CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Ref.: Expediente S-651

Actor: José Octavio Castaño Arbeláez

Consejero Ponente:

Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía

Santafé de Bogotá D.C., septiembre veintinueve de mil novecientos noventa y siete.

Recurso extraordinario de súplica

EXTRACTOS: «(...).

“De lo expuesto se desprende que en el caso sub judice se ha operado plenamente el fenómeno jurídico denominado “purga de ilegalidad”, o sea la convalidación del acto electoral impugnado, debiéndose, por consiguiente revocar la sentencia apelada. La purga de ilegalidad consiste, siguiendo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia (Sent. mayo 29/33), en considerar no viciado de nulidad un acto administrativo que fue ilegal en el momento de su nacimiento, si la norma señalada como quebrantada ha desaparecido de la vida jurídica al momento de proferirse el fallo por el juez contencioso administrativo, por derogatoria, subrogación o por haber sido declarada inezequible (sic) o nula, pero también porque haya recibido sustento legal posterior a su expedición.

Este fenómeno forma parte de uno más amplio, que es el de la convalidación de los actos administrativos, sobre el cual ha expresado la sección primera en sentencia de 15 de mayo de 1973, anales tomo LXX, página 239, de la que fue ponente el doctor Carlos Galindo Pinilla, lo siguiente:

“Convalidar es remediar o curar de un vicio el acto originalmente inválido y, como tal, es una institución común a todas las ramas del derecho, pero que en el público adquiere connotaciones específicas. En esta esfera la convalidación se justifica fundamentalmente por las razones de seguridad y estabilidad que supone la satisfacción de las necesidades públicas”.

No se propone la Sala elaborar en esta ocasión una teoría sobre la convalidación en el derecho público, pero sí, al menos, esbozar sus características más destacadas.

La convalidación de un acto administrativo puede provenir del particular afectado porque éste consienta expresamente el acto o porque éste consienta expresamente el acto (sic) o porque no haga uso dentro de los términos legales del recurso de apelación para agotar la vía gubernativa, o porque deja transcurrir el término de caducidad sin formular la pretensión en acción contencioso administrativa, pero también puede emanar de la propia administración, cuando ésta, conociendo el vicio, declara válido el acto o remedia la omisión en que pudo incurrir mediante un acto de confirmación, para evitar un pronunciamiento de anulación por vía jurisdiccional.

De todas formas, cualquiera que sea el agente o el medio de convalidación, ESTA TIENE UN EFECTO HASTA ATRÁS, EN CUANTO “ATRIBUYE VALIDEZ A LA DISPOSICIÓN DESDE SU ORIGEN, “EXTUNC” (Guido Zanobini, curso de Derecho Administrativo, vol. 1, Parte General, Ediciones Araú-B.A., 1954, pág. 420)... En consecuencia, es evidente que el órgano competente para dictar la norma disponga de un amplio poder, también de carácter general para convalidar los actos de ejecución de sus disposiciones, cuando éstos adolecieren de vicios que puedan consistir en la omisión de formalidades, requisitos, condiciones etc. consagrados por él mismo” (mayúsculas y negrillas del texto transcrito). (...).

_________________________