Sentencia SC10122-2014 de julio 31 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 11001-3103-006-2001-00633-01

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Marina Díaz Rueda

Aprobada en sesión de siete de julio de dos mil catorce)

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014).

EXTRACTOS: « Consideraciones

1. Ha de memorarse que la actora solicitó declarar la existencia de un contrato de “mandato oculto o sin representación” celebrado entre Edgar Luna Rodríguez, como “mandante” y Luz Marina Villamil Torres, en calidad de “mandataria”, en virtud del cual aquel le entregó dineros a esta para adquirir el cincuenta por ciento del local de la “calle 63 Nº 13-76”, y también con el propósito de que rematara la mitad del predio de la “calle 63 # 13-74/78”, en proceso tramitado en el Juzgado 23 Civil del Circuito de esta ciudad, actos que se concretaron, habiéndose registrado los respectivos títulos.

2. El Tribunal ratificó la decisión desestimatoria de las pretensiones, esencialmente al verificar la falta de demostración de los hechos fundamento de las mismas, al quedar expósitos de prueba los elementos concernientes a la estructuración del citado convenio, los que en grado de certeza no halló en los documentos aportados ni en los testimonios recibidos, percibiendo que los deponentes no descartaron que se hubiere podido configurar un negocio jurídico distinto, verbi gratia, donación, pago de deudas o simplemente la adquisición de bienes para la sociedad patrimonial.

3. Por su lado la censura encauza las críticas a través de los dos embates reseñados, enrostrándole al ad quem la apreciación defectuosa de los testimonios recibidos y de la escritura pública donde consta la compra de una cuota parte del citado inmueble, como también del certificado de tradición, y le recrimina por haber dejado de valorar el acta del remate en mención, así como algunos hechos de la demanda que estima precisan lo del “mandato oculto”, el informe sobre los resultados de la citación a la accionada para su notificación, y la providencia con la que se le sancionó por su inasistencia a la referida audiencia.

4. En razón a que en el litigio se discutió sobre la existencia de un “contrato de mandato oculto”, de naturaleza civil, puesto que no se relaciona con supuestos que permitan darle la connotación de convenio mercantil, y que los cuestionamientos de la impugnante guardan relación con aspectos atinentes al tema a probar, resulta ilustrativo examinar el marco jurídico que regula dicho acuerdo, al igual que su entendimiento jurisprudencial.

a). Acerca del “mandato” en general, el artículo 2142 del Código Civil, en lo pertinente prevé que “es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera”, y conforme al 2149 ibídem, tiene el carácter de consensual, al prescribir que “[e]l encargo que es objeto del mandato puede hacerse por escritura pública o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro modo intelegible, y aun por la aquiescencia tácita de una persona a la gestión de sus negocios por otra”; así mismo, el 2177 del citado ordenamiento, consagra que “[e]l mandatario puede, en ejercicio de su cargo, [contratar] a su propio nombre o al del mandante; si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al mandante”, habiéndose inferido de la última norma reseñada, la posibilidad del denominado “mandato oculto”, entendida esta expresión en el ámbito de la “relación negocial” del “mandatario” y del tercero con quien celebra el convenio “a su propio nombre”, sin informarlo del vínculo con el “mandante”.

b). En el universo de posibilidades válidas para ajustar el susodicho negocio jurídico, en principio se advierten como de importancia para su demostración, entre otros aspectos, la identificación de las partes, esto es, el “mandante” y el “mandatario”; el objeto, en cuanto a establecer la gestión por aquel a este encomendada, en lo atinente al o los negocios jurídicos en cuya ejecución él tiene interés; las instrucciones otorgadas para su cumplimiento, y de ser el caso, la forma como se reintegrarán al patrimonio del primero nombrado, los derechos obtenidos en desarrollo del encargo, en el evento de que el “mandatario hubiere contratado a su propio nombre”.

c). Esta corporación, en fallo CSJ SC, 16 dic. 2010, rad. 2005-00181-01, acerca del mencionado acuerdo, en lo pertinente sostuvo:

El contrato de mandato, (...), es acuerdo dispositivo de intereses, por cuya inteligencia, una parte denominada mandante, ‘confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera’ (C.C., art. 2142), el mandatario puede contratar ‘a su propio nombre o al del mandante; si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al mandante’ (art. 2177, ib.), (...).

En uno u otro caso, el mandato podrá contener o no la representación.

Cuando es representativo, el mandatario actúa en nombre, por cuenta y riesgo del mandante, invocando, dando a conocer o haciendo cognoscible esta condición (contemplatio domini), los efectos jurídicos del acto o negocio jurídico celebrado, concluido o ejecutado dentro de los precisos límites, facultades y atribuciones otorgadas en el poder (procura), tanto inter partes cuanto respecto de terceros, recaen en forma directa e inmediata sobre el patrimonio del dominus, titular exclusivo de los derechos y sujeto único de las obligaciones, por ende, de las acciones y pretensiones inherentes, como si hubiera actuado e intervenido directa y personalmente.

La actuación en nombre ajeno, en forma de conocerse por todos el mandante representado, caracteriza el tipo contractual, y en consecuencia, evidencia la sustitución.

Se trata, por lo tanto de una hipótesis de legitimación dispositiva extraordinaria, por cuya virtud un sujeto puede disponer de los intereses de otro, y comprometer su esfera jurídica, derechos y patrimonio.

Contrario sensu, en el mandato no representativo, en rigor, el mandatario carece de la representación del mandante, y por consiguiente, actúa a riesgo y por cuenta ajena pero en su propio nombre, en cuyo caso, se presenta como parte directa interesada y frente a terceros figura como titular de los derechos, es sujeto pasivo de las obligaciones, ostenta la posición de parte, tiene legitimación jurídica para exigirlos y está sometido a las acciones y pretensiones respectivas.

La figura legis, precisa que el agente, no obstante actuar por cuenta ajena en virtud del encargo de gestión, lo hace en nombre propio, ya por expresarlo, bien por ausencia de claridad y precisión al tratar con tercero, en cuyo caso, los efectos del acto se radican exclusivamente en su patrimonio. Naturalmente, la fisonomía del mandato no representativo, comporta al interés final del mandante y, por lo mismo, en definitiva sobre su patrimonio recaerán las consecuencias benéficas o adversas de los actos o negocios comprendidos en el encargo de gestión, ejecutado por su cuenta y riesgo, aunque en nombre propio por el mandatario.

Distinta es la hipótesis del mandato ‘oculto’, el cual se presenta, según expresa el simple nomen, cuando se esconde, no se indica, ni da a conocer o hace cognoscible a terceros, verbi gratia, el mandatario celebra o ejecuta el acto como suyo, en su nombre, a riesgo propio, y por su propia cuenta, sin expresión o mención alguna del mandato ni del mandante.

Esta conducta puede obedecer a la imposición del poder, instrucciones del dominus o iniciativa del mandatario, en cuyo caso, los efectos del acto se radican en este porque el dueño del interés permanece oculto al tercero y el mandato o la procura en estas condiciones no le es oponible, salvo que llegue a conocerlo y lo invoque para prevalecerse.

La ocultación puede versar sobre el mandato con o sin representación, porque basta, ocultarlo, cualesquiera sea.

Mas en tal caso, existe mandato, y por ende, un verdadero acto dispositivo correspondiente al negocio jurídico celebrado entre mandante y mandatario, así permanezca oculto a terceros.

Justamente, el mandato oculto, ya representativo, ora carente de la representación, configura un evento de interposición real, verídica y cierta.

5. Tienen trascendencia para la decisión que se está adoptando los elementos de juicio que enseguida se relacionan.

a). Registro civil de nacimiento de Edna Rocío Luna Quijano, donde consta que en la “sentencia de 15 de junio de 1999” del Juzgado 18 de Familia de Bogotá, se declaró que es hija extramatrimonial de Edgar Luna Rodríguez (c.1, fl.17), de quien se demostró su fallecimiento el “30 de mayo de 1994”, con la respectiva partida de defunción (cdno.1, fl.16).

b). Copia autenticada de la E.P. Nº 1616 de 3 de marzo de 1992 de la Notaría 5ª de esta ciudad, en la que se plasmó el “contrato de compraventa” celebrado entre Jorge Humberto Charry Montealegre, como vendedor, y “Luz Marina Villamil Torres”, en calidad de compradora, respecto del “cincuenta por ciento (50%) del local distinguido con el número trece setenta y seis (13-76) de la calle sesenta y tres (63) de la actual nomenclatura de Santafé de Bogotá, inmueble que hace parte de uno de mayor extensión, (...) [al] que le corresponde la matrícula inmobiliaria número 050-0595895”, indicándose que la adquirente pagó en efectivo por concepto del precio la suma de $ 5’500.000 (cdno.1, fls.5-7).

c). Certificado de tradición y libertad del predio con matrícula 50C-595895 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá zona centro, en el que figura en la anotación nº 18 la inscripción del reseñado título; en la nº 20 la adquisición por parte de “Luz Marina Villamil Torres”, del 50% del inmueble, en remate practicado por el Juzgado 23 Civil del Circuito de esta ciudad, por $ 26’452.300, aprobado mediante providencia de 14 de abril de 1994, y en la nº 23, la división material consignada en la E.P. nº 4470 de 20 de septiembre de 1995 de la Notaría 13, efectuada por las comuneras Compañía Comercial e Industrial La Sabana Avesco Ltda. y la antes nombrada, adjudicándosele a aquella el “lote #13-74 con matrícula 1417632” y a esta el “lote #13-78 con matrícula 1417631” (cdno.1, fls.8-10).

d). Aviso de citación para la accionada, recibido el 15 de noviembre de 2001 por Janeth Luna, y como la requerida no compareció a notificarse de la admisión de la demanda, previo su emplazamiento, se le designó curador ad litem.

e). Acta de la audiencia preliminar de 3 de marzo de 2004 (cdno.1, fl.71), en la que se indica que no se presentó la demandada “Luz Marina Villamil Torres”, y proveído de 23 de dicho mes y año, con el que se le sancionó con multa debido a la falta de justificación de su inasistencia (cdno.1, fl.72).

f). Declaración de Orlando Quijano, quien dijo tener la profesión de abogado y ser tío de la actora, habiendo informado que cuando él se graduó, “Edgar Luna Torres” le solicitó que lo asesorara y durante más de 18 años fui su abogado de cabecera, no había negocio que él hiciese sin el visto bueno que yo le diera, y debido a las actividades que él ejercía, siempre me decía que todos los bienes se los hicieran a nombre de la compañera permanente Luz Marina Villamil Torres, los dineros para adquirir los bienes que le encomendaba que comprara Luz Marina para él no aparecer eran fruto de su actividad comercial y que recuerdo yo le hice los trámites para adquiri[r] derecho de herencia y de propiedad en una casa del Polo Club, le hice los trámites para que mediante Luz Marina Comprara propiedad y derechos litigiosos, no recuerdo exactamente se hizo negocio jurídico sobre un inmueble en la calle 63 entre carrera 13 y 14, le hice los trámites para que comprara unos derechos litigiosos que perseguía en la casa de la calle 63, lo asesoré para que comprara los derechos litigiosos laborales, cuando él muere esos créditos laborales se los pagó a la señora Luz Marina Villamil, a través de abogado que de común acuerdo habíamos conseguido con Edgar, de nombre Jorge Serrano, no sé si Edgar tenía otros negocios, otros asesores, lo único cierto y no porque se trate aquí de mi sobrina sino ante dios porque fue así, yo lo asesoré para que con poder a nombre de Luz Marina, Edgar comprara la casa del Polo, y los derechos del inmueble calle 63 #73,74, (...); acerca de la capacidad económica de la demandada, refirió “que la plata para atender a los hijos se la daba Edgar, ella era ama de casa, y si ella hacía inversiones era porque Edgar le daba la plata, y lo digo porque por más de 15 años iba a la casa”; al indagársele si se pudo haber presentado simulación, comentó que “[l]as transacciones que yo le asesoré a Edgar se las hacía a nombre de Luz Marina, buscaban ocultar que Edgar pudiese ser perseguido en su patrimonio por acreedores no se la teoría jurídica como ubique ese fenómeno si como disimulado absoluto o relativo o como un mandato sin que nadie se diese cuenta de ese mandato” (cdno.1, fls.81-83).

g). Testimonio de Luis Felipe Arana Gil, quien relató que “Edgar Luna” convivió con “Luz Marina Villamil Torres”, hace aproximadamente 35 años, ella colaboraba en los asuntos del hogar y en la industria que tenían tuvieron tres hijos en esa unión yo me desvinculé de ellos él tenía negocio de driles en el barrio Venecia, Facatativá, y en la calle 63 entre carrera 13 y 14 tenía una taberna, él contrató el cuñado doctor Orlando Quijano para que lo asesorara en todos sus negocios que iba a realizar, los bienes que compraba Edgar Luna lo hacía a nombre de la señora Luz Marina Villamil, tomando consentimiento del abogado Orlando Quijano, él le proporcionaba los dineros ella hacía los negocios a nombre de ella, habiendo manifestado además que la nombrada señora se ocupaba de las labores del hogar, sin que le hubiere conocido empleo, por su parte el compañero de ella, manejaba los negocios y atendía los gastos de su núcleo familiar.

6. En razón a que las acusaciones examinadas se fundamentan en la incursión del tribunal en “error de hecho” en la valoración de los medios de convicción, ha de precisarse que del inciso final del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que su eficacia para quebrar el fallo impugnado en casación, deriva de que sea manifiesto o protuberante, además de trascendente y que se concrete su demostración, en principio, valiéndose del cotejo o parangón entre el contenido de los medios de prueba apreciados erróneamente o cuya valoración se pretirió, con lo deducido de aquellos por el sentenciador, o lo que dejó de dar por acreditado, y con apoyo en una argumentación clara y precisa, revelar la contrariedad de las ideas obtenidas por el juzgador, con el verdadero sentido de las plasmadas en los elementos de juicio.

La jurisprudencia de esta corporación, acerca de la señalada modalidad de desatino, en fallo CSJ SC, 18 junio 2013, en lo pertinente memoró:

(...), al examinar los alcances del aludido requisito, ha reiterado de manera uniforme, entre otras, en la sentencia de 4 de abril de 2013, Exp. 2002-09414, que ‘(...), esta clase de desatino ‘(...) ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (...), es decir, acontece ‘a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento’ (...); siendo tal su notoriedad y gravedad, ‘cuando su solo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo cual ocurre en aquellos casos en que ‘el fallador está convicto de contraevidencia’ (...), ‘cuando el sentenciador se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (...), o en otros términos, ‘que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso (...)’ (...)’.

Así mismo, en el fallo de 5 de abril de 2011, Exp. 2006-00190, precisó que ‘(...) ‘Cualquier ensayo crítico en el ámbito probatorio que pueda hacer más o menos factible un nuevo análisis de la evidencia recogida, apoyándose en razonamientos que se estiman dotados de mayor consistencia crítica, no tienen la virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia, si no van acompañados de la prueba fehaciente del error por parte del sentenciador, error que debe aparecer manifiesto en los autos, (...) lo que supone que sea palmario; si el yerro, por el contrario, no es de esta naturaleza, si para advertirlo se requiere de previos y más o menos esforzados razonamientos, o si se manifiesta apenas como una posibilidad y no como una certeza, entonces, aunque se demuestre el yerro, ese suceder no tendrá incidencia en el recurso extraordinario, toda vez, que en esta materia donde hay duda no puede haber error manifiesto’ (...)’.

Igualmente, en la sentencia de 14 de octubre de 2010, Exp. 2002-00024, se expuso que ‘[e]n razón a que la causal invocada para romper el fallo impugnado se relaciona con la violación indirecta de la norma sustancial por error de hecho en la valoración de las probanzas, ha de tenerse en cuenta que en ese ámbito los jueces gozan de discreta autonomía para adoptar sus decisiones y las providencias con las que resuelven los litigios sometidos a su conocimiento llegan a la Corte precedidas de la presunción de verdad y acierto, por lo que la tarea de quien impugna obligadamente tendrá que estar dirigida a demostrar que la equivocación que se le enrostra a la actuación del ad quem es protuberante, es decir, que sea evidente la contrariedad de la determinación adoptada con la realidad que surge del proceso.(...).

‘La Sala ha señalado, que el aludido desacierto ‘(...) se estructura cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la única ponderación y conclusión que tolera y acepta la apreciación de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente’, ya que si la inferencia a la que hubiese llegado, ‘(...) luego de examinar críticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la lógica y lo razonable, en oposición a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las características de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situación no hay absoluta certeza del desatino cometido’ (...)’.

7. Al confrontar el contenido de los elementos de convicción que denuncia la censura no fueron valorados adecuadamente, con las apreciaciones del ad quem, se advierte la falta de demostración del “error de hecho” en que se fundan las acusaciones a que aluden los cargos examinados.

a). Obsérvese al respecto, que el abogado Quijano, en su testimonio dijo haberse desempeñado como asesor de “Edgar Luna Rodríguez”, durante más de 18 años, y como tal le daba el visto bueno a los negocios por él realizados, “y debido a las actividades que él ejercía, siempre me decía que todos los bienes se los hicieran a nombre de la compañera permanente Luz Marina Villamil Torres, los dineros para adquirir los bienes que le encomendaba que comprara Luz Marina para él no aparecer eran fruto de su actividad comercial”, y con relación al predio aludido en la demanda, manifestó que “yo lo asesoré para que con poder a nombre de Luz Marina, Edgar comprara la casa del Polo, y los derechos del inmueble calle 63 #73,74”; en posterior respuesta, al preguntársele si se pudo haber presentado simulación, comentó que “[l]as transacciones que yo le asesoré a Edgar se las hacía a nombre de Luz Marina, buscaban ocultar que Edgar pudiese ser perseguido en su patrimonio por acreedores no se la teoría jurídica como ubique ese fenómeno si como disimulado absoluto o relativo o como un mandato sin que nadie se diese cuenta de ese mandato”; por su lado el deponente Arana Gil, reveló que el padre de la actora contrató el cuñado doctor Orlando Quijano para que lo asesorara en todos sus negocios que iba a realizar, los bienes que compraba Edgar Luna lo hacía a nombre de la señora Luz Marina Villamil, tomando consentimiento del abogado Orlando Quijano, él le proporcionaba los dineros ella hacía los negocios a nombre de ella.

En tanto que el Tribunal, no obstante haber reconocido que “Edgar Luna Rodríguez” adquiría bienes por intermedio de su compañera “Luz Marina Villamil Torres”, no halló evidencias reveladoras de las circunstancias fácticas acerca del encargo que la “mandataria” recibió, las instrucciones a ella impartidas para la gestión, la época de la entrega de dineros para cumplir la labor encomendada, interpretando así mismo que los deponentes no descartaron que se hubiere tratado de un acuerdo distinto al “mandato oculto”, por ejemplo, “donación, pago de deudas o simplemente que se tratara de adquirir bienes a nombre de la sociedad patrimonial de hecho”.

b). Al analizar los fundamentos de los citados reproches, es palpable que el impugnante no construye la argumentación necesaria y suficiente, a fin de evidenciar que la valoración del ad quem es desfasada, arbitraria, ilógica o contraevidente, pues omite realizar el análisis de los elementos de convicción, y exponer la lectura que estima revela las circunstancias concretas que le dan identidad al pretendido “mandato oculto”, por ejemplo, en lo concerniente a que efectivamente se hubiere encomendado una gestión por el “mandante” a la “mandataria”, el objeto de la misma, con indicación de los negocios jurídicos en cuya ejecución aquel tenía interés, las instrucciones —al menos algunas— otorgadas para su cumplimiento, y dada la modalidad que se afirma tuvo el aludido acuerdo, revelar la forma como se traspasarían al patrimonio del primero nombrado, los “derechos o bienes” adquiridos en desarrollo del encargo.

Con relación al último aspecto reseñado, cabe resaltar que en el contexto del pluricitado convenio, cuando el “mandatario” contrata a su propio nombre, ha sido erigida como una de sus obligaciones principales, la transferencia al “mandante” de los “derechos patrimoniales” obtenidos, de donde se desprende la importancia que tienen las estipulaciones a ese respecto, habiendo la Corte expuesto acerca de dicha prestación, lo siguiente:

Los efectos del mandato se reducen, entonces, a los que todo contrato produce, que para el caso son: el mandatario queda obligado a transferir al mandante todo beneficio que de los negocios con terceros derive (C.C., arts. 2182 y 2183), y el mandante, por su parte, debe proveer al mandatario de todo lo necesario para la ejecución del encargo, y reembolsarle los gastos razonables que la comisión le imponga (art. 2184 ib.), y adicionalmente se precisó, que “se trata de una obligación nacida ex contrato, para luego deducir el deber que tiene el mandatario de transferir los bienes que haya adquirido para el representado (...)” (CSJ SC, 16 feb. 1996, rad. 4575).

Refulge de las anteriores ideas, que lo relativo al trasmisión de los “derechos o bienes” obtenidos por el “mandatario” en desarrollo del “mandato oculto”, constituye un elemento diferenciador de las demás modalidades de tal negocio jurídico, por lo que resulta imprescindible su acreditación en la prueba de su existencia y para efectos de determinar sus efectos o consecuencias jurídicas.

c). Ahora, en virtud de que las supuestas partes del referido pacto, convivían como pareja, cabe acotar que es plausible la reflexión del tribunal atinente a que los negocios en los que aparece interviniendo la señora Villamil Torres, pudieron tener como propósito “otro tipo de relación jurídica como por ejemplo donación, pago de deudas o simplemente que se tratara de adquirir bienes a nombre de la sociedad patrimonial de hecho que también se le atribuye a la demandada con el causante”, y dado que la recurrente no propone ninguna crítica puntual acerca de dicho razonamiento, no le es posible a la Corte entrar a confrontar esa inferencia, con el contenido de los medios de persuasión, en virtud del principio dispositivo que orienta la casación, conforme al cual queda sujeta a los planteamientos de la censura.

d). Con relación a la escritura pública 1616 de 3 de marzo de 1992, y el certificado de tradición y libertad de la matrícula 50C-595895, tildados de haber sido defectuosamente apreciados, no obstante que permiten corroborar la compra por “Luz Marina Villamil Torres” del 50% del local de la “calle 63 Nº13-76”, y su registro, al igual que la inscripción de la adjudicación en remate de la mitad del predio de la “calle 63 # 13-74/78”, como también la fecha de celebración de esos actos y el precio, tales elementos de juicio, per se, no contribuyen a confirmar la tesis de la actora sobre la existencia del “mandato oculto”, puesto que en los aludidos documentos ningún dato aparece plasmado relacionado con el mismo, y el enlace o conexión con la versión de los testigos, que plantea la censura, no tuvo ningún desarrollo, por lo que a partir de ahí no es posible detectar el yerro fáctico denunciado.

e). Frente al argumento de haberse omitido valorar el acta de la mencionada almoneda pública y su aprobación, se advierte que además de no concretarse la fundamentación de tal cuestionamiento, surge la imposibilidad de su estimación, en razón a que su aportación no se hizo en legal forma, puesto que esos instrumentos obran en copia sin autenticar, por lo que de conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, carecen de mérito probatorio, y dado que no corresponden a documentos privados de aquellos señalados en el precepto 11 de la Ley 1395 de 2010, no es factible “presumir su autenticidad”.

f). En cuanto a los hechos segundo y tercero de la demanda, que se afirma no fueron apreciados, en principio se tiene que los mismos solo hacen parte de la información que cimienta la “causa petendi”, y la censura no explica cómo pasaron a integrar los elementos de convicción, tampoco expone los argumentos para evidenciar el desatino planteado, por lo que ninguna trascendencia alcanza la escueta alusión a que no fueron tenidos en cuenta.

g). Respecto de los efectos procesales del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, derivados de la inasistencia de la accionada a la “audiencia preliminar” regulada en esa norma, no obstante afirmar que ella tenía conocimiento del juicio, circunstancia esta que infiere del hecho de que una de sus hijas recibió el aviso de citación para que concurriera a notificarse del auto admisorio, como también de que se le hubiere sancionado por no presentarse a la mencionada “audiencia”, se advierte que la impugnante no precisa las consecuencias jurídicas cuya aplicación reclama, ni los aspectos fácticos que a partir de ahí válidamente quedaron demostrados, como tampoco explicó en qué consiste la equivocación del tribunal, ni la repercusión del mismo en la decisión adoptada.

Cabe resaltar, que sobre esa problemática el ad quem sostuvo que no procedía deducir un indicio grave contra las excepciones, porque no se propusieron y “ninguno de los supuestos fácticos del libelo hace referencia a los elementos del mandato oculto, que son los comunes a todos los contratos, las circunstancias tempo-espaciales en que se constituyó, las instrucciones otorgadas, entre otros aspectos que como ya se dijo, le correspondía probar a la parte actora”, de donde concluyó que el comportamiento asumido por la demandada nada podía probar, y frente a tales reflexiones la censura omitió elevar de manera concreta alguna crítica, por lo que la Sala además de no estar obligada a actuar en pro de detectar el error, en virtud del principio dispositivo que orienta el recurso de casación, se halla en imposibilidad jurídica para asumir de oficio el respectivo estudio, puesto que no se satisfizo la formalidad de la sustentación de la acusación de adecuadamente.

8. Así las cosas se concluye, que los embates examinados no pueden prosperar, porque el casacionista no demostró el error de hecho atribuido al fallo del tribunal, puesto que como se evidenció, lo planteado se quedó en un mero alegato de instancia, el que en esencia revela la personal percepción de su autor, sin desarrollar técnicamente la fundamentación de los reproches.

Cargo tercero

1. Se apoya en la causal 1ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, cuestionándose el fallo impugnado por violación indirecta de la ley sustancial, derivada de “error de derecho” consistente en no haberse valorado las pruebas en conjunto, lo que condujo a la “falta de aplicación de los artículos 2142, 2149 y 2150 del Código de Procedimiento Civil (sic); y 174 y 177 del Código Civil (sic); y aplicación indebida de los artículos 101, parágrafo 2º, numeral 12; 197, 210 inciso 1º y 249 del Código de Procedimiento Civil, con violación medio del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil”.

Cabe acotar, que en el acápite donde se explica el sentido de la vulneración de las “normas sustanciales”, aparece que las tres primeras disposiciones reseñadas hacen parte del Código Civil, mas no del ordenamiento jurídico que ahí se menciona, entendiéndose así corregida la imprecisión en que se incurrió.

2. Expone el censor que el ad quem valoró “(i) el certificado de defunción de Edgar Luna, (ii) la escritura pública 1616 de marzo 3 de 1992, (iii) el certificado de tradición y libertad del inmueble de la calle 62 nº 13-74/76/78, pero no valoró: (1) la audiencia pública de remate (...), (2) los hechos segundo y tercero de la demanda (...), (3) el informe de notificación del centro de atención de notificaciones y el aviso judicial de comparecencia (...), (4) la providencia del 23 de marzo de 2004 del [juzgado de conocimiento]”, y que desconociendo el artículo 187 del Estatuto Procesal Civil, no apreció los elementos de convicción como ahí se indica, sino que realizó un análisis aislado, sin buscar los enlaces o coincidencias y tampoco le asignó a cada una el mérito probatorio, expresando como “verdad verdadera la no demostración del mandato oculto, cuando sí estaba acreditado”, lo que desembocó en la ratificación del fallo de primer grado y la consecuente denegación de las pretensiones.

Pretende que se case la sentencia atacada, se revoque la del juez a-quo y se acceda a las súplicas planteadas.

Cargo cuarto

1. Al igual que el anterior, se apoya en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, y se acusa el fallo impugnado de violar de manera indirecta la ley sustancial por error de derecho al desconocerse la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, incurriéndose en aplicación indebida de los artículos 2142, 2149 y 2150 del Código de Procedimiento Civil (sic); y 174 , y 177 del Código Civil (sic); y falta de aplicación de los artículos 101, parágrafo 2º, numeral 2º; 197, 210 inciso 1º y 249 del Código de Procedimiento Civil, con violación medio del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

2. La fundamentación del reproche se soporta en argumentaciones idénticas a las invocadas como sustento del “cargo tercero”, advirtiendo que la diferencia estriba en que ahí se aludió a la “falta de aplicación” de las normas del Código Civil que se estimó transgredidas, mientras que ahora se plantea la “aplicación indebida” de las mismas, por lo que no es necesario efectuar de nuevo el respectivo resumen.

Consideraciones

1. Quedó visto en los dos embates reseñados, que la censura identifica algunos preceptos legales de naturaleza sustantiva, y otros del régimen probatorio, para luego aseverar que fueron vulnerados por el sentenciador, al cometer “error de derecho” en la contemplación de los medios de convicción, toda vez que solo valoró el registro de defunción de Edgar Luna, la escritura pública 1616 de 3 de marzo de 1992 y el certificado de tradición y libertad del inmueble ubicado en la calle 63 nº13-74/76/78, en tanto que omitió desarrollar esa tarea con relación al acta de remate, los hechos segundo y tercero de la demanda, el informe de los resultados de la citación por aviso a la accionada y la providencia con la que se le sancionó pecuniariamente a la convocada por su inasistencia a la “audiencia preliminar”, y de ahí deduce el desconocimiento del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, que ordena apreciar las pruebas en conjunto, además de exigir la asignación del mérito demostrativo a cada probanza, lo que no se cumplió.

2. Acerca del reseñado desatino, ha comentado la jurisprudencia especializada, que por regla general se configura por la equivocación en que incurre el juzgador en la aplicación de las normas de índole probatoria, y para evidenciarlo se le exige al impugnante la identificación de las mismas, como también señalar los elementos de juicio respecto de las cuales se cometió el yerro, al igual que su influjo en la decisión adoptada, temática este última que valga acotar, apareja elucidar aspectos concernientes a la norma sustancial indirectamente transgredida.

En el fallo CSJ SC, 21 jun. 2011, rad. 2002-00024-01, esta Corporación sobre el mencionado equívoco, comentó:

“(...) el aludido yerro ‘(...), apunta al aspecto normativo de las probanzas y se presenta en el momento de la contemplación jurídica de las mismas, es decir, cuando luego de darlas por materialmente existentes en el proceso, se pasa a ponderarlas a la luz de los preceptos que regulan su valoración, quedando excluida toda controversia en cuanto a su aspecto físico o material, pudiendo surgir el desacierto por transgredir el debido respeto al postulado del contradictorio, en las fases de aducción e incorporación de los elementos de juicio, ora porque se entra a contrariar al legislador acerca de su mérito o eficacia probatoria (...) ‘se presenta en síntesis cuando la sentencia exige, para demostrar un acto o un hecho, una prueba especial que la ley no reclama; o cuando viendo la prueba en su exacta dimensión no le atribuye a ella el mérito que la ley le asigna para demostrarlo; o, en fin, cuando se lo niega por estimar que el medio fue ilegalmente producido cuando así no sucedió’ y que, por tanto, ‘el error de hecho y el de derecho, en materia de apreciación probatoria que por vía indirecta lleva a la violación de norma sustancial, no pueden ser confundidos. El error de hecho implica que en la apreciación se supuso o se omitió una prueba, mientras que el de derecho entiende que la prueba fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia’ (...)’”.

3. Los parámetros esbozados, permiten inferir que la impugnante inobservó la técnica casacional, pues luego de reseñar los instrumentos que advirtió fueron valorados por el juzgador y los actos que omitió apreciar, limita el discurso a manifestar en sentido abstracto, que no se realizó el análisis en conjunto de tales elementos de juicio, y que también se pretirió la asignación del mérito demostrativo de los mismos.

Igualmente se verifica, que a pesar de indicar las normas de carácter probatorio que estimó infringidas, no se ocupa de explicar en qué consistió la transgresión de esa clase de disposiciones.

a). Al respecto se observa, que cita el numeral 2º parágrafo 2º artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, el cual hace referencia a que salvo los eventos justificados para no asistir a la “audiencia preliminar” ahí prevista, “si alguno de los demandantes o demandados no concurre, su conducta se considerará como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito, según fuere el caso”, y aunque resalta la inasistencia a ese acto de la convocada al litigio, además de que fue sancionada con multa por el juez de conocimiento, según auto de 23 de marzo de 2004, no se detiene el censor a analizar que en el fallo se advirtió la no comparecencia de la accionada a la mencionada “audiencia”, pero que debido a la inexistencia de “excepciones de mérito”, se consideró que no había lugar a erigir un indicio grave en contra de tales mecanismos de defensa, lo que implica que no cumplió con la tarea de evidenciar la manera como el ad quem pudo haber inobservado la “regla probatoria” enunciada en el reseñado precepto.

b). Con relación al canon 187 ibídem, conforme al cual se ordena que “[l]as pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. – El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”, aunque el casacionista es insistente en el reclamo de que el tribunal se apartó de lo ahí consagrado, su manifestación se queda en el supuesto abstracto expresado en la disposición legal, sin que asuma la tarea de explicitar, cómo para el caso concreto se infringió el reseñado mandato, pues sus argumentaciones no toman en cuenta las pautas que para el efecto ha reiterado de manera uniforme la jurisprudencia.

Sobre el particular, cabe acotar, que cuando el “error de derecho” se origina en la transgresión de la citada disposición legal, esta corporación a fin de explicar la manera como debe plantearse la acusación, en fallo CSJ SC, 22 abr. 2013, rad. 2005-00533-01, expuso:

“(...) Como es natural, en procura de que ese error aparezca, debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto pedido en el artículo 187, o sea, poniendo de manifiesto cómo la apreciación de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Ese y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente fáctico, la referida tarea valorativa se ciñó a la norma citada, no será admisible la prédica de la sustitución del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en este la cuestión queda ya bajo el influjo del error de hecho que como se sabe tiene una naturaleza distinta a la del error de derecho’ (...).

c). En cuanto al inciso 1º precepto 210 ídem, también mencionado dentro de las normas transgredidas, aplicable al interrogatorio de parte en lo que atañe a la confesión ficta o presunta, contempla que “[l]a no comparecencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, se hará constar en el acta y hará presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito”.

En lo que se relaciona con ese aspecto, el ad quem sostuvo que de argumentarse para efectos del reconocimiento de la “presunción de tener por ciertos los hechos de la demanda (...), habida consideración que la demandante no aportó interrogatorio escrito, lo cierto es que la accionada no propuso ningún medio exceptivo y ninguno de los supuestos fácticos del libelo hace referencia a los elementos del mandato oculto”.

No obstante, la recurrente extraordinaria no entra a confutar lo ahí expresado, a fin de revelar el equívoco invocado, y es que ni siquiera tuvo en cuenta que en el proveído de 10 de mayo de 2004, el juez de conocimiento denegó decretar la práctica del citado medio de prueba, luego se tornaba jurídicamente imposible deducir la consecuencia consagrada en la aludida disposición.

d). Igualmente se invoca como infringido el canon 249 ejusdem, el cual prevé que “[e]l juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes”, pero ningún desarrollo argumentativo se plasmó a fin de revelar en qué consistió o cómo se produjo la vulneración de tal precepto, y si apuntaba a cuestionar que el tribunal estimó que en cuanto a los indicios que surgen de la no contestación de la demanda y de la inasistencia de la demandada a la audiencia de conciliación y a absolver el interrogatorio de parte, no debe perderse de vista que en tales etapas procesales estuvo representada por curador ad litem, por lo que, en principio, ninguno de los efectos jurídicos que conllevan tales comportamientos puede tenerse como prueba indiciaria de los hechos que soportan las pretensiones, pues tampoco está demostrado en forma fehaciente que la demandada conocía desde el comienzo la existencia del proceso, ha debido dar cumplimiento a la exigencia formal atinente a exponer las razones en virtud de las cuales se imponía entender que tales apreciaciones implican un quebranto de la norma probatoria en cuestión, pero no lo hizo así, toda vez que pretermitió por completo escudriñar esa problemática.

e). Finalmente, cabe señalar que incurre el censor en la imprecisión técnica concerniente a predicar la existencia del “error de derecho” con relación a elementos de persuasión que se denuncia no fueron valorados por el ad quem, puesto que tal como se menciona en el precedente anteriormente citado, aquel únicamente puede surgir o configurarse en el evento de que el juzgador efectivamente haya sometido a examen la respectiva probanza.

4. Con sustento en las anteriores reflexiones, se determina que los cargos analizados no alcanzan éxito.

5. En razón a que ninguna de las acusaciones prospera, queda truncada la impugnación extraordinaria, pero no hay lugar a condenar en costas a la recurrente, de conformidad con el inciso 1º artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, al hallarse beneficiada con el amparo de pobreza que le otorgó el juez de conocimiento (cdno.1, fl. 32).

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. No casar la sentencia de 2 de septiembre de 2010 proferida en el proceso ordinario promovido por Edna Rocío Luna Quijano, invocando su condición de heredera del causante Edgar Luna Rodríguez, contra Luz Marina Villamil Torres.

2. Abstenerse de condenar en costas a la recurrente extraordinaria.

3. Oportunamente devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese».