Sentencia SC003-2015 de enero 14 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC003-2015

Radicación: 11001-3103-030-2009-00475-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Aprobado en sesión de cuatro de noviembre de dos mil catorce

Bogotá, D.C., catorce de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «III. La demanda de casación

Se sustenta en dos (2) reproches, con apoyo ambos en la causal primera de casación, vía indirecta, lo que es viable estudiar de manera conjunta, en virtud de incluir como infringidas las mismas disposiciones, siendo factible aducir idénticas razones para la decisión de los “errores de hecho” planteados con argumentos semejantes, sin que surja obstáculo por la circunstancia de que en el inicial embate también se haya denunciado la existencia de “errores de derecho”.

Cargo primero

1. Su fundamento lo constituye el motivo inicial de casación consagrado en el numeral 1º artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, y se acusa la sentencia del tribunal de violar de manera indirecta los artículos 1546, 1602, 1603, 1604, 1608, 1610, 1613, 1614, 1616, 1617, 1618, 1620, 1621, 1622, 1624, 1625, 1626, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670 del Código Civil, y 2º, 20, 68, 822, 864, 1077, 1078, 1096, y 1098 del Código de Comercio; al igual que los preceptos 92, 95, 174, 175, 177, 187, 194, 233, 241, 248, 249, 250, 251, 252, 268, 277, 279 del ordenamiento procesal citado, y el 95 del Decreto 663 de 1993, modificado por el 38 de la Ley 510 de 1999, por “errores de derecho” cometidos en la aplicación de las disposiciones legales que regulan la valoración y eficacia de las pruebas atinentes al recibo de egreso y la solicitud de indemnización; como también por yerros fácticos manifiestos originados en la apreciación de medios probatorios, la demanda y su contestación.

2. Advierte la censura que el fundamento de la decisión impugnada se relaciona únicamente con el señalamiento de la falta de demostración del pago de la indemnización por el siniestro, de donde se dedujo que la actora no se encontraba legitimada para pedir el reintegro de lo desembolsado por dicho concepto, con sustento en la acción de subrogación.

3. A fin de acreditar los “errores de derecho” precisa que reduce el tema de análisis a los aspectos relacionados con el “recibo de egreso 446337” y la “solicitud de indemnización”, al considerar que fueron los únicos elementos de juicio “que se invocaron en la demanda con el objeto o finalidad de establecer la legitimación en causa proveniente de la subrogación legal”, en tanto que los demás medios de convicción no se adujeron con ese propósito.

a) Frente a las inferencias del juzgador asevera que emerge el dislate en la labor estimativa, al imponer en principio la carga de acreditar la satisfacción de la referida obligación con la respectiva “carta de pago”, conforme lo contempla el artículo 1669 del Código Civil, sin tomar en cuenta que en esa disposición se hace referencia a la “subrogación convencional”, la que está sujeta a la cesión de derechos, por lo que debe existir un título en el que conste el “pago”, debiéndose además notificar al deudor; en tanto que la “subrogación del asegurador por el pago de la indemnización es de carácter legal”, la que conforme al precepto 1096 del Código de Comercio, “[opera] de pleno derecho, sin necesidad de convención o requisición y no requiere constar por escrito”.

b) Le endilga al tribunal el haber infringido especialmente el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, “porque las pruebas fueron debidamente recaudadas o allegadas al proceso, como exige exactamente la norma”, puesto que se aportaron con la demanda, y se cumplió “con su origen, obtención, conservación y aportación”.

En ese sentido comenta que es evidente el yerro “en la valoración de la prueba del llamado recibo de egreso 4463377 porque lo demeritó totalmente por el solo hecho de provenir del demandante”, dando a entender que la única prueba válida es la que provenga del tercero asegurado, en la que reconozca haber recibido el pago, lo que no es admisible porque no existe restricción legal, y de paso desconoce el precepto 175 ibídem, que consagra el “principio de libertad probatoria”; además no es procedente establecer limitaciones probatorias, ya que esa facultad está reservada exclusivamente a la ley.

c) Al haber preterido las probanzas incorporadas, el sentenciador concluyó erradamente que la actora no satisfizo la carga de acreditar el “pago de la indemnización”, pasando por alto que la “demandante no creó ni fabricó su propia prueba porque el recibo de egreso es un documento que (…) [se] emite al final del proceso de pago de la indemnización por la ocurrencia de un siniestro amparado por una póliza de seguro, proceso que adelantó directamente con su acreedor /asegurado”; además tal instrumento permite el registro del acto concerniente a la solución de la “obligación indemnizatoria” en los libros de contabilidad, por lo que el mismo “se puede catalogar como un papel de comercio que hace parte de la aludida contabilidad”.

d) Sostiene también la impugnante que al tenor de los numerales 10 y 14 del precepto 20 del Código de Comercio, el reseñado acto es de naturaleza mercantil, por lo que el “comprobante de egreso” de conformidad con el artículo 68 ídem, “constituye plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente”, siendo notorio el error al denegarle mérito probatorio, máxime si se tiene en cuenta que fue expedido en desarrollo del trámite de la “solicitud de indemnización” presentada el 28 de febrero de 2007, del cual explica en detalle la actuación adelantada para satisfacer dicha prestación, e informa que culminó con el respectivo “pago” a favor de “Molino Flor Huila S.A.”, lo que implicó, que el 31 de mayo de la misma anualidad citada, el representante legal de la reclamante “suscrib[iera] la solicitud de indemnización aceptando el pago liquidado por la aseguradora”; el 1º de junio siguiente, se elaborara e imprimiera la “segunda copia” del “comprobante de egreso”, con el rótulo en la parte inferior de “expedidora”, y el 14 del mismo mes y año, se emitiera la “tercera copia” de tal instrumento con destino a la contabilidad de la aseguradora, en la que “aparece un sello de caja que entregó el cheque por valor de $ 257’033.557”.

e) Adicionalmente argumenta, que dicho elemento de juicio no fue discutido por la accionada al replicar la demanda ni al formular excepciones, por lo que su mérito probatorio proviene de su calidad de “documento privado”, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, habiéndose aportado como lo autoriza el precepto 268 ejusdem, alcanzando autenticidad, de ahí que hace fe de su fecha y las declaraciones en él contenidas.

f) En cuanto a la “solicitud de indemnización”, expresa que a pesar de no ser esta una “constancia de pago”, constituye un requisito en el procedimiento adelantado para el efecto, y “[e]s un complemento del llamado ‘recibo de egreso’ que precisamente es la constancia final de que el pago se realiza conforme lo solicitó el tercero asegurado”, además de evidenciar la intervención del beneficiario en dicho trámite.

4. En cuanto a la acusación por errores de hecho manifiestos en la apreciación de las pruebas, la demanda y su contestación, la impugnante plantea lo siguiente:

a) Asevera que aunque el ad quem analiza los documentos allegados por “Molino Flor Huila S.A.”, al igual que el testimonio de Octavio Tovar Medina, tales probanzas “no tienen incidencia en este aspecto porque no se refieren al hecho del pago que se dejó de advertir, en razón a que las únicas pruebas invocadas en la demanda con el objeto de acreditar este hecho fueron el recibo de egreso y la solicitud de indemnización”, puesto que aquellas tenían por fin acreditar la responsabilidad contractual de la accionada, no obstante ser indicativas de manera tangencial de que “provienen del asegurado, quien a través de su empleado y de la información rendida en los citados documentos participó en el proceso sobre el tema de la responsabilidad contractual (…) invocando la subrogación de los derechos de ese asegurado, cumpliendo así la obligación establecida en el artículo 1098 del Código de Comercio, circunstancias todas que hacen suponer que el pago de la indemnización por el siniestro se realizó en su oportunidad”, esto es, el 14 de junio de 2007, como lo indica el “comprobante de egreso”, y que al haber intervenido “Molino Flor Huila S.A.”, a fin de allegar los documentos requeridos por la actora, “no aludió a una posible falta de pago y por el contrario apoyó la posición procesal de la aseguradora como demandante subrogada”, y que la declaración de Tovar Medina, aunada a dichos instrumentos, constituye “prueba de la conducta o actitud del asegurado que ha recibido el pago”.

b) La errónea valoración de la contestación de la demanda, la hace consistir (i) en que el tribunal no apreció “la conducta procesal de la demandada, derivada de su pronunciamiento (…) sobre el tema del pago de la indemnización, y con su silencio absoluto sobre ese mismo aspecto en la formulación de las excepciones de mérito que esgrimió en su defensa, ignorando lo preceptuado por los artículos 249 y 250 del Código de Procedimiento Civil”; (ii) tampoco tuvo en cuenta que en la réplica se pretirió la formalidad de hacer un pronunciamiento expreso sobre los hechos admitidos o respecto de los negados, y que no se excepcionó aduciendo el “pago”, y (iii) el haber entendido que a través de tales actos procesales, había sido repudiada la idoneidad de la reseñada documentación, lo que no es cierto, sin que tenga ese efecto lo manifestado en la sustentación de la apelación o en los alegatos de conclusión. Por lo tanto, dichos comportamientos debieron ser estimados como aceptación del “pago”.

c) También le atribuye al juzgador de segundo grado errores de hecho en la interpretación del convenio celebrado entre la accionada y “Molino Flor Huila S.A.”, en lo atinente a la actuación de aquella en su ejecución, al concluir que como el panel de control y el cableado se destruyeron, aquella no le es atribuible responsabilidad a la proveedora del servicio, al hallarse estipulado tal hecho como “eximente de responsabilidad”, cuando lo pactado en ese sentido es lo relativo al “corte de energía o los daños locativos en el inmueble”.

d) Así mismo le endilga que cometió desatino “al reducir inexplicablemente el fundamento de la demanda a la afirmación de que Telesentinel Ltda. ‘no reportó ninguna señal de alarma como tampoco ninguna señal de sabotaje al sistema de alarma’”, y catalogar esa circunstancia de ser insuficiente para estructurar el “incumplimiento contractual”, puesto que el sentido de la acción promovida es mucho más amplio, al aducirse en los hechos que “dicho contrato tuvo como valor agregado la inclusión del sistema antisabotaje, conforme al cual el sistema de monitoreo de señales de alarma se entiende blindado frente a cualquier intento para neutralizarlo”, y que los mencionados mecanismos de seguridad no funcionaron, aspecto este que se enfatizó en las pretensiones.

e) Igualmente califica de errónea la interpretación relativa a la exoneración de responsabilidad, al limitar el entendimiento de lo pactado en cuanto a que la prestación del servicio tenía por objeto el simple envío de señales, cuando el interés de los contratantes se orientó a que “el contrato cumpliera su objeto de emitir y recibir señales, incluyendo la de sabotaje y la de radio”, porque de no ser así, “no tendría razón o sentido contratar ese servicio, porque solo serviría para detectar a las personas que por error ingresan al inmueble o a los ladrones que no supieran de la existencia del sistema de seguridad o que tuvieran el cuidado de no bloquearlo o destruirlo, cosa que se aleja de la realidad de las bandas de delincuentes que se dedican a este género de robo”.

f) Con relación a la apreciación de la peritación, la cataloga de errónea, porque a pesar de ser cierto que el cableado y el panel de control fueron completamente destruidos, pretender la “exoneración de responsabilidad” a partir de lo ahí expresado, en cuanto a que “la labor de monitoreo requería un sistema de seguridad que estuviera en buen funcionamiento y que los canales de comunicación estuvieran activos para la adecuada transmisión y recepción de los diferentes eventos que se pudieran presentar”, tal manifestación no corresponde a una conclusión para el caso en concreto, sino a una recomendación sobre el sistema de monitoreo de alarmas, sin que hubiere profundizado sobre la problemática presentada.

No obstante, resalta que la conclusión sexta de la peritación fundada en la visita del experto al lugar de los hechos, “pone de presente una serie de irregularidades, deficiencias y falencias en la instalación de ese sistema en dicho lugar y que facilitaron o permitieron la acción violenta de los delincuentes”.

Advierte adicionalmente, la incursión del juzgador en dislate en la percepción de lo dicho por el perito respecto a que la bodega ocupada por “Molino Flor Huila” contaba con un “sistema antisabotaje”, porque no tuvo en cuenta el señalamiento de que “ante cualquier violencia debía generar una señal de alarma”, por lo que para el caso, ante la destrucción del señalado aparato “se debió generar una señal de alarma en la central de monitoreo de Telesentinel Ltda., que no fue atendida, es decir que no movió a Telesentinel, a realizar alguna de las acciones previstas en el contrato para dar aviso al cliente o a las autoridades, al extremo de que solo se enteró del siniestro día y medio después de ocurrido y por información suministrada a ellos por el propio cliente”.

g) También critica la falta de apreciación de los documentos allegados con el dictamen, los que fueron entregados por la accionada, y que aluden a la instalación de los equipos en cuestión, en los que se encuentra una carta firmada por Ángel M. Palacios, encargado de la bodega, donde reconoce que “Telesentinel ‘…maneja parámetros específicos de conexiones en el cableado y tipo de sensores, los cuales deben llevar sabotaje en lo sensores como en el cableado”; así mismo aparece, un anexo del “contrato de prestación de servicio de monitoreo de alarmas”, el que incluye el concepto de “sabotaje general”; al igual que un video de la visita del auxiliar de la justicia al centro de monitoreo de la proveedora del servicio, en el que “se registra permanentemente la señal de activación o desactivación y que además se reciben otras señales como las de pánico, luego deben recibirse también las de sabotaje”; además se informa sobre “las clases de aparatos de radio que se utilizan para la transmisión de las señales, en los cuales se deja ver que son independientes al panel de control, tienen su correspondiente antena y poseen un cableado especial mucho más grueso que el de las líneas telefónicas”.

De igual forma alude la impugnante que el testigo Octavio Tovar Medina, informó sobre la empresa responsable de la instalación de los equipos y de la revisión efectuada luego por Telesentinel, “agregando que recuerda que dentro de la cotización del cable instalado era antisabotaje”, y que en el documento atinente al registro de eventos, “figuran todas las señales llegadas a la central de monitoreo de esta empresa y las acciones adelantadas por ella en atención a cada evento, destacándose en relación con el asunto tratado que el sábado 17 de febrero de 2007 se activó el sistema a las 16:35 (4:35 p.m.) y permaneció así, sin haberse recibido señal distinta como sería la de sabotaje hasta el lunes 19 de febrero de 2007 a las 11:17 a.m. donde se deja constancia que se recibió una llamada telefónica de Claudia Ramírez funcionaria de Molino Flor Huila S.A., informando del robo, luego de lo cual Telesentinel envió un móvil para verificar este hecho”.

Plantea también que el ad quem se equivocó al no valorar la confesión que entraña la respuesta del representante legal de la demandada, a la pregunta 17 del interrogatorio, en la que se le indagó sobre si era cierto que los equipos instalados en el inmueble de la asegurada estaban en capacidad de enviar señales en caso de sabotaje, respondiendo afirmativamente.

Infiere de los anteriores elementos de juicio, “que el equipo remoto de monitoreo instalado por Telesentinel en la bodega Molino Flor Huila S.A., sí tenía un sistema de antisabotaje que no tuvo operancia, sin que Telesentinel lo advirtiera y cumpliera con sus obligaciones contractuales para dar los avisos correspondientes”, y que de haberlas tenido en cuenta el fallador, habría reconocido el incumplimiento de las obligaciones contraídas por la contratista.

h) Agrega la censura, que de no ser suficiente lo reseñado, estima que “todas las pruebas anteriores aluden a que al momento del siniestro existía dentro del sistema de seguridad un soporte de transmisión de señales por radio, adicional e independiente al sistema de transmisión por línea telefónica, el cual estaba en capacidad de transmitir la señal al centro de control de Telesentinel a pesar del corte o daño intencional de los cables telefónicos, sistema que debió funcionar y tampoco fue detectado por Telesentinel en su central de monitoreo”, operando dicho mecanismo desde la instalación de los equipos en abril de 2004, según consta en el acta de aprobación de servicios y en la hoja de procedimientos, como en el contrato celebrado entre “Molino Flor Huila S.A.”, con “General Protección Service Ltda.”, agente comercial de “Telesentinel Ltda.”, figurando en el ítem 1, “conexión vía radio a Telesentinel”, situación corroborada por el perito, al informar que “las señales de alarma llegan al centro de control de Telesentinel ‘por marcación telefónica que efectúa el panel de sistema de alarma por conexión a través del servicio de telefonía local o mediante transmisión de señal de radio que puede ser VHF o UHF, para este caso en particular se utilizó la frecuencia UHF’”, circunstancia esta a la que se refirió el deponente Tovar Medina, al manifestar, que creía que el monitoreo se hacía a través de frecuencia de radio.

i) Así mismo le enrostra al tribunal la estimación equivocada del informe de la empresa ajustadora de seguros, de las declaraciones de Sen Alonso Mora Morales y Octavio Tovar Medina, al deducir que conforme a tales probanzas y la cláusula 8ª del convenio en mención, debía excusarse a la demandada de su “obligación de monitoreo”, inferencia fundada en lo indicado por el perito, quien aludió a que “para que la empresa de monitoreo de sistemas de alarma pueda cumplir con la labor encomendada, requiere siempre que el sistema de seguridad de alarma monitoreado esté en buen estado de funcionamiento y que los canales de comunicación estén activos para la adecuada transmisión y recepción de los diferentes eventos que se puedan presentar”, aspecto este del dictamen que es ineficaz, toda vez que el experto no podía pronunciarse sobre el tema de la determinación de “responsabilidad”.

j) Igualmente sostiene el casacionista, que dada la forma como se presentaron los hechos que dieron lugar al siniestro, no cabe la “exoneración de responsabilidad” de la convocada al litigio, “porque la falta de señal que se produce por obra de los delincuentes al bloquear la señal o destruir los equipos, es un hecho que normalmente debe ser apreciado y detectado por la empresa prestadora del servicio y constituye de por sí una alarma, que debe obligarla a poner de inmediato en funcionamiento los avisos que debe dar al cliente y a la policía para tratar de minimizar las consecuencias del delito”.

k) Insiste en el incumplimiento de la demandada de las obligaciones contractuales, dado su actuar negligente, pues solo se enteró de la destrucción de los equipos y del hurto de la mercancía un día y medio después de los hechos, inclusive por información reportada por su propio cliente, sin que aquella situación se haya previsto como “eximente de responsabilidad”.

Expone que el compromiso de aquella consistía no solo en permitir con sus equipos la emisión y recepción de señales, incluyendo la de sabotaje, sino especialmente la de generar los avisos y alarmas para evitar el robo, lo cual comienza al apreciar anomalías en la señal o cuando la misma no llega, y que aquella novedad “es una situación anormal que puede originarse en el sabotaje de los equipos remotos, frente a lo cual la obligación de Telesentinel Ltda., debe generar una respuesta activa y eficaz en orden a dar los avisos y alarmas que puedan evitar los daños o minimizar sus consecuencias”, lo que fue omitido, “no le importó en absoluto que se produjera la interrupción de la señal o que llegara la señal de sabotaje, vía telefónica o por radio, y no realizó la más mínima acción para averiguar por qué había ocurrido esa suspensión de la señal o dar aviso o alarma al cliente o a la policía”.

l) Considera que los reseñados supuestos fácticos se hallan debidamente probados con el reconocimiento de las partes, la peritación, el informe de la ajustadora, los testimonios y documentos a que se hizo mención, y que al no advertirlos el tribunal, incurrió en “error de hecho trascendente”.

Cargo segundo

1. Se apoya en la causal primera de casación del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, acusándose la sentencia del tribunal de violar de manera indirecta las mismas disposiciones aducidas en el anterior reproche, como consecuencia de “errores de hecho” manifiestos cometidos en la valoración de las pruebas, la demanda y su contestación.

2. La fundamentación coincide con la del primer embate, en lo concerniente a los yerros fácticos denunciados frente a la estimación de los documentos remitidos por “Molinos Florhuila S.A.” y la declaración de Octavio Tovar Medina, al igual que respecto de la “contestación de la demanda”, como también en cuanto a “la interpretación del contrato y en la apreciación de las pruebas relacionadas con la responsabilidad contractual”, por lo que en esos temas se torna innecesario hacer nuevamente el compendio de la sustentación.

Existe diferencia en punto de no invocar “errores de derecho”, y en que se adicionan los “errores de hecho” para confutar “la apreciación del comprobante de egreso y de la solicitud de indemnización”, de los que el ad quem dedujo que no demuestran el pago del siniestro que origina la subrogación legal en favor la actora.

Con relación al primero de los instrumentos reseñado, plantea la impugnante que el tribunal “transformó o adulteró la objetivad del documento y no apreció la verdadera naturaleza”, al querer ver en él un recibo de pago; además sostiene que no es una prueba creada por capricho de la aseguradora, sino que es emitida al final del trámite del “pago de la indemnización por la ocurrencia de un siniestro amparado por una póliza de seguro”, y que para el caso lo adelantó directamente la “asegurada”, y de otro lado, porque hace parte de los requisitos para el asiento en los libros de contabilidad, deber este que por imperio de la ley deben cumplir los comerciantes, y con mayor rigor las empresas sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera.

Así mismo, explica la recurrente la actuación adelantada por la compañía de seguros cuando se le reclama el pago de una indemnización, resaltando que para el caso, los elementos de juicio incorporados evidencian “que se cumplió a cabalidad con el procedimiento arriba descrito que culminó con el pago de la indemnización a favor de Molinos Flor Huila S.A.”, puesto que se presentó la respectiva solicitud, la aseguradora designó un ajustador que oportunamente rindió su informe, fijó la cuantía del siniestro y conceptuó favorablemente a la reclamación, ante lo cual el representante legal de la asegurada suscribió la respectiva petición, luego se elaboró el “comprobante de egreso” y el 14 de junio de 2007, se hizo efectivo el pago con un cheque por $ 257’033.557.

Ante esas circunstancias, considera que “constituye prueba suficiente del pago”, descartando que se haya creado el documento en mención de manera maliciosa o caprichosa, dado que se emitió en desarrollo de un procedimiento válido adelantado por la compañía de seguros, a solicitud de la “asegurada”, puesto que “fue elaborado dentro de sus funciones por el empleado de la aseguradora responsable de la caja, tiene su firma y el sello correspondiente. No fue discutido por la parte demandada en la contestación de la demanda ni al proponer excepciones”, por lo que al no haber sido desconocido, tiene la connotación de ser auténtico.

Con relación a la “solicitud de indemnización”, sostiene que se aportó como complemento del “recibo de egreso”, al igual que como parte del trámite de la liquidación y pago del siniestro, y que a pesar de no ser una “constancia de pago”, sí es “un documento suscrito por el asegurado a través de su representante legal, lo cual evidencia su participación en el proceso que culminó con el pago de la indemnización”.

3. Se concluye pidiendo casar el fallo recurrido y que en el de reemplazo se acojan las pretensiones plasmadas en el escrito introductorio del proceso.

Consideraciones

1. Las peticiones de la actora “Seguros Generales Suramericana S.A.”, tienen origen en el ejercicio de la acción subrogatoria que se sustenta en la circunstancia de haber pagado la indemnización a “Molinos Florhuila S.A.”, en calidad de “asegurada beneficiaria”, por el siniestro amparado en el contrato que incorpora la “póliza de seguro 413737”, y en virtud de atribuirle responsabilidad a la accionada “Telesentinel Ltda.”, por el incumplimiento de obligaciones establecidas en el “convenio de prestación de servicios de monitoreo mediante la emisión de señales de alarma”, que había celebrado con el usuario “Molino Flor Huila S.A.”, lo que contribuyó a la realización del riesgo amparado.

El juzgador ad quem desestimó las pretensiones, al deducir de los elementos de convicción que la accionante no demostró el “pago de la indemnización a la beneficiaria”, y que por lo tanto, no se hallaba legitimada para exigir el reembolso de la suma de dinero reclamada; además, porque si en gracia de discusión se pudiera dar por superado el señalado obstáculo probatorio, fracasaría la “acción subrogatoria”, debido a que no es factible atribuirle responsabilidad a “Telesentinel Ltda.”, según el contrato celebrado con “Molino Flor Huila S.A.”, por los hechos constitutivos del riesgo asegurado y que motivó la reclamación a la aseguradora.

Por su lado, en el primer cargo, la impugnante le enrostra al ad quem que incurrió en “error de derecho” en la valoración jurídica de los documentos atinentes al “comprobante de egreso y a la solicitud de indemnización”, y de ahí derivó que les restara mérito probatorio.

Y tanto en aquel, como en el segundo embate, le imputa que incurrió en “error de hecho” en la valoración de los elementos de convicción incorporados, como también de la demanda y su réplica, de tal manera que no advirtió el cumplimiento del “pago de la indemnización”, ni del hecho de la responsabilidad de la convocada en el acaecimiento del “siniestro”.

2. Con relación al instituto jurídico de la “subrogación del asegurador”, en lo pertinente el artículo 1096 del Código de Comercio estatuye: “El asegurador que pague una indemnización se subroga por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro. Pero éstas podrán oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado. — (…)”.

La citada disposición permite establecer, que para el buen suceso de la “acción subrogatoria”, se debe acreditar que en virtud de un “contrato de seguro”, al haberse producido el “siniestro”, el asegurador efectuó válidamente el “pago de la indemnización”, de tal manera que por mandato legal se subroga en los derechos del afectado patrimonialmente con el riesgo amparado, pasando a ocupar su lugar o posición en la relación jurídica existente con el responsable o causante del hecho dañoso, lo que adicionalmente implica, la verificación de los supuestos que de aquella deriven, bien en el ámbito de la responsabilidad civil contractual o extracontractual.

Con relación a dicha temática, en la sentencia CSJ SC, 8 nov. 2005, rad. 7724, se expuso:

El artículo 1096 del Código de Comercio dispone que ‘el asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro’. Como puede verse, este precepto reclama la existencia de un soporte básico, cual es el pago de una indemnización por parte del asegurador, a raíz de una póliza de seguro previamente expedida; consecuentemente, la compañía se subroga —ipso iure— en los derechos del asegurado, de modo que entra a ocupar la posición que éste tenía dentro de la relación jurídica respectiva, que no se extingue por tal razón, asumiendo la titularidad de todos los créditos, garantías y acciones con que contaba su antecesor, frente a los causantes del siniestro.

Así mismo, en el fallo CSJ SC, 18 mayo 2005, rad. 0832-01, en lo pertinente se sostuvo:

La acción personal subrogatoria consagrada en la legislación colombiana en el artículo 1096 del estatuto comercial, no obstante sus particularidades, se encuentra íntima y funcionalmente enlazada con la institución de la subrogación disciplinada por el ordenamiento civil, al punto que los fundamentos y los postulados medulares que le sirven de apoyatura en este específico régimen, en general, son los que informan la figura en la esfera mercantil, corolario del acerado principio indemnizatorio que, con tanto ahínco, campea en los seguros de daños —a diferencia de los de personas—, según explícita y autorizada mención ex lege, así como la realizada en la exposición de motivos del proyecto de Código de Comercio colombiano del año 1958 (arts. 914-916).

Ello explica que se tengan por fundamentos cardinales de este instituto —entre otros— los siguientes, sin perjuicio que un sector de la doctrina se incline prevalentemente por los dos primeros:

1) Evitar, a ultranza, que el responsable del daño se exonere de responsabilidad, merced al pago efectuado por el asegurador al beneficiario del seguro, primigenio acreedor de aquél, pues en caso contrario, se le estaría libertando de un débito que trasciende la esfera del ius privatum, así la condena, en línea de principio, se limite al mero resarcimiento económico. Expresado en otros términos, es claro que el ordenamiento desea que la conducta del victimario no quede impune, ora directa, ora indirectamente y, de paso, liberado de reconocer, en el ámbito patrimonial, el daño irrogado.

2) Impedir, en diáfano desmedro del principio indemnizatorio aludido, el enriquecimiento del asegurado, en la medida en que si no existiese la subrogación ex lege, bien podría obtener, por parte de su asegurador, el resarcimiento del daño que experimentó, a la par que de manos del propio autor del mismo, lo que evidentemente repugna a los más elementales principios jurídicos y éticos.

3) Posibilitar que la compañía de seguros, conforme a las circunstancias, pueda recibir unos recursos encaminados a lograr una más adecuada explotación profesional de la actividad aseguradora, toda vez que, indirectamente, se atenúan —así sea en mínima medida— los resultados adversos de la siniestralidad, lo que debe servir para que, en el plano económico, pueda atender mejor sus compromisos de orden contractual.

Desde esta perspectiva, resulta claro el origen y el carácter del derecho radicado en cabeza del asegurador, en virtud de la aludida subrogación personal, derecho que es derivado (…), como lo reconoce autorizada doctrina sobre la materia y, por tal motivo, ayuno de sustantividad y autonomía, como quiera que la entidad aseguradora —he ahí la importancia del fenómeno sustitutivo que aflora de la subrogación—, adquiere el mismo derecho que antes del pago residía en la órbita patrimonial del asegurado-damnificado.

Con otras palabras, aunque la acción subrogatoria tiene su manantial en el pago que el asegurador le hace al asegurado-beneficiario en cumplimiento de la obligación que contrajo en virtud del contrato de seguro, el derecho que aquel ejerce al amparo de la referida acción frente a las ‘... personas responsables del siniestro’, no nace o deriva de la relación aseguraticia —a la que le es completamente ajena—, sino que procede de la conducta antijurídica desplegada por el victimario, autor del daño que afectó al damnificado asegurado, según el caso. Por tanto, el pago de éste tan sólo determina su legitimación en la causa para el ejercicio de la señalada acción, así como la medida del derecho que puede reclamar, pero no la naturaleza del derecho mismo, ni sus propiedades, pues éste no es otro distinto del que tenía la víctima antes de ser indemnizada por el asegurador. Ello explica por qué ‘[e]l derecho adquirido por el asegurador, en virtud de la subrogación, es un derecho derivado del que tenía el asegurado frente al tercero. Dicho en otros términos, la acción que ejerce el asegurador contra el tercero es la misma acción que tiene el asegurado contra el autor del daño. Por esta razón gozará de todos los beneficios que esta acción tuviera y, al contrario, quedará sometida a las mismas excepciones que podrían ser opuestas al asegurado’ (…), lo que es apenas obvio si se tiene en cuenta que ‘su derecho se moldea (...) sobre el del asegurado’ y, por consiguiente —esto es nuclear—, tiene la ‘misma naturaleza y la misma extensión’, de suerte que tendrá ‘por base una responsabilidad contractual o una responsabilidad delictual, sin que el asegurador pueda modificar esa base’ (…).

Y en la Sentencia CSJ SC, 6 ago. 1985, GJ 2419, 2º sem. 1985, págs. 233-234, se precisó:

Aun cuando del texto del referido artículo 1096 pareciera deducirse que el único requisito exigido para el ejercicio de la acción subrogatoria fuera el de que el asegurador hubiere efectuado el pago, es lo cierto que la doctrina, teniendo en cuenta la noción misma que de subrogación da el artículo 1666 del Código Civil, ha señalado los siguientes: a) existencia de un contrato de seguro; b) un pago válido en virtud del referido convenio; c) que el daño producido por el tercero sea de los cubiertos o amparados por la póliza, y d) que una vez ocurrido el siniestro surja para el asegurado una acción contra el responsable.

3. Tienen trascendencia para la decisión que se está adoptando los elementos de convicción que enseguida se enuncian:

a) Póliza 413737, modalidad “todo riesgo daño material” expedida por Suramericana, en la que interviene como tomadora, asegurada y beneficiaria “Molinos Flor Huila”, con vigencia durante el período “2006/07/31 - 2007/07/31”, cobertura —entre otros riesgos— “sustracción con violencia (…) para maquinaria y equipo, muebles y enseres, mercancías, dineros, equipo eléctrico, y/o electrónico y demás bienes susceptibles de hurto y que formen parte integrante de la póliza”, y por valor total de $ 95.345’955.469 (cdno. 1, fls. 19-26).

b) Solicitud de indemnización de 31 de mayo de 2007, suscrita por el representante legal de “Molino Florhuila S.A.”, en la que se pide la suma de $ 257’033.557 “como única y total indemnización por las pérdidas sufridas como consecuencia del evento ocurrido el 18 de febrero de 2007 en la bodega de almacenamiento de producto terminado, ubicada en la carrera 67 Nº 8-21 de la ciudad de Bogotá en la cual se hurtaron 212.528 kilos de arroz. Estas pérdidas se encuentran amparadas por la póliza de seguro todo riesgo, daños materiales y lucro cesante 413737”, y en otro aparte se manifiesta que “una vez recibido a satisfacción el pago antes solicitado, declaramos a la compañía Suramericana de Seguros S.A., a paz y salvo por todo concepto con relación a la totalidad de las pérdidas sufridas con ocasión del evento ocurrido el 18 de febrero de 2007” (cdno. 1, fl. 36).

c) Informe final del estudio de la reclamación presentada por “Molinos Florhuila S.A.”, con cargo a la póliza de seguro anteriormente reseñada, firmado por el gerente general de la Organización Noguera Camacho (ajustador), en el que al describir el evento se incluyen los señalados datos de la reclamación, precisando que en la entrevista de las personas que tenían a su cargo el manejo de las bodegas, indicaron que “se cerraron a las 4:35 p.m. del sábado 17 de febrero de 2007 y fueron reabiertas el lunes 19 de febrero de 2007, a las 11:00 a.m. Al abrir las bodegas, los empleados se percataron que el portón de acceso había sido violentado y que la alarma se encontraba desconectada, según indicaba el panel donde normalmente se ingresa la clave; posteriormente se detectó que el panel principal de control de la alarma había sido arrancado. Al recorrer las instalaciones advirtieron que faltaba parte del producto (arroz empacado) almacenado. De inmediato dieron aviso a la firma Telesentinel (…)”; en punto de la cobertura se expone que el evento “se enmarca dentro del amparo opcional 5 ‘sustracción con violencia’”, y se fijó el valor a indemnizar en la suma de $ 257’033.557 (cdno. 1, fls. 38-60).

d) Reporte informático en el que se menciona en su encabezamiento a “Molino Flor del Huila S.A. —Bodega Molino Flor del Huila S.A. carrera. 67 Nº 8-21 (…)— contrato 13928 - unidad 01-00-3772”, el que detalla los eventos del “02/01/07 - 02/20/07”; y para la época de los hechos registra el “02/17 sat 09:49:16 2 Int alarma - 09:50 B lop sistema desactivado”; se inserta leyenda que indica: “Coment: contacto telefónico en el sitio con: Ángel Palacios CDI usuario confirma normalidad al momento - no hay novedad - Completed on: 02/17/07 at: 10:02:44 - operator:019 - 16:35 (…) c ECL sistema activado”; no aparece registro del “02/18/07”, y el “02/19 mon 11:17:02 - Coment: se recibe llamada telefónica de: Claudia Ramírez informa que los robaron se le informa que se envía móvil para verificar” (cdno. 1, fls. 27 y 29).

e) Copia autenticada del contrato 13928, celebrado entre “Telesentinel Ltda.”, en calidad de proveedora del servicio, y “Molino Flor Huila S.A.”, como usuario, en el que se estipuló en lo pertinente: La prestación por parte de aquella del “servicio de monitoreo consistente en el envío de señales de alarma durante las 24 horas del día todo el año, siempre y cuando no medie caso fortuito, fuerza mayor o aquellas situaciones descritas en la cláusula octava (…). Estas señales de alarma serán emitidas con los equipos indicados en el formato de control de calidad elaborado por Telesentinel y ubicados en las dependencias del usuario, hasta el centro de control computarizado que para tal efecto tiene Telesentinel. (…) El servicio de monitoreo opera así: La señal de alarma enviada por las unidades remotas y recibidas por el centro de control, será respondida por Telesentinel, con las siguientes acciones: a) verificación telefónica; b) a criterio de Telesentinel, envío de un funcionario a fin de verificar en el lugar protegido, la causa de la señal, c) comunicación con el usuario o sus dependientes en los teléfonos suministrados para tal fin, d) de ser necesario aviso registrado a organismos como bomberos, policía, servicios médicos, etc. de acuerdo con el reporte recibido. (…) Telesentinel prestará el servicio de monitoreo (…) utilizando los equipos instalados en la dirección carrera 57 Nº 8-21 Zona Industrial (…)”, y en la citada cláusula octava, se pactó: “Telesentinel queda eximida de toda responsabilidad en la prestación del servicio, siempre y cuando medie alguna de las siguientes situaciones: a) Corte del servicio de energía eléctrica en el inmueble en el cual o los cuales se han instalado los equipos, por cualquier causa cuando el corte se prolongue por más de seis (6) horas, (…) b) Por daños locativos en el inmueble que causen deterioro en los equipos y/o instalaciones y hasta tanto no sean comunicados expresa y certificadamente por el usuario, o sus dependientes, que causen daño o mal funcionamiento de los sistemas instalados. c) (…) d) Por cualquier otra causa no imputable a dolo o negligencia comprobados. PAR.—Telesentinel no será en ningún caso responsable por los daños, hurtos, atracos, robos, incendios, inundaciones o cualquier otro perjuicio que pueda sufrir el usuario en sus instalaciones o bienes, ya que es claro para ambas partes, que el sistema de seguridad instalado ha sido diseñado para detectar y avisar mas no evitar es decir que la obligación es de medio y no de resultado. (…) el usuario, quien entiende claramente los alcances y limitaciones de los sistemas de monitoreo de alarmas para cubrir los riesgos inherentes a la prestación del servicio el usuario debe estar asegurado por una compañía de seguros legalmente constituida para cubrir todos sus riesgos” (cdno. 1, fls. 163-164).

f) Dictamen elaborado por un ingeniero electrónico, decretado a instancia de las partes, en el que expone un amplio fundamento teórico acerca de los “sistemas de alarma”, transmisión de señales, “central de alarmas o monitoreo”, operatividad y otros temas, advirtiendo que el experto no examinó la infraestructura que en su momento tuvo instalada “Telesentinel” en la bodega donde se produjo el siniestro, porque fue retirada, y solo pudo consultar documentos que aquella le proporcionó, atinentes al plano de instalación, el contrato de prestación del servicio, informe de “eventos de monitoreo” al que antes se hizo mención. En el acápite de consideraciones se indica, que “[n]o existe material probatorio sobre características técnicas de los demás dispositivos utilizados con dicha instalación del sistema de seguridad de alarma”, y como hipótesis principal acerca de que no se hubiera generado algún tipo de señal de alarma, ante el acaecimiento del aludido suceso, plantea “(…) que el sensor infrarrojo de largo alcance, ubicado en esta zona 13 no estaba en funcionamiento, es decir, estaba dañado o desactivado para el momento de los hechos, claro está que si hubiere sido esto último, este evento podría haber presentado alguna señal que habría sido monitoreada desde la central de alarmas de la empresa Telesentinel Ltda.”, y agrega “que para que dicho evento no fuera monitoreado, es decir, captado por la central de alarmas (…), debió inicialmente haber una falla en el sensor infrarrojo de largo alcance de la zona 13, ubicado en el mezanine, motivo por el cual se pudo efectuar la intrusión por el techo del mismo sector, (…), sin presentarse ningún tipo de señal de alarma”; igualmente comenta que la falla “pudo haber sido de tipología electrónica intrínseca del dispositivo o por enmascaramiento del mismo, es decir, y como figura en el reporte documental del dictamen, por manipulación de cubrimiento con algún tipo de material para impedir el efecto de radiación infrarroja, y así la actuación del elemento electrónico, y por ende, su adecuado funcionamiento” (cdno. 1, fls. 169-259).

g) El declarante Octavio Tovar Medina, trabajador de “Molinos Florhuila S.A.”, quien acudió al lugar donde se presentaron los hechos el día que se detectó el ilícito, respecto de lo que él directamente apreció, manifestó que “[e]l panel estaba abierto y había sido manipulado y le habían sustraído elementos internos” (cdno. 1, fls. 265-268).

h) Testimonio de Sen Alonso Mora Morales, jefe de servicio al cliente de “Telesentinel”, acerca del documento sobre “detalle de eventos”, explicó que “[p]artiendo de la señal de activación del día 17 de febrero de 200, día sábado, efectivamente el sistema estaba enviando señales como lo demuestra la copia del detalle a las 16:35 horas, en cuanto a las activaciones y desactivaciones debo aclarar que estas obedecen únicamente a la rutina y/o manejo dado por los usuarios con sus claves y que son de su conocimiento, en cuanto a movimientos o cualquier otro tipo de señal de alarma obedece a que como o dije anteriormente y así también fue comprobado por el administrador o gerente de Flor Huila, el panel central de la alarma que se puede denominar como el cerebro del mismo fue violentado, o vandalizado incluyendo los medios de transmisión, ante esta situación no podría enviar ningún tipo de señal a nuestro centro de control y sin señal no podría darse alguna atención, por lo anterior es claro que en la copia del detalle no se registra señal diferente a la activación de la hora y fechas mencionadas hasta el día 19 de febrero de 2007”, y en otra respuesta dijo que “[l]as señales recibidas en el centro de control y efectivamente enviadas desde el panel de alarma obedecen exclusivamente a la activación y desactivación del sistema de alarma por parte de un usuario y dado el caso que se envíe una señal de alarma al centro de control depende única y exclusivamente del buen estado de los medios de transmisión con lo cual se concluye que los protocolos de servicio aplicados por los operadores de medios tecnológicos del centro de control obedecen cuando se reciben señales de alarma en el mismo” (cdno. 1, fls. 153-156).

4. Para efectos de darle respuesta a los reproches planteados en los cargos, dado su sentido totalizador frente al fallo impugnado, se comenzará por los alusivos a los “errores de hecho”.

a) Con relación al desatino fáctico planteado en el segundo embate, en el que se enrostra al tribunal que se equivocó en la valoración del “comprobante de egreso” y de la “solicitud de la indemnización”, al deducir que no demuestran el pago del siniestro que origina la subrogación legal en favor la actora, por lo que se predicó su falta de legitimación en la cusa, se determina la inexistencia del “error de hecho” en cuestión, toda vez que tales instrumentos no son conclusivos de que se produjo la solución del derecho de crédito reclamado, aunque evidencian sí el adelantamiento por la compañía de seguros, a instancia de la “asegurada” del trámite de la reclamación tendiente a la cancelación de la respectiva “indemnización”, sin que revelen o exterioricen de manera indubitable la satisfacción de tal obligación, pues basta ver, que no contienen información acerca del “medio de pago” utilizado, esto es, si dinero efectivo, cheque, transferencia electrónica, etc., y a pesar de mencionar como beneficiario a “Molino Flor Huila S.A.”, no se expresa que haya recibido el “pago”, y la firma y sello del empleado de caja impresas, solo otorgan fe de haberse allí elaborado; por lo que el cuestionamiento atinente a que se “transformó o adulteró la objetividad del documento”, no es verídica.

Ahora, los efectos que puedan derivar de la naturaleza jurídica de los citados elementos de juicio, en cuanto de conformidad con las respectivas disposiciones legales tienen el carácter de “documentos contables”, tampoco desvirtúan la tesis expuesta por el ad quem.

En ese sentido, obsérvese que el inciso 2º artículo 53 del Código de Comercio, estatuye que “[e]l comprobante de contabilidad es el documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se anexarán los documentos que lo justifiquen”.

A su vez, el Decreto 2649 de 1993 relativo a la reglamentación de la contabilidad, como también de los principios y normas contables generalmente aceptados en Colombia, en el precepto 123 establece, que “(…) los hechos económicos deben documentarse mediante soportes, de origen interno o externo, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. — Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos o, dejando constancia en estos de tal circunstancia, conservarse archivados en orden cronológico y de tal manera que sea posible su verificación. — Los soportes pueden conservarse en el idioma en el cual se hayan otorgado, así como ser utilizados para registrar las operaciones en los libros auxiliares o de detalle”.

Y en cuanto a la finalidad de los “comprobantes de contabilidad”, el canon 124 ibídem, contempla que “[l]as partidas asentadas en los libros de resumen y en aquel donde se asienten en orden cronológico las operaciones, deben estar respaldadas en comprobantes de contabilidad elaborados previamente. — Dichos comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes, por cualquier medio y en idioma castellano. — Los comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente, con indicación del día de su preparación y de las personas que los hubieren elaborado y autorizado. — En ellos se debe indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, así como las cuentas afectadas con el asiento. — La descripción de las cuentas y de las transacciones puede efectuarse por palabras, códigos o símbolos numéricos, caso en el cual deberá registrarse en el auxiliar respectivo al listado de códigos o símbolos utilizados según el concepto a que correspondan. — Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por resúmenes periódicos, a lo sumo mensuales. — Los comprobantes de contabilidad deben guardar la debida correspondencia con los asientos en los libros auxiliares y en aquel en que se registren en orden cronológico todas las operaciones”.

Lo anterior permite señalar, que para el caso el “comprobante de egreso” aportado, pudo tener como soporte la “solicitud de indemnización” suscrita por el representante legal de “Molinos Florhuila S.A.”, al igual que el informe preparado por la empresa ajustadora “Organización Noguera Camacho”, y en virtud de cumplir con lo previsto en las reseñadas normas, cabe predicar su idoneidad para efectuar en los libros de contabilidad de la aseguradora, el asiento de la operación contable a que el primero de los instrumentos se refiere, esto es, la salida de dinero de la empresa, mas no a fin de otorgar plena certeza de que se hizo efectivo el “pago de la obligación indemnizatoria”, con el alcance requerido para tener por surtido el requisito establecido por la jurisprudencia de la Sala en punto de la procedencia de la subrogación prevista por el artículo 1096 del estatuto mercantil, que se concreta en la existencia de “un pago válido en virtud del (…) convenio”, lo cual supone, además de probar que se efectúa de conformidad con las estipulaciones del contrato de seguro, acreditar que el mismo se realiza a la persona legitimada para recibirlo, esto es, en principio al beneficiario del seguro, o en cualquier caso con ajuste a lo prevenido por el artículo 1634 del Código Civil, que a la letra reza: “Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito aun a título singular), o a la persona que la ley o le juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro. — El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía”.

La referida prueba de la entrega de lo debido a la persona facultada para recibirlo, puede provenir bien del acreedor, o bien de un tercero por intermedio del cual se hubiere cursado el pago (transferencia bancaria) o al cual le conste la convención extintiva, con plena libertad de medios. En caso de que la entrega del dinero o en general de lo debido se efectúe en favor de sucesores a título singular; de terceros autorizados o diputados para recibir, o de poseedores del crédito, deberá probarse igualmente la legitimación de quien recibe.

En todo caso es de advertir que ni siquiera se acreditó dentro del proceso la existencia del respectivo “registro contable”, del “comprobante de egreso” con la atestación de llevarse la contabilidad en legal forma (CPC, inc. 1º, precepto 271), dado que en ese evento tales elementos de convicción, en principio habría que considerarlos plena prueba, al menos de la salida del dinero, de conformidad con el artículo 68 del Código de Comercio, pero en ese sentido la actividad probatoria también presenta deficiencias, por lo que la crítica apoyada en ese argumento, no es de recibo.

b) En lo concerniente al “error de hecho” endilgado al sentenciador en la valoración de los documentos <aportados> por “Molinos Florhuila S.A.”, como del testimonio de Octavio Tovar Medina, es notoria su falta de demostración, porque la misma recurrente acepta que no hacen referencia al “pago del siniestro”, dado que “la finalidad de la prueba no era la de demostrar este hecho, sino la responsabilidad contractual de la sociedad demandada”, aunque estima, que dados los aspectos de que tratan permiten “suponer que el pago de la indemnización por el siniestro se realizó en su oportunidad”, lo que considera corrobora la convicción que brota del “comprobante de egreso”, y la conducta observada por la “asegurada” al atender el requerimiento efectuado para allegar dichas probanzas, sin que hubiere cuestionado el “pago”, puesto que no se expone una argumentación suficiente en aras de evidenciar el desatino, pues ni siquiera se identifican los instrumentos apreciados erróneamente, ni se alude a su contenido, como tampoco a la versión del deponente en los fragmentos donde se hubiera pronunciado acerca de la solución de la “obligación indemnizatoria” por parte de la “aseguradora”.

Ahora, si los cuestionamientos estuvieran orientados a evidenciar que no se tomaron en cuenta los indicios derivados de dichos elementos de prueba, es evidente que no se desarrolló de manera adecuada el planteamiento, porque se omitió revelar la estructuración de los mismos, mediante la debida precisión del “hecho indicador”, la reflexión en torno a la reglas de la experiencia o de la lógica para establecer el “hecho indicado”, con sujeción a los parámetros del artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, y de ahí que en este escenario extraordinario se torne imposible verificar la equivocación del ad quem.

c) En punto de la errónea interpretación de la contestación del escrito introductorio del proceso, lo que cabe inferir, según los planteamientos de la impugnante, es que guarda relación con la previsión del artículo 249 ejusdem, que autoriza “deducir indicios de la conducta procesal de las partes”, y aunque el ad quem no tuvo en cuenta o no analizó tal circunstancia, lo aducido por la censura no prueba que la incursión del tribunal en desatino fáctico, porque el hecho de que la accionada no hubiere formulado defensa o excepción de mérito alguna en procura de desvirtuar los requisitos para la estructuración de la “acción subrogatoria” del asegurador, no significa la aceptación del “pago de la indemnización”, y tampoco la confirmación de que se hubiere realizado, porque si bien el precepto 95 ibídem, eleva a la categoría de indicio grave la “falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad”, se advierte en los cargos despreocupación en la construcción del “indicio”, al igual que de su incidencia en las inferencias del sentenciador.

Y por el hecho de haber expresado la convocada en la réplica de la demanda, que el pago no le constaba, ello no representa inobservancia de las exigencias contempladas en el artículo 92 ejusdem, toda vez que esa manifestación es admisible, máxime cuando el hecho planteado por la actora no proviene de la accionada, sino que alude a relaciones de aquella con un tercero, pues al respecto en el punto décimo séptimo del escrito introductorio se asevera, que “la compañía Suramericana de Seguros S.A., previa evaluación de la reclamación y aplicación del correspondiente deducible, pagó a Molino Flor Huila S.A., el día 1º de junio de 2007, la correspondiente indemnización (…)”, es decir, que no involucra en ese acto a “Telesentinel Ltda.”, por lo que no subyace en esa situación procesal, un elemento de convicción que se hubiere preterido.

d) En virtud de permanecer incólumes las reflexiones del tribunal, relativas a la falta de demostración del “pago de la indemnización” que le da nacimiento a la “acción subrogatoria”, el examen de los restantes aspectos de la acusación, resulta inoficioso al mantenerse enhiesta la conclusión del tribunal formulada en el sentido de que “no se probó la legitimación referida”.

5. Con relación al “error de derecho” enrostrado al tribunal por infringir reglas probatorias al asumir la contemplación jurídica de los documentos que supuestamente prueban el “pago del siniestro” por la aseguradora al tercero “asegurado beneficiario” que soportó la afectación patrimonial constitutiva del mismo, ha de precisarse que en principio aquel se configura cuando en la citada labor se infringen las disposiciones legales que regulan en el proceso las fases de aducción de pruebas, incorporación y valoración de las mismas.

Acerca del citado desatino, en fallo CSJ SC7725-2014, rad. 2000-00426-01, se expuso:

(…) si la vía indirecta escogida se encamina por la senda del error de derecho, exige (…), que el recurrente indique las normas de carácter probatorio (las que regulan la solicitud, decreto, práctica, contradicción y valoración de las pruebas) cuyo desconocimiento o violación fue el medio a través del cual incurrió el tribunal en la violación de normas sustanciales. Y no sólo eso, sino que debe explicar ‘en qué consiste la infracción’ (art. 374, in fine) de esas normas probatorias aducidas, lo que supone la proposición de la recta inteligencia de la norma de esa estirpe y la demostración de cómo el tribunal la dejó de aplicar, la empleó indebidamente o la interpretó en forma equivocada, hipótesis que corresponden a los otrora denominados ‘conceptos de violación’, y que en el ámbito del derecho común se establecieron, y aún hoy así se erigen, en las únicas formas como puede ser transgredida la ley por parte del sentenciador.

Así mismo, esta corporación en Sentencia CSJ SC, 14 oct. 2010, rad. 2002-00024-01, expuso que el error de derecho:

‘(…), apunta al aspecto normativo de las probanzas y se presenta en el momento de la contemplación jurídica de las mismas, es decir, cuando luego de darlas por materialmente existentes en el proceso, se pasa a ponderarlas a la luz de los preceptos que regulan su valoración, quedando excluida toda controversia en cuanto a su aspecto físico o material, pudiendo surgir el desacierto por transgredir el debido respeto al postulado del contradictorio, en las fases de aducción e incorporación de los elementos de juicio, ora porque se entra a contrariar al legislador acerca de su mérito o eficacia probatoria (…) ‘se presenta en síntesis cuando la sentencia exige, para demostrar un acto o un hecho, una prueba especial que la ley no reclama; o cuando viendo la prueba en su exacta dimensión no le atribuye a ella el mérito que la ley le asigna para demostrarlo; o, en fin, cuando se lo niega por estimar que el medio fue ilegalmente producido cuando así no sucedió’.

a) En lo atinente al cuestionamiento por la supuesta exigencia del juzgador de segundo grado de una prueba específica para demostrar el pago al tercero, al haber entendido que la acción promovida se sustenta en un evento de “subrogación convencional”, por lo que dicho acto debía probarse, de conformidad con las disposiciones del Código Civil, con la “carta de pago”, se descarta el dislate en cuestión, porque si bien es cierto en la transcripción del precedente jurisprudencial citado por el tribunal para orientar el entendimiento de dicho instituto jurídico, se resaltan apartes que aluden a tal modalidad, es claro que para el asunto en particular, no se reclamó como prueba única el mencionado documento, pues obsérvese que el ad quem esencialmente estimó que “resultaba forzoso para Suramericana darse a la tarea de comprobar, por lo menos, el pago que alegó”, y luego sostuvo que la actora “no cumplió con la comentada carga probatoria, pues el expediente no reporta elemento de juicio alguno, debidamente recaudado”, argumentación esta que plantea la posibilidad de que dicho acto se probara sin la restricción denunciada, y conforme a ello es evidente que no se afectó el principio de “libertad probatoria”.

b) Con relación a la desestimación del valor probatorio del “comprobante de egreso”, en consideración a que provenía de la misma parte actora, sin que obrare impresa la “firma o sello atribuibles a la entidad beneficiaria de ese desembolso”, estima la impugnante que se equivoca el juzgador, porque da a entender que “la única prueba válida es la que provenga del tercero asegurado (…) [en la que reconozca] haber recibido el pago”, por lo que desconoce el aludido postulado consagrado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil.

Sobre el particular, se aprecia que no se han transgredido las señaladas reglas probatorias, porque tal como antes se dijo, el sentenciador no es que haya descartado el documento en mención como elemento de convicción, sino que le restó eficacia demostrativa en razón de haber sido creado sin que el tercero beneficiario de la obligación en ese instrumento reflejada apareciera suscribiéndolo o avalando su contenido con la impresión de un sello.

Es tan evidente que el fallador no adoptó el criterio restrictivo que le atribuye la censura, pues luego de plasmar las citadas reflexiones, asumió la labor de valorar otros elementos de juicio, tales como la “solicitud de indemnización”, y los instrumentos allegados por “Molinos Florhuila S.A.”, al igual que el testimonio de Octavio Tovar Medina, sin que encontrare satisfecho el requisito echado de menos, esto es, la acreditación del “pago de la indemnización por el asegurado al beneficiario”.

Además, cabe acotar que la falta de reconocimiento por el tribunal del mérito probatorio del pluricitado “documento contable”, no implica el desconocimiento de pautas probatorias consagradas en las normas del régimen probatorio invocadas por la censura, ni las que puedan derivarse de las disposiciones regulatorias de lo atinente a los libros de comercio y documentos de contabilidad, puesto que el examen lo centró en el contenido material del señalado instrumento, y dado que no le proporcionó la convicción necesaria acerca del hecho de haberse realizado el pago de la indemnización por el siniestro a la asegurada “Molinos Flor Huila”, no entró a ocuparse de lo concerniente al aspecto jurídico del mismo, por lo que cabría sostener que el reproche luce desenfocado.

En ese sentido, obsérvese que el juzgador ad quem claramente expresa, que el instrumento firmado por el representante legal de la nombrada sociedad, “por su contenido corresponde, no a una constancia de pago, sino a la solicitud de indemnización que dicha entidad habría hecho a la aseguradora”, y figura creado con antelación a la fecha del “supuesto desembolso, por manera que de la verificación del mismo no puede dar fe”, y respecto del “comprobante de egreso”, asevera que “aunque sí hace expresa alusión al pago del siniestro”, no le reconoce eficacia para la acreditación de tal hecho, al constatar que “fue creado por la misma aseguradora y en él no se avizora firma o sello atribuibles a la entidad beneficiaria de ese desembolso”, aspectos estos ligados al “contenido material” del documento, mas no a las reglas jurídicas probatorias, de ahí que no sea admisible el planteamiento de la crítica al amparo del “error de derecho”.

c) De otra parte, en razón a que en los cuestionamientos se denuncia el desconocimiento de normas sobre aspectos probatorios relativos a los “libros y documentos contables”, se torna pertinente precisar, que no obstante que de conformidad con el precepto 51 del Código de Comercio, el aludido “comprobante de egreso” es “parte integrante de la contabilidad”, y que al tenor del artículo 68 ibídem, “[l]os libros y papeles de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente”, es evidente que para la verificación del concepto que se resalta, además del asiento de la respectiva partida en los libros y de que estos se llevan con ajuste a las prescripciones legales (arts. 51 y 70 ibíd.), necesariamente ha de examinarse el <contenido material> de tales elementos de juicio, para determinar si mediante su aducción el aporte satisface la carga probatoria que la ley le impone.

Lo anterior implica, que también en ese pasaje de la crítica, se advierte la inobservancia de la técnica casacional, en cuanto se pretende el reconocimiento de un “error de derecho”, en un escenario donde el tribunal, no apoyándose en aspectos jurídicos del régimen de los medios de convicción, sino a partir del análisis de factores ligados al texto de los aludidos documentos, les desconoció mérito probatorio, al no acreditar de forma completa la realización del pago, por lo que el reparo en cuestión no es procedente.

6. Corolario de las anteriores reflexiones es la desestimación de la acusación contenida en los dos embates formulados, puesto que ninguno de estos tiene la potencialidad jurídica de desvirtuar las conclusiones probatorias que le sirven de sustento a la decisión impugnada.

7. Al tenor del último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, la recurrente responderá por las “costas procesales”, y para la fijación de las “agencias en derecho” se tendrá en cuenta la circunstancia de que la opositora replicó en tiempo la demanda de casación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 4 de julio de 2012 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido Seguros Generales Suramericana S.A. contra Telesentinel Limitada.

Condenar en costas en el presente trámite extraordinario a la recurrente, e inclúyase en su liquidación la cantidad de seis millones de pesos ($ 6.000.000) por concepto de agencias en derecho.

Devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese.»