Sentencia SC 10132-2014 de julio 31 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

SC 10132-2014

Ref.: Expediente 5686 31 89 001 2006 00311 01

(Aprobado en Sala del doce de noviembre de dos mil trece)

Bogotá, D.C., treinta y uno de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Auscultado el cargo formulado en su exacta dimensión, el inconforme, en rigor, protesta un error de hecho por la equivocada apreciación de unas pruebas y la omisión en el análisis de otras.

Es del caso señalar que, prima facie, el yerro que se reclama recae sobre la contemplación física, material u objetiva de la prueba, y ocurre por preterición, suposición, alteración o distorsión de su contenido en la medida que se atribuye un sentido distinto al que cumple dispensarle. Dicho de otra forma, la equivocación se produce cuando el juzgador “ha visto mucho o poco, ha inventado o mutilado pruebas; en fin, el problema es de desarreglos ópticos”(1).

En tal virtud, para que se presente, es necesario “que al primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso” (Sent. 146, oct. 17/2006, exp. 6798-01), “que repugna al buen juicio”, es decir, que “el fallador está convicto de contraevidencia” (sents. de jul. 11/90 y ene. 24/92), por violentar “la lógica o el buen sentido común” (CCXXXI,644), “tan evidente, esto es, que nadie vacile en detectarlo, que cuando apenas se atisba como probable o posible, ya no alcanza para el éxito de la casación, porque, como lo tiene averiguado la Corte, ‘la duda jamás sería apoyo razonable para desconocer los poderes discrecionales del sentenciador (XLV, 649)’...” (CCXXXI, p. 645. Reiterado en Cas. Civ. de 19 de mayo de 2011. Exp. 2006-00273-01).

Por ello, la acusación debe contener “argumentos incontestables” (Sent. Cas. Civil, oct. 22/98), “tan concluyentes que la sola exposición del recurrente haga rodar por el piso la labor probatoria del tribunal” (Sent. feb. 23/2000, exp. 5371), sin limitarse a contraponer la interpretación que de las pruebas hace el censor con la que hizo el fallador porque, por más razonado que ello resulte, sabido se tiene “que un relato de ese talante no alcanza a constituir una crítica al fallo sino apenas un alegato de instancia” (sent. 56 de abr. 8/2005, exp. 7730).

2. Realizadas esas precisiones referidas al tipo de yerro imputado a la sentencia, se observa que en el asunto que demanda la atención de la Sala, el tribunal revocó la decisión de primer grado y en su lugar declaró probada la excepción perentoria denominada “culpa exclusiva de la víctima”, con fundamento en el análisis de las pruebas incorporadas al proceso y especificadas en oportunidad.

3. El reproche propuesto a la sentencia de segunda instancia apuntalado en el tipo de falta descrita, se basa fundamentalmente en que el juzgador plural no valoró unas pruebas y apreció erróneamente otras, lo que lo llevó a concluir equivocadamente que la “causa determinante” del accidente que motivó el litigio fue producida por el “consumo de sustancias depresoras” por parte del motorista que perdió la vida cuyo nombre respondía al de L........ C......... V....... G..........., haciéndole perder el control e invadir el carril contrario e impactar el bus en su lado derecho.

Examinada la censura con detenimiento, es palmaria su carencia de prosperidad por no demostrar los desatinos fácticos incidentes, ostensibles y trascendentes que hubieren conducido al tribunal a que variara el sentido de la providencia impugnada.

De los medios de convicción allegados, básicamente el Tribunal tuvo en cuenta como soporte de la decisión tomada, unas pruebas documentales aportadas oportunamente, otras traídas del proceso penal que por razón del mismo accidente se sigue contra el conductor del bus E........... A............. P........ C.........., así como declaraciones rendidas dentro del presente juicio.

4. Sobre las pruebas no consideradas, aludió el censor a la demanda y sus contestaciones, al informe de O.......... F........... y el de policía judicial, al igual que las resoluciones con las que se calificó el mérito del sumario proferidas por la Unidad Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos, posteriormente confirmada por la Unidad de Fiscales Delegada ante el Tribunal Superior de Antioquia.

Al emprender el estudio de lo que el inconforme denominó “la demostración del cargo”, únicamente se refirió a las Resoluciones emanadas de la Fiscalía General de la Nación, olvidando respecto de las otras, que la mera relación de piezas presuntamente inadvertidas no son bastantes para la casación, pues como lo ha dicho la corporación, en tratándose de un ataque por errores de facto, “el acusador, en su gestión de demostrar los yerros del juzgador, (...) tendrá que precisar los apartes relativos a cada una de las falencias de valoración probatoria, confrontando la realidad que resulta de la prueba con la errada ponderación efectuada por el sentenciador”. (Sent. 6 abr. 8/2005, exp. 730).

De las resoluciones proferidas por la Fiscalía General de la Nación, visibles en las páginas 129 a 143 del cuaderno 2, debe decir la Sala, en primer lugar, que ellas no están provistas de la fuerza probatoria que se pretende, pues constituyen apenas una calificación jurídica provisional de la conducta investigada. En efecto, tiene dicho la jurisprudencia de la Corte que, “la resolución de acusación es sólo eso, la acusación que la Fiscalía General de la Nación formula ante los jueces penales en contra de la persona del sindicado por los delitos que se investigan, y que por lo mismo, no corresponde a una decisión de la que pueda inferirse responsabilidad penal”(2), y mucho menos civil.

En segundo orden, aunque ciertamente el ad quem no valoró los prenombrados medios de convicción, si lo hubiere hecho, la decisión en nada hubiera cambiado, precisamente porque, al realizarse la integral revisión de las pruebas recabadas, el Tribunal halló demostrado con otros medios, el rompimiento del nexo causal por razón de la conducta exclusiva de la víctima.

Así, por sabido se tiene, cualquier dislate que se atribuya al fallador debe ser trascendente, lo que significa que el mismo ha de resultar determinante o decisivo para fijar el sentido de la providencia combatida en el recurso extraordinario, al punto que, de no haberse cometido, otra habría sido forzosamente la dirección del pronunciamiento judicial. Justamente, sobre el tema ha destacado la Corte: “... para que la violación de la ley adquiera real incidencia en casación, (...) es menester que tenga consecuencia directa en la parte resolutiva del fallo, por lo que aquellos errores que apenas aparezcan en las motivaciones o razonamientos de la providencia, sin esa forzosa trascendencia en la conclusión final, no alcanzan a obtener la prosperidad del recurso” (sent. mayo 19/2004, exp. 7145).

El ataque estructurado en la preterición de prueba, entonces, resulta infundado por intrascendente.

5. En relación con las probanzas documentales “erróneamente apreciadas”, el inconforme, en puridad, enunció las siguientes: El informe de accidente (fls. 26-31, cdno. 1), así como el de necropsia (fls. 43 y ss. cdno. 1), el del técnico físico (fls. 226 a 248 cdno. 2), la resolución de la Secretaría de Tránsito (fls. 17-24 del cuaderno 1) y la inspección de la jefe de seguridad vial (fl. 25 del cdno. 1). No obstante, en su discurso argumentativo omitió, en términos absolutos, referencia alguna al reporte de necropsia y al acto administrativo procedente de la Secretaría de Tránsito de Santa Rosa de Osos que finiquitó la actuación contravencional seguida contra E.......... A.......... P...............

5.1. Reprocha el casacionista que el tribunal estimó erradamente el dictamen rendido por la Inspección de Policía y Tránsito del Municipio Donmatias-Antioquia (fls. 27, 28 del cdno3 1), debido a que del mismo “solamente extrajo lo relacionado con las personas involucradas en el accidente y el estado de la vía”, a pesar que el documento “indica que los vehículos fueron movidos, las autoridades de tránsito sí elaboraron un croquis, el cual muestra los restos habidos en la vía, la posición final del cadáver y que el siniestro ocurrió en la ruta por donde transitaba la motocicleta.

Dado que la crítica expone que el fallador de segundo nivel no valoró de una manera “íntegra el documento”, por ignorarse el croquis, debe expresarse que, si lo que reclama es la evaluación completa del reporte de tránsito, olvidó acusar la versión del conductor del bus que se encontraba anexa al dictamen (fl. 29), y también aludir a que el mismo concepto de la autoridad manifestó que el impacto del bus se produjo en su costado derecho, mientras que el de la moto fue en la parte central, como lo consignó el tribunal.

Además de esas deficiencias en la presentación del ataque, llama la atención que aunque se duele de su indebida valoración, más adelante expone que las conclusiones de la segunda instancia para endilgar la culpa en la ocurrencia del accidente al motociclista, “no tienen un sustento científico toda vez que, (...) la información aportada en el croquis del informe de accidente no aporta ninguna información objetiva”, de manera que “dicha prueba no podía ser tomada o evaluada para edificar la sentencia que se impugna”. (negrilla fuera de texto).

La contradicción en que incurre la censura frente al análisis que se hizo de la prueba comentada, hace que caiga al vacío inmediatamente luego de que concomitantemente reclama de una parte, una observación distinta, y de otro, que no se tenga en cuenta por su falta de soporte científico.

5.2. El informe pericial de física, efectuado por el Instituto de Medicina Legal, fue atacado por equivocada valoración probativa porque, el sentenciador “de él solo toma parte (...) para llegar a la conclusión a que arrimó, dejando de lado elementos de juicio esenciales (...) que necesariamente conducen a conclusiones diversas”. Así pues, como la experticia que sirvió de fundamento al juzgador no permite establecer el sitio puntual de colisión en la carretera, ni afirma con certeza que la razón del viraje que hizo el conductor del bus haya sido por la aparición de la motocicleta, mal podía realizar la deducción que hizo en el sentido de que fue el motorista quien, hallándose en estado de embriaguez, invadió el carril del autobús.

Para el tribunal, del peritaje físico reseñado, una vez reprodujo apartes de su contenido, el rodante conducido por A........... P........... se desplazaba por el carril derecho en la vía que traslada de Santa Rosa de Osos hacia Medellín, y la moto conducida por L...... C......... V....... G..........., se dirigía en sentido opuesto “con la agravante que éste tenía una concentración etílica de 155 mg% de etanol en la sangre, lo cual equivale a una embriaguez en grado III (...) estado en el cual no se podía manejar ningún vehículo porque hay alteración de los reflejos y en la coordinación motora”, siendo esa la causa primordial del siniestro por cuanto, dado el consumo excesivo de alcohol, la victima perdió el control, usurpó el carril contrario y chocó fatalmente contra el paral derecho del bus.

Adicionalmente, también advirtió el ad quem que si “el mal comportamiento” hubiera sido del demandado que manejaba el automotor, “entonces la colisión se habría producido con la parte frontal del bus o su lado izquierdo, pero el lugar del impacto de los vehículos indica que fue el irresponsable y descontrolado motociclista quien invadió el carril contrario en una curva oscura como se hizo patente en este escenario de debate”.

Contrastado el cargo con el análisis vertido en la sentencia de segundo nivel se encuentra, en primer lugar, que el asunto no gravita en precisar solamente la vía de la carretera donde ocurrió el accidente, si no, si era razonable y probable que en virtud del excesivo alcohol consumido, L..... C......... V....... G........... irrumpiera en el sendero por donde se desplazaba el automotor con el que se estrelló, como lo aseveró la decisión combatida.

En segundo lugar, a pesar del recurrente señalar que según la experticia en comento “es imposible determinar” si la moto y el bus hicieron contacto en el carril izquierdo, el derecho o entre los dos, el juez plural, no solo dedujo que la moto invadió el carril diestro, sino que además analizó para concluir la absolución, que la parte del rodante sobre la cual se produjo el contacto letal, hace deducir la culpa del motociclista pues, “desafortunadamente la moto impactó contra el paral derecho del bus”.

Tal aspecto, entonces, relativo al lugar del automotor donde se presentó el choque (punto de impacto) y sobre el que igualmente se edificó el razonamiento de la providencia, al no quedar controvertido y mucho menos derruido por el ataque, la crítica se torna impróspera ya que, tal como lo ha sostenido la Corte: “cuando la sentencia atacada se apoya en varios puntales, es necesario y adicionalmente imprescindible, que se combatan todos ellos para poder invalidarla, ya que si el ataque no involucra el grueso de los sustentos que le sirven de basamento, o si aún haciéndolo queda por lo menos uno que sea suficiente para respaldar el fallo, éste no puede ser quebrado”. (Auto de 8 de noviembre de 2011, exp. 2005-00501-01, entre otros).

6. Por último, cuestionó el censor que no se tuvo en cuenta la declaración de G................ L...... M........... R......, sustrayéndose de aludir al mérito que a las demás versiones otorgó el juez colegiado. Expuso que ese testimonio ratifica que efectivamente quien cometió la imprudencia de invadir el carril en la vía fue E.......... P.......... C.............., contrario a lo concluido por el sentenciador.

Es necesario advertir, que el tribunal, lejos de omitir la valoración de esa declaración, sí la tuvo en cuenta, pero resultó desechada dada la contradicción en que incurrió, considerando la inconsistencia habida respecto de la declaración que por los mismos hechos rindió en el proceso penal (fls. 108-110, cdno. 2).

Además, para el ad quem la prueba perdió eficacia “porque se nota cierta deficiencia en la evocación de las circunstancias”; por ejemplo, no tenía certeza de la fecha del accidente, no dio cuenta del estado de embriaguez “en el cual se encontraba L..... C......... V.........., lo cual es un hecho probado con el informe pericial de alcoholemia” y más grave aún, cual se expresó, mientras que en la diligencia que se practicó dentro de la presente actuación afirmó que el motociclista se desplazaba “por el carril derecho”, lo que dijo en la fiscalía cuando fue inquirido en el mismo sentido fue contrario a lo allí expresado, pues declaró: “(...) yo creo que la moto venía más por el centro”.

El análisis del sentenciador de segundo nivel al desechar ese testimonio, la Corte lo encuentra ajustado a los dictados de la lógica, máxime cuando la conclusión final quedó validada con el estudio de las pruebas documentales y de las versiones que obran en el expediente de L..... S......... C................. C............, F.................. B............ F........... y del propio demandado E........... A............. P.......... C.......... cuando fue citado en el proceso penal.

Habida cuenta de lo enunciado, el fallador, según la valoración ponderada de los elementos probatorios ante actividades peligrosas y conductas concurrentes, en razón de la autonomía e independencia judicial, no incurrió en los yerros planteados, por no resultar los acusados, lo suficientemente ostensibles y de tal magnitud para lograr desvirtuar su fundamentación; por el contrario adoptó la decisión que se combate en forma adecuada y en acatamiento a los cánones formales y sustanciales del caso.

7. Finalmente la Sala hace notar, por ser ese su deber, una deficiencia conceptual, que debe ser aclarada, así:

El tribunal valoró en toda su dimensión la prueba traslada del proceso penal que cursa por el mismo accidente automotor que aquí se estudia, sin observar la existencia de una falta formal en el trámite de la misma, por cuanto no se hicieron las anotaciones y requerimientos que exige el artículo 185 del estatuto procesal civil para su adecuada incorporación; no obstante ello, es evidente que al ser utilizado ese medio documental como soporte de sus argumentaciones tanto por la parte demandante como por la demandada, a pesar de esa falencia, releva a la Corte de restarles el valor probatorio correspondiente; lo anterior a más que no fue atacado ese error por vía del recurso extraordinario.

Las formas procesales son establecidas en nuestra legislación para proteger a las partes el debido proceso a través del derecho de defensa y de contradicción; tiene como fundamento otorgar la certeza de que cada medio probatorio reúne las condiciones para su adecuada valoración, pues está adornado de la fuerza requerida para asumirlo como instrumento de búsqueda de la verdad y otorgamiento de la justicia. Empero, si las partes aceptan la presencia de una prueba que adolece de alguna de esas ritualidades y la utilizan sin reato, no es el funcionario judicial el llamado a eliminarla del acervo, pues se presumen cumplidos, para ellas, en el ambiente del específico litigio, los derechos fundamentales aludidos y protegidos por la Carta superior, salvo lógicamente que se trate de solemnidades que en rezago del principio de tarifa legal, necesiten obligatoriamente el cumplimiento de una determinada exigencia.

8. Con fundamento en las motivaciones discurridas en precedencia, el cargo planteado no se abre paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

1. NO CASA la sentencia proferida el 9 de abril de 2012 proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia dentro del proceso ordinario que la recurrente promovió contra F......... M................. S.A., E........... A............. P........ C.........., I............ S............ y H................ A............ R............... T............

2. CONDENAR en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de tres millones de pesos ($3.000.000) m/cte., por no haber sido replicada.

Notifíquese».

(1) Cas. Civil, sentencia de 11 de mayo de 2004, expediente 7661.

(2) CSJ, sentencia de 19 de diciembre de 2006, expediente 2004-00745-00.