Sentencia de mayo 25 de 1976

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

INCAPACIDAD POR DEMENCIA

Presunción de derecho de incapacidad del interdicto y presunción legal de capacidad del no interdicto

Prueba de la perturbación psíquica

Testimonio técnico

Magistrado Ponente:

Dr. José María Esguerra Samper

Bogotá, D.E., veinticinco de mayo de mil novecientos setenta y seis.

I. El proceso

1. María Rosa Wandurraga de Wandurraga, María del Tránsito, Ana Dolores, Pedro Antonio e Isidro Wandurraga, Ana Isabel Wandurraga de Ruiz, Anunciación Wandurraga de Cárdenas, Silveria Wandurraga de Pelayo y Zoila Rosa Wandurraga de Cárdenas, la primera como cónyuge sobreviviente y los demás como hijos legítimos de Isidro Wandurraga Fiallo, demandaron por la vía ordinaria a Ana Dolores Corzo de Muñoz, en su propio nombre y como representante legal de sus menores hijos Reinaldo, Argemiro y Ángel María Muñoz Corzo y a Hernando Torres Pierucini, para que se hiciesen las declaraciones y condenas que enseguida se resumen:

a) Que por absoluta incapacidad de Wandurraga Fiallo, proveniente de demencia, es nulo el contrato de permuta que éste celebró con Ana Dolores Corzo de Muñoz mediante Escritura 164 otorgada el 26 de abril de 1963 en la Notaría 2ª de San Gil, y que en consecuencia se decrete la cancelación del registro que de dicho instrumento se hizo;

b) Que por consiguiente se ordene también la cancelación del registro de la Escritura 3 otorgada en la Notaría 1ª de San Gil el 8 de enero de 1968, por medio de la cual la demandada Ana Dolores enajenó a favor de Torres Pierucini “los derechos y acciones que como gananciales le correspondan, en la sucesión intestada de Ángel María Muñoz Salazar, vinculados tales gananciales en un predio rural denominado La Vega en jurisdicción de San Gil”, el cual había sido adquirido por la enajenante en virtud de la permuta atrás mencionada;

c) Que se decrete la nulidad tanto de la adjudicación que del citado predio se le hizo a Torres, como cesionario de Ana Dolores, en la partición llevada a cabo en la sucesión de Ángel María Muñoz, como de lo pertinente de la sentencia aprobatoria y de su registro, y

d) Que el predio “La Vega” no ha salido del patrimonio de Isidro Wandurraga y por consiguiente pertenece a su sucesión ilíquida, representada por los demandantes, a la cual debe serle devuelta por el demandado Torres junto con los frutos producidos y aquéllos que hubieran podido obtenerse con mediana inteligencia y cuidado desde el 8 de enero de 1968 hasta cuando la entrega se verifique.

2. Como fundamento de hecho afirmó la parte actora los que se resumen a continuación:

a) Que Isidro falleció en el Instituto Psiquiátrico de San Camilo el 20 de marzo de 1964 y que en el respectivo proceso sucesorio fueron reconocidos los demandantes en las apuntadas calidades de cónyuge sobreviviente y herederos con que obran en esta litis;

b) Que Ana Dolores Corzo y Ángel María Muñoz contrajeron matrimonio el 23 de mayo de 1951, del cual nacieron los demás demandados Muñoz Corzo;

c) que Ángel María falleció el 6 de octubre de 1966 en cuyo proceso sucesorio fueron reconocidos Ana Dolores como viuda y los Muñoz Corzo como herederos, y que a estos los representa legalmente su madre por ser aún menores de edad, con excepción de María Elba;

d) Que durante los últimos años de su vida, especialmente los tres que precedieron a su muerte, Isidro Wandurraga padecía una grave afección psíquica ocasionada por el exceso de alcohol que era dado a ingerir, y que hallándose en este estado de incapacidad por demencia celebró con Ana Dolores el contrato de permuta cuya nulidad se demanda, mediante escritura que se registró después de la muerte de aquél, y

e) Que sin que hubiese concluido el proceso de sucesión de Ángel María, Ana Dolores vendió a Torres la finca que había adquirido en virtud de la permuta celebrada con Wandurraga, y que el citado Torres ha estado en posesión de la finca “La Vega” desde que la compró, al paso que los demandantes nunca han poseído el bien que por razón de dicha permuta se transfirió a favor de su causante.

3. Con oposición de la parte demandada se tramitó la primera instancia del proceso, a la cual le puso fin el juez civil del circuito de San Gil el 30 de noviembre de 1974, con sentencia denegatoria de las pretensiones de los demandantes, a quienes condenó en costas. Apelaron estos del citado fallo, el que confirmado por el tribunal superior del distrito judicial de la misma ciudad, en sentencia del 6 de mayo de 1975, con apoyo en las consideraciones que enseguida se expresan:

II. El fallo de segunda instancia

Al acometer el estudio de fondo de la cuestión debatida, comienza el sentenciador a expresar que toda ella gira alrededor de la aplicación del artículo 553 del Código Civil, en función de las pruebas contradictorias allegadas por las partes: las de la demandante tendientes a acreditar la demencia que padecía Isidro cuando celebró el contrato impugnado y las de la demandada enderezadas a acreditar que para esa época estaba sano de mente.

Se refiere en primer término a todos los testimonios aducidos por los Wandurraga los cuales enumera y transcribe en sus apartes más salientes. Después de minucioso y razonado análisis de tales declaraciones, expresa el sentenciador que ellas no le producen convicción plena acerca de la demencia de que hubiera padecido Isidro cuando celebró el contrato de permuta por los siguientes motivos: el primero, porque ninguno de los testigos al relatar la conducta y el estado físico y mental de Isidro, se refiere concretamente a la época en que se otorgó la escritura del contrato atacado; y el segundo, porque casi todas esas declaraciones las considera “de cartabón” en las que no sólo se insinúa en la pormenorizada pregunta la respuesta deseada por el peticionario, contra lo que estatuye el último inciso del artículo 226 del Código de Procedimiento Civil, sino porque esta última al repetir con otras palabras el texto de aquélla, en el fondo equivale a una transgresión de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 228 ibídem. Por otra parte estima que algunas de las respuestas dadas por los testigos al expresar que Wandurraga había perdido sus facultades mentales como a juicio de los mimos lo revelaba su comportamiento en esa época, en realidad está exponiendo conceptos, lo cual es propio de testigos técnicos, lo cual demerita aún más el valor probatorio de sus declaraciones.

Como conclusión de su detenida crítica, el sentenciador saca la siguiente: “de la prueba testimonial analizada no puede deducirse que Isidro Wandurraga Fiallo estuviera demente en la fecha de la celebración del contrato de permuta, 26 de abril de 1963. Que sí era un alcohólico crónico es otra cosa... Desde luego que aunque por el hecho de ser una persona alcohólica o bebedor consuetudinario no se puede decir que sea un demente, ello no se opone a que se pueda declarar nulo un contrato que haya celebrado en estado de embriaguez, si tal estado lo llevó a un estado de inconciencia... Ello quiere decir, que no siempre que se está frente a un alcoholizado crónico o bebedor consuetudinario se está en presencia de un demente, aunque a los profanos aparezcan las actitudes del ebrio, cuando lo está, similares a las de una persona que no está en sus cabales”.

“O sea que —dice más adelante—, si no está probado que el señor Isidro Wandurraga Fiallo, para la época del contrato hubiera sido afectado de un síndrome de Korsakoff, no se podía afirmar que fuera incapaz de razonamiento y control”.

Analiza enseguida un certificado médico expedido por el doctor Leopoldo Reyes Gaviria, según el cual Wandurraga además de ser bebedor consuetudinario “en varias ocasiones ha sufrido crisis demenciales debidas al alcoholismo, que han obligado su reclusión en el manicomio, sin que se haya obtenido su recuperación”. Estima el fallador que tal certificado no puede apreciarse como prueba en consideración a que no fue ratificado bajo juramento por su signatario, y además, a que aunque ello no obstante fuese aceptable, no demostraría la pretendida demencia de Isidro cuando celebró el contrato “ya que no afirma en presente, sino en pasado, el haber sufrido crisis demenciales”, y por último, a que tal como aparece redactado, cuando reza que no se ha obtenido la recuperación del paciente, se refiere al alcoholismo y no a la demencia.

En cambio —agrega— aducidas por la parte demandada existen en el proceso pruebas de orden técnico que convencen al juzgador de que si bien Wandurraga era un alcohólico, no era un demente en el año 1963. Tales pruebas son el dictamen médico de los peritos Luis E. Otero y Jaime Cortés Vergara, rendido durante el proceso de interdicción (de Isidro, que terminó por desistimiento que presentaron los proponentes cuando ocurrió la muerte de aquél), dictamen que tuvo todo el trámite legal para ser tenido como válido, siendo como fue, además pronunciado en juicio en que estaban de parte y contraparte (sic) los mismos interesados de hoy, y el testimonio ese sí técnico, del médico psiquiatra doctor Octavio Villar”. El dictamen a que se refiere el tribunal y que transcribe en sus aspectos esenciales, fue rendido “con base en reconocimientos médicos hechos al presunto interdicto Isidro Wandurraga Fiallo, en tres ocasiones, 31 de julio, 14 de octubre y 23 de octubre de 1963”.

Pone de relieve enseguida el testimonio, que califica de técnico, rendido por el médico Ángel Octavio Villar el 28 de junio de 1963, quien después de haber examinado a Isidro desde el punto de vista mental durante tres días en la Clínica Psiquiátrica Martín Carvajal, concluyó expresando que éste “no padece ninguna enfermedad mental ni trastornos de la afectividad y por lo tanto está plenamente capacitado para vivir en sociedad y ejecutar con plena responsabilidad todos los actos de la vida civil”.

“Lo anterior demuestra —se lee en la sentencia objeto del ataque en casación— que con la prueba técnica apropiada, que es la pericial médica, la parte demandada ha logrado probar que con posterioridad a la fecha de la celebración del contrato, el señor Wandurraga Fiallo no estaba demente, sin que por otra parte el actor haya llevado a los autos la prueba que convenza (se resalta) de que antes de tal fecha sí lo estuviera, pues ni aún la que podría considerarse como una prueba sumaria, la certificación no jurada del doctor Leopoldo Reyes Galvis, demuestra que para el 20 de abril de 1963, fecha del certificado, sí estuviera demente”.

Como argumento corroborativo de la anterior conclusión, luego de analizar la historia clínica de Wandurraga que se allegó al expediente, dice que ésta se refiere a un tiempo bastante posterior a la celebración de la permuta 10 a 20 de abril de 1964; que dicho documento no está autenticado; y por último, que la parte final del texto que menciona la demencia senil de que habría padecido Isidro, no está autorizada o amparada por ninguna firma, pues las que figuran más arriba, dicen relación a los exámenes somáticos y psiquiátricos de ingreso a la clínica.

Y como remate de todo su estudio expresa el fallador: “como no está probado que en el momento de la celebración del contrato de permuta el contratante Isidro Wandurraga Fiallo hubiera estado demente, en forma que le impidiera tener conciencia del negocio que celebraba, y le restara por lo tanto voluntariedad al acto celebrado, se impone la absolución de los demandados, al denegar las pretensiones de la demanda. Ello quiere decir es preciso confirmar la sentencia apelada, condenándose en costas a la parte recurrente”.

III. El recurso de casación

Un solo cargo formula la parte demandante contra el fallo cuya reseña acaba de hacerse, dentro del campo de la causal primera y por la vía indirecta, así:

Aplicación indebida de los artículos 1502, 1504, 1740, 1741 y 1746 del Código Civil, por no haber apreciado o haberlo hecho en forma errónea pruebas que obran en el expediente, a consecuencia de interpretación equivocada de los artículos 175, 227 y 228 del Código de Procedimiento Civil.

Al sustentar su acusación, el recurrente pretende hallar los errores evidentes de hecho que le atribuye al tribunal en lo siguiente: a) Al haber desestimado las declaraciones testimoniales enfáticas y categóricas sobre el estado mental de Isidro que obran en los autos, so pretexto de que los deponentes no eran expertos en psiquiatría, pues la ley no dispone que la única prueba al respecto sea la pericial; b) Al considerar que las declaraciones eran conceptuales y “de cartabón”, pues hay hechos que pueden percibirse claramente y cuya calificación por ser elemental y notoria, no convierte en conceptual el testimonio, y porque si las preguntas hubiesen sido insinuantes de la respuesta o tendientes a favorecer conceptos del declarante, era el juez que recibió el testimonio el llamado a rechazarlas; c) Porque no tuvo en cuenta varios indicios corroborantes de las declaraciones sobre el evidente mal estado de la salud mental de Wandurraga; d) Porque el sentenciador no se percató de que los testigos sí depusieron sobre la época en que Isidro estuvo enfermo de la mente, al referirse en sus declaraciones a los años 1961 y 1963; e) Porque no tuvo en cuenta tampoco el concepto del doctor Reyes Galvis fechado apenas seis días antes de la celebración de la permuta y las pruebas que demuestran las diversas hospitalizaciones a que estuvo sometido Isidro durante los últimos años de su vida; f) Porque exageró el valor probatorio del dictamen de los doctores Otero Amaya y Cortés Vergara, siendo así que éste se produjo con posterioridad al acto acusado y la consecuencia de “una observación limitada de días” y no tuvo en cuenta “que seis días antes de ese mismo contrato, el médico que estaba tratando a Wandurraga Fiallo habla de crisis demenciales”; g) Que el tribunal ignoró también el indicio consistente en el registro de la “revelaba la conciencia de que se había negociado con un incapaz”.

Consideraciones de la Corte

1. La capacidad de ejercicio de una persona, según el artículo 1502 del Código Civil, es la facultad de obligarse sin el ministerio o autorización de otra. Dicha capacidad es la regla general, según el artículo 1503, de la cual están excluidos en forma absoluta los dementes, los impúberes y los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito, cuyos actos son absolutamente nulos y no producen ni aún obligaciones naturales (arts. 1504 y 1741), y los relativamente incapaces en los términos del inciso tercero del citado artículo 1504 (D.E. 2820/74, art. 60).

2. El artículo 553 del Código Civil consagra dos presunciones, una de derecho en su primer inciso, en lo tocante con la incapacidad para contratar por sí mismo que afecta al demente que ha sido declarado en interdicción judicial, mientras ella esté vigente, y otra de capacidad, simplemente legal, corroborante de la de carácter general que establece el citado artículo 1503 para todas las personas mayores de edad.

3. Los efectos probatorios de toda presunción no son otros que los de producir convicción en el juez acerca del hecho presumido, sobre la base indispensable de que el presupuesto fáctico en que tal presunción se apoya esté plenamente acreditado (CPC, art. 176). La presunción es, pues, plena prueba de aquel hecho, sin que sea necesario corroborarla o reforzarla con otros medios de convicción.

A) Presunción de derecho de incapacidad del interdicto

4. Es de derecho la presunción de incapacidad del interdicto por demencia, porque el mencionado artículo 553 establece que serán nulos los actos o contratos que celebre “aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido”. De esta suerte, para declarar la nulidad de todo acto o contrato celebrado por un interdicto por demencia, basta acreditar que con anterioridad se había declarado la interdicción; no es necesario, pues demostrar que estaba entonces demente.

B) Presunción legal de capacidad del no interdicto

5. En cambio, la presunción de capacidad es legal, porque el citado artículo 553 en su segundo inciso, admite desvirtuarla si se demuestra que la persona que celebró o ejecutó el acto o contrato “estaba entonces demente”. Por consiguiente, las actuaciones en la vida civil de las personas legalmente capaces que no han sido declarados en interdicción judicial por insanidad de juicio, están amparadas por la referida presunción legal de capacidad y en tal virtud son válidas, mientras no se declare judicialmente lo contrario. Para este efecto será necesaria la plena prueba de que la persona que los celebró padecía “entonces” una grave anomalía psíquica.

6. Cuando la presunción es legal, como se dijo y según lo dispone el artículo 66 del Código Civil, puede ser desvirtuada si se acredita plenamente el hecho contrario al que el legislador tiene por cierto con apoyo en los antecedentes o circunstancias que la configura. Tal ocurre en el caso previsto por la norma legal que acaba de citarse, o sea, en cuanto a los actos o contratos provenientes de quien sufre de grave anomalía psíquica sin haber sido declarado previamente en interdicción judicial por ese motivo, respecto de lo cual se ha expresado la Corte en los siguientes términos:

“1. Cuando una persona no está ni ha estado en interdicción por causa de demencia no pueden ser declarados nulos los contratos por ella celebrados, mediante la simple prueba de que tal persona ha adolecido de una sicosis, es necesario que se aduzca una doble prueba a saber:

Que ha habido una “perturbación patológica de la actividad psíquica que suprime la libre determinación de la voluntad”, según la terminología muy técnica del Código Alemán, o que excluya la “capacidad de obrar razonablemente”, como lo dice el Código Suizo; y que esa perturbación patológica de la actividad psíquica fue concomitante a la celebración del contrato.

2. Por lo que atañe a la primera de las pruebas indicadas, debe observarse que es necesaria porque no toda sicosis acarrea por sí misma la incapacidad civil. Lo que interesa, desde el punto de vista jurídico, no es saber si el contratante adolecía de una enfermedad mental cualquiera, sino averiguar si el desarreglo de sus facultades psíquicas, por su gravedad, impidió que hubiera un consentimiento susceptible de ser tomado en cuenta como factor determinante del respectivo acto jurídico” (Cas. Civ., abr. 4/36, XLIII, pág. 799),

C) Doctrinas de la Corte

7. Es muy copiosa pero no siempre uniforme la doctrina de esta corporación sobre la naturaleza de esa primera prueba a que se refiere la sentencia transcrita, es decir, acerca de la grave perturbación patológica susceptible de eliminar la libre determinación de la voluntad, como causa suficiente para decretar la nulidad del acto jurídico en que intervino quien la padecía. Vale la pena hacer un breve recuento de esas doctrinas:

a) “No es cierto —había dicho en sentencia del 10 de octubre de 1923 (XXX, pág. 349)— que para comprobar el estado de demencia de un individuo no sea admisible otra prueba que la pericial. La ley manda que se nombren peritos en toda causa cuyo esclarecimiento depende de los principios de la ciencia o arte, o en que haya apreciación o avalúo; pero no ha dicho que sea la única admisible con exclusión de cualquiera otra” (en igual sentido, ago. 28/26, XXXIII, pág. 133);

b) Para el efecto indicado la prueba pericial se ha calificado de esencial. “Pero la conclusión sobre el estado mental de una persona es un asunto técnico que el juzgador no puede decidir por sí, y por eso el dictamen de peritos es esencial en estos casos (LVII, pág. 102). “El medio idóneo (se resalta) para comprobar la incapacidad de una persona para contratar en un momento dado por imbecilidad, demencia o idiotez, es el dictamen de médicos psiquiatras” (LX, pág. 709). “Pero el tribunal no ha pretendido sostener en su fallo que el estado psíquico y mental del interdicto y su incapacidad para celebrar los actos de la vida civil aparezcan demostrados de manera plena y exclusiva con los numerosos testimonios contestes recogidos en este proceso. Se limita a valorar la prueba testifical en lo relativo a las manifestaciones externas de imbecilidad e idiotismo que presenta..., pero relacionándola con la prueba real y científica, esa sí pertinente del experticio rendido por los médicos legistas como peritos oficiales, la que se complementa y refuerza con aquella (se ha subrayado);

c) En el fallo últimamente citado de fecha 18 de julio de 1941, se admitió sin embargo la posibilidad de demostrar la demencia con declaraciones de testigos como única prueba “porque si es evidente que el testigo debe siempre declarar sobre hechos precisos que caigan normalmente bajo el dominio de sus sentidos, también lo es que pueden ser materia de la propia y directa percepción del testigo los hechos indicativos del estado manifiesto de idiotismo, imbecilidad, reducción congénita de la capacidad intelectual que padezca una persona. Son signos externos y visibles, de síntomas elementales de un estado precario intelectual, susceptibles de conocimiento y percepción directa para el común de los seres”;

d) En otras oportunidades se ha dicho que la mejor prueba de la demencia es la pericial, y que la testimonial, por sí sola, no sirve para acreditarla ni menos aún para desvirtuar a la primera (XXII, pág. 218; XLIX, pág. 564; LXXX, págs. 457 y 736; LIV, bis, pág. 135; LXXIX, pág. 457; y CXLII, pág. 135). En la penúltima de las sentencias que acaban de citarse aparece un interesante resumen que conviene transcribir:

“De lo expuesto por esta corporación en los fallos cuyas partes pertinentes se han dejado transcritas se desprende:

Que la demencia de una persona debe establecerse científicamente, esto es por medio de peritos como quiera que es un hecho cuya comprobación exige conocimientos especiales.

Que el testigo declara sobre hechos percibidos por los sentidos, pero no emite conceptos. Así, el testigo puede relatar o describir hechos o manifestaciones externas de la persona cuya demencia se discute en juicio, pero no puede conceptuar, con base en tales hechos, sobre el estado mental de esa persona al tiempo de celebrar un contrato.

Que las declaraciones de testigos, sobre los hechos a que se ha hecho referencia, sólo pueden servir de base para que los peritos rindan dictamen de acuerdo con sus conocimientos sobre la materia.

Que muerta una persona, la prueba pericial es difícil pero no imposible, ya que los expertos pueden fundar su concepto en hechos que aparezcan acreditados en los autos por los medios probatorios comunes.

Que siendo en estos casos esencial la prueba pericial, incurre el sentenciador en error de derecho al atribuirles a las declaraciones de testigos el valor de plena prueba sobre el hecho de la demencia de una persona, error de derecho que lo conduce a la violación de las disposiciones legales citadas por el recurrente;

e) Respecto de la demencia de un testador, la Corte expuso en sentencia del 16 de agosto de 1937 que la confesión de la viuda no podía demostrarla. “Así, pues, lo acreditado con esa confesión no es la demencia misma de él, sino una idea, creencia o convicción de ella. La demencia de alguien no se comprueba con esa confesión que otra haga de haber creído en ella... Así las cosas, no es el caso de estudiar si la llamada confesión de la señora podría afectar a sus codemandados” (XLV, pág. 431);

f) El dictamen de peritos como prueba de la demencia ha sido aceptado aún sin examen directo del demente por parte de los expertos —y no podía ser de otra manera si éste ha fallecido— cuando tal dictamen se base en declaraciones testimoniales u otros medios de prueba tendientes a acreditar la situación en que se hallaba dicho demente. “No por haber muerto el supuesto demente se hace imposible la prueba de la demencia. De otra suerte se llegaría al absurdo de que acciones y derechos emanantes de actos ejecutados por un demente que no pudiese ser reconocido directamente por haber muerto, no podrían intentarse ni hacerse efectivos” (XXVII, pág. 212; XXX, pág. 350. En el mismo sentido XXX, pág. 215; XXXIII, pág. 133; XXXI, pág. 11; y LXXIX, pág. 457), y

g) Finalmente, en fallo del 13 de mayo de 1959, también en un caso en que se debatía la demencia de un testador, la Corte, luego de referirse a unas declaraciones que se habían rendido en el proceso y con las cuales se pretendía acreditar dicha demencia, las consideró carentes de valor probatorio al respecto: “aún más pueden existir debilidades mentales, ciertas enfermedades que causen perturbación psíquica en una persona, transitoria o permanentemente y que sin embargo según expertos en psiquiatría, no los inhabilita para la realización de actos jurídicos. La demostración de un estado psíquico anormal de carácter permanente que inhiba a una persona para todo acto jurídico, es una cuestión exclusivamente científica, que sólo pueden determinar los expertos en la materia y de acuerdo con las fórmulas o normas legales” (XC, pág. 526).

8. Todas las doctrinas expuestas, salvo una (CXLII, pág. 135) lo fueron antes de estar en vigencia el actual Código de Procedimiento Civil, en el cual, como es sabido, se dio mayor preponderancia al criterio de apreciación probatoria denominado de la sana crítica o de la libre apreciación razonada. De esta suerte, es menester entenderlas y aplicarlas de ahora en adelante en función de dicho criterio, sin que por ello hayan de perder totalmente su vigor. Adaptándolas, pues, a los preceptos legales ahora en vigencia, desde el punto de vista probatorio se llega a las siguientes

Conclusiones

a) Procesos de interdicción judicial por demencia

Con el propósito primordial de proteger al enfermo, en estas actuaciones se persigue desvirtuar la presunción legal de capacidad que consagra el artículo 1503 del Código Civil, para todas las personas, el dictamen pericial —que presupone y exige que los peritos examinen conjuntamente al paciente y el estado en que éste se encuentra (CPC, art. 237, num. 2º) es prueba que debe practicarse forzosamente, en tales procesos, sin que pueda ser suplida por ninguna otra. Es pues, dicha prueba, legalmente surtida y debidamente apreciada, la única legalmente eficaz para demostrar la demencia de la persona sobre que versa el proceso de interdicción; es precisamente la prueba necesaria a que se refiere el segundo inciso del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Así lo disponen claramente los artículos 549 del Código Civil y 659, numeral 3º del Código de Procedimiento Civil.

Este aserto no significa, desde luego, que los demás medios de convicción que se alleguen a ese proceso referentes al estado mental del presunto interdicto deban ser rechazados por superfluos o que no puedan ser apreciados por el juez si han sido legalmente aducidos. No, tales pruebas podrán ser muy valiosas como corroborantes de la pericial y en todo caso para efectos de valorar el mérito demostrativo de la misma, ya que según el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil las “pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con todas las reglas de la sana crítica” y la pericial, en particular, debe serlo teniendo en cuenta “la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso” (art. 241 ibídem).

Cuando en tales procesos se decreta la interdicción por demencia, queda desvirtuada con carácter general y absoluto, para el futuro, la preindicada presunción de capacidad y reemplazada por una presunción de incapacidad, según lo dispone el primer inciso del artículo 553 del Código Civil. Esta última presunción conservará su vigencia hasta que se haya registrado la providencia que decreta la de habilitación judicial del interdicto (C.C., art. 556), y mientras tanto, como atrás se dijo, todos los actos jurídicos que realice en ese intervalo, como provenientes de un absolutamente incapaz, estarán viciados de nulidad absoluta, “aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido”. Es, pues, una presunción de derecho como atrás se dijo.

b) Nulidad de actos jurídicos de demente no interdicto

Ante todo conviene advertir que no toda enfermedad mental permite decretar la nulidad de un testamento o de actos o contratos ejecutados o celebrados por quien la padece. Como lo expuso la Corte en sentencia de esta sala dictada el 4 de abril de 1936, y ahora lo reitera, al efecto se requiere la prueba de que “ha habido una perturbación patológica de la actividad psíquica que suprime la libre determinación de la voluntad” y además “esa perturbación... fue concomitante a la celebración del contrato” (XLIII, pág. 799).

Es oportuno agregar también, con palabras del expositor Antonio Rocha, acogiéndolas, que “la doctrina y los jueces se muestran más renuentes a anular por incapacidad mental un testamento que un contrato, porque el testador, cuando se discute el testamento no puede comparecer ya a defender su voluntad. Pero ni en uno ni en otro caso, basta la duda sobre la demencia, sino como en toda sentencia condenatoria, se requiere la plena prueba” (De la prueba en derecho. 5ª Ed. Bogotá 1967, pág. 601). En idéntico sentido se expresa la Corte en sentencia del 2 de junio de 1942 (LIII, pág. 613).

Cuando se pretende la declaración de nulidad de un testamento otorgado por persona cuya demencia se afirma que padecía en ese entonces, o de cualquier otro acto jurídico realizado por ella, al tenor de lo que estatuyen el segundo inciso del artículo 553 y los numerales 3º y 4º del artículo 1061 del Código Civil, por el aspecto probatorio se impone esta distinción: 1. Si el enfermo estaba en interdicción judicial, basta con aducir copia del decreto respectivo y su registro. 2. Si no lo estaba, deberá acreditarse e forma plena que dicha persona a la sazón no estaba en su sano juicio porque padecía una enfermedad mental que no le permitía conocer y medir debida o razonablemente las consecuencias de su acto.

Pruebas adecuadas para demostrarla

En desarrollo de las doctrinas que atrás se dejaron expuestas y a la luz de las normas probatorias actualmente en vigencia, es conveniente puntualizar cuáles son los medios probatorios eficaces y adecuados para demostrar la demencia en esos casos.

i) Dictamen pericial. Aunque la ley no exige el efecto en los procesos de que se trata una determinada prueba, al contrario de lo que ocurre en el de interdicción, como antes se dijo, por regla general, cualesquiera elementos de juicio convenientemente apreciados por el juzgador a la luz de la sana crítica podrían producirle convicción acerca de la demencia. Ello no obstante, la Corte considera que el dictamen de médicos —de preferencia especializados en psiquiatría— es la mejor prueba y la más adecuada para establecer la existencia de esa enfermedad mental; la posibilidad de que durante ella pudieran haber sobrevenido intervalos lúcidos, o por el contrario sus caracteres de irreversible y progresiva, y muy especialmente si el enfermo carecía de “la libre determinación de la voluntad” o sea de la capacidad de obrar razonablemente cuando contrató o testó. En efecto, todos esos hechos y circunstancias “requieren especiales conocimientos científicos” para lo cual es procedente la prueba de peritos, como lo estatuye el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.

El dictamen en cuestión deberá ser apreciado cuidadosamente por el juez, en conjunto con las demás pruebas como lo ordena el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con todas las reglas de la sana crítica y con los dictados del primer inciso del artículo 241 ibídem, entre los que figuran precisamente “los demás elementos probatorios que obren en el proceso”, todos los cuales, por consiguiente, incluyendo la prueba testimonial y los indicios, por ejemplo, son de recibo como corroborantes de la conclusión a que lleguen los expertos o también llegado el caso, para desvirtuarla.

Los peritos, si ello fuere posible, deberán examinar al paciente, informarse de su vida anterior, la etiología de la demencia, historias clínicas si las hubiere, etc., y tener en cuenta, ellos también, todas las pruebas que obren en el proceso y demás informaciones que logren obtener “sin perjuicio de que puedan utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; en todo caso expondrán su concepto sobre los puntos materia del dictamen”, como lo ordena el numeral 2º del artículo 237 ibídem.

En algunos de estos procesos desde luego, no será posible que los peritos rindan su concepto sobre la salud mental del presunto demente por haberlo examinado o reconocido de manera directa, cuando se promueven después de ocurrir el fallecimiento del mismo. Sus razonamientos y conclusiones tendrán que basarse a su turno en otras pruebas allegas al proceso, tales como historias clínicas, declaraciones de los médicos que lo atendieron o de las personas que lo frecuentaron en esa época y otras semejantes.

ii) Dictamen pericial anterior a la interdicción y traslado al proceso de nulidad. El dictamen pericial legalmente practicado en el proceso de interdicción judicial por demencia de la misma persona que celebró el acto o contrato cuya validez se impugna por ese motivo, puede ser trasladado a este segundo proceso, de conformidad con lo que dispone el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil si en el de interdicción intervinieron quienes son partes en el de nulidad, el referido dictamen podrá ser apreciado en éste “sin más formalidades”, sobre la base de que en de el interdicción no hubiere prosperado una objeción contra dicho dictamen, como es apenas obvio. En este caso, pues, el juzgador puede valorar ese dictamen de acuerdo con las reglas generales y obtener de él por sí solo, la certeza jurídica necesaria para proferir su decisión.

En cambio, si alguna de las partes en la segunda controversia judicial no intervino en el de interdicción, la prueba pericial trasladada no podrá ser tenida como prueba plena de la demencia, porque dicha parte no pudo ejercer su derecho de contradecirla. La testimonial es la única prueba trasladada que es susceptible de ratificarse para que se cumplan los mencionados principios, en la forma y términos que establece el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil para el dictamen pericial no está prevista la ratificación, de suerte que ésta no puede cumplirse llamando a quienes fueron peritos en el primer proceso para que en el segundo reiteren el concepto que expusieron en su dictamen, porque esa no es la manera legal de contradecir dicha prueba. Sin embargo, esas declaraciones en los procesos de que se trata, como que provienen de los médicos que intervinieron como peritos en el proceso de interdicción y por tener los deponentes el carácter de testigos técnicos, son admisibles en cuanto a los juicios y conceptos que contengan y se les puede dar el valor probatorio que más adelante se comenta.

Lo que acaba de exponerse no significa en manera alguna que el traslado del dictamen pericial no puede efectuarse ni que éste carezca por completo de valor probatorio, por no ser susceptible de ser ratificado y aunque en el segundo proceso no testifiquen los que fueron peritos en el primero. A la prueba pericial trasladada le es aplicable lo que dispone el inciso final del artículo 300 del Código de Procedimiento Civil, para la producida como prueba anticipada sin citación de la persona contra la cual se aduce..., es decir, debe dársele el valor de indicio. Ese indicio, por sí solo, desde luego no puede producir certeza en el juez, pero unido a otros y analizados todos ellos en conjunto, de acuerdo con las normas de la sana crítica, pueden lograr la convicción del juzgador acerca de la demencia objeto del debate.

En el sistema probatorio actualmente en vigencia ya no impera el principio dispositivo y por tanto el juez puede decretar oficiosamente las pruebas que tienden a esclarecer la verdad que se busca en el proceso “en los términos probatorios de las instancias y de los incidentes y posteriormente, antes de fallar” (CPC, art. 180). Por aplicación, pues, de esta norma, si el juzgador lo considera necesario, puede decretar oficiosamente la práctica de un dictamen pericial, cuando estime que el indicio proveniente del dictamen trasladado y las demás pruebas que obran en el proceso, no alcanzan a producirle certeza en cuanto a la demencia que padecía quien celebró el acto jurídico impugnado.

iii) Testimonio técnico. Ahora bien, sin que haya mediado dictamen pericial practicado dentro del proceso sobre la enfermedad psíquica que padece o que sufrió una persona la prueba testimonial legalmente producida y debidamente apreciada es admisible para establecerla, si proviene de persona o personas especialmente calificadas en la materia por sus conocimientos científicos, a las cuales por serlo, la ley les permite (CPC, art. 227, inc. final y 228 num. 2º) que expongan conceptos, como una excepción al principio de que los declarantes deben limitarse a relatar los hechos percibidos por ellos y que les está vedado emitir opiniones o juicios personales. Son los llamados testimonios técnicos. Tal sería el evento de los médicos que trataron al paciente y que al testimoniar sobre éste, conceptúan que padecía de una enfermedad mental cuando testó o celebró el acto o contrato cuya validez se discute. Al juez corresponderá en este caso resolver razonadamente si esos testimonios técnicos, debidamente analizados y apreciados en conjunto con los demás elementos probatorios que obran en los autos, le bastan para obtener la certidumbre de que la persona que contrató o testó “estaba entonces demente”, o si requiere además un dictamen pericial que en todo caso está facultado para decretar de oficio (aplicación analógica). Si estima que tales pruebas resultan insuficientes o le suscitan alguna duda sobre la demencia que se discute, puede y debe decretar oficiosamente un dictamen pericial.

9. Teniendo en cuenta que en el caso sub júdice no ha sido objeto de controversia alguna que Isidro Wandurraga era mayor de edad y que no había sido declarado en interdicción judicial por demencia, pues el proceso que con ese fin se instauró poco antes de su muerte terminó por desistimiento, precisamente apoyado en la ocurrencia de ésta, y partiendo de las bases jurídico-probatorias expuestas en los apartes anteriores se concluye lo siguiente:

Cuando Isidro celebró el contrato de permuta que aquí se impugna estaba cobijado por la presunción de capacidad que consagran los artículos 553 inciso 2º y 1503 del Código Civil. De esta suerte, sólo la plena prueba de que para entonces hubiera estado aquejado de una psicosis grave que lo hubiera privado de sus facultades mentales, permitiría declarar la nulidad del contrato en cuestión.

10. Con el propósito indicado, la parte demandante adujo numerosas pruebas, todas las cuales y en forma pormenorizada fueron analizadas y valoradas por el sentenciador. Basta comparar el texto de la sentencia atacada con la demanda de casación, como lo ha hecho la Corte muy cuidadosamente, para afirmar que ni uno solo de tales medios de convicción fue ignorado o preterido por el tribunal. Por este aspecto pues, no hay ningún error de hecho.

11. Preterición parcial de tales pruebas tampoco la hubo, es decir, el fallador no le cercenó a ninguna de ellas su verdadero contenido objetivo, ni les hizo decir lo que no expresan ni recortó el alcance probatorio que de suyo tienen. En consecuencia, tampoco se encuentra en este caso ninguno de los errores de hecho que a ese respecto el recurrente le atribuye el fallo impugnado.

12. Los reparos que se hacen en la demanda de casación bajo el nombre de “faltas de o apreciación errónea” de las pruebas que allí se indican, en realidad rebasan la pauta muy estricta a que está sometido este recurso extraordinario. En efecto, todos ellos versan sobre la persuasión que tales pruebas produjeron en el ánimo del juzgador, cuando las hubo analizado a la luz de la sana crítica, como consecuencia de la cual expuso razonadamente por qué no le produjeron certeza acerca de la pretendida incapacidad por demencia que afectaba a Wandurraga cuando celebró el contrato de permuta. Los referidos elementos de juicio, valorados uno por uno y en conjunto, no lograron convencer al tribunal de que Isidro estaba demente cuando contrató, es decir, no fueron bastantes para desvirtuar la presunción legal de capacidad que éste tenía a su favor.

El sentenciador estudió minuciosamente todo el haz probatorio aducido por la parte demandante y no pudo obtener la convicción de que Isidro era incapaz; encontró sí la prueba de que éste era un alcohólico, pero con razonamientos adecuados y apoyado en las numerosas citas doctrinales que hace en su sentencia, llegó a la conclusión de que no por haberlo sido antes o después, o serlo cuando contrató, “estaba entonces demente” o, que careciera de la suficiente claridad de juicio para saber lo que estaba haciendo. En esta labor valorativa del fallador la Corte no ha podido hallar contraevidencia alguna.

Es más, el tribunal no solamente no encontró esa prueba plena de la demencia que los demandantes atribuyen a Wandurraga, sino que del análisis también minucioso y acertado que hizo de las pruebas allegadas por la parte demandada, llegó a la conclusión de que éstas corroboran en grado sumo la presunción legal de capacidad que amparaba al contratante. Y dentro de estas pruebas destacó y valoró debidamente el dictamen médico-pericial producido en el proceso de interdicción judicial por demencia de Isidro, que muy poco después del contrato de permuta fue promovido por los aquí demandantes, dictamen que fue conocido por estos y respecto del cual pudieron haber ejercido su derecho de controvertirlo. Ese dictamen, de acuerdo con las normas procesales entonces vigentes, se produjo una vez que los peritos reconocieron el presunto interdicto, en presencia del juez y en tres días distintos. Y esa prueba, debidamente trasladada a este plenario, que no mereció reparo alguno y que como atrás se expuso era no sólo indispensable en el proceso de interdicción sino la más adecuada para establecer la sanidad o insanidad mental de Wandurraga, esa prueba, se repite, debidamente valorada por el tribunal, le corroboró la presunción legal de capacidad que amparaba los actos celebrados por Wandurraga y concluyó entonces, que éste se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales. Por otra parte el ad quem, echó de menos una contraprueba, es decir, un elemento de juicio que acreditara plenamente lo contrario y que en verdad brilla por su ausencia en este proceso.

La labor de la apreciación probatoria es cuestión reservada a las instancias y en la cual la Corte no puede inmiscuirse, salvo errores de derecho o evidentes de hecho en que haya incurrido el fallador y que en este caso no se vislumbran siquiera.

Por último, cabe repetir lo que esta corporación ha expuesto invariablemente, en el sentido de que es vano el ataque que se limita a “contraponer el criterio del impugnante al del tribunal” en materia de apreciación de los medios de prueba (CXVII, pág. 127) y que no es de recibo en el recurso de casación la “crítica global de complejo probatorio” (CVII, pág. 187).

En consecuencia, el cargo no prospera y por tanto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia impugnada y condena en costas a la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase al Tribunal Superior de San Gil.

Aurelio Camacho Rueda—José María Esguerra Samper—Germán Giraldo Zuluaga—Alejandro Mendoza y Mendoza—Humberto Murcia Ballén—Alfonso Peláez Ocampo. 

Alfonso Guarín Ariza, Secretario general.

____________________________