Sentencia de mayo 11 de 1976 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTE AUTOMOVILIARIO

Perjuicios materiales y morales objetivados. Deben ser ciertos y estar demostrados

Perjuicios morales subjetivos. Reitera la doctrina del “arbitrium judicis” para fijar el “precium doloris

Llamamiento en garantía

Magistrado Ponente:

Dr. José María Esguerra Samper

Bogotá, D.E., once de mayo de mil novecientos setenta y seis.

I. El proceso

Mediante sentencia del 3 de septiembre de 1975, la Corte casó el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 27 de enero del mismo año, en el proceso ordinario promovido por Fabio Patiño y Ofelia Salazar de Patiño contra “Embotelladora de Medellín S.A.”. Compete ahora dictar en instancia la decisión que debe reemplazar la del tribunal, para desatar el recurso de apelación que había interpuesto la parte demandante contra el fallo de primera instancia dictado el 20 de agosto de 1974 por el Juez 6º Civil del Circuito de la misma ciudad, en atención a que el proceso está libre de vicios y a que fueron practicadas, en lo posible, las pruebas que oficiosamente decretó esta sala en la sentencia primeramente mencionada.

Esta corporación resumió entonces los antecedentes del proceso en la siguiente forma:

“I. En demanda de cinco de marzo de 1973, solicitan los referidos demandantes, en sus propios nombres y en la calidad de padres legítimos de Uriel de Jesús Patiño Salazar, que en contra de la sociedad demandada se hagan las declaraciones y condenas siguientes:

a) Que la sociedad demandada es civilmente responsable para con los demandantes, de los perjuicios causados con la muerte del joven Uriel de J. Patiño Salazar, hecho causado por el vehículo de placas A-65799 de propiedad de la sociedad demandada, y

b) Que como consecuencia de la declaración precedente, la sociedad demandada debe pagarle a los demandantes “la suma de dinero que probaren ascienden los perjuicios, previa liquidación que se practicará por el procedimiento del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta la edad del occiso, las tablas de esperanza de vida que acostumbran las compañías de seguros, así como, para calcular el daño futuro las tablas de Garuffa.

II. Refiere como elementos de hecho la causa petendi los siguientes:

a) Que el joven Uriel de Jesús Patiño Salazar falleció en la ciudad de Medellín el día 26 de diciembre de 1970 al ser atropellado por el vehículo automotor de placas A-65799, de propiedad de la sociedad Embotelladora de Medellín S.A.;

b) Que al momento del accidente el automotor era conducido por Oliverio de J. Jaramillo, empleado al servicio de “Embotelladora de Medellín S.A.” cuando éste se dedicaba a cumplir la labor que se le había encomendado, consistente en repartir el producto Coca Cola, y

c) Que el menor fallecido en el accidente era hijo legítimo de los demandantes y dado “el grado avanzado de estudios que cursaba en ese entonces —dicen los demandantes—, teníamos puestas en él grandes esperanzas de ayuda y sostenimiento. Por lo cual con su muerte se nos ha causado grandes perjuicios que deben ser reparados por la sociedad causante del daño que sufrimos.

III. La compañía consignó su respuesta en escrito de 28 de mayo de 1973, en el sentido de admitir parcialmente los hechos, para finalizar con oposición a las pretensiones y con la formulación de las excepciones que denominó de inexistencia de la obligación, o ilegitimidad de la personería sustantiva de la parte demandada, prescripción y compensación”.

II. La sentencia apelada

En su lacónica sentencia, el juzgador a quo dice que los medios probatorios allegados al proceso no acreditan en modo alguno quién fue el responsable de la colisión de vehículos que ocasionó la muerte del joven Patiño Salazar, ni menos aun la culpa que pudo tener la empresa demandada en dicho insuceso, en cuanto al cumplimiento de sus deberes en la escogencia y vigilancia de su empleado, según los artículos 2341 y 2347 del Código Civil, y que faltando ese elemento esencial de la responsabilidad civil extracontractual, no cabe despachar favorablemente las pretensiones indemnizatorias de los demandantes.

III. Consideraciones de la Corte

1. Los antecedentes relatados demuestran inequívocamente que la cuestión sub júdice gira alrededor de la responsabilidad civil por culpa aquiliana de que trata el título 34 del libro IV del Código Civil. En el texto del artículo 2341 de dicha obra, que consagra los hechos ilícitos como fuentes de la obligación de reparar los daños que producen, han encontrado la doctrina y la jurisprudencia los tres elementos esenciales que configuran dicha responsabilidad, vale decir, la culpa, el daño y la relación de causalidad necesaria entre una y otro. En estas condiciones, de acuerdo con la máxima onus probandi incumbit actori, consagrada positivamente en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la parte damnificada que pretende que el autor del daño sea condenado a resarcirle los perjuicios que le ocasionó, tiene la carga de demostrar en forma plena y completa todos y cada uno de los mencionados elementos.

2. Sin embargo, cuando el daño se produjo como consecuencia de una actividad peligrosa, dentro de la cual se ha considerado siempre la conducción de vehículos automotores, la norma aplicable es el artículo 2356 ibídem, que consagra explícita e inequívocamente una presunción de culpabilidad (LXXIX, pág. 823; LXXXIII, pág. 2169 y XCV, pág. 784). Así, pues, a la víctima que pretende ser indemnizada, le basta demostrar el hecho dañoso ocurrido como consecuencia directa y necesaria del desarrollo de la actividad peligrosa que desempeñaba el demandado, es decir está exenta de la carga probatoria en cuanto al elemento culpa (LIX, pág. 820; LXXI, pág. 114 y LXXIII, pág. 649, entre muchas otras).

3. Esa responsabilidad civil extracontractual de que trata el título 34 del libro IV del Código Civil, comprende no solamente al autor del daño por el hecho personal suyo, sino también por el hecho de las cosas o de animales que le pertenecen, o de las personas que de él dependen.

4. Por regla general, el autor del daño sólo puede exonerarse de su responsabilidad civil extracontractual, cuando demuestra que el perjuicio se produjo por caso fortuito, fuerza mayor o la culpa exclusiva de la víctima o la de un tercero (L, pág. 439; LI, pág.; LIII, pág. 659; LXIV, pág. 745; LXX, pág. 314). Si la culpa es concurrente, la exoneración será sólo parcial.

5. En sentencia dictada por esta sala el 28 de octubre de 1975 (proceso de Miguel Rendón y otros contra la Caja de Crédito Agrario, aún sin publicar) se hizo un estudio exhaustivo de las llamadas responsabilidad directa y responsabilidad indirecta de las personas jurídicas; de las vacilaciones que tuvo la doctrina de la Corte en cuanto al tipo de responsabilidad que le cabe a la persona moral por los daños que causan sus representantes, agentes o dependientes; y se reiteró una vez más la tesis de que en tales casos se trata de una responsabilidad directa, lo cual descarta la posibilidad de que la persona jurídica pueda exonerarse de aquélla demostrando simplemente que no incurrió en las llamadas culpa in aligendo y culpa in vigilando. Tal exoneración, pues —como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de esta corporación—, sólo se produce demostrando alguno de los tres factores atrás indicados.

A la sentencia mencionada pertenecen los párrafos que, para mayor claridad, se transcriben enseguida: “Orientada la Corte por la analogía jurídica, ya desde el siglo pasado advirtió que sin embargo de que el título 34 del libro 4º del Código Civil no se refiere en forma expresa a la responsabilidad por culpa aquilina de las personas jurídicas, dichas regulaciones sí las comprenden implícitamente. Por lo consiguiente, con fundamento en el principio cardinal que domina la materia consignado en el precepto objetivo de que todo daño imputable a culpa de una persona debe ser reparado por ésta, y en la regla subjetiva de que todo el que ha sufrido un daño tiene derecho a ser indemnizado, consagró la responsabilidad civil extracontractual para los entes morales, tanto de derecho privado como derecho público”.

“La doctrina actual. Finalmente, la Corte en sus dos sentencias de 30 de junio de 1962, proferidas por las salas de Casación Civil y de Negocios Generales, que en su orden aparecen publicadas en las páginas 88 y siguientes y 655 siguientes, del tomo XCIX de la Gaceta Judicial, revaluó la doctrina sobre la responsabilidad extracontractual de las personas jurídicas, públicas y privadas, al punto de considerar directa y no indirecta, la de las primeras por la conducta de sus agentes, causantes de daños a terceros, cualquiera que sea la posición jerárquica de aquéllos dentro de la entidad jurídica.

... La doctrina de la responsabilidad directa sustentada en los dos fallos a que se ha hecho alusión, ha venido siendo mantenida por la Corte en forma constante y sin vacilación alguna desde entonces, como puede verse, entre otras, en las siguientes sentencias: 20 de febrero de 1964 (CVI, 130 y 131); 16 de marzo de 1964 (XVI, 192); 17 de junio del mismo año (CVII, 807); 9 de diciembre de 1969 (CXXXII, pág. 209); y 5 de julio de 1971 (CXXXIX, pág. 18).

Dada la profunda solidez jurídica que estructura los pilares en que dicha doctrina se apoya, a tal punto que comparativamente obvio resulta que es ella la que mejor permite la eficaz tutela del derecho a la indemnización que asiste a quien resulte damnificado por el hecho culposo de los funcionarios de una persona jurídica, ni por asomo le sería dado a esta sala incinerarla hoy, para, en su lugar, resucitar la tesis de la responsabilidad indirecta, tal cual lo pretende el recurrente, sin que en pos de su intento esgrima razón legal con virtualidad suficiente que justifique el retroceso jurisprudencial que anhela.

... Al amparo de la doctrina de la responsabilidad directa que por su vigor jurídico la Corte conserva y reitera hoy, procede afirmar, pues, que cuando se demanda a una persona moral para el pago de los perjuicios ocasionados por el hecho culposo de sus subalternos, ejecutado en ejercicio de sus funciones o con ocasión de éstas, no se demanda al ente jurídico como tercero obligado a responder de los actos de sus dependientes, sino a él como directamente responsable del daño”.

IV. La cuestión sub júdice

6. Sentadas estas bases legales y jurisprudenciales indispensables, procede analizar la cuestión planteada en este proceso por su aspecto probatorio.

a) Está plenamente demostrado con las respectivas partidas notariales de estado civil anexas a la demanda, que el joven Uriel de Jesús Patiño Salazar, fallecido el 26 de diciembre de 1970, era hijo legítimo de los demandantes Fabio de Jesús Patiño y Ofelia Salazar, lo cual configura, a no dudarlo su legitimación en causa para promover este proceso;

b) También lo está, con la diligencia de necropsia número 15370 practicada el 27 de diciembre de 1970 por los médicos legistas de Medellín; con la historia clínica de fecha 26 de los mismos correspondiente al joven Patiño, expedida por “Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul” de la misma ciudad; con el informe del accidente rendido por funcionarios de la dirección de transportes y tránsito de Antioquia; y con la diligencia de levantamiento de Uriel Patiño Salazar, que éste falleció a consecuencia de un choque ocurrido entre dos vehículos automotores de placas A-65799 conducido por Oliverio de Jesús Jaramillo y número A-30266 conducido por Horacio Guiral Acevedo el 28 de septiembre de 1970, en la carrera 45 con calle 60 Medellín;

c) La parte demandada confesó en su respuesta al libelo ser la propietaria del vehículo de placas A-65799 que ocasionó el accidente de que se trata y confesó también que el conductor de dicho vehículo Octavio de J. Jaramillo, cuando ocurrió el accidente, era su dependiente o empleado. Agregó, sin embargo, un hecho distinto del cual no hay prueba alguna en el proceso y que por el contrario está infirmado por la declaración de Luis Norberto Quintero, acompañante de Jaramillo cuando ocurrió el accidente: que en esos momentos, el conductor del vehículo no estaba cumpliendo funciones para la empresa sino que se dirigía a su residencia luego de haber desempeñado su labor del día, y

d) Finalmente, se acreditó también la existencia legal de la sociedad contra la cual se promovió esta litis como propietaria del vehículo que arrolló al joven Patiño Salazar y como empleadora del chofer que lo conducía. Todo lo anterior aparece corroborado con dos documentos que en fotocopia autenticada notarialmente se aportaron como prueba por la misma parte demandada, por lo cual, al tenor del artículo 276 del Código de Procedimiento Civil fueron implícitamente reconocidos por ella, en los que dicha sociedad informa a la Compañía Colombiana de Seguros sobre la ocurrencia del accidente en que perdió la vida el joven Uriel Patiño Salazar y acerca de haberse promovido este proceso.

Los elementos probatorios que se dejan reseñados y que fueron oportuna y legalmente allegados a los autos, producen plena convicción sobre la verdad de los hechos anteriormente expuestos: que el joven Uriel Patiño Salazar, hijo legítimo de los demandantes, perdió la vida como consecuencia de haber sido atropellado por un vehículo automotor de placas A-65799 de propiedad de la sociedad “Embotelladora de Medellín S.A.” que iba conducido por un empleado de ésta de nombre Oliverio de J. Jaramillo.

7. Los pormenores del accidente se deducen tanto del respectivo informe rendido por los agentes de la policía de tránsito de Medellín, como del que suministró la sociedad demandada a la Compañía Colombiana de Seguros y de las declaraciones de Rodolfo de Jesús Chica Villa, Luis Norberto Quintero y Horacio Guiral Acevedo, cuya recepción fue decretada oficiosamente por el tribunal para los dos primeros y por la Corte para el último.

En efecto, un camión de acarreos conducido por Guiral Acevedo en el cual iban como pasajeros la víctima y la madre del mismo, con placas A-30263, se estacionó en la carrera 45 con calle 70, de Medellín, a eso de las 8 de la noche del día 26 de diciembre de 1970. De dicho vehículo se bajó el joven Patiño para buscar la dirección de la casa donde debían entregar unos muebles que llevaban y momentos después fueron chocados violentamente por detrás, por el camión de propiedad de la sociedad demandada que venía conducido por Jaramillo, aprisionando entre los dos camiones al joven Patiño, quien a consecuencia de ello quedó herido de muerte y falleció muy poco tiempo después. El conductor Jaramillo, al rendir indagatoria ante el Juzgado 9º Penal Municipal de Medellín, que conoció el sumario a que dio origen el mencionado insuceso, para exculpar su conducta afirmó no haber visto el camión del cual se baja el joven Uriel, por haber sido encandelillado o deslumbrado por las luces de un vehículo que venía en dirección contraria. Esta circunstancia además de no haber sido demostrada plenamente, no acreditaría la ausencia de culpa del conductor del vehículo, la cual además no bastaría por sí sola para exonerar de su responsabilidad a la sociedad empleadora de dicho conductor y propietaria del vehículo que causó el accidente.

En vista de lo expuesto, que resulta de una fácil apreciación en conjunto de las pruebas que ya obraban en la primera instancia y que luego fueron corroboradas con las que decretaron oficiosamente esta sala y el tribunal, no acierta a entender la Corte cómo pudo afirmar el juez, que si bien es cierto que el joven Patiño “fue víctima de la colisión de varios (sic) aparatos que lo aprisionaron, mas carece de veracidad investigada cuál de los mismos tronchó su vida”. Según acaba de verse, el choque no ocurrió entre varios vehículos sino únicamente entre dos; uno de ellos, el camión del cual acababa de apearse Uriel, no estaba en movimiento sino orillado en la vía mientras éste buscaba una dirección. La víctima evidentemente fue aprisionada entre los dos automotores, cuando el de la parte demandada chocó con el otro que estaba estacionado. ¿Podrá decirse con acierto, en esas condiciones que se ignora cuál de esos dos automotores tronchó la vida del joven Patiño? La argumentación del a quo no resiste el menor análisis.

8. En vista de lo ocurrido, es claro que conserva todo su vigor la presunción de culpa que consagra el artículo 2356 del Código Civil. Estando además demostrados como se vio que lo están, el daño, o sea la muerte del joven Patiño y la relación de causalidad, es decir, que ésta se produjo a consecuencia de haber sido atropellado por el vehículo de la demandada, se configura a no dudarlo la responsabilidad civil por culpa aquiliana que la parte demandante pretende deducir a cargo de la sociedad “Embotelladora Medellín S.A.”, y por tanto, la sentencia apelada debe revocarse.

De autos no obra prueba alguna de que el accidente mortal del joven Patiño hubiese obedecido a ninguno de los tres únicos factores exonerativos de la responsabilidad civil extracontractual a que atrás se hizo alusión. La parte demandada no ha insinuado siquiera la culpa exclusiva o al menos concurrente de la víctima o de un tercero. Sus argumentos defensivos, que como atrás se expuso, no están probados de ninguna manera, de haberlo estado no habrían tenido virtualidad alguna para eximir de su responsabilidad a la sociedad demandada.

9. De todo lo anterior se concluye que el fallo absolutorio apelado debe revocarse, por cuanto de autos aparece plenamente establecida la responsabilidad civil extracontractual de la sociedad demandada por razón del accidente en que perdió la vida el menor hijo de los demandantes.

V. Los perjuicios indemnizables

10. La Corte en innumerables ocasiones ha tenido oportunidad de referirse a los perjuicios que deben ser indemnizados cuando la muerte de una persona es resultado de un acto civilmente ilícito. Ha dicho, en efecto, y ahora lo reitera, que tales perjuicios pueden ser de tres clases: materiales, morales objetivados y morales puramente subjetivos (prestim doloris) y que estos últimos, a su vez, pueden representar el daño padecido por la parte social o por la parte afectiva del patrimonio moral; que los dos primeros, aún actuales, o futuros, para ser resarcibles, se requiere en todo caso que sean ciertos y que estén plenamente demostrados, y que su monto es susceptible de ser avaluado pericialmente. En cuanto a los morales subjetivos, por su propia y especial naturaleza, la jurisprudencia ha aceptado que cuando se trata de la muerte de un ser querido su existencia se presume (LV, págs. 412 y 420) pero que por su misma índole en todo caso están sujetos a una normación especialísima.

11. Respecto de los daños materiales propiamente dichos, en casos como el que ahora se estudia, se ha expuesto también que para efectos de determinar su resarcibilidad, debe tenerse en cuenta quién fue la víctima. Que si ésta era persona que al ocurrir su muerte no tenía una actividad productiva de la cual se beneficiaran también los que reclaman la indemnización, por razón de su edad, de enfermedad o de incapacidad física o mental, sus deudos o parientes próximos no reciben perjuicio económico con su fallecimiento. “Si el muerto no tenía capacidad productiva al morir, pues a nadie ayudaba y a nadie perjudicó con su muerte” (LXXXVII, pág. 145).

“Considera la Corte —dijo ésta en sentencia de casación civil del 29 de mayo de 1954— que establecida la existencia del daño, sin la cual no puede hacerse la declaración de responsabilidad, queda tan sólo por determinar la exacta extensión del perjuicio que debe ser reparado, ya que el derecho no impone al responsable del acto culposo la obligación de responder por todas las consecuencias, cualesquiera que sean, derivadas de su acto, pues semejante responsabilidad sería gravemente desquiciadora de la sociedad misma, que el derecho trata de regular y favorecer, sino de aquéllas que se derivan directa e indirectamente del acto culposo.

Tanto la jurisprudencia como la doctrina admiten que el perjuicio debe ser reparado en toda extensión en que sea cierto. No sólo el perjuicio actual es cierto, sino también el perjuicio futuro, pero no lo es el perjuicio simplemente hipotético. La jurisprudencia califica el perjuicio futuro de cierto y ordena repararlo, cuando su evaluación es inmediatamente posible, al mismo título que el perjuicio actual. La Corte francesa de casación —dice Chapus en su obra citada— se ha esforzado en ciertas sentencias por enunciar esta doctrina en términos no dudosos y ha declarado que “si no es posible decretar la reparación de un perjuicio puramente eventual, sucede de otro modo cuanto el perjuicio, aunque futuro, aparece el juez como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual que es susceptible de evaluación inmediata” (LXXVII, pág. 712).

12. De acuerdo con lo anterior, forzoso es concluir que en el caso sub júdice no obstante la responsabilidad civil que corre de cargo de la demandada, no hay lugar a condenar a ésta al pago de perjuicios materiales ni morales objetivados por las siguientes razones: en primer término, porque la parte demandante no adujo prueba alguna de los unos ni de los otros; en segundo lugar, porque como en el libelo mismo se afirma que teniendo en cuenta “el grado avanzado de estudios que cursaba en ese entonces (el joven Uriel) teníamos puestas en él grandes esperanzas de ayuda y sostenimiento”, ello significa indudablemente que se pretende el pago de perjuicios futuros puramente conjeturales o hipotéticos, los cuales según se dijo atrás, por falta del elemento certidumbre, no pueden ser materia de indemnización. En este sentido dijo también la Corte “en cuanto concierne a los perjuicios materiales ocasionados a terceros por la muerte o invalidez accidentales de una persona, se admite que está legitimado para demandar el resarcimiento correspondiente quien, por tener una relación jurídica con la víctima, sufre una lesión en el derecho nacido de ese vínculo. Lo cual quiere decir que, para reclamar en el caso dicho la indemnización de perjuicios materiales, se requiere probar la lesión de un derecho surgido de una relación de interés con la víctima” (Cas. Civ., oct. 18/67, aún sin publicar).

En estas condiciones, por esa omisión probatoria en que incurrió la parte demandante, no es posible hacer condenación alguna al pago de perjuicios materiales o morales objetivados. La Corte carece en absoluto de bases que siquiera le permitan decretar la práctica de nuevas pruebas tendientes a establecer la existencia de los perjuicios ciertos que pudieran haber sufrido los padres de la víctima.

VI. Los perjuicios morales subjetivos

13. Sólo resta por considerar, pues, lo referente a los perjuicios morales subjetivos, cuya existencia se presume en casos como el presente, según lo ha dicho esta corporación, por la estrecha relación de consanguinidad entre la víctima y los demandantes, por los lazos de afecto que tal parentesco crea y por el sufrimiento moral que a no dudarlo debió ocasionarles a estos la muerte de su hijo. “Por el aspecto de los perjuicios morales es obvio que la muerte o la invalidez accidentales de una persona puede herir los sentimientos de afección de muchas otras y causarles sufrimientos, más o menos intensos y profundos. En principio, todos estos ofendidos estarían legitimados por el daño que cada uno de ellos recibe para demandar la reparación correspondiente, pero... la doctrina y la jurisprudencia han considerado necesario reservar ese derecho a aquéllas personas que por sus estrechas vinculaciones de familia con la víctima del accidente, se hallan en situación que por lo regular permite presumir con la certeza que requiere todo daño resarcible, la intensa aflicción que les causa la pérdida del cónyuge o de un pariente próximo. Obvio, es que derivándose fundamentalmente este derecho de las relaciones de familia, el demandante del resarcimiento de daños morales sólo ha de legitimarse en causa mediante la demostración de tales relaciones con las respectivas partidas de su estado civil” (Sent. arriba citada).

Para la determinación del resarcimiento de este tipo especial de perjuicios, la Corte recogió su anterior doctrina consistente en la aplicación analógica del artículo 95 del Código Penal y en su sentencia del 27 de septiembre de 1974 dijo lo siguiente:

“La doctrina relativa a que los jueces civiles, en tratándose de fijar el monto de los perjuicios morales subjetivos, debían aplicar, por analogía, la disposición contenida en el artículo 95 del Código Penal y que, por ende, en ningún caso estaban facultados para señalar por tal concepto una suma mayor, ya no tiene el patrocinio de la Corte. En efecto, en fallo de 11 de junio pasado, al tocarse tangencialmente ese tema, la rectora de la jurisprudencia pregonó que es imperiosa la modificación de esa doctrina, al afirmar de paso: “La Corte ve la urgencia de modificar su tesis de que no debe condenarse, por daños morales, a pagar suma mayor $ 2.000 a cada lesionado”.

Considera la Corte que si el más alto dolor por la muerte de una persona querida, es el que hiere a los progenitores por la de su hijo o a los hijos por la desaparición de aquéllos, necesario es concluir que, en el caso que se estudia, ha de fijarse el máximo de la suma que sirva para satisfacer el daño moral padecido por el demandante. Esa cantidad será la de $ 30.000, que teniendo de presente la desvalorización de la moneda y el fin perseguido con una condena de satisfacción y no de compensación, es por ahora la indicada para mitigar o satisfacer un perjuicio de aquella naturaleza padecido en su mayor intensidad.

Como quiera, pues, que tratándose de daño moral subjetivo, el derecho lastimado de la víctima se restablece, no propiamente con la cabal reparación del mismo, por ser inconmensurable, sino con una equitativa satisfacción, los jueces al regular esta especie del daño tendrán de presente que cuando el perjuicio pueda ser de grado inferior por cualquier causa, como cuando es menos estrecho el vínculo de parentesco que liga a los protagonistas, la suma que ha de fijarse para la satisfacción de ese daño debe ser prudencialmente menor.

La Corte acoge así el criterio de la doctrina moderna de que la condena que tiene manantial en la comisión de un daño moral subjetivo el llamado pretium doloris, no busca tanto reparar ese perjuicio cabalmente, resarcimiento que es el objetivo de toda indemnización, sino “procurar algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”, permitiendo a quienes han sido víctimas del sufrimiento, hacerles, al menos, más llevadera su congoja”.

En el caso sub júdice se está en presencia de idéntica situación a la que se refiere la doctrina transcrita, vale decir, la muerte de un hijo, lo cual indica que debe adoptarse el mismo criterio, sobre la base de que aquí son los dos padres de la víctima los que reclaman el resarcimiento de ese perjuicio moral subjetivo. Con ese criterio, pues, habrá de hacerse la regulación del caso, para fijar prudencialmente (arbitrium judicis) la cifra que se tuvo en cuenta en la sentencia arriba mencionada, según la nueva orientación jurisprudencial a ese respecto.

VII. Excepciones del demandado

Las excepciones propuestas por la sociedad demandada están llamadas al fracaso.

En efecto, las dos primeras, que denomina “inexistencia de la obligación” e “ilegitimidad de la personería sustantiva” no son tales como repetidamente lo tiene dicho la doctrina de la Corte (CVIII, pág. 265 y CXXX, pág. 19). La de prescripción no ha tenido ocurrencia, porque como atrás quedó dicho, se trata de un caso de responsabilidad directa, al cual no le es aplicable la prescripción trienal que establece el segundo inciso del artículo 2358 del Código Civil para la indirecta. Finalmente, la de “compensación” no está aprobada en absoluto. Aunque el apoderado de “Embotelladora Medellín S.A.” no se tomó el trabajo de fundamentar ninguna de las excepciones que propuso, como era su deber según lo ha expuesto esta corporación (XXXVI, pág. 460), esta última sólo cabe interpretarla como la de concurrencia de culpas de que trata el artículo 2357 ibídem.

Pues bien, de autos no obra ningún elemento de juicio que permita considerar que hubo siquiera la más mínima imprudencia en la conducta de la víctima del accidente.

VIII. Llamamiento en garantía

La relación jurídicoprocesal se forma usualmente entre quienes desde un principio son partes en la litis: la demandante y la demanda. Los terceros, sin embargo, en algunos casos pueden ser citados al proceso y en otros están facultados para intervenir en él, pero en uno y otro evento deben sujetarse a las consecuencias de la decisión que en dicho proceso se profiere, a lo cual se refieren el capítulo 3º del título VI del libro primero del Código de Procedimiento Civil y otras disposiciones de la misma obra.

Uno de los casos en que puede ocurrir esa intervención de terceros, en su especie de forzada, es precisamente el denominado “llamamiento en garantía” de que trata el artículo 57 en los siguientes términos: “Quien tenga el derecho legal o contractual a exigir de un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”.

El texto mismo del precepto transcrito indica que el llamamiento en garantía requiere como elemento esencial que por razón de la ley o del contrato, el llamado deba correr con las contingencias de la sentencia, como consecuencia de la cual el demandado se vea compelido a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago. Si como enseguida se expresa, ese tipo de intervención forzada de un tercero se equipara procesalmente a la denuncia del pleito, y le son aplicables algunas de las normas propias de éste, como los artículos 55 y 56, también debe serlo, por aplicación del artículo 4º ibídem, el segundo inciso del 54, que exige a quien hace dicha denuncia acompañar “la prueba siquiera sumaria del derecho a formularla y la relativa a la existencia y representación que fueren necesarias” cuando el llamamiento se dirige a una persona jurídica.

Con esta institución se rinde tributo al principio de la economía procesal, puesto que se evita la necesidad de una nueva litis para ejercer el llamado “derecho de regresión” o “de reversión”, entre quien sufrió la condena y la persona legal o contractualmente obligada a correr con sus consecuencias patrimoniales.

El llamamiento en garantía, que al decir de Chiovenda (Principios de derecho procesal civil, Trad. Española de la 3ª ed. italiana, t. II, pág. 649), “es de origen germánico, aunque la moderna ley germánica no lo conozca” guarda analogía con la denuncia del pleito y se inspira en el mismo principio antes expuesto. En tal llamamiento, como lo expresa el autor citado, la resolución procesal “sin perder su unidad, adquiere un nuevo sujeto. El llamado es parte... y le atribuye todos los derechos de la parte... El fin normal de la relación procesal con llamamiento en garantía es la decisión (resalta del texto), que produce cosa juzgada respecto de las tres partes” (Op. Cit. pág. 653 a 656).

Cuando se produce un llamamiento en garantía que, según Devis Echandía, “en derecho moderno constituye una misma institución procesal con la denuncia del pleito” (Compendio de derecho procesal, tomo I, 3ª Ed. Bogotá 1972, pág. 302), aquél está sujeto a los requisitos de forma que para dicha denuncia estatuyen los artículos 55 y 56 del Código de Procedimiento Civil, y cuyo cumplimiento debe calificar el juez antes de ordenar la citación del garante. Esta última se cumple en la misma forma establecida por la ley para la notificación al demandado del auto admisorio. De ese momento en adelante la persona llamada al proceso adquiere el carácter de parte en él con todas las obligaciones, cargas y facultades procesales inherentes a esa calidad, según lo dispone el tercer inciso del artículo 56, aplicable al llamamiento en garantía por disposición del artículo 57 in fine.

La oportunidad para proponer el llamamiento en garantía, es el término que tiene el demandado para contestar la demanda, pues si el artículo 57 ordena que aquél “se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores”, que se refieren a la denuncia del pleito, deben serle aplicadas las normas de ésta que no obedezcan a su propia configuración sustancial, siendo una de ellas la de que debe hacerse dentro de dicho término.

Pero como a la persona llamada en garantía se la cita “para que intervenga” en el proceso o comparezca a éste (arts. 56, inc. primero y tercero, y 57), y la demanda no está dirigida contra ella por lo cual no se le da traslado, no tiene la carga de contestarla y el guardar silencio respecto al llamamiento no constituye indicio en su contra (art. 55). En cambio, por analogía con el demandado, podrá invocar las excepciones previas y de fondo que tenga a su favor, pedir pruebas dentro del término de cinco días que se le otorga para intervenir (art. 56), pues de lo contrario se vulneraría su derecho de defensa ya que, se repite, en el proceso se ventilará y decidirá tanto la relación de demandante y demandado como la que vincula a éste con el llamado en garantía. Podrá también intervenir en la práctica de las pruebas solicitadas por los otros litigantes; proponer incidentes; alegar de conclusión; interponer los recursos pertinentes contra las providencias que puedan causarle algún agravio; y en fin, efectuar los actos procesales que estime convenientes para la defensa de sus propios intereses.

Como lo afirma Hernando Morales, aserto que comparte la sala dada la naturaleza jurídica de la institución que se comenta que según quedó dicho, es una intervención forzada si el llamado no se apersona en el proceso, “siempre se decidirá sobre la relación jurídica que lo vincule con la parte que lo citó, y la sentencia lo perjudicará, en su caso” (Curso de derecho procesal civil, parte general, 6ª Ed. Bogotá 1973, pág. 230).

En el fallo que ponga fin a la litis compete al juez resolver sobre dos relaciones sustanciales diferentes: la vigente entre demandante y demandado, y la que existe entre este último y el llamado en garantía. Desde luego, el examen de la segunda está suspensivamente condicionado o subordinado al éxito que tengan las pretensiones del demandante, pues carecería de operancia si éstas no proceden jurídicamente o resultan enervadas por una excepción de fondo. En cambio si el juzgador considera que las súplicas del demandante deben prosperar, por ser indudable la existencia del derecho subjetivo cuya tutela ha impetrado, deberá acometer el análisis de la relación sustancial que vincule al demandado con la persona que éste llamó en garantía y pronunciarse sobre ella. Y en consecuencia, está obligado el juzgador a analizar también los medios de defensa propios que haya esgrimido el garante y proveer sobre ellos en la sentencia.

Tal es el caso de un seguro por daños a terceros dentro del campo de la responsabilidad civil extracontractual. El asegurador ha tomado a su cargo, total o parcialmente, pero en todo caso hasta concurrencia de la cantidad estipulada en la póliza respectiva, la indemnización de los daños que el asegurado pueda causar a otras personas y que esté o se vea obligado a resarcir. La obligación de indemnizarlos, inicialmente a cargo de quien los irroga, sólo podrá ser deducida judicialmente si el damnificado demuestra plenamente los elementos esenciales que configuran la responsabilidad por culpa aquiliana del garantizado. Y esa es la primera tarea del juez: determinar si tales elementos están presentes, y como es obvio, la legitimación en causa por activa y por pasiva en cuanto a demandante y demandado se refiere. Si el resultado de ese estudio fuera afirmativo, es decir si llega a la conclusión de que debe condenarse al demandado e indemnizar los perjuicios que por culpa de éste sufrió el actor, entonces, y sólo entonces, podrá entrar a considerar la relación material existente entre dicho demandado y la compañía aseguradora a la que éste llamó en garantía.

Para esta segunda tarea del juez, cuando a ella haya lugar, vale decir, la de estudiar la relación material que existe entre el demandado y el llamado en garantía, en el ejemplo propuesto, será necesario que el juez considere si en efecto se celebró el contrato de seguro entre aquéllos; si estaba vigente cuando el daño se produjo; y si el riesgo amparado por dicho contrato comprende en todo o en parte el perjuicio a cuya reparación tiene derecho el demandante. En caso afirmativo en desarrollo de la economía procesal y para que se cumplan los fines de la institución legal que se comenta, en la misma sentencia deberá condenar al garante a reembolsar al demandado lo que éste se vea obligado a pagar como consecuencia de lo que se ordena en la misma. Dicho garante, pues, tendrá que sufrir la condena de que se trata, por razón de su presencia en el proceso, ya que en la calidad de parte interviniente que en éste tuvo, habrá podido ejercer a plenitud su propio derecho de defensa.

En resumen, el llamamiento en garantía se sujeta a las siguientes reglas:

a) El término para hacerlo será el del traslado de la demanda, con sujeción a los requisitos que señala el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, en todo caso acompañando al escrito respectivo prueba siquiera sumaria de su derecho a formularlo (art. 54, inc. 2º ibídem);

b) El juez, previa calificación de los requisitos indicados en la letra precedente, citará al llamado en la forma que ordena el artículo 56, quien a partir de ese momento adquirirá el carácter de parte en la litis, con los derechos, cargas y obligaciones procesales anteriormente especificados;

c) El garante, dentro del término que señala el artículo 56, podrá proponer excepciones y pedir las pruebas que pretenda hacer valer;

d) Una vez concluida la tramitación del proceso y aunque el garante no se haya apersonado en él, el juez proferirá su decisión, estudiando en primer término la relación sustancial existente entre demandante y demandado, y si encuentra que las pretensiones de aquél están llamadas a prosperar procederá entonces a considerar las de éste con el garante y se pronunciará expresamente sobre una y otra, y

e) La sentencia podrá ser recurrida independientemente por cualquiera de las tres partes mencionadas, o sea que el llamado en garantía puede hacerlo en cuanto la asiste un interés propio, aunque el demandado guarde silencio o la conscienta.

IX. Consideraciones finales

Aplicando lo expuesto al caso sub júdice, no se remite a duda la responsabilidad civil extracontractual que tiene la sociedad demandada para con los demandantes. De esta suerte, corresponde a la Corte, en ejercicio de sus facultades de juzgador de instancia que le asisten por haber prosperado el recurso de casación, examinar el vínculo jurídico existente entre “Embotelladora Medellín S.A.” y la sociedad donde ésta tenía asegurados sus vehículos por los daños que causaran a terceros.

Se tiene en cuenta:

La sociedad demandada, por conducto de su apoderado judicial, en escrito presentado el 6 de junio de 1973, llamó en garantía a la “Aseguradora Colseguros S.A.” cuya existencia y representación legales acreditó con certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá adjunto a dicho escrito, afirmando los hechos que enseguida se resumen:

a) Que mediante la póliza número 205799 expedida en Medellín, cuya fotocopia autenticada se presentó junto con el escrito de llamamiento sin reparo de ninguna de las partes, “contrató el seguro de sus vehículos por el tiempo comprendido entre el 1º y el 31 de diciembre de 1970, con la “Aseguradora Colseguros S.A.”;

b) Que, por consiguiente, el automotor de placas A6-57-99, como aparece en el anexo de la póliza correspondiente, cuando ocurrió el siniestro de que trata la demanda, estaba amparado por el seguro en cuestión “por responsabilidad civil a terceros hasta por doscientos mil pesos ($ 200.000) en caso de una sola persona”, y

c) Que en cumplimiento de lo estipulado en la póliza, dio oportuno aviso a Aseguradora Colseguros S.A., del siniestro ocurrido con el vehículo de placas A6-5799”, por comunicación número 11630 de marzo de 1971, la cual fue registrada por la entidad aseguradora bajo el número 150 de marzo 9 del 71 (sic) en el formato dispuesto especialmente para tales casos”.

De tales aseveraciones, respaldadas todas con fotocopias autenticadas de la póliza mencionada y del anexo respectivo, en el cual figura el vehículo que causó el accidente dentro de aquéllos que quedaron cobijados por el “seguro de automotores”, concluye el escrito que se comenta que “Aseguradora Colseguros S.A. está obligada a responder a la Embotelladora Medellín S.A. por la responsabilidad que por cualquier evento le pueda ser deducida en relación con el siniestro que es materia del litigio, razón por la cual es procedente su llamamiento en garantía”.

Por conducto de comisionado notificóse personalmente el auto admisorio del llamamiento en garantía al representante de la aseguradora, el que se corrió igualmente traslado de la demanda y se le entregó copia de la misma. A esto se limitó la intervención de dicha compañía.

Dentro de los riesgos amparados a favor de la sociedad demandada figura en la citada póliza número 205799 el siguiente: “Responsabilidad civil... límite a una sola persona $ 200.000”. Por otra parte, en el anexo de la misma póliza figura una relación pormenorizada de los vehículos asegurados, dentro de los cuales y bajo el número 14, aparece el camión “Carpati”, modelo 1967, con placas A-65799, o sea el mismo que ocasionó el accidente sobre el cual versa este proceso.

En estas condiciones, a no dudarlo, debe prosperar los efectos sustanciales del llamamiento en garantía oportunamente formulado por la sociedad demandada. Ciertamente según los artículos 1127 y 1128 del Código de Comercio el seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada responsabilidad contractual o extracontractual en que incurre de acuerdo con la ley, hasta por el valor estipulado en la póliza.

Como el seguro de responsabilidad civil no es un seguro a favor de tercero, por lo cual estos carecen “de acción directa contra el asegurador” (art. 1123 ibídem), está bien que los actores hayan demandado directamente a la sociedad a la que se atribuye la responsabilidad del perjuicio sufrido por los demandantes, y está igualmente bien que esta última haya llamado en garantía a la entidad ante la cual habían asegurado su responsabilidad por esa clase de daños, la que por consiguiente debe ser condenada al reembolso respectivo por haber sido oportuna y legalmente vinculada a este proceso.

X. Decisión

En mérito de todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. Revócase la sentencia proferida por el Juez Sexto Civil del Circuito de Medellín el 20 de agosto de 1974.

2. En su lugar, declárase que la sociedad “Embotelladora de Medellín S.A.”, propietaria del camión con placas A6-5799, conducido por su empleado Oliverio de Jesús Jaramillo, es civilmente responsable del accidente ocurrido el 26 de diciembre de 1970 a consecuencia de la cual perdió la vida el joven Uriel Patiño Salazar.

3. En consecuencia, condénase a la sociedad demandada a pagar, al día siguiente de la ejecutoria de esta providencia a los demandantes Fabio Patiño y Ofelia Salazar de Patiño la cantidad de sesenta mil pesos ($ 60.000) o sea treinta mil pesos ($ 30.000) a cada uno de ellos, por concepto de los perjuicios morales subjetivos que estos padecieron con motivo de la muerte de su menor hijo Uriel de Jesús Patiño Salazar.

4. Condénase así mismo a “Aseguradora Colseguros S.A.”, domiciliada en Bogotá, a reembolsar a la sociedad demandada el valor de los perjuicios de que trata el numeral anterior, dentro de los tres días siguientes a aquél en que dicho pago se hubiere efectuado, en consideración a las razones expuestas en la parte motiva de este fallo y de conformidad con lo estipulado en la respectiva póliza de seguro.

5. Decláranse no probadas las excepciones propuestas por la sociedad demandada.

6. Condénase a “Embotelladora Medellín S.A.” en las costas de este proceso. Por la secretaría de la Corte liquídense las de segunda instancia.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase al tribunal de origen.

Aurelio Camacho Rueda—José María Esguerra Samper—Germán Giraldo Zuluaga—Alejandro Mendoza y Mendoza—Humberto Murcia Ballén—Alfonso Peláez Ocampo. 

Alfonso Guarín Ariza, Secretario general.

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