CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

REF.: Expediente Nº S-552

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Forero de Castro

Santafé de Bogotá, D.C., catorce de julio de mil novecientos noventa y siete.

Recurso extraordinario de súplica

Actor: Sociedad Monsanto Company

(...).

Según la recurrente, es la contenida en la sentencia proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 2 de abril de 1982 con ponencia del consejero doctor Jacobo Pérez Escobar, actor Jaime Calderón Gámez, y en la cual se dijo:

“De lo expuesto se desprende que en el caso sub judice se ha operado plenamente el fenómeno jurídico denominado “purga de ilegalidad”, o sea la convalidación del acto electoral impugnado, debiéndose, por consiguiente, revocar la sentencia apelada. La purga de ilegalidad consiste, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia (sentencia de 29 de mayo de 1993), en considerar no viciado de nulidad una (sic) acto administrativo que fue ilegal en el momento de su nacimiento, si la norma señalada como quebrantada ha desaparecido de la vida jurídica en el momento de proferirse el fallo por el juez contencioso administrativo, por derogatoria, subrogación o por haber sido declarada inexequible o nula, pero también porque haya recibido sustento legal posterior a su expedición. Este fenómeno forma parte de uno más amplio que es el de la convalidación de los actos administrativos, sobre el cual ha expresado la Sección Primera en sentencia de 15 de mayo de 1973, anales tomo LXX página 239, de la que fue ponente el consejero Dr. Carlos Galindo Pinilla, lo siguiente:

“Convalidar es remediar o curar de un vicio el acto originalmente inválido y, como tal, es una institución común a todas las ramas del derecho, pero que en el público adquiere connotaciones específicas. En esta esfera la convalidación se justifica fundamentalmente por las razones de seguridad y estabilidad que supone la satisfacción de las necesidades públicas.

No se propone la Sala elaborar en esta ocasión una teoría sobre la convalidación en el derecho público, pero sí, al menos, esbozar sus características más destacadas.

La convalidación de un acto administrativo puede provenir del particular afectado por que éste consienta expresamente el acto o porque no haga uso dentro de los términos legales del recurso de apelación para agotar la vía gubernativa, o por que (sic) deja transcurrir el término de caducidad sin formular la pretensión en acción contencioso administrativa, pero también puede emanar de la propia administración, cuando ésta, conociendo el vicio declara válido el acto o remedia la omisión en que pudo incurrir mediante un acto de confirmación, para evitar un pronunciamiento de anulación por vía jurisdiccional.

De todas formas cualquiera que sea el agente o el medio de convalidación, ésta tiene un efecto hacia atrás en cuanto atribuye validez a la disposición desde su origen, extunc (Guido Zanobini, curso de derecho administrativo, vol. I., parte general - Ediciones Araú B.A., 1954, pág. 420).

Es claro que no todos los vicios del acto administrativo pueden ser susceptibles de convalidación: escapan a esta posibilidad de saneamiento, la carencia absoluta de competencia, a menos que se trate de una competencia puramente interna, o el acto ilícito porque su contenido no se ajusta a las normas jurídicas vigentes. Dada su naturaleza este vicio no puede subsanarse, pues el acto de convalidación, por tener también contenido ilícito, sería así mismo nulo (Sayagués Lasso. Tratado de derecho administrativo. T.I. Nº 33. Montevideo, 1953). Tampoco podría ser convalidado el acto desviado, es decir el que se dictó con una finalidad contraria a los fines de la ley, ni el que carezca de motivos que lo justifiquen (Sayagués Lasso ibídem)”. (Subrayado fuera de texto). (Fls. 202 a 204).

Se decide, previas éstas

Como es sabido, sólo se “purga” de ilegalidad un acto administrativo que en su origen, al nacer a la vida jurídica, fue ilegal, y siempre que por alguna razón haya dejado de existir o desaparezca la vigencia de aquella o aquellas normas frente a las cuales se predicó esa ilegalidad. “Purgar” la ilegalidad es quitar, eliminar la contrariedad con la ley, de manera que para “purgar” un acto administrativo se requiere que sea o haya sido ilegal, pues de lo contrario no habría nada qué “purgar”. Un acto legal, no es susceptible de “purga”, por mero principio natural.

En el caso aquí debatido, yerra el recurrente en la correcta intelección del fenómeno convalidante en análisis y plantea por ello soluciones que no pueden tener cabida en el sub lite.

En efecto: contra lo que argumenta el libelista, aquí no ha habido ilegalidad del acto administrativo inicial, ni de los posteriores que concluyeron negando el registro marcario a Lariat, sino todo lo contrario: las resoluciones demandadas fueron encontradas legales y ajustadas a derecho en la sentencia suplicada, luego la conclusión es obvia: si nunca fueron ilegales no hay hada qué “purgar” de ilegalidad.

Como se desprende de autos, lo que ocurrió en este caso fue que el registro de la marca Lariam —que fue el fundamento para negárselo a Lariat, previendo una confusión evidente y notoria tanto gráfica como fonética— desapareció, pues venció y no fue solicitada su renovación. Pero ese hecho no significa que la negativa a Lariat para registrar esta marca haya sido ilegal, ni, por lo mismo, que sea “purgable” esa negativa, pues como ya se dijo sólo se “purga” la ilegalidad, no la legalidad.

(...).

____________________________