Sentencia S-735 de mayo 19 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES

CON FUNDAMENTO EN LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA VÍCTIMA

EXTRACTOS:«Se decide el recurso extraordinario de súplica interpuesto por el apoderado de la Nación Departamento Administrativo de Seguridad, contra la sentencia proferida el 19 de junio de 1997, proferida por la Sección Tercera de esta corporación(*), en el proceso de reparación directa promovido por las actoras, contra varias entidades públicas, por la muerte del Dr. Enrique Low Murtra, acaecida el 30 de abril de 1991.

(*) Véase J. y D., Nº 309, pág. 1268 (N. del D.).

Se advierte que el recurso extraordinario de súplica interpuesto contra la sentencia del 19 de junio de 1997, proferida por la sección tercera de esta corporación y en lo que interesa para los fines de esta providencia, obedece a la consideración que efectúa el recurrente de que en la misma se adopta una posición jurídica contraria a la línea jurisprudencial plasmada en los fallos de Sala Plena ya citados, en materia de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Acusa, que la base económica para liquidar los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, siempre ha sido el ingreso que la víctima o el titular del daño devengaba para la época del hecho dañoso, incluyendo las prestaciones, por lo que obligatoriamente debió tomarse como parámetro el monto que percibía el Dr. Low en su actividad académica, teniendo en cuenta la prueba obrante en el expediente y no como se hizo; en la sentencia suplicada, que reconoció como base para liquidar el lucro cesante un ingreso que no devengaba la víctima.

Corresponde en esta oportunidad efectuar la respectiva confrontación entre la sentencia suplicada y la línea jurisprudencial supuestamente contrariada, en orden a determinar la prosperidad del recurso impetrado.

En primer lugar se precisa, que sobre la invocada providencia del 11 de marzo de 1983 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente 10.751, actor Ricardo Pinto M. y otros, consejero ponente Dr. Carlos Betancur, a la cual atribuye el segmento que fue transcrito al relacionar la jurisprudencia contrariada bajo el numeral 2º, se observa que aunque el mismo no corresponde al texto de la sentencia, como se desprende de la lectura cuidadosa e íntegra de su contenido en el cual no aparece la mencionada cita, para la Sala lo decidido en dicho fallo con relación a los aspectos contenidos de la demanda, no corresponde a los aspectos discutidos en el caso sub exámine, tornando por ello en improcedente el cargo.

Resta por consiguiente analizar si se presenta la alegada contradicción jurisprudencial del fallo atacado con las otras dos sentencias, vale decir, las fechadas el 13 de diciembre de 1983 y el 27 de marzo de 1990.

La primera, la del 13 diciembre de 1983, dictada en el proceso 10.807, actor Martha Lucía Arango Vda. de Díaz, consejero ponente Dr. Enrique Low Murtra, tiene como punto central el daño sufrido por agentes del Estado en forma independiente de la prestación del servicio, y al tema de los perjuicios materiales solamente se refirió en el párrafo que destaca el impugnador al sentar las bases para el incidente de liquidación posterior, así:

“Para calificar los perjuicios materiales se tomará como base el salario que devengaba el capitán Díaz al morir adicionado con las demás prestaciones que recibía como oficial de la Fuerza Aérea Colombiana. Se tendrá en cuenta la vida probable del capitán Díaz según lo establecen los valores técnicos que se usan en todos los cálculos actuariales”.

Así mismo, la sentencia invocada por el recurrente de fecha 27 de marzo de 1990, con ponencia del Dr. Guillermo Chahín Lizcano, expediente S-021, actor Esther Bodmer Vda. de Garavito, fundamentalmente gira alrededor de la denominada indemnización a forfait, punto de derecho en el cual la Sala Plena tenía sentada como jurisprudencia la no acumulación con los valores provenientes de la relación laboral prestacional de la víctima, para evitar un enriquecimiento sin causa, y de la cual forma parte el párrafo en el que sustenta la contradicción el recurrente y que expresó:

“Para cuantificar los perjuicios materiales se tendrá en cuenta el último salario devengado por el capitán de Fragata Jorge Enrique Garavito Martínez”.

Criterio jurisprudencial que fue rectificado expresamente por la misma Sala Plena en la sentencia del 7 de febrero de 1995, consejero ponente Dr. Carlos Orjuela Góngora, actor Mélida Inés Domínguez de Medina y otros, teniendo actualmente establecido la Sala Plena que no son incompatibles la indemnización con las demás prestaciones establecidas en la ley.

Respecto de las bases económicas que apoyaron la liquidación efectuada por la Sección Tercera, observa la Sala que la indemnización cuestionada fue el resultado de encontrar demostrada la responsabilidad estatal por falla en el servicio y que la Sección rectificó lo decidido por el tribunal, al considerar que la suma base de $ 400.000 bajo ningún precepto indemnizaba realmente el daño causado, por lo que el parámetro tomado para el reconocimiento de las sumas que dejó de percibir por causa del hecho, fue la capacidad productiva del Dr. Low, deducida de los diferentes elementos de juicio obrantes en el proceso, particularmente su preparación académica y su trayectoria profesional en diversas posiciones públicas. Capacidad que evaluó y equiparó a la de un alto funcionario del Estado, tenida en cuenta su educación y experiencia docente y profesional.

A juicio de la Sala Plena, en estricto rigor las sentencias supuestamente contrariadas, si bien contienen los dos apartes que como opuestos cita el recurrente, de ellos no se deduce la determinación que extracta el impugnador, ni lo decidido tiene el alcance que pretende otorgarle, pues ante todo es necesario tener presente que el punto de derecho que se debate se contrae a las bases económicas sobre las cuales deben liquidarse los perjuicios materiales, concretamente en la modalidad de lucro cesante, tema que resulta preciso anotar, la jurisprudencia que se invoca como contrariada, no desarrolla.

En efecto, realmente y en concreto en las sentencias la Sala no analizó, ni efectuó consideración alguna con alcance de criterio jurisprudencial, acerca de los parámetros a seguir para fijar el importe de la indemnización, vale decir, si éste se mide por la capacidad productiva, o el salario devengado, u otro factor, todos diferentes, para cuantificar los perjuicios materiales y por lo mismo no dedujo ninguna consecuencia jurídica sobre el punto que ahora se debate que permita concluir, como lo hace el recurrente, que la base para liquidar los aludidos perjuicios siempre es el salario que devengaba la víctima, o el salario mínimo a falta de prueba del primero, con imposibilidad de optar por otros sistemas de evaluación o medición.

De manera que la confrontación detenida de las providencias fechadas el 13 de diciembre de 1983 y el 27 de marzo de 1990, con la suplicada evidencia, es la existencia de extremos o situaciones de derecho desiguales, no equiparables en tanto no guardan entre sí ninguna relación de equivalencia, ni siquiera de semejanza.

En este orden de ideas, las sentencias supuestamente contrariadas en ningún momento excluyen la posibilidad de determinar la base de la indemnización con fundamento en la capacidad productiva de la víctima. De ninguna manera. Las expresiones contenidas en las sentencias aludidas y que el impugnante encuentra contradichas no son más que simples bases, pautas u orientaciones para ese preciso y puntual asunto, que mal podrían generalizarse y menos aún aplicarse a situaciones de hecho y de derecho absolutamente diferentes, tanto como puede ser el examen de los ingresos provenientes en un caso de origen salarial y prestacional de militares y, de otro, de actividad profesional ajena por su naturaleza a cualquier relación laboral generadora de sueldos o prestaciones. Una y otra situación por necesidad, requieren diferentes sistemas de liquidación y, por tanto, imposible resultaría someterlas al mismo régimen.

De donde se colige que no hay lugar a la prosperidad del recurso extraordinario de súplica, particularmente por cuanto los supuestos fácticos y jurídicos tomados en cuenta en cada una de las dos decisiones materia de confrontación no corresponden a los consignados en la sentencia suplicada, lo que impide hacer la comparación entre la jurisprudencia aplicada en ellas, con lo resuelto por la Sección Tercera y en consecuencia se concluye no demostrada la contrariedad jurisprudencial.

De lo expresado atrás se concluye que para que se dé una verdadera y justa reparación del daño causado la indemnización debe ser plena y tasada de acuerdo con la capacidad productiva de la víctima, máxime cuando ésta ha variado históricamente. Por ello, el criterio para determinar la base de liquidación no puede ser siempre el del salario actual, sino que de acuerdo con las circunstancias específicas de cada caso deben tenerse en cuenta otros factores, los cuales pueden llevar al fallador a aplicar otros criterios como podrían ser el promedio histórico de impresos, los ingresos de una posición eventual, o el de salario mínimo, etc.

Ahora bien, en el caso en estudio está plenamente demostrada la capacidad histórico productiva del Dr. Low Murtra, por cuanto aparecen probados los distintos altos cargos por él ocupados, luego es un hecho cierto cuál era la verdadera y real capacidad productiva del Dr. Low. Situación totalmente diferente a la que se presenta en la jurisprudencia que el recurrente señala contrariada, puesto que en tales casos las víctimas se encontraban desarrollando su capacidad productiva real y actual en ese momento mediante relaciones de trabajo estatutario, con dedicación plena, y a eso se circunscribe la capacidad productiva comprobada para cada uno en el momento en que ocurrió el hecho dañoso. Por consiguiente, a juicio de la Sala, en el caso en estudio no se da la transgresión de la jurisprudencia que se indica como contrariada y por ello no puede prosperar el recurso de súplica impetrado.

De otra parte, no son de recibo las apreciaciones de la parte recurrente en el sentido de que el fallo fue dictado de manera subjetiva, ya que las sumas tasadas y los ingresos tomados como base no corresponden a la realidad fáctica que rodeaba al Dr. Low al momento de su fallecimiento, ni a lo probado en el proceso, ya que la indemnización se tasó sobre un rubro hipotético y eventual, así como al hecho de que la Sección Tercera no hubiese considerado las hipótesis de futura actividad o inactividad que plantea en su escrito, puesto que tales alegaciones referidas a la apreciación de los hechos y pruebas que rodearon la litis, no son materia de análisis en tanto desbordan los alcances del recurso extraordinario al pretender obligar a la Sala a efectuar un estudio y revaloración probatoria que exceden la finalidad de este recurso.

En efecto, de conformidad con la naturaleza y finalidad del recurso extraordinario de súplica, éste se encamina a unificar la jurisprudencia de la Sala Plena de la corporación con aquélla proferida por sus diferentes secciones, mediante la confrontación de los puntos de derecho supuestamente contrariados por la providencia acusada, por lo que en su análisis no es procedente controvertir los aspectos fácticos o probatorios que llevaron al juez de instancia a adoptar determinadas decisiones, ni reexaminar elementos de juicio tendientes a subsanar supuestos o eventuales errores de apreciación en que a juicio del recurrente hubiere podido incurrir el fallador, como tampoco efectuar nuevas valoraciones probatorias que lleven a revocar la sentencia impugnada, como lo pretende la parte recurrente. De manera que, en relación con el recurso de que se trata debe estarse estrictamente a las causales y requisitos establecidos para su viabilidad.

Ya en varias oportunidades la Sala Plena de la corporación ha precisado que: “Y como no es materia del recurso extraordinario de súplica entrar a cuestionar el alcance otorgado a las pruebas de instancia, el recurso no puede prosperar ...”. Cfr. sentencia del 16 de julio de 1996, expediente S-422, actor: Susan Becerra de Medellín y otros, C.P. Dr. Libardo Rodríguez.

Por las consideraciones precedentes, el recurso interpuesto no está llamado a prosperar.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

No prospera el recurso de súplica interpuesto por la demandada contra la sentencia del 19 de junio de 1997 proferida en segunda instancia por la Sección Tercera del Consejo de Estado».

(Sentencia de mayo 19 de 1998. Expediente S-735. Consejero Ponente: Dr. Julio E. Correa Restrepo).

___________________________________