Sentencia SC10051-2014 de julio 31 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 47001-31-03-004-1997-00455-01

SC10051-2014

Magistrada ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Bogotá, D.C., treinta y uno de julio de dos mil catorce.

(Aprobado en sesión de siete de julio de dos mil catorce)

EXTRACTOS: «CONSIDERARIONES(SIC)

Por lo expuesto, la acusación planteada no prospera.

CARGO SEGUNDO

Con apoyo en la causal 2ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente acusa el fallo del ad quem de no estar en “consonancia con las pretensiones primera (1ª), segunda (2ª) y tercera (3ª) de la demanda de deslinde”, al confirmar los numerales 2º a 9º de la providencia de primer grado.

En procura de acreditar el señalado error in procedendo, el libelista expone lo que a continuación se compendia.

Luego de transcribir los preceptos 304, 305, 461, 464 del Estatuto Procesal Civil y 900 del Código Civil, al igual que lo resuelto por el a quo en los precitados “numerales” y referir los hechos 2 a 6 del libelo en el que se depreca el “deslinde”, el censor expresa que la incongruencia surge de que la CNT pidió “practicar el deslinde y amojonamiento de los predios de mi mandante” y lo resuelto fue “practicar [tal diligencia] (…) entre el predio El Charquito, por una parte, y los predios Lote 1 y Lote 2, por otra”; que así mismo, frente a la pretensión de “fijar sobre el terreno los linderos de los predios referidos”, el ad quem dispuso “fijar sobre el terreno linderos diferentes al predio referido en la demanda de deslinde como de propiedad de la CNT”, y finalmente, respecto de la aspiración de la entidad actora de “dejar a mi mandante en posesión real y material de su predio”, el juzgador resolvió “dejar a la CNT en posesión real y material de una franja de terreno comprendida dentro de un predio diferente al que en el hecho 2 de la demanda y en los títulos invocados denunció como suyo”.

Refiere que en el hecho 2 de la “demanda de deslinde” se identificó y describió el predio “Salinas Marítimas de Pozos Colorados”, se hizo alusión al instrumento público 3539 de 29 de septiembre de 1978 de la Notaría 14 del círculo de Bogotá y se transcribieron los linderos consignados en su cláusula 2ª, indicándose en los “hechos 3º y 6º” que la zona disputada se halla exclusivamente “dentro del predio descrito en el hecho 2 de la demanda”, no “dentro de ningún otro inmueble, ni mucho menos dentro de un predio denominado lote número dos, descrito en la cláusula 5 de la [mencionada escritura], ni se solicitó que el deslinde se practicara con base al título por el cual adquirió el opositor demandante, o que se utilizara plano topográfico alguno”.

Agrega que cuando los peritos acudieron al referido plano, supuestamente protocolizado en aquella “escritura pública”, “dictaminaron que muchos de los datos que contiene dicho plano, ‘no correspondían a los que aparecían en las escrituras’” y que con antelación habían informado que la heredad “Salinas Marítimas de Pozos Colorados” estaba integrado por los lotes números “uno” y “dos” y que dentro de éste último “está incluido El Charquito”, omitiendo aquellos dictaminar, y el ad quem apreciar que “verdaderamente, plano y cláusula 5º hablan realmente es de tres (3) lotes de terreno denominándose el tercero de ellos la zona de ferrocarril”, la que se encuentra ubicada dentro de los dos anteriores.

Que a pesar de lo pedido por la CNT, el Tribunal acudió al título del demandante “no solo para encontrar establecido que los predios sí eran colindantes, sino (…) para asignarle a la entidad demandante en deslinde y amojonamiento, por las vías de hecho, sin que materialmente existiera en los autos documentos que lo demostrara, un derecho de dominio, propiedad y posesión material sobre la franja discutida”, bajo el argumento de que sin tener derecho, aquel extendió sus linderos más allá de lo que se le otorgó en el proceso de pertenencia y recortó los de “Salinas Marítimas de Pozos Colorados”, cuando el fallador ha debido efectuar la delimitación con base en los linderos verificados en diligencia de deslinde y “que aparecían en el título del derecho de dominio invocado y acompañado en la demanda de deslinde y amojonamiento por el demandante (CPC, art. 461, num. 1º) y que fueron plasmados en las respectivas actas de esas fechas y en el hecho 2 de la demanda de deslinde, como los identificativos del contenido espacial del predio de su propiedad”.

A partir de lo expuesto, pide casar la sentencia del ad quem y en su reemplazo revocar la del a quo para aceptar las pretensiones de su demanda de oposición.

CONSIDERACIONES

1. El principio de congruencia de los fallos judiciales se halla consignado en el artículo 305 del Estatuto Procesal Civil, norma que demarca el ámbito dentro del cual el sentenciador ejerce su poder decisorio e impone que lo resuelto en el fallo observe absoluta correspondencia “con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que [tal] Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.

Sobre el particular, la Sala en sentencia CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493 recordó:

la inconsonancia de la sentencia constituye un vicio de procedimiento que puede revestir tres formas diferentes: ‘como esta norma procesal (CPC, art. 305) establece un determinado comportamiento del juez al proveer, la inobservancia de ella por parte de éste implica un vicio de actividad que se traduce en el pronunciamiento de un fallo incongruente, ya sea porque en él decide sobre cuestiones no pedidas (extra petita) o sobre más de lo pedido (ultra petita), u omite la decisión en todo o en parte, acerca de las pretensiones o de las excepciones (…)’ [citra petita].

2. Para establecer si se estructura el segundo motivo de casación consagrado en el precepto 368 del CPC, se deben contrastar los supuestos fácticos, las súplicas y las defensas propuestas, con la parte resolutiva de la determinación impugnada, sin perjuicio de los eventos en los que el legislador autoriza pronunciarse oficiosamente, pues el resultado que arroje tal ejercicio es lo que permite determinar si la providencia rebasó los contornos de los aludidos actos procesales, si ello implicó que la misma fuera “ultra, extra o citra petita” y de contera, si se cometió tal yerro in procedendo.

3. En el presente asunto, se recuerda, la entidad actora CNT solicitó llevar a cabo el “deslinde y amojonamiento” entre los predios denominados “Salinas Marítimas de Pozos Colorados” de su propiedad, y “El Charquito” de R... P... D.. R..., a lo cual se accedió en diligencia de 3 de febrero de 1995 (fls. 195-201 cdno. 1), demarcación que avaló el ad quem en el fallo impugnado extraordinariamente confirmatorio del de primer grado que “ratific[ó] la línea divisoria” indicada en aquella oportunidad.

El censor advierte incongruente la decisión del Tribunal debido a que el deslinde no se realizó con base en los datos insertos en los títulos del demandante, sino del accionado y por ello terminó, no solo fijando linderos distintos a los que ostenta el llamado “Salinas Marítimas de Pozos Colorados”, sino que dejó en posesión a la CNT de un terreno que no le pertenece, no obstante que en la “demanda de deslinde” se identificó y describió esta heredad, a la vez que los peritos dictaminaron que muchos de los datos insertos en el plano del citado inmueble, “no correspondían a los que aparecían en las escrituras”, a más de hallarse integrado por los lotes números “uno” y “dos” y que dentro de éste último “está incluido El Charquito”, aunque los expertos omitieron “dictaminar”, y el ad quem “apreciar” que en realidad se trata “de tres (3) lotes de terreno denominándose el tercero de ellos la zona de ferrocarril”, ubicado dentro de los dos anteriores.

4. Al adentrarse la Corte en el estudio del embate, se evidencia la improcedencia del mismo dado que en el fondo, lo planteado involucra la apreciación de los elementos materiales de prueba incorporados a la actuación y en esa medida, el yerro no sería in procedendo, sino in judicando, denunciable por la causal primera de casación.

En efecto, para sustentar el mencionado error de actividad, el impugnante alude entre otros aspectos, a que en el hecho 2º de la “demanda de deslinde” fue descrito el predio “Salinas Marítimas de Pozos Colorados”, habiéndose transcrito los linderos consignados en la cláusula 2ª de la escritura pública 3539 de 29 de septiembre de 1978 de la Notaría 14 del círculo de Bogotá y que en los “hechos 3º y 6º” del escrito introductorio se describió la zona disputada y a pesar de ello, se trazó la línea divisoria desatendiendo esos datos y con soporte en el título del convocado.

Como puede apreciarse, el censor ataca es la providencia adoptada en la diligencia que dispuso la delimitación y no la sentencia objeto del recurso extraordinario de casación que desató la oposición al deslinde.

Adicionalmente, cabe señalar que la determinación del Tribunal no fue inopinada, sino que la adoptó con base en los medios de convicción aducidos al proceso, fundamentalmente la decisión judicial que declaró a J... J... P... G... titular del derecho de dominio de una fracción del inmueble conocido como “El Charquito”, y las “inspecciones judiciales” realizadas a los fundos involucrados, de donde entonces, ese análisis de los medios de persuasión, descarta la equivocación propuesta.

Respecto del dislate y la temática esbozada, la Sala, en sentencia CSJ SC, 2 jun. 2010, rad. 1995-09578-01, sostuvo:

‘(…) la falta de consonancia (…) ‘ostenta naturaleza objetiva, al margen de las consideraciones normativas, la valoración probatoria o eventuales yerros de juzgamiento, y no se estructura por simple divergencia o disentimiento con la decisión’. A este propósito, tiene dicho la Sala que, ‘la trasgresión de esa pauta de procedimiento no puede edificarse sobre la base de controvertirse el juzgamiento del caso, porque el error se estructura, únicamente, tratándose de la incongruencia objetiva, cuando se peca por exceso o por defecto (ultra, extra o mínima petita)’ (…). Del mismo modo ‘…nunca la disonancia podrá hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuestión sub judice de manera diferente a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de estas…’ (XLIX, 307), ‘la carencia de armonía entre lo pedido y lo decidido, referida como es al contenido de la sentencia, ha de buscarse, en línea de principio, en la parte resolutiva de la misma, ‘pues la causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo (…).

‘(…) En cuanto a esta particular cuestión, tiene dicho la Sala ‘que la causal segunda de casación se halla instituida para enmendar el vicio de procedimiento que se presenta cuando el sentenciador, por exceso o por defecto, se aparta del cuadro de instancia que traza la demanda y las excepciones propuestas por el demandado o que el juez deba declarar de oficio; en lo que concierne con la presente acusación, en verdad, un fallo puede resultar incongruente, en la especie extra petita, si decide sobre algo que no fue pedido en la demanda o con respaldo en hechos no fundantes de la misma, pues la actividad del juez debe ceñirse a los hechos y pretensiones consignados en el libelo introductor, según dispone el artículo 305 del CPC. Pero tal conducta reprochable como constitutiva de error in procedendo, se detecta cuando el fallador, sin referirse a los términos ni al contenido de la demanda, esto es sin mediar ningún juicio sobre la misma ni sobre la interpretación que debe dársele, decide el litigio a partir de peticiones no formuladas en la demanda, ni expresa ni implícitamente, a las cuales alude el fallo de sopetón y de modo inopinado para las partes, revelándose allí un proceder que, por abrupto, muestra inmediatamente la trasgresión de los límites que configuran el litigio llevado a conocimiento de la jurisdicción. Si, por el contrario, el sentenciador se pronuncia en un determinado sentido como consecuencia de haber apreciado e interpretado la demanda, a raíz de lo cual fija los hechos y peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce, y como consecuencia de ese ejercicio cae en la equivocación consistente en considerar uno o varios hechos ajenos a la causa o en definir una petición que no le ha sido formulada, deviene la ocurrencia de un error de juicio –error in judicando–, como que en tal caso el fallador no ha obrado de manera impensada, para cuya enmienda se halla establecida la causal primera de casación’ (Sent. cas. civ. de 8 de abril de 2003, expediente 7844).

‘En idéntico sentido, ‘la diferencia entre el error in procedendo, tipificador de la incongruencia, y el error de hecho en que se pueda caer al apreciar la demanda, propio de la causal primera de casación, no se ha desdibujado a raíz de la innovación introducida al citado numeral 2 del artículo 368, ya que en el primer evento el juzgador, al considerar los hechos sustentantes de la pretensión, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para tomar únicamente en cuenta aquéllos que, de acuerdo con su personal criterio, resultan dignos de ser valorados. En la segunda hipótesis, por el contrario, el juez parte de obedecer la regla que le habla de la sujeción a los hechos de la demanda, más cuando pretende fijar el sentido de la misma resulta alterándolos siendo éste el motivo por el cual aquí ya no se ha atinado hablar de desatención o prescindencia de la demanda’.

5. Por lo expuesto, el reproche planteado no prospera.

CARGO CUARTO

1. Con respaldo en la primera causal del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el actor acusa el fallo del Tribunal de quebrantar indirectamente los artículos 673, 762, 765, 780, 2512, 2513, 2517, 2518, 2527 y 2531 del Código Civil y 407 del Código de Procedimiento Civil, por errores de hecho derivados de la apreciación de la demanda ordinaria de oposición al deslinde, lo que condujo a inaplicar las disposiciones reguladoras de los derechos de posesión y prescripción como medios para adquirir el dominio de las cosas.

2. En sustento de dicha acusación, el censor expone lo que seguidamente se compendia:

No obstante que en el libelo genitor se plantearon pretensiones autónomas e independientes, el sentenciador creyó que se trataban de consecuenciales o dependientes unas de otras y no tuvo en cuenta su afirmación de que había adquirido por usucapión extraordinaria la franja de terreno discutida, para lo cual dirigió su actividad a probar los actos de señorío, los que fueron declarados por D... R...

Agrega que también controvirtió la eficacia y legalidad del título con el que el demandante del deslinde respaldó su derecho, así como los linderos plasmados en las escrituras públicas que constituyen los antecedentes jurídicos de ese título y su confrontación con el plano protocolizado en la nº 3539, pretendiendo demostrar que la porción de tierra discutida no hace parte del predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados y que por ello, esta no puede reputarse como de propiedad de la CNT, y tampoco imprescriptible.

Recuerda que sus peticiones se dirigieron a que “se declare que a J... J... P... G... le asiste el derecho a conservar en su poder la franja de terreno objeto de la oposición al deslinde, por (…) haber sido adquirida ésta por éste por usucapión extraordinaria por haberla poseído y explotado pacífica, pública, continua e ininterrumpidamente por más de 20 años con ánimo de señor y dueño [al] pertenecer esta al predio El Charquito”, y que por tanto, “se modifique la línea divisoria trazada en la diligencia del 3 de febrero de 1995 por el despacho de conocimiento, para que se señale en el lugar en que se hallaba el día 19 de marzo de 1995, fecha en que se da inicio a la referida diligencia”, y subsidiariamente pidió “las mejoras puestas en la franja de terreno objeto de la correspondiente oposición (…)”.

Agrega que frente a tales aspiraciones, la Corporación ad quem “tenía el deber legal de pronunciarse”, despachando favorablemente una de ellas; sin embargo, interpretó erróneamente el libelo introductorio, alteró su contenido objetivo y omitió su análisis, pues se consideró “relevada de estudiar la solicitud de usucapión planteada por el opositor como una de sus pretensiones de la demanda ordinaria”, vulnerando así las disposiciones invocadas y los derechos del accionante a que se declare que adquirió la señalada franja de terreno por prescripción adquisitiva de dominio, a la vez que estimó injustificada la oposición al deslinde y le reconoció a la CNT derechos inexistentes.

Denota que frente a la petición del opositor de que se declare la usucapión a su favor, la CNT presentó demanda de reconvención solicitando la reivindicación de la zona que dijo ser la discutida, pero como el Tribunal eliminó aquel pedimento, cometió yerro trascendente, puesto que la defectuosa apreciación del escrito introductorio lo llevó a confirmar el fallo del a quo y a denegar las pretensiones, revocando el numeral 1º de la sentencia apelada “por inexistencia del petitum, respecto a la pretensión de la usucapión” y a considerarse relevado de estudiar tal solicitud.

CARGO QUINTO

1. Fundado en la primera causal del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el actor acusa la sentencia del Tribunal de quebrantar indirectamente los preceptos 673, 762, 765, 780, 900, 1495, 1501, 1618, 1622, 1849, 1857, 1866, 1867, 1871, 1874, 1875, 1880, 1884, 1889, 2512, 2513, 2517, 2518, 2527 y 2531 del Código Civil, 407 y 461 de la inicial normatividad citada, por errores de hecho derivados de la “defectuosa apreciación de algunas pruebas y en la falta de apreciación de otras”.

2. El censor en pro de acreditar la existencia de los yerros denunciados, expone lo que a continuación se extracta:

a) No dio por demostrado estándolo, que las experticias practicadas en desarrollo del proceso “dictaminaron que las escrituras públicas que constituyen los títulos antecedentes del predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados, presentan inconsistencias que impiden la coincidencia en un plano de todos sus costados, y que la franja objeto de la oposición no está comprendida dentro de dicho inmueble”; igualmente, al dar por acreditado, sin que así fuere que la aludida “franja”, integra aquella heredad.

b) “No dar por demostrado, estándolo” que en las peritaciones efectuadas a aquel inmueble e incorporadas como pruebas trasladadas “se dictaminó que la franja objeto de la oposición no hace parte del predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados”.

c) “No dar por demostrado, estándolo” que el instrumento público 674 de 9 de abril de 1987 de la Notaría 2ª de Santa Marta, la Resolución 0555 de 21 de mayo de 1993 del Ministerio de Comercio Exterior, las escrituras 0717, cláusula 1ª de 26 de febrero de 1971 y 3539 “cláusulas 2º y 3º” de 29 de septiembre de 1978 de las “Notarías 2ª y 14 de Bogotá”, respectivamente, la hoja 2 del folio de matrícula inmobiliaria nº 080-2251 y el contenido del hecho 2 de la demanda de deslinde permiten determinar “el verdadero y único contenido espacial del predio vendido con señalamiento de linderos y como un cuerpo cierto, denominado Salinas Marítimas de Pozos Colorados” y que dentro de los linderos de este “no está comprendida la franja objeto de la oposición al deslinde, que fue pedida en prescripción por el opositor”.

d) “Dar por demostrado, no estándolo” que el inmueble “Salinas Marítimas de Pozos Colorados” adquirido por la C... N... D.. T... en los términos de la “cláusula 2º de la escritura 3539 del 29 de septiembre de 1987, de la Notaría 14 de Bogotá, y declarado como cuerpo cierto en la cláusula 3º de esa misma escritura, geográfica y espacialmente se identifica por los linderos contenidos en la cláusula 5º, como conformado por el lote número uno y el lote número dos, quedando comprendida dentro del lote número dos la franja objeto de la oposición al deslinde. Alteró el contenido material de la referida escritura con agregados que no aparecen en ella, (el que el cuerpo cierto Salinas Marítimas de Pozos Colorados está conformado por todo el contenido dentro de los linderos de la cláusula 5º) suponiendo la prueba del hecho equivocadamente añadido”.

e) Indica, citando casación de 22 de junio de 1989, que en los juicios de deslinde, la prueba principal que ha de tenerse en cuenta de preferencia, es la que se deriva de los títulos de propiedad que establezcan en el sitio la prolongación y el límite, dado que esta clase de actuaciones no pueden confundirse con las de reivindicación del dominio y que si en un proceso ordinario de deslinde una parte pretende demostrar con testimonios que ha estado en posesión de la porción de terreno disputada y la otra quiere acreditar esa situación con título inscrito, debe prevalecer este último medio de persuasión, precisando que en el presente caso, la CNT “carece de título inscrito que respalde derecho de dominio sobre las áreas geográficas ocupadas por la franja objeto de la oposición, la cual fue pedida en prescripción por el opositor al deslinde”.

f) Invocando fallo de 21 de octubre de 1954 de esta Corporación, dice que las declaraciones que una persona haga en un instrumento público respecto de la extensión de los linderos de un inmueble, no puede perjudicar a los dueños de los predios vecinos, por lo que en este caso el cambio que se hizo en la cláusula quinta de la escritura 3539 del 29 de setiembre de 1978 en la que se modificó la medida de los límites del “predio Salinas Marítimas de Pozos Colorados