Sentencia S-661 de abril 20 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FALLA DEL SERVICIO

SOLICITUD DE PROTECCIÓN A LA AUTORIDAD

EXTRACTOS: «De una atenta lectura del recurso se infiere que, a juicio de la parte recurrente, la contrariedad con las sentencias invocadas se presentaría porque al paso que en las providencias de Sala Plena se establece que en ciertas circunstancias es innecesario solicitar a la autoridad que intervenga para proteger la vida, honra y bienes de los asociados, en la sentencia suplicada se dijo que para que se dé la falla del servicio y se configure la responsabilidad consiguiente es preciso que la autoridad haya sido requerida para actuar, y que no puede haber lugar a responsabilidad administrativa cuando la causa del daño radica en actuaciones clandestinas de los particulares.

En realidad no se da en este caso la pretendida contradicción.

Lo que la Sala Plena ha sostenido de manera constante en esta materia de falla del servicio y consecuente responsabilidad administrativa es que en circunstancias de especial conmoción, de quebrantamiento del orden público, de perturbación de la normalidad ciudadana, de zozobra y peligro colectivos, en suma, de anormalidad en términos de convivencia social, no es indispensable que la autoridad sea requerida para que accione, prevenga el daño que pueda presentarse y sea capaz de precaver el hecho que pueda lesionar la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

En tales condiciones, en situaciones de “azarosa perturbación” —ha agregado la Sala Plena— se hace imperativa la actuación administrativa para precaver la lesión sobre determinadas personas que por una u otra circunstancia pueden ser objeto de conductas lesivas de su integridad, de sus propiedades, de su vida misma.

La sentencia en examen no dijo lo opuesto a tal aserto, sino al contrario: lo reafirmó al establecer que el caso debatido —cuando el daño se produjo por conducta atribuible a los particulares— no encaja dentro de aquellos que acontecen en situaciones de especial gravedad colectiva y para evitar las cuales no es indispensable pedir la actuación de la autoridad pues ésta debe obrar motu proprio teniendo en cuenta esas circunstancias relevantes y en ejercicio de su deber de protección que le es consustancial.

En síntesis: la sentencia recurrida dilucidó un caso en que era necesario requerir la intervención administrativa para evitar el daño. Eso en nada contradice la jurisprudencia en el sentido de que en especiales circunstancias —que no se dieron en este caso— no es necesaria esa solicitud de intervención de la autoridad.

Lo anterior es suficiente para denegar prosperidad al recurso sub examine».

(Sentencia de abril 20 de 1998. Expediente S-661. Consejera Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

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