Sentencia S-161 de julio 4 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

RECURSO EXTRAORDINARIO DE SÚPLICA

JURISPRUDENCIA CONTRARIADA

EXTRACTOS: «3.1. Ha de recordarse, antes que todo, que el régimen jurídico-procesal del denominado “recurso de súplicá'' extraordinario sufrió un cambio en sus lineamientos en virtud de la nueva definición que de él da el art. 130 del C.C.A., tal como quedó al haberlo subrogado el art. 21 del Decreto-Ley 2304 de 1989, vigente a partir del 7 de octubre de dicho año (art. 68). El texto en cuestión, en efecto dice a la letra, en lo pertinente:

“Artículo 130.—Recursos extraordinarios y asuntos remitidos por las secciones. Habrá recurso de súplica, ante la Sala Plena de lo contencioso-administrativo, excluidos los consejeros de la Sala que profirió la decisión, contra los autos interlocutorios o las sentencias proferidas por las secciones, cuando, sin la aprobación de la Sala Plena, se acoja doctrina contraria a la jurisprudencia de la corporación ...''''.

Ya no es, por consiguiente, fuente legal del recurso extraordinario de súplica, como parece creerlo el impugnante, el art. 2o de la Ley 11 de 1975, ni tampoco tiene ya fuerza lo que dijera la Corte Suprema de Justicia acerca de que el mismo “continúa vigente, a pesar de la reforma del Código Contencioso Administrativo contenida en el Decreto-Ley No 1 de 1984''''. Hoy tal norma no es más que el origen histórico del recurso extraordinario en cuestión, instituido como sistema tendiente a mantener la uniformidad jurisprudencial del Consejo de Estado cuando, en virtud de su división en secciones de su Sala de lo Contencioso-Administrativo (Decreto-Ley 528 de 1964), se estimó útil y necesario garantizar o resguardar su unidad doctrinaria en materias jurídicas.

De modo que los discutibles alcances o ribetes que la famosa sentencia del 25 de marzo de 1981 de Sala Plena (expediente No 10392, actor Dionisio Ariza, consejero ponente: doctor Carmelo Martínez Conn) le diese a qué debía entenderse por “jurisprudencia contrariadá'' dentro de las pautas del mencionado art. 2o de la Ley 11 de 1975, actualmente sólo tendría aplicabilidad para aquellos recursos extraordinarios de súplica interpuestos antes de entrar en vigencia el Decreto-Ley 2304 de 1989, lo que no ocurre, ciertamente, en el caso de autos, dado que, se repite para mayor claridad, se interpuso el 27 de julio de 1990.

Como se deduce del simple texto del art. 130 del C.C.A., de acuerdo a su nueva versión y en lo atinente al recurso cuya filosofía ahora se analiza, no cabe hesitación alguna acerca de que la “jurisprudenciá'' contrariada por la doctrina acogida por una de las secciones, sea la “de la corporación, es decir, la de la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado. No es porque los pronunciamientos o interpretaciones o teorías aprobadas por una de las secciones no sea jurisprudencia —porque conforme al diccionario de la Lengua Española (vigésima edición, 1984), jurisprudencia es el “conjunto de las sentencias de los tribunales y doctrina que contienen''''—, sino porque la disposición se refiere a la circunscrita a los pronunciamientos de la corporación, y aquí “corporación'''' tiene la acepción específica de “Sala Plena de lo contencioso-administrativó''. Obsérvese como la norma que se analiza dice que ese recurso, el de súplica, ha de tener prosperidad “contra los autos interlocutorios o las sentencias proferidas por las secciones, cuando, sin la aprobación de la Sala Plena, se acoja doctrina contraria a la jurisprudencia de la corporación''''.

(...).

La finalidad del recurso extraordinario de súplica no es otra que procurar que se mantenga una unidad y una continuidad entre las secciones y la Sala Plena de lo contencioso-administrativo de la que forman parte, integrantes como son aquélla y ésta de una corporación jurisdiccional. La Sala Plena, reunión de las secciones, es la confluencia de las mismas y lo señalado por ella establece el pensamiento del Consejo en una materia dada, no así lo sentado por las secciones que bien puedan variar sus doctrinas sin que por ello desconozcan jurisprudencias de la corporación.

Y es claro que la Sala Plena bien puede adoptar la nueva doctrina de la sección que haya dictado la providencia porque la encuentra afortunada, abandonando la anterior, bien puede no estar de acuerdo con ella e infirmar el pronunciamiento de la sección que haya distorsionado su perspectiva sobre el asunto; si lo primero acontece, la Sala Plena habrá “aprobadó'' el cambio doctrinal y habrá hecho suya dicha jurisprudencia de la sección.

3.3. Como quiera entonces que las providencias aducidas por el recurrente como contrariadas no son de esta Sala Plena sino de la propia Sección Cuarta, habrá de abstenerse de infirmar la sentencia suplicada».

(Sentencia de julio 4 de 1991. Radicación S-161. Consejero Ponente: Dr. Alvaro Lecompte Luna).

ACLARACIÓN DE VOTO

Comparto la decisión de fondo que se toma en la sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, calendada el día cuatro de julio de 1991, pero deseo aclarar que no hago mía la perspectiva que se recoge en el siguiente párrafo de la misma, donde se discurre dentro del siguiente universo:

“Y es claro que la Sala Plena bien puede adoptar la nueva doctrina de la sección que haya dictado la providencia porque la encuentra afortunada, abandonando la anterior, bien puede no estar de acuerdo con ella e infirmar el pronunciamiento de la sección que haya distorsionado su perspectiva sobre el asunto; si lo primero acontece, la Sala Plena habrá “aprobadó'' el cambio doctrinal y habrá hecho suya dicha jurisprudencia de la sección''''.

Estimo que, por razones de justicia, de seguridad jurídica y de certeza, la Sala Plena no puede cambiar la jurisprudencia en que se apoya el recurso de súplica, pues ello equivaldría a sorprender al impugnante en pleno debate procesal, máxime si al proceder así comete una INJUSTICIA. Cuando el fallador encuentre que se impone un cambio de jurisprudencia, debe anunciarlo en el fallo que confirma la anterior, pero nada más. En esta materia hago mías las palabras del gran jurista americano Holmes, cuando afirma:

“Si un grupo de casos trata el mismo punto, las partes esperan la misma decisión. Sería una gran injusticia decidir casos semejantes, según principios opuestos. Si un caso se decidió en mi contra ayer cuando yo era el demandado, buscaré la misma sentencia hoy que soy el demandante. Decidir en forma diferente haría surgir un sentimiento de resentimiento y agravio en mi pecho, sería una infracción material y moral de mis derechos''''. (Cita de Benjamín Cardozo. La naturaleza de la función judicial. Arayu, pág. 21).

Atentamente,

Julio César Uribe Acosta. 

ACLARACIÓN DE VOTO

Adhiero a lo expresado por el señor consejero, doctor Julio César Uribe Acosta, en su aclaración de voto a la sentencia de cuatro (4) de julio del presente año de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la corporación, por recoger los planteamientos que el suscrito consejero de Estado, en la sesión de la Sala en donde se aprobó la ponencia presentada, hizo en relación con la posibilidad de que la Sala Plena de lo Contencioso puede cambiar la jurisprudencia en que se fundamenta el recurso extraordinario de súplica, lo que conduce a que no obstante admitir que se acogió doctrina distinta a la de la corporación en el fallo de sección, sin la previa aprobación de aquella, que es la causal o fundamento legal del recurso, éste no está llamado a prosperar por cuanto con ello la Sala Plena habrá “aprobadó'' el cambio de doctrina y habrá hecho suya dicha jurisprudencia de la Sección, lo cual considero no sólo absurdo sino injurídico.

Miguel González Rodríguez. 

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