Sentencia 2009-00222 de octubre 29 de 2009

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "A"

Rad.: 47001-23-31-000-2009-00222-01(AC)

Consejero ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Demandado: Ministerio de la Proteccion Social - Grupo Interno de Trabajo de la Empresa de Puertos de Colombia

Ref.: Impugnación

Actor: Bichara Zableth Buchar

Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «4. Considera

4.1. Las inconformidades que motivaron la presentación de la acción de tutela consisten en que el Ministerio de la Protección Social, al suspender unilateralmente el pago de la pensión, puso en grave riesgo el derecho fundamental al mínimo vital del actor y de su núcleo familiar, sin siquiera comunicarle o darle a conocer previamente las razones que motivaron tal proceder, lo que de paso constituye una violación al debido proceso administrativo.

La entidad demandada justificó esta actuación en la defensa del patrimonio público a lo cual está obligado todo servidor del Estado que lo administra. Añadió que el derecho al mínimo vital del demandante no encuentra en riesgo, porque en la actualidad percibe la mesada pensional reconocida por el Instituto de Seguros Sociales.

De acuerdo a los hechos relatados con antelación, corresponde a la Sala analizar si le era dable al Ministerio de la Protección Social, a través del Grupo Interno de Trabajo, Gestión Pasivo Social de Puertos de Colombia, suspender unilateralmente el pago de la pensión del tutelante en aras de defender el patrimonio público, o con ocasión de dicha conducta incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y al debido proceso administrativo del demandante. Para dar solución al problema planteado, la Sala considera de especial interés, referirse a la posibilidad excepcional con que cuenta la administración para revocar actos administrativos que reconocen prestaciones periódicas indefinidas, y las garantías constitucionales que deben rodear de principio a fin tal actuación.

4.2. Con la expedición de la Ley 797 de 2003 (art. 19), los responsables del pago de prestaciones económicas deben verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiario para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la prestación periódica a cargo del tesoro público. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aún sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes para las investigaciones pertinentes.

En la sentencia C-835 de 2003, la Corte Constitucional estableció que tal facultad otorgada a la Administración es perfectamente válida en aras de proteger la objetividad, transparencia, moralidad y eficacia que la función administrativa requiere en orden al correcto reconocimiento y pago de las pensiones u otras prestaciones económicas propias del régimen de seguridad social. No obstante, determinó que tal atribución solamente puede ejercerse una sola vez en respeto al “non bis in ídem”, y durante su desarrollo debe respetarse celosamente el debido proceso administrativo, es decir, que se citen las personas que puedan estar interesadas en las resultas de la actuación administrativa, con el objeto de que puedan expresar sus opiniones, presentar pruebas, controviertan las que se alleguen en su contra y en general, para que defiendan sus derechos subjetivos. Sobre este aspecto en particular la Corte Constitucional expresó:

“Desde luego que en desarrollo del debido proceso la revocatoria establecida en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 tiene que cumplir satisfactoriamente con la ritualidad prevista en el Código Contencioso Administrativo o en los estatutos especiales que al respecto rijan. Vale decir, con referencia al artículo 19 acusado el acto administrativo por el cual se declara la revocatoria directa de una prestación económica, deberá ser la consecuencia lógica y jurídica de un procedimiento surtido con arreglo a los artículos 74, 28, 14, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo ..., para lo cual el titular del derecho prestacional o sus causahabientes deberán contar con todas las garantías que inspiran el debido proceso en sede administrativa, destacándose el respeto y acatamiento, entre otros, de los principios de la necesidad de la prueba, de la publicidad y de la contradicción...”.

Mientras se adelanta el correspondiente procedimiento administrativo, la Corte dejó en claro que al titular de la pensión se le debe continuar pagando sin solución de continuidad las mesadas o sumas que se causen. Finalmente estableció que cuando el litigio versa sobre problemas de interpretación del derecho, como por ejemplo el régimen jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición, o la aplicación de un régimen especial frente a uno general, estos litigios “deben ser definidos por los jueces competentes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que en consecuencia no procede la revocatoria directa del acto administrativo sin el consentimiento del particular”.

4.3. En ese orden de ideas y si el Ministerio accionado consideraba que la prestación económica reconocida al actor quebrantaba lo dispuesto en el artículo 128 de la Carta, debía solicitar al interesado su consentimiento para revocar la prestación irregular. Agotada esta posibilidad sin obtener el resultado esperado, a la Administración no le quedaba más remedio que acudir a la jurisdicción competente para obtener el pronunciamiento judicial respectivo. Por lo tanto no le era dable utilizar una suspensión provisional “sui generis” para frenar el pago de la pensión, so pretexto de consultar el sentido y alcance del texto constitucional.

Así las cosas, la conducta desplegada por la Administración en el presente caso se aparta diametralmente de las conclusiones establecidas en el pronunciamiento erga omnes y del propio artículo 29 de la Carta, al suspender el pago de la pensión sin comunicar al interesado esta decisión para hacer valer sus derechos subjetivos y sin tener en cuenta que tal actuación no cuenta con respaldo jurídico. Además, tal y como aparece probado en el expediente, esa conducta también desconoció el derecho fundamental al mínimo vital del actor y de su familia, pues si bien es cierto el interesado recibe una mesada pensional por parte del Instituto de Seguros Sociales equivalente a $682.908 pesos, tal suma es inferior a los gastos de educación de su hija menor de edad ($149.979), de arriendo ($500.000) y de servicios públicos domiciliarios ($ 320.038) que debe pagar mensualmente con ayuda de la mesada pensional que le fue suspendida de manera irregular.

Así las cosas y por estar ajustada a derecho, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, que tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital del peticionario. No obstante, revocará parcialmente el ordinal segundo y en su totalidad el ordinal tercero de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que el tribunal impuso al actor una carga que no tiene por qué soportar, como lo es llevar a juicio la suspensión en el pago de la mesada pensional, sin tener en cuenta su condición de persona de la tercera edad y de padre cabeza de familia.

Le corresponde entonces al Ministerio de la Protección Social acudir a la jurisdicción competente con el objeto de obtener la revocatoria de la prestación económica concedida al demandante, por ser contraria al artículo 128 de la Carta. Hasta tanto el juez ordinario se pronuncie de forma definitiva sobre la controversia, al titular de la pensión se le debe continuar pagando sin solución de continuidad las mesadas o sumas que se causen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

4. Falla

CONFÍRMASEla sentencia de 5 de agosto del año en curso, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que tuteló los derechos fundamentales al mínimo vital y al debido proceso del señor Bichara Zableth Buchar.

REVÓCASE parcialmente el ordinal segundo y en su totalidad el tercero de la sentencia impugnada, que concedieron el amparo de los derechos fundamentales como mecanismo transitorio. En su lugar se concede el amparo en forma definitiva, hasta tanto el Ministerio de la Protección Social, Grupo Interno de Trabajo, Gestión Pasivo Social de Puertos de Colombia demande y la jurisdicción competente se pronuncie sobre la constitucionalidad de la pensión reconocida al demandante.

LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.