Sentencia S-475 de febrero 8 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACCIÓN DE NULIDAD

EL ACTO DEBE ESTAR VIGENTE AL MOMENTO DE LA DEMANDA

EXTRACTOS: «Encuentra al respecto que si bien en la jurisprudencia acogida por la Sala Plena en fallo calendado el 14 de enero de 1991(*), según la cual, es necesario que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la legalidad de los actos administrativos de contenido general que se impugnan en ejercicio de la acción de nulidad, así hayan sido derogados y estimarse en el mismo que sólo mediante tal pronunciamiento se logra el imperio del orden jurídico y el restablecimiento de la legalidad, esta jurisprudencia que se cita como transgredida, se refiere a normas (L. 196/86, arts. 1º, 3º y 4º) que estaban vigentes al momento de ser demandadas en proceso de nulidad, y que en desarrollo de éste sobrevino el fenómeno del decaimiento respecto a ellas en razón de haberse expedido la Ley 51 de 1989, en virtud de la cual, se consideraron derogados los artículos 1º y 2º de la Ley 196 precitada y que pese a ello, la Sala estudió sobre su legalidad o ilegalidad y alejándose del concepto de sustracción de materia, profirió decisión resolviendo las pretensiones de la demanda de nulidad.

En cambio, la jurisprudencia sentada en el fallo suplicado se refiere a una norma —la Resolución número 1186 de 1970— que antes de ejercerse la acción de nulidad había sido derogada en lo atinente a los técnicos electricistas, al expedirse la Ley 19 del 24 de enero de 1990 que reguló dicha profesión y cuya demanda basa su ilegalidad en esa derogatoria “por cuanto, el contenido mismo, es contrario a una norma jurídica superior”.

De lo anterior se deduce que el criterio sobre el punto de derecho aplicado en la jurisprudencia que se dice quebrantada, difiere del que se tuvo en cuenta en la sentencia recurrida, pues en aquella el hecho de la derogatoria surgió en vida del correspondiente proceso de nulidad dando lugar a la pérdida de vigencia de las normas demandadas, pero que respecto a su legalidad mereció pronunciamiento de fondo por virtud de las causas de nulidad alegadas en la demanda. En ésta, por el contrario, no hubo pronunciamiento de fondo puesto que por fundarse la pretensión de nulidad en la derogatoria de la norma se consideró, siguiéndose la orientación jurisprudencial de la corporación, la imposibilidad de ser analizado por esta jurisdicción el fenómeno de la ilegalidad sobreviniente, por cuanto éste no genera la nulidad del acto sino simplemente su derogatoria. La nulidad en este caso, como concluye la sentencia suplicada, sólo puede descansar en las normas legales en que debería fundarse el acto o sea, las vigentes al momento de su expedición.

Son en síntesis dos criterios jurisprudenciales distintos en su sentido y alcance, que no se contraponen y que para su aplicación en uno u otro caso, se deberá partir de la vigencia o no de la norma acusada.

Lo anterior es antecedente de que el recurso de súplica interpuesto no está llamado a prosperar».

(Sentencia de febrero 8 de 1996. Expediente S-475. Consejero Ponente: Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía).

SALVAMENTO DE VOTO

Los suscritos, Carlos Betancur Jaramillo y Juan de Dios Montes Hernández, con todo respeto nos separamos de la decisión mayoritaria, en lo que hace referencia a la motivación de la sentencia de febrero 8 del presente año. Para ese efecto, anotamos:

No puede olvidarse que cuando se trata de la impugnación de un acto administrativo por violación del orden jurídico superior (confrontación entre el acto acusado y el ordenamiento jurídico) debe partirse del supuesto de la vigencia de ambos extremos. Porque, de lo contrario, se da, o bien la sustracción de materia cuando el acto impugnado desaparece de la vía jurídica antes de la decisión jurisdiccional de su legalidad; o bien la convalidación, por cambio ya no del acto inicialmente infractor del ordenamiento, sino del ordenamiento que regía cuando se expidió el acto.

La sustracción de materia, fenómeno que puede darse dentro del proceso administrativo, presenta diferente tratamiento según la índole del acto impugnado, pues una es la solución cuando se pide la nulidad del acto de contenido general, y otra cuando de contenido particular.

En este orden de ideas, se precisa:

El acto de contenido general no sólo deberá estar vigente al momento de admitirse la demanda impugnación formulada contra el mismo, sino también al momento de dictarse la sentencia.

Porque si el acto a la fecha de la admisión ya fue derogado, deberá inadmitirse la demanda puesto que su derogatoria ya restableció el orden jurídico abstracto; motivo primordial que se busca con la acción de simple nulidad. Si la derogatoria se produce durante el trámite del proceso, en la sentencia deberá declararse la sustracción de materia, porque ese efecto restablecedor general ya se logró.

Si bien es cierto ese acto general derogado pudo producir efectos mientras estuvo vigente, los actos de contenido particular expedidos en su desarrollo pudieron demandarse en su oportunidad alegando la ilegalidad de aquél; y si tal conducta no se asumió y caducaron las acciones correspondientes, ni la nulidad posterior del acto general ni su derogatoria tienen la virtualidad, per se, de hacerlos desaparecer del ordenamiento. Los actos particulares no impugnados se vuelven irrevisables jurisdiccional-mente.

Si el acto, en cambio, es particular, podrá pedirse su nulidad aunque haya sido revocado, bien antes de la demanda o durante el proceso. En tales eventos ese pronunciamiento, que se busca ordinariamente en una acción de nulidad y restablecimiento, deberá precisar que el acto, mientras estuvo vigente, produjo perjuicios; o, en otras palabras, que mientras estuvo vigente era nulo y lesionó los derechos del administrado.

Con todo respeto,

Carlos Betancur Jaramillo—Juan de Dios Montes Hernández. 

__________________________