casarse el fallo impugnado y dictarse, en instancia, el que haya de reemplazarlo, para lo cual, además de las razones expuestas en el despacho del cargo, basta agregar lo siguiente:

Es verdad aceptada en este proceso que debido a falta de cercas en la finca del demandado, el ganado de su propiedad que allí se encontraba ocasionó daños en una sementera de maíz sorgo que tenía el demandante en una hacienda, no colindante pero sí situada a no mucha distancia de aquélla. Pero también lo es, y así aparece del análisis de las pruebas allegadas a los autos, que al terreno donde el demandante tenía la sementera de maíz que dañó el ganado de su contraparte, tampoco estaba cercado. Esa ausencia de cercados de los dos predios atribuible a sus dueños o explotadores, fue la que ocasionó que el ganado causara los perjuicios cuya indemnización se busca en esta litis. Es apenas natural que si cualquiera de esas dos fincas hubiese estado cercada esos daños no se habrían podido producir. Esa fue, pues, la culpa concurrente en que incurrieron ambos litigantes.

En estas condiciones, se reduce la responsabilidad por culpa presunta del dueño del ganado que consagra el artículo 2353 en la proporción en que a los daños concurrió la del damnificado. A falta de prueba concreta sobre la proporcionalidad de tales culpas concurrentes, debe entenderse que ellas obraron de por mitad, lo cual significa que el demandado sólo debe indemnizar el cincuenta por ciento de los perjuicios materiales sufridos por su demandante. Y como aunque la existencia de tales perjuicios se encuentra plenamente acreditada la cuantía de los mismos no lo está, es menester que ésta se determine mediante el procedimiento establecido por los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil.

Por consiguiente, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia impugnada y en su lugar.

RESUELVE:

1. Declárase que Rosendo Baquero Gutiérrez es civilmente responsable de la mitad de los daños que ganados de su propiedad causaron en el mes de enero de 1974 en los cultivos de maíz sorgo de propiedad de José Francisco Pereira; que éste tenía en su finca “Titania” también de su propiedad, ubicada en jurisdicción del municipio de San Carlos de Guaroa.

2. En consecuencia, condénase al demandado Rosendo Baquero Gutiérrez a pagar al demandante José Francisco Pereira la mitad de los perjuicios materiales que éste sufrió y a que se refiere la parte motiva de esta providencia, cuyo monto será determinado en la forma que ordenan los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil.

3. En estos términos queda reformada la sentencia proferida por el juez promiscuo de Acacías el 4 de noviembre de 1974.

4. Condénase al demandado al pago de la mitad de las costas de ambas instancias. Sin ellas en el recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase al Tribunal de Villavicencio.

Aurelio Camacho Rueda—Ernesto Escallón Vargas—José María Esguerra Samper—Germán Giraldo Zuluaga (con salvamento de voto)—Humberto Murcia Ballén—Alfonso Peláez Ocampo.

Alfonso Guarín Ariza, Secretario general.

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