Sentencia S-276 de mayo 16 de 2000

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Ref.: Expediente S-276

Consejero Ponente:

Dr. Silvio Escudero Castro

Recurso extraordinario de súplica

Actor: Sociedad Postelectras Ltda.

Santafé de Bogotá, D.C., mayo dieciséis de dos mil.

Procede la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo a resolver el recurso ordinario de súplica, interpuesto por Carlos Iván Fernández Hernández, quien dice actuar en su condición de apoderado judicial de la sociedad Postelectras Ltda., actualmente Postelectras Dishierro S.A., contra el auto del 18 de febrero del 2000, proferido por el Magistrado Ponente del presente negocio, por medio del cual se rechazó el recurso extraordinario de súplica interpuesto contra la sentencia del 10 de diciembre de 1998, emanada de la Sección Tercera de esta corporación.

Antecedentes:

El doctor Carlos Iván Fernández Hernández, diciendo obrar en su condición de apoderado de la sociedad Postelectras Limitada, interpuso recurso extraordinario de súplica contra la sentencia dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 10 de diciembre de 1998.

Mediante auto proferido el 8 de abril de 1999 la Sección Tercera concedió el recurso (fls. 1 y 2, cdno. ppal.). Repartido el negocio al doctor Javier Díaz Bueno, mediante auto del 20 de enero del 2000, se dispuso que previo a decidir lo pertinente, el interesado allegara un nuevo poder con el fin de darle trámite, por cuanto de conformidad con la Ley 446 de 1998, este recurso procede contra sentencias ejecutoriadas y en tal virtud se exige nueva constitución de apoderado (fl. 16 ib.). Tal providencia se notificó a las partes por estado fijado el 26 de enero del 2000.

El 9 de febrero del 2000 la secretaría general rinde informe en el sentido de que el interesado guardó silencio (fl. 17). Con base en lo anterior, por auto del 18 de febrero del año en curso, que ahora se recurre, se dispuso rechazar el recurso extraordinario de súplica interpuesto.

Contra tal providencia el doctor Carlos Iván Fernández Hernández interpone recurso ordinario de súplica, para lo cual expone que el recurso extraordinario de súplica ya había sido concedido por la Sección Tercera, por auto del 8 de abril de 1999; que es de presumirse por tanto que para efectos de la concesión de dicho recurso la Sala competente para decidir ya se había pronunciado de manera perentoria, habiéndose creado una situación procesal en firme que hace improcedente un pronunciamiento posterior en términos de rechazo; que corresponde al juez, la instancia o la Sala que se pronuncie acerca de la concesión o rechazo del recurso manifestarse plena y enteramente sobre la materia en lo que hace a la procedencia del recurso, su presentación oportuna y el allegamiento de los documentos y formalidades que se requieren para que pueda ser considerado procedente, independientemente de su aptitud; y, que habiéndose pronunciado ya la Sección Tercera sobre el cumplimiento de los requisitos formales, no corresponde un nuevo pronunciamiento respecto de la materia.

De otro lado advierte que “... resultó para este litigante un poco sorprendente que una vez concedido el recurso de procediera en una asimilación lógica mas no siempre pertinente del recurso de súplica al recurso extraordinario de casación, a enviar el expediente a la ciudad de Cali para que este fuera notificado a las Empresas Municipales de Cali, Emcali, ya que dicho trámite no lo prevé la ley y concretamente no lo prevé el artículo 194 del Decreto-Ley 1 de 1984, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998... este litigante estuvo pendiente de todo el trasegar del proceso en la ciudad de Cali, con las consecuentes pérdidas del expediente e incluso para ser muy franco y dentro de las contingencias propias a nuestros procesos se ignoraba que este había, por fin, sido devuelto a la ciudad de Bogotá”.

Así mismo precisa que no encuentra sustento jurídico alguno para que se le exija la presentación de un nuevo poder con el fin de continuar con el trámite del recurso extraordinario de súplica; que lo cierto es que este poder se justifica en materia de casación por las particularidades y características propias de este recurso, pero que, por el contrario, el artículo 194 del Decreto 1 de 1984 no exige por parte alguna que la interposición del recurso de súplica se asimile, ni en su forma ni en sus requisitos a una demanda; que ese recurso no incluye dentro de su rito la presentación de una nueva demanda y por ende y consecuencialmente no tiene por qué estar acompañado de un nuevo poder; que la analogía no es aplicable ni tiene sentido alguno en materia de formas o formalidades; y, que exigir el cumplimiento de una formalidad por parte de una instancia que no puede exigirla y en una materia en la cual no existe sustento legal para ello, implica defraudar el ánimo del recurrente con fundamento en razones improcedentes.

Finalmente, anota que “... en los términos del auto de enero 20 del 2000 por medio del cual se ordenó el allegamiento de un nuevo poder no se establecieron términos para el cumplimiento de dicha formalidad, de suerte que el interesado en principio, continua con el derecho a allegar el poder, independientemente de la posibilidad de discutir la procedencia de tal allegamiento, pues es obvio que el auto que lo exige está ejecutoriado”.

Para resolver, se considera:

De las múltiples censuras que formula el recurrente merece especial atención la relativa a que “... el Consejero Ponente no señaló término alguno y proceder a rechazar o mejor a inadmitir el recurso con fundamento en el incumplimiento de una obligación procesal para cuyo lleno no se señaló ningún termino, equivale a aplicar una sanción procesal respecto de una obligación cuyo cumplimiento no se determinó claramente”.

Ciertamente, se ha señalado por esta corporación que el recurso extraordinario de súplica es un medio original de impugnación, que tiene una condición particular, que persigue desarticular el instituto jurídico de la cosa juzgada, desarrollado en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual debe estar sometido a una técnica especial. Así, siendo que de conformidad con la Ley 446 de 1998, el recurso extraordinario de súplica procede contra sentencias ejecutoriadas, se ha considerado necesario exigir nueva constitución de apoderado a menos que quien actúe en su propio nombre ostente y demuestre la calidad de abogado inscrito. Todas estas exigencias no pueden tomarse en modo alguno como violatorias del principio de la prevalencia del derecho sustancial, contenido en el artículo 228 de nuestra Carta Política y así lo ha sostenido la Corte Constitucional en varias oportunidades. En efecto, en Sentencia C-215 del 28 de abril de 1994, en la que actuó como ponente el doctor Fabio Morón Díaz, se dijo:

“No puede interpretarse el mandato del artículo 228 superior, que dispone que en las actuaciones de la administración de justicia ‘prevalecerá el derecho sustancial’, en el sentido de prohibir la existencia de normas adjetivas. Por el contrario, el constituyente no obstante reconocer la aludida prevalencia, parte de la necesidad de la existencia de normas de carácter adjetivo, las cuales tienen también fundamento constitucional, por lo que deben ser fielmente acatadas en las actuaciones de los jueces...”.

No obstante lo anterior, tiene cimiento la reflexión del recurrente cuando señala que en el auto del 20 de enero del 2000, mediante el cual se le ordenó allegar un nuevo poder, no se especificó un término dentro del cual debiera darle cumplimiento a tal exigencia. Precisamente, sobre este punto en auto del 25 de agosto de 1999, recaído en el Expediente S-022, en que actuó como ponente el doctor Alberto Arango Mantilla, se sostuvo:

“Por la necesidad de tomar decisiones sobre el tema en cuestión, particularmente sobre diferentes aspectos relacionados con el nuevo recurso de súplica que ya habían surgido con anterioridad en las diferentes secciones del Consejo de Estado, en el caso de autos, por ejemplo, precisamente por el cambio de legislación, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo resolvió recoger las inquietudes existentes, plantear las más importantes y tomar determinaciones sobre ellas para el cabal manejo de la nueva figura jurídica, para la protección equitativa de las partes en el ejercicio de los derechos que el artículo 57 de la Ley 446 de 1998 les otorga por la vía de este recurso extraordinario.

Las definiciones y decisiones de la Sala Plena en esta materia han facilitado la interpretación de la indicada disposición legal, así como la de artículos como el 139 y el 143 del Código Contencioso Administrativo, para la aplicación y el desarrollo cabal del nuevo recurso extraordinario que, a pesar de mantener la misma denominación, es en realidad uno sustancialmente diferente al que consagraba el código antes de las reformas introducidas por la Ley 446.

Así y con los indicados propósitos, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sesión del 1º de diciembre de 1998, según consta en acta 55, acordó:

“… exigir nuevo poder para el trámite del recurso extraordinario de súplica y conceder un término para aplicar el artículo 143…”.

Cree el despacho que la determinación de exigir nuevo poder es válida por cuanto el mencionado recurso no hace parte del proceso ordinario que culminó con la ejecutoria de la sentencia. Es una actuación posterior a la terminación del mismo que, obviamente, no está comprendida en las facultades conferidas mediante el poder inicialmente otorgado y, por ello, resulta necesario que se acredite nuevamente personería.

Y si puede predicarse validez respecto de dicha determinación, tomada en la vía de la interpretación, también esa validez puede atribuirse a la tomada simultáneamente, en la misma vía por la Sala Plena, en relación con la concesión del término de 5 días previsto por el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, cuando se diere insuficiencia o falta de poder para actuar en el trámite del nuevo recurso extraordinario de súplica. Son determinaciones tomadas ambas, en razón del cambio de legislación y la segunda, necesaria consecuencia de la primera para facilitar la asimilación de aquel cambio sin traumatismos.

No escapa al despacho que la carencia de poder es aspecto de fondo. Es el poder el que permite actuar a nombre de otro en un asunto determinado. Pero ante los cambios introducidos por la Ley 446 de 1998, que generaron incertidumbres y dudas sobre exigencia de nuevo poder o no para el trámite del recurso de súplica o sobre la insuficiencia, para este efecto, de aquel con el que actuaron las partes hasta la ejecutoria de la sentencia objeto de súplica, como en el caso presente, así como sobre la forma como podría ejercitarse el nuevo recurso y acceder a este, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en ejercicio de una labor unificadora que le es propia y para preservar el derecho constitucional que tienen los ciudadanos a acceder a la administración de justicia con mínimas condiciones de seguridad para la defensa de sus derechos sustanciales, optó porque se concediera un término para allegar mandato suficiente en los términos del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, como si se tratara de defectos simplemente formales de la demanda o del memorial por medio del cual se interpuso el recurso extraordinario de súplica”.

En estas condiciones, ante el incontrovertible hecho de que en la providencia del 20 de enero del 2000 se omitió precisar el término perentorio dentro del cual el interesado debía darle cumplimiento a lo allí dispuesto, fuerza concluir que asiste la razón a la parte impugnante para solicitar que se revoque el auto mediante el cual se rechazó el recurso extraordinario de súplica.

Comoquiera que al interponer el recurso ordinario de súplica objeto de examen el abogado Carlos Iván Fernández Hernández acompaña poder especial, amplio y suficiente, para intervenir en todo el trámite que se adelanta en relación con el mismo, otorgado por el representante legal de la sociedad Postelectras Dishierro S.A., cuya razón social inicial era Postelectras Ltda., según certificado de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, que también se allega (fls. 29 a 35), habrá de admitirse si se tiene en cuenta, además, que el recurso fue presentado dentro del término legal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

RESUELVE:

Revocar el auto del 18 de febrero del 2000, mediante el cual se rechazó el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la parte actora contra la sentencia de diciembre 10 de 1998, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de la referencia y, en su lugar, se dispone:

1. Reconocer personería al doctor Carlos Iván Fernández Hernández como apoderado de la sociedad Postelectras Ltda., actualmente Postelectras Dishierro S.A., en los términos y para los efectos previstos en el memorial poder que obra de folios 26 a 28 del cuaderno principal.

3.(sic) Admitir el recurso extraordinario de súplica interpuesto por el mandatario judicial de Postelectras Ltda., actualmente Postelectras Dishierro S.A., contra la sentencia proferida por la Sección Tercera de esta corporación el 10 de diciembre de 1998, dentro del proceso en que actuó como demandante dicha sociedad.

4. Notifíquese personalmente el presente proveído al representante legal de las Empresas Públicas Municipales de Cali, Emcali. Para tales efectos se comisiona al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Líbrese el despacho correspondiente.

5. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Mario Alario Méndez—Alberto Arango Mantilla Germán Ayala Mantilla—Julio Enrique Correa R.—Reynaldo Chavarro Buriticá—Silvio Escudero Castro—Delio Gómez Leyva—Daniel Manrique Guzmán—Roberto Medina López—Gabriel E. Mendoza Martelo—Olga Inés Navarrete Barrero—Ana Margarita Olaya Forero—Carlos A. Orjuela Góngora—Nicolás Pájaro Peñaranda—Juan Alberto Polo Figueroa—Darío Quiñones Pinilla—Manuel S. Urueta Ayola.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

ACLARACIÓN DE VOTO

Por auto de 20 de enero pasado el Consejero Sustanciador dispuso que, antes de decidir sobre la admisión del recurso extraordinario de súplica interpuesto contra la sentencia de 10 de diciembre de 1998 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, allegara el apoderado de la demandante recurrente nuevo poder, “por cuanto de conformidad con la Ley 446 de 1998, este recurso procede contra sentencias ejecutoriadas y en tal virtud se exige nueva constitución de apoderado”.

Después, por auto de 18 de febrero y porque el apoderado “no allegó el nuevo poder que lo faculta para la interposición del recurso”, decidió rechazarlo.

La Sala, por auto de 16 de mayo, decidió revocar el de 18 de febrero dictado por el Consejero Sustanciador y dispuso, en su lugar, reconocer personería al apoderado y admitir el recurso.

Dijo entonces la Sala, repitiendo lo expresado en auto de 25 de agosto de 1999, que “la determinación de exigir un nuevo poder es válida por cuanto el mencionado recurso no hace parte del proceso ordinario que culminó con la ejecutoria de la sentencia”; que se trata de “una actuación posterior a la terminación del mismo que, obviamente, no está comprendida en las facultades conferidas mediante el poder inicialmente otorgado y, por ello, resulta necesario que se acredite nuevamente personería”, y que “la carencia de poder es aspecto de fondo”, no obstante lo cual “se optó porque se concediera un término para allegar mandato suficiente en los términos del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, como si se tratara de defectos simplemente formales” (Exp. S-022).

Y frente a la alegación de que en el auto “por medio del cual se ordenó el allegamiento de un nuevo poder no se establecieron términos para el cumplimiento de dicha formalidad, de suerte que el interesado en principio continúa con el derecho a allegar el poder”, dijo la Sala que “ante el incontrovertible hecho de que en la providencia de 20 de enero del 2000 se omitió precisar el término perentorio dentro del cual el interesado debía darle cumplimiento a lo allí dispuesto, fuerza concluir que le asiste razón a la parte impugnante para solicitar que se revoque el auto mediante el cual se rechazó el recurso extraordinario de súplica”.

Sea como fuere, solo correspondía establecer si el apoderado disponía de facultades para interponer el recurso, simplemente, no exigir que esas facultades le fueran otorgadas en nuevo poder. Y advierto que, para el caso, fue facultado para presentar demanda contra Empresas Municipales de Cali, Emcali, como apoderado de Postelectras Ltda. y en ejercicio de las acciones de reparación directa o de controversias contractuales, y para ello le fueron dados “todos los poderes y facultades que confiere el mandato judicial, incluyendo las de sustituir, desistir, transigir y conciliar”. Por ello, simplemente, debió ser admitido, sin más, el recurso, y, desde luego, revocado el auto de 18 de febrero que lo rechazó.

Ahora bien, si se tratara, como piensa la Sala, creo que erróneamente, de un nuevo proceso y que por ello —si entendí bien la opinión de la Sala— el escrito del recurso es una nueva demanda a la que, por lo mismo que es una demanda, resulta aplicable el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, no era necesario señalar expresamente en el auto de 20 de enero el término dentro del cual debía ser corregida esa demanda con la aportación del nuevo poder, pues ese término, que es de cinco días, viene expresamente señalado en el artículo 143 del código.

Finalmente, es incongruente que, después de señalar que “la carencia de poder es aspecto de fondo”, se decidiera dar aplicación al artículo 143, “como si se tratara de defectos simplemente formales”.

Debió revocarse al auto de 18 de febrero, simplemente, porque el apoderado disponía de facultades para interponer el recurso, pues le fueron dadas desde el inicio del proceso.

Mario Alario Méndez.