Sentencia SC10200-2016 de julio 27 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC10200-2016

Radicación: 73001-31-10-005-2004-00327-01

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de diez de mayo de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., veintisiete de julio de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso ordinario de la referencia.

I. Antecedentes

A. La pretensión

Clementina Hernández Madrigal, representada por el guardador provisional Dagoberto Hernández Madrigal acudió a la jurisdicción para que con citación y audiencia de Luz Stella Hernández Madrigal, Doris Stella Espinoza, Zoila Corrales de Zabala y Rafael Hernández, se declarara que le pertenece a la sucesión intestada de María de los Santos Madrigal de Hernández, el derecho de dominio y la posesión material sobre un lote de terreno y la casa de habitación edificada en él, que se localiza en la calle 34 (calle 32 según Catastro) Nº 9-37 de la ciudad de Ibagué.

En consecuencia, se condenara a los demandados a restituir la posesión del predio con los respectivos frutos a la sucesión de la de cujus, representada por el cónyuge sobreviviente y los herederos.

En subsidio de lo anterior, pidió que se ordenara el reintegro a la demandante de la “cuota de derechos y acciones hereditarios que le corresponden en la sucesión ilíquida e intestada de su finada madre señora María de los Ángeles Madrigal de Hernández, (…); y así mismo, restitúyasele la posesión material que en común y proindiviso le corresponde en el citado bien raíz, junto con todos sus aumentos, productos y frutos”.

Además, solicitó declarar inoponibles e ineficaces frente a ella los instrumentos de enajenación del inmueble que constituye el único activo sucesoral, correspondientes a: i) La escritura pública 3043 de 8 de agosto de 1994 de la Notaría 1ª de Ibagué que contiene la venta realizada por Rafael Hernández a Luz Stella Hernández Madrigal; ii) La escritura pública 3062 de la citada Notaría 1ª fechada 22 de agosto de 1997, por medio de la cual Luz Stella Hernández Madrigal le vendió a Zoila Corrales de Zabala; y iii) Acto escriturario 3163 de agosto 29 de 1997 de la misma Notaría 1ª de Ibagué, por la que Zoila Corrales de Zabala enajenó el bien a Doris Stella Espinoza”, y se ordene la cancelación de los reseñados documentos públicos, al igual que la inscripción de los mismos efectuada en el folio de matrícula inmobiliaria 350-75009 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué.

Por último, declarar que las demandadas Luz Stella Hernández Madrigal, Doris Stella Espinoza y Zoila Corrales de Zabala obraron de mala fe, por cuanto su actuación estuvo encaminada a causar perjuicios a la actora, y en consecuencia, decretar la pérdida de las mejoras realizadas, salvo las que puedan retirar sin detrimento del predio.

B. Los hechos

1. Rafael Hernández y María de los Santos Madrigal contrajeron matrimonio el 19 de abril de 1953, habiendo procreado a Luz Stella, Rafael, Doris, Nelson, Islena, Olga Lucía, Germán, Dagoberto y Clementina Hernández Madrigal.

2. En vigencia del vínculo matrimonial, el cónyuge Rafael Hernández adquirió por compra al municipio de Ibagué, según consta en la escritura pública 19 de 11 de enero de 1964 otorgada ante la Notaría 2ª de esa ciudad, el inmueble descrito en las pretensiones.

3. María de los Santos Madrigal de Hernández, falleció el 24 de junio de 1988.

4. El cónyuge supérstite transfirió a título de venta el citado predio a Luz Stella Hernández Madrigal, acto que se hizo constar en la escritura pública 3043 de 8 de agosto de 1994, protocolizada ante la Notaría 1ª de Ibagué y registrada el 31 del mismo mes y año.

5. Con el propósito de impedir a la accionante la reivindicación de sus derechos sucesorales sobre el inmueble, la demandada Luz Stella Hernández Madrigal “simuló venderlo a la también demandada Zoila Corrales de Zabala, para que a su vez esta lo traspasara a la hija de aquella Doris Stella Espinoza, simulando también esta venta”, y para el efecto otorgaron las respectivas escrituras públicas cuya inoponibilidad se solicitó.

6. Luz Stella Hernández Madrigal ha tenido la posesión material del predio “sin que hubiera dejado de ejercerla como consecuencia de las ventas simuladas”.

7. Se tramitó proceso de interdicción de Clementina Hernández Madrigal, habiéndose designado y posesionado como guardador, a su hermano Dagoberto Hernández Madrigal.

8. En el Juzgado Tercero de Familia de Ibagué cursa el proceso de sucesión de María de los Santos Madrigal de Hernández, ante el cual se solicitó el reconocimiento de la demandante como heredera.

C. El trámite en las instancias

1. El 15 de octubre de 2004 se admitió la demanda y de ella se corrió traslado a los convocados al litigio [fl. 47, cdno. 1].

2. La demandada Luz Stella Hernández Madrigal se opuso a las pretensiones formuladas por la actora argumentando que sus hermanos vendieron sus derechos herenciales a su padre Rafael Hernández y aunque recibieron el dinero correspondiente a su cuota, no otorgaron la escritura pública de enajenación. El señor Hernández procedió a venderle la totalidad del inmueble y ella se obligó a pagar una parte del precio acordado en dinero y la otra con una casa ubicada en el barrio Calarcá de Ibagué y un lote de terreno.

La cuota herencial de su hermana Clementina Hernández le fue compensada con el 50% de la vivienda 12 de la Urbanización La Esmeralda de Ibagué, conforme se pactó en la escritura pública 849 de 20 de abril de 2004, suscrita por Rafael Hernández (padre) y la demandante.

Como excepciones de mérito formuló las de “prescripción”, “cosa juzgada”, “acción temeraria” e inexistencia de “causa petendi” con fundamento en que con anterioridad fue promovida una acción reivindicatoria por Dagoberto Hernández en su condición de heredero que en las dos instancias del proceso se decidió en forma desfavorable a sus peticiones. Además, la acción está prescrita y con ella se desconoce que los derechos de su hermana interdicta fueron pagados por Rafael Hernández con anterioridad a la demanda [fl. 65].

Rafael Hernández, por conducto de apoderado judicial especialmente constituido, reconoció como ciertos los hechos y se allanó a las pretensiones de la demanda, acto que posteriormente desconoció alegando que no había otorgado poder y la contestación presentada por el mandatario no era válida [fls. 118 y 172].

Doris Stella Espinoza contestó el libelo oponiéndose a las peticiones de la actora; afirmó ser poseedora del inmueble junto con Luz Stella Hernández Madrigal, y propuso como excepciones de mérito las denominadas “prescripción de la acción”, “inexistencia de causa” y “cosa juzgada”, fundadas en que el inmueble que sería el único activo de la masa sucesoral pasó a ser del dominio de Luz Stella por voluntad de todos los herederos a excepción de Clementina Hernández, y con ese propósito le vendieron sus derechos herenciales a su padre Rafael Hernández. Por lo tanto, la demandante no tiene el derecho de dominio y dentro del proceso de sucesión no le ha sido adjudicado.

Además, la misma controversia fue dirimida dentro del proceso ordinario conocido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué, en el que se profirió decisión que negó el petitum del actor y fue confirmada por el Tribunal, por lo que existe cosa juzgada, amén de que la acción se encuentra prescrita atendiendo la fecha de la enajenación [fl. 144].

Zoila Corrales de Zabala permaneció silente dentro del término de traslado de la demanda.

3. Agotadas las etapas probatoria y de alegaciones, el Juzgado Quinto de Familia de Ibagué dictó sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al declarar que el 50% del inmueble objeto de la acción perteneció a la sucesión de María de los Santos Madrigal de Hernández y le ordenó a la demandada Doris Stella Espinoza restituir a la actora la novena parte del derecho correspondiente al sucesorio, es decir, la indicada fracción del 50% del bien.

Para arribar a esa conclusión, consideró que los demandados Luz Stella Hernández Madrigal, Rafael Hernández y Zoila Corrales de Zabala carecen de legitimación en la causa, dado que ninguno de ellos es titular del dominio. Encontró parcialmente fundada la excepción de cosa juzgada derivada del fallo que dirimió la acción reivindicatoria promovida con anterioridad, porque si bien los herederos que en ella intervinieron no pueden incoarla nuevamente, tal obstáculo no existe para Clementina Madrigal Hernández, quien no fue parte en ese juicio y por lo tanto, conservaba su derecho a reclamar la cuota parte proindiviso del bien que le corresponde en la sucesión de su fallecida madre contra la actual poseedora, según lo preceptuado por los artículos 949 y 1325 del Código Civil [fl. 364].

4. Ambas partes apelaron el fallo. La demandante por cuanto, en su criterio, no era procedente ordenar la restitución de la novena parte del inmueble, porque se demandó para la sucesión y ésta se encuentra ilíquida, siendo necesario recomponer la masa herencial y que las enajenaciones efectuadas se declaren inoponibles e ineficaces [fl. 6, cdno. Corte].

Los demandados porque, según expusieron, la acción de dominio no debía prosperar atendiendo a que la actora no era propietaria del inmueble, ni ha sido reconocida como heredera de María de los Santos Madrigal, y por ende, no se le ha adjudicado derecho alguno. Además, le fue cancelada su cuota herencial con la venta del 50% de la nuda propiedad y el 100% del usufructo de un inmueble, amén de que la acción se encuentra prescrita [fls. 33 y 39].

D. La providencia impugnada

El Tribunal revocó lo resuelto por el a quo, y en su lugar, declaró probada la excepción de mérito de “cosa juzgada” por virtud de la cual denegó el petitum de la demanda.

En sustento de su decisión, señaló que se encontraban satisfechos los requisitos del señalado fenómeno, pues existía identidad de causa, de objeto y de partes entre la acción y la de dominio que fue adelantada ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué que concluyó con decisión desestimatoria de las pretensiones.

Aunque pudiera pensarse —sostuvo— que no existe identidad jurídica de partes por cuanto los demandantes en uno y otro proceso son diferentes, dicha coincidencia surge de que en las dos acciones los actores invocaron la calidad de herederos y pidieron la restitución del inmueble para la sucesión de María Santos Madrigal de Hernández, por lo que la sentencia únicamente beneficiaría o perjudicaría al acervo herencial.

En relación con la petición subsidiaria de restitución a favor de la actora de la cuota de derechos y acciones hereditarias que le pudieren corresponder en la sucesión de su fallecida progenitora, vinculados estos en el inmueble descrito en la demanda, así como la posesión material común y proindiviso que le pertenece en ese predio, la falta de acreditación del derecho de dominio sobre cuota en el bien pretendido que, en este caso, se hubiera logrado con “el trabajo de partición y adjudicación de su derecho herencial, junto con la sentencia aprobatoria, debidamente ejecutoriada” impide acceder a ella.

II. La demanda de casación

Tres cargos formuló el demandante en contra de la anterior decisión, todos con respaldo en la causal primera consagrada en el artículo 368 del estatuto procesal, en los que denunció el quebranto —por vía indirecta— de la ley sustancial. Se resolverán en el orden de su formulación, porque es el que guarda armonía con el sentido lógico de las censuras.

Cargo primero

El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil —adujo el censor— resultó infringido por su aplicación indebida a la litis, lo que condujo a la violación, por falta de aplicación, de los preceptos 1325 del Código Civil y 44 del citado ordenamiento procesal.

Lo anterior como consecuencia del manifiesto error de hecho en que incurrió el Tribunal —añadió— al alterar el contenido de la sentencia proferida el 2 de mayo de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y de la demanda que dio inicio al presente proceso, e inferir de estas la identidad jurídica de partes en las dos acciones de dominio adelantadas, a pesar de que dichas pruebas evidencian lo contrario.

En efecto, de los medios probatorios mencionados se extrae que existe una diferencia en cuanto al demandante de los dos juicios, pues el primero de ellos fue promovido por Dagoberto Hernández Madrigal y el otro se inició a instancia de Clementina Hernández Madrigal; sin embargo, el ad quem distorsionó su inteligencia al concluir que la accionante en uno y otro proceso fue la sucesión de María de los Santos Madrigal de Hernández.

El desacierto cometido —sostuvo— desconoce el derecho que tiene cada uno de los herederos “como persona natural, para ser parte individualmente en cada proceso” y condujo al juzgador a declarar la prosperidad de la excepción de mérito de “cosa juzgada”, soslayando, además, que cada uno está legitimado para “intentar por separado la misma acción Jure Propio que consagra el artículo 1325 del Código Civil”(1).

Esa legitimación, en cambio, se la reconoció a una masa de bienes que no tiene capacidad procesal y no es persona natural ni jurídica, porque en forma equivocada consideró que solo a esta la afectaría o beneficiaría “la decisión que se tomara en uno u otro proceso”(2).

Consideraciones

1. Cuando una controversia ha sido objeto de un juicio lógico por parte de los órganos jurisdiccionales —explicaba Ugo Rocco— dentro del cual fue resuelta, se produce el fenómeno de la cosa juzgada, del cual deriva “la fuerza o la eficacia obligatoria inherente a la materia de la decisión judicial contenida” en el fallo que “está destinada a tutelar el quid decisum de la sentencia en un proceso futuro”, en la medida en que impide “la reproducción del proceso de cognición”(3).

De ahí que también se presente como una obligación del Estado a través de las autoridades judiciales, y un derecho subjetivo de las partes, pues las primeras tienen “la obligación jurídica de no juzgar una cuestión que ya ha sido objeto de un juicio anterior entre los mismos sujetos. Y, por otro lado, las partes, actor y demandado, no sólo tienen la obligación jurídica de no pretender, de parte de los órganos jurisdiccionales del Estado, la prestación de la actividad jurisdiccional de cognición una vez que la hayan obtenido mediante la emisión de la sentencia final de mérito pasada en cosa juzgada, sino que tienen también el derecho a que los órganos jurisdiccionales del Estado no emitan nuevamente otra sentencia de fondo, es decir, no juzguen nuevamente las relaciones jurídicas ya declaradas ciertas mediante sentencia que haya hecho tránsito a cosa juzgada”(4).

En sentido material, la institución de res iudicata pretende evitar que dentro de un nuevo proceso, se profiera una decisión que se oponga o contradiga a la que goza de esa clase de autoridad, como respuesta a “la exigencia social de que no sean perpetuos los pleitos, como igualmente de que los derechos sean ciertos y estables, una vez obtenida la tutela del Estado”(5).

“La eficacia de ciertos derechos fundamentales, entre los cuales se deben destacar el debido proceso —y como expresión del mismo, que nadie puede ‘ser juzgado dos veces por el mismo hecho’— (C.P., art. 29), la seguridad jurídica y el acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229) —ha sostenido esta Corporación— exige que las sentencias constituyan el fin de los litigios que con ellas se resuelven, de forma que, luego de que adquieran firmeza, ninguno de los interesados, mucho menos aquél a quien no favoreció el respectivo fallo o que albergue inconformidad con algunas de las determinaciones adoptadas, pueda proponer nuevamente el mismo conflicto, buscando con tal proceder una decisión contraria, en todo o en parte, a la inicialmente emitida”.

Y agregó:

Al respecto, tiene dicho la Corte que ‘[p]otísimos y arraigados motivos, tales como la preservación del orden público, la seguridad jurídica y la paz social, entre otros más, han conducido al legislador, de antiguo, a impedir que las controversias decididas en forma definitiva por las autoridades jurisdiccionales, sean ventiladas, ex novo, por los mismos sujetos procesales que han intervenido en el correspondiente proceso judicial, según da cuenta la historia del derecho, en general, testigo de excepción de la vigencia milenaria de este instituto, de indiscutida etiología romana (Vid. LVI, 307, CLI, 42) (…) Si lo anterior no fuere así, como en efecto no lo es, nada impediría a la parte desfavorecida en un litigio, plantear de manera indefinida —y sistemática— la cuestión o asunto sometido a composición judicial, hasta que su pretensión o excepción, finalmente, encontrara eco en una determinada providencia (espiral de libelos), dando lugar a la floración de fallos contradictorios en el universo judicial. Por lo demás, no se justificaría —ni se justifica—, el palmario e inconsulto derroche jurisdiccional, que implicaría examinar, una y otra vez, una materia sobre la que existe ya un pronunciamiento, previo y definitivo (anterius), con sujeción al cual, es la regla, debe tenerse como clausurado el debate y, por ende, sellada la suerte de la controversia sometida a composición (agotamiento procesal)’ (CSJ SC, 12 ago. 2003, rad. 7325; CSJ SC, jul. 5/2005, rad. 1999-01493; CSJ SC, dic. 18/2009, rad. 2005-00058-01; CSJ SC, nov. 7/2013, rad. 2002-00364-01).

A favor del demandado, la excepción de cosa juzgada se materializa en “la facultad de pedir que los órganos jurisdiccionales declaren la certeza de la existencia de esa causa extintiva del derecho de jurisdicción del Estado, y por consiguiente, que declaren la certeza de la existencia de la prohibición impuesta por la ley procesal a los órganos jurisdiccionales, de la cual se sigue el derecho a que… no juzguen nuevamente de re iudicata” y la obligación jurídica de éstos de “no juzgar nuevamente aquellas relaciones jurídicas de derecho sustancial que constituyeron objeto de una precedente sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada”(6).

2. La “función negativa de la cosa juzgada”, vista como imposibilidad general de abrir otras causas judiciales, ha sido sustituida en el derecho civil moderno por la denominada “función positiva”, que impide decidir en un ulterior trámite de modo contrario a como se resolvió antes.

La primera propugna por “excluir no sólo una decisión contraria a la precedente, sino simplemente toda nueva decisión sobre lo que ya ha sido juzgado, meta que el demandado en el segundo proceso alcanza con la exceptio rei judicatae”, en tanto por la segunda “se vincula o se constriñe al juez a reconocer y acatar el juzgamiento anterior” (CSJ SC, abr. 24/84, G.J. T. CLXXVI, Nº 2415, pág. 152).

El artículo 332 del estatuto adjetivo reconoce a la cosa juzgada una función positiva al establecer que:

La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos.

Dicho precepto se identifica con una tesis muy extendida en la doctrina procesal sobre las tres identidades de la cosa juzgada, conforme a la cual —anota Guasp— para que un fallo goce de la autoridad de ese instituto en un proceso posterior “es preciso que entre el primer pronunciamiento y el nuevo litigio se dé perfecta concurrencia de tres elementos comunes: los sujetos (eadem personae), el objeto (edaem res) y la causa o razón de pedir (eadem causa petendi), existiendo en consecuencia tres clases de límites de la cosa juzgada: límites subjetivos, límites objetivos y límites causales”(7).

“Solamente cuando el proceso futuro es idéntico, en razón de estos tres elementos —ha expresado la Sala— la sentencia dictada en el anterior produce cosa juzgada material” (CSJ SC, abr. 24/84, reiterada en CSJ SC280, jul. 24/2001, rad. 6448), contrario sensu, si falta uno de ellos, esa providencia no genera el comentado efecto jurídico procesal en la nueva causa judicial, y por lo tanto, en la última podrá dirimirse la litis de forma diferente a la consignada en el pronunciamiento dictado en el otro juicio.

3. En relación con la primera de las limitaciones, esto es, la “eadem conditio personarum”, a la cual se refieren los reproches del casacionista en este cargo, esta Sala precisó en el fallo que acaba de citarse que consiste en “la identidad jurídica de las partes en los dos procesos, y cuyo fundamento racional está en el principio de la relatividad de las sentencias (C.C., art. 17), según el cual por regla general la fuerza obligatoria de un fallo judicial se limita a las personas que han intervenido como partes en el proceso en que se profiere. Por lo consiguiente, en principio quienes no han sido partes en éste no son afectados por la sentencia, y pueden proclamarse ajenos a ésta según la máxima latina res inter alios iudicata, aliis neque prodesse neque nocere potest” (CSJ SC, abr. 24/84, G.J. T. CLXXVI, Nº 2415, pág. 152).

Según la codificación instrumental, la cosa juzgada se extiende a quienes intervinieron en el primer trámite, a sus sucesores mortis causa y a sus causahabientes por acto entre vivos celebrado después del registro de la demanda cuando están involucrados derechos sujetos a éste, y al secuestro en los demás casos.

Tanto los unos como los otros adquieren los derechos que le transmite su causante, determinados o modificados por la sentencia, de ahí que respecto suyo tiene la misma fuerza y autoridad que tuvo para aquél.

Doctrinalmente se ha diferenciado la identidad física de la identidad jurídica, para explicar que puede concurrir la segunda sin la primera, cuando “quienes sin haber litigado materialmente en el proceso anterior, estén vinculados a tales litigantes por una participación: solidaridad o indivisibilidad, o por una transmisión: causahabientes a título universal o singular, de las correspondientes situaciones jurídicas”(8), de modo que “si el que materialmente no interviene en un juicio, se encuentra en idéntica relación jurídica que el que en él tomó parte, no puede considerarse como tercero”(9).

Esos sujetos que aun sin haber intervenido físicamente en el litigio, quedan sometidos a la decisión jurisdiccional que lo resuelve por efecto de la cosa juzgada, son titulares de un derecho propio y no de un simple interés que puede perjudicarse o beneficiarse con el fallo judicial, a tal punto que “el ejercicio de la acción intentada por alguno cierra el camino a todos los demás”(10), pues tales personas “aunque en realidad no hayan tomado parte en el juicio, siempre y en todo caso, por lo menos virtualmente, habrían podido participar en él, ya que habrían estado siempre legitimados para accionar o, por lo menos, para intervenir en juicio”(11).

Entonces, la identidad de partes a la que hace referencia el artículo 332 del ordenamiento procesal, tal como lo explicó esta Sala, “atañe a la posición o situación jurídica de la parte, rectius, titular del interés asignado por el derecho, ab origine o ab posteriore, comprendiendo hipótesis de adquisición originaria y derivativa, traslaticia o constitutiva y presupone la ocurrencia a proceso del titular del derecho debatido, relación, situación o posición jurídica para deducir una pretensión frente a alguien, contemplándose los extremos de la relación procesal, esto es, el titular de la pretensión (parte activa o demandante) y vinculado a ésta (parte pasiva o demandada) o, lo que es igual, la coincidencia de los titulares de la relación jurídica sustancial y procesal debatida en juicio (LVI, 307, CLI, 42) (CSJ SC, sep. 19/2009, rad. 2003-00318-01).

De modo que la denominada “eficacia extintiva de la autoridad de la cosa juzgada” se produce en relación con todos los sujetos que son titulares del derecho de acción o del de contradicción, aunque no hubieran concurrido al proceso o no estuvieran presentes realmente en él como demandantes o como demandados.

3.1. El ordenamiento jurídico, en algunos casos, autoriza que a pesar de existir una pluralidad de personas legitimadas para el ejercicio de la acción, esta sea instaurada por una sola de ellas, pero, en esos eventos, el efecto extintivo de agotamiento de la jurisdicción también se genera respecto de los demás cotitulares de ella.

Tal situación se presenta en la sucesión mortis causa y la herencia no yacente, pues ciertamente no es un ente moral, de modo que no puede ser parte demandante ni demandada en un proceso, pero si lo pueden ser los herederos, que en su calidad de tales representan al causante; por eso, demandar o pedir para la sucesión es hacerlo para los herederos en tal carácter, es decir, como copartícipes en la comunidad universal hereditaria.

A la muerte del causante, los herederos lo suceden en sus derechos y obligaciones, y por esta razón son ellos quienes concurren al juicio, bien sea integrando la parte demandante o como demandados.

3.2. En relación con el primero de esos supuestos, ha sostenido esta Sala que “cuando se demanda para una sucesión, la Corte, respecto de la legitimación en la causa “por activa”, tiene dicho que “cada heredero, en razón de suceder al causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles (C.C., art. 1008), y de la representación del causante en tales derechos y obligaciones (art. 1155 ibíd.), puede demandar para todos los herederos” (CSJ SC, ago. 14/2006, rad. 1997-2721-01).

“Lo que pertenece a la sucesión —explicó— es de los herederos. Ellos no tienen un derecho personal, o crédito, sino un derecho real: el de herencia sobre la universalidad jurídica, con la esperanza de concretarse en el dominio sobre uno o más bienes. Antes de la partición hay una comunidad sui generis; un patrimonio común destinado a liquidarse”.

(…) Cuando se demanda a la 'sucesión' o para 'la sucesión', la parte demandada' está constituida por todos los herederos y la parte actora lo está por el heredero o los herederos que piden para la comunidad. Por un imperativo de lenguaje se habla en uno y otro caso de 'la sucesión'; pero bien analizadas las cosas, detrás de esta colección de bienes se perciben los herederos como personas físicas" (G, J. XLIII, 789) (CSJ SC, oct. 28/54, G.J. T. LXXVIII, núm. 2147, pág. 978-980; CSJ SC, feb. 2/2000, rad. 7935).

Los herederos asumen —explicó— el carácter de parte, por activa o por pasiva, no personalmente ni como representantes de una entidad que carece de personería jurídica, sino por la calidad de herederos de que están investidos”, lo cual es indicativo de la existencia de una tercera categoría dentro del presupuesto procesal de capacidad para ser parte que “es precisamente el caso de quien no comparece en propio nombre, ni en representación de otro, sino por virtud del cargo o calidad, es decir, en el evento contemplado por ser heredero” (CSJ SC, jul. 21/59, G.J. T. XCI Nº 2214, pág. 52).

Posteriormente sostuvo que los herederos actuaban como gestores de un patrimonio autónomo, lo que explicó en los siguientes términos:

(…) quien actúa en juicio en calidad de heredero, por activa o por pasiva, no lo hace en nombre propio y ni siquiera a nombre de la sucesión, sino como gestor que es de un patrimonio autónomo; así lo ha expresado esta Corporación, por ejemplo, en providencia de 8 de agosto de 1994, cuando, con cita del tratadista Enrico Redenti, destacó cómo ‘la sucesión no es persona, ni natural ni jurídica, por lo mismo no tiene capacidad para ser parte de un proceso, es decir, que no puede demandar ni ser demandada, ni por lo mismo, tiene representante legal, pero el hecho de que la sucesión no sea persona ni tenga por ende representantes, no significa que no se la pueda demandar, ni demandar para esa comunidad universal. Mediante la teoría del 'patrimonio autónomo' ello es posible, pero siempre a través de los herederos, quienes como gestores, a términos de conocidas enseñanzas de doctrina, asumen el debate judicial para proteger intereses en razón de ese oficio de administradores de un patrimonio autónomo para hacerlos valer, sin que en tal caso se pueda decir, ni que esté en juicio en nombre propio (ya que no responde personalmente), ni que esté en juicio en nombre de otro (ya que no hay tras él un sujeto de quien sea representante). Surge más bien de ahí un tertium genus, que es el de estar en juicio en razón de un cargo asumido y en calidad particular de tal’ (CSJ SC, sep. 6/99, rad. 2779; en el mismo sentido: CSJ SC, abr. 1º/2002, rad. 6111).

De ese modo, así como el administrador de la comunidad y el gestor de un patrimonio autónomo tiene la representación judicial de ésta y su actuación en el juicio aprovecha o perjudica a los demás comuneros, el heredero representa al causante ““en todos sus derechos y obligaciones transmisibles” (C.C., arts. 1008 y 1155)” (CSJ SC, ago. 5/2002, rad. 6093), por lo que su participación en el proceso beneficia o afecta a los otros sucesores mortis causa, vinculándolos en todos los efectos de la relación jurídico procesal, de tal forma que el fallo que se profiera en ese trámite produce cosa juzgada en favor o en contra de todos los integrantes de la comunidad hereditaria.

Como sucesor de todos los derechos transmisibles del causante y como titular del dominio per universitatem sobre los bienes relictos —indicó esta Corporación— aunque éste no se concrete sino en la partición, el heredero tiene desde la delación de la herencia todas las acciones que el de cujus tenía (C.C., arts. 1008 y i013), y por ende puede, demandando para la sucesión, incoar cualquier acción tal cual podría haberlo hecho el mismo causante (CSJ SC, oct. 28/54 G.J. T. LXXVIII, n. 2147, pág. 978-980).

3.3. El derecho a una herencia no otorga per se acción para reclamar los bienes que la constituyan como si fueran de propiedad del heredero, razón por la cual aun siendo único, el legislador no le autoriza ejercitar las acciones reales o personales que correspondían al causante, de modo que debe obrar jure hereditario, lo que supone reivindicar “para la comunidad conformada por los herederos de la universalidad de derecho que dejó el causante” (CSJ SC, dic. 13/2000, rad. 6488).

En ese sentido se ha precisado que los herederos “antes de la partición y adjudicación de la herencia pueden reivindicar bienes pertenecientes a la masa herencial que se encuentren poseídos por terceros. En este caso, el heredero demandante en juicio de reivindicación debe reivindicar para la comunidad hereditaria, es decir, para todos los herederos, pues aún no es dueño exclusivo de ninguna de las propiedades que pertenecían al causante. No puede reivindicar para sí, pues solo con la partición y adjudicación adquiere un derecho exclusivo sobre los bienes que se le adjudican” (CSJ SC, feb. 20/58, G.J. 272/93, pág. 77-78; CSJ SC, dic. 10/1970, G.J. T. CXXXVI, pág. 154).

El fallo que en esa causa se pronuncie sea que la acción hubiera sido promovida por uno solo o algunos herederos, vincula a todos los integrantes de la comunidad herencial y en consecuencia, produce el efecto de cosa juzgada frente a todos ellos, de tal forma que no podría un heredero distinto a aquel que instauró la demanda en el juicio precedente, acudir nuevamente a la jurisdicción para buscar un nuevo pronunciamiento en relación con la misma causa petendi y el mismo objeto.

4. El cargo que se analiza está edificado en el presunto error de hecho que habría cometido el sentenciador ad quem por tergiversar el contenido del fallo proferido el 2 de mayo de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en una reivindicación y de la demanda con la que se dio inicio al presente proceso, pues de tales piezas coligió que existía identidad jurídica de partes en los dos juicios a pesar de la evidente diferencia que reflejaban en cuanto al extremo demandante, toda vez que el primer juicio fue promovido por Dagoberto Hernández Madrigal, mientras que en el actual la actora es Clementina Hernández Madrigal, representada por su guardador, que es aquél.

Con ese desacierto se habría desconocido la legitimación de cada uno de los herederos para incoar separadamente y jure propio la acción consagrada en el artículo 1325 del Código Civil.

4.1. Del examen de los elementos de convicción mencionados, la Sala no encuentra que el juez colegiado hubiera incurrido en el yerro que le atribuyó la censura.

En efecto, de la sentencia de segunda instancia que se aportó como prueba documental, proferida en la primera acción de dominio se extrae que ésta fue promovida por “Dagoberto Hernández Madrigal, actuando en representación de la sucesión ilíquida e intestada de su difunta madre María de los Santos Madrigal de Hernández”, y en tal condición pretendió que se declarara que le pertenece a dicha sucesión “el derecho de dominio y la posesión material” sobre el bien inmueble identificado con el folio de matrícula 350-75009 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de la ciudad de Ibagué y ordenar su restitución a favor de la universalidad jurídica(12).

En tanto que en el escrito introductorio del presente proceso, aparece como actora Clementina Hernández Madrigal, quien comparece a través de su representante legal Dagoberto Hernández Madrigal, que según se indica en ese libelo, fue designado como su guardador provisorio en el proceso de interdicción que en ese momento se le adelantaba dada la discapacidad mental que padece.

Allí la demandante solicitó declarar que “pertenece a la sucesión ilíquida e intestada de la señora María de los Santos Madrigal de Hernández, el derecho de dominio y la posesión material” sobre el predio que tiene asignado el folio de matrícula 350-75009 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados de Ibagué y ordenar su restitución a favor de la universalidad jurídica representada por el cónyuge supérstite y los herederos(13).

De tales elementos de juicio, como anteriormente se reseñara, el Tribunal dedujo que no obstante haberse promovido los dos litigios por personas naturales distintas, el inicial por Dagoberto Hernández Madrigal, y el segundo por su hermana Clementina Hernández Madrigal, en ambos asuntos se adujo la calidad de herederos de la causante María de los Santos Madrigal de Hernández, y pidieron la reivindicación del inmueble para la respectiva sucesión intestada e ilíquida, hallando en esa coincidencia la razón para reconocer la “identidad jurídica de partes”.

4.2. El error endilgado en este caso al fallador alude a la materialidad de las pruebas, a su existencia objetiva, de ahí que se configure cuando, por ejemplo: (i) supone existente un medio de prueba no obrante en el plenario; (ii) omite su valoración a pesar de que fue incorporado legal y oportunamente; (iii) distorsiona las ideas en él expresadas, de tal manera que le hace decir una cosa contraria, no coincidente o totalmente distinta al verdadero sentido de su contenido material.

En ninguna de tales equivocaciones incurrió el Tribunal al valorar las aludidas piezas procesales; por el contrario, su apreciación guardó completa fidelidad al contenido material de éstas, y la inferencia que de ellas extrajo en la cual apoyó la declaración de encontrarse probada la excepción perentoria de “cosa juzgada” no comporta un entendimiento arbitrario o inadmisible jurídicamente.

La razón de lo anterior reside en que tanto en la inicial acción como en la presente, los demandantes obraron en su condición de herederos de la fallecida María de los Santos Madrigal de Hernández, persiguiendo la reivindicación de un bien perteneciente a la sucesión ilíquida de ésta, a favor de la cual reclamaron que fuera restituido.

Aunque es innegable que se trata de personas físicamente distintas, también lo es que entre ellas existe una identidad jurídica como titulares que son de los mismos derechos: el de herencia sobre la universalidad jurídica dejada por el de cujus, y el de acción para reivindicar cosas hereditarias.

En cuanto a lo primero, es claro que en la sucesión ilíquida los herederos se encuentran en una misma posición o situación jurídica que deriva de su condición de integrantes o partícipes de la comunidad herencial, y en cuanto a lo segundo, es evidente que aunque cualquier proceso en favor de aquella puede ser promovido a instancia de uno solo de los sucesores sin que sea necesaria la integración de la parte demandante con los demás, todos están legitimados para incoarlo.

De lo anterior dimana que Clementina Hernández Madrigal y los demás herederos de María de los Santos Madrigal de Hernández son titulares de la relación jurídica sustancial y procesal que se debatió en el primer juicio reivindicatorio, y en virtud de esa circunstancia la sentencia proferida dentro de dicho trámite produce efectos respecto suyo, aun si no intervinieron en él.

Eso no significa que el Tribunal le haya reconocido personería jurídica a la sucesión a pesar de que, como lo ha sostenido esta Corte carece de ella; por el contrario, tuvo claro que aunque la universalidad de derecho dejada por la de cujus no es un ente moral, son los herederos quienes la administran y comparecen a juicio en su defensa, y entre ellos existe una vinculación sustancial como integrantes de la comunidad hereditaria.

A ese respecto recuérdese que, como tuvo oportunidad de expresarlo esta Corporación, que “quien actúa en juicio en calidad de heredero, por activa o por pasiva, no lo hace en nombre propio” (CSJ SC, sep. 6/99, rad. 5227) sino como gestor de la comunidad de la que hace parte; por eso, el resultado del litigio en que se haya formulado pretensiones a favor de esta, es oponible a quienes sean herederos en cuanto titulares de la acción y titulares también del derecho a la universalidad jurídica. Por consiguiente, la eficacia extintiva de la autoridad de la cosa juzgada que emana de la resolución de fondo de la litis en la sentencia, se produce en relación con todos ellos, aunque no hubieran concurrido al proceso.

Por otra parte, dado que antes de la partición y adjudicación de la herencia, ninguno de los herederos es dueño exclusivo de los bienes que pertenezcan a la masa herencial, si pretende su reivindicación contra el tercero poseedor al amparo del artículo 1325 del Código Civil, el heredero de una sucesión ilíquida que instaure la acción de dominio no tiene opción distinta a la de demandar en favor de la comunidad hereditaria, es decir, de todos los herederos.

Con otras palabras, como el derecho a la herencia no le otorga al sucesor la potestad de reclamar los bienes que la conforman como si estos fueran suyos, en el proceso reivindicatorio de cosa sucesoral consagrado en la norma citada, debe obrar iure hereditario.

De ahí que la Corte haya expresado que “el artículo 1325 del Código Civil reconoce expresamente al heredero la acción reivindicatoria sobre las Cosas hereditarias que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por éstos, caso en el cual se ejercita la acción no para sí sino para la sucesión” (CSJ SC, oct. 28/1954 G.J. T. LXXVIII, Nº 2147, pág. 978-980), esto es, “para la comunidad conformada por los herederos de la universalidad de derecho que dejó el causante” (CSJ SC, dic. 13/2000, rad. 6488).

De modo que en ningún desacierto fáctico pudo incurrir el sentenciador por “desconocer la legitimación de cada uno de los herederos para incoar separadamente y jure propio la acción consagrada en el artículo 1325 del Código Civil”, porque además de que no expuso reparo alguno respecto de la legitimación en la causa de la actora ni frente a la integración de la parte demandante, con lo cual queda en evidencia que no soslayó que aun cuando existan varios sucesores mortis causa, cualquiera de ellos está facultado para demandar la reivindicación de un inmueble perteneciente a la universalidad jurídica, el heredero demandante en el proceso aludido en la indicada norma, debe obrar jure hereditario y no jure propio en tanto la sucesión permanezca ilíquida.

El fallo que en esa causa judicial se pronuncie -se reitera- bien sea que la acción se adelante a instancia de un solo heredero o de algunos, vincula a todos los integrantes de la comunidad herencial y en consecuencia, produce el efecto de cosa juzgada frente a ellos.

En ese orden de ideas, es ineludible concluir que el actor de la primera reivindicación y la demandante del presente proceso se encuentran en una misma posición o situación legal, de donde se colige que las partes de ese juicio guardan identidad jurídica con las de éste.

5. La acusación examinada, por lo tanto, no prospera.

Cargo segundo

Denunció la violación indirecta del artículo 332 del estatuto procesal por aplicación indebida y del artículo 1325 del Código Civil por falta de aplicación, como consecuencia de haberse incurrido en error de hecho por preterición parcial o cercenamiento de una de las pruebas incorporadas al plenario.

El juzgador ad quem, según expuso el casacionista, no apreció en su integridad la sentencia mencionada en el primer ataque, pues de ella omitió valorar la parte de la cual puede inferirse que no existe identidad de causa petendi entre el juicio en que fue proferida y el que ahora se conoce en esta sede extraordinaria.

En concreto sostuvo que de los apartes cercenados en la apreciación de esa prueba efectuada por el sentenciador, se extrae que las pretensiones formuladas por Dagoberto Hernández Madrigal fueron desestimadas porque subsistía el vínculo contractual entre la demandada Luz Stella Hernández Madrigal y los demás herederos de María de los Santos Madrigal de Hernández con excepción de Clementina Hernández Madrigal, a través del cual consintieron en la enajenación que realizó el cónyuge supérstite Rafael Hernández.

Luego, la parte que el Tribunal no valoró demuestra que la causa petendi del mencionado sucesor a título universal es diferente de la aducida por Clementina, por cuanto la del primero “para su prosperidad debe fundarse en una ACCIÓN CONTRACTUAL, y por eso fracasaron las pretensiones en el proceso primitivo”, mientras que la de su hermana “es EXTRACONTRACTUAL, es decir, la contemplada por el artículo 1325 del Código Civil, para su prosperidad”(14).

En presencia de este yerro, desaparece la presunción de acierto del fallo impugnado que aplicó indebidamente la norma procesal referente a la cosa juzgada y dejó de aplicar el precepto citado de la codificación civil, por lo que es necesario casar dicha providencia y en sede de segunda instancia revocar la proferida por el juez a quo y en su lugar, declarar imprósperas las defensas de mérito y acceder al petitum de la demanda.

Consideraciones

1. Por causa jurídica según se ha dicho en repetidas oportunidades, debe entenderse el hecho generador que el actor hace valer en su demanda como fundamento de la acción o de la excepción, valga decir, el principio que origina el pretendido derecho o “el motivo o fundamento del cual una parte deriva su pretensión deducida en el proceso” (CSJ SC 139, jul. 24/2001; CSJ SC, jul. 5/2005, rad. 1999-01493; CSJ SC, dic. 18/2009, rad. 2005-00058-01).

Acerca de este límite objetivo de la cosa juzgada, explicaba el profesor Coviello:

“Para que exista la identidad de la cuestión y, por ende, la excepción de cosa juzgada, no basta que el objeto de la nueva demanda sea idéntico al de la anterior, sino que es preciso, además, que se pida el mismo objeto por la misma causa. Por esta causa debemos entender el hecho jurídico que sirve de fundamento a la pretensión; de aquí que se distinga netamente de la acción, porque de un solo y mismo hecho jurídico pueden derivar varias acciones, como de la compraventa la actio redibitoria y la quanti minoris; que se distinga también de los motivos o razones, así de hecho como de derecho, aducidos para justificar la demanda; de los medios de prueba que pueden ser variados respecto al mismo hecho jurídico, y, finalmente, del objeto práctico, o motivo psicológico que induce a entablar determinado juicio. Poco importa, pues, que la acción que se ejercita sea diversa de la anteriormente acogida o rechazada por la sentencia, que sean diversos los motivos invocados para justificar la nueva demanda, que se invoquen nuevos medios de prueba, o que sea diferente el fin práctico de la demanda; la excepción existe cuando, no obstante tales diferencias, el fundamento jurídico de la pretensión es el mismo(15).

De la misma opinión es Alsina, para quien la causa “es el hecho jurídico que se invoca como fundamento de la acción y no se debe confundir con el hecho constitutivo del derecho o con la norma abstracta de la ley”(16).

“Hay lugar a distinguir —ha sostenido esta Sala— entre la causa remota y la próxima del derecho que se reclama, pues solo esta última es la verdadera causa de pedir, al paso que la remota o lejana es intrascendente para los efectos de la cosa juzgada, la cual se configura cuando hay identidad en la causa próxima entre el primero y el segundo proceso”.

Y añadió:

Para clarificar aún más el tema, la doctrina ha definido:

“Para que la sentencia ejecutoriada tenga la autoridad de la cosa juzgada en el segundo juicio es forzoso que la acción que la produjo, sea idéntica a la que se intenta en el segundo proceso, porque de otra manera no hay razón alguna para que se respete lo resuelto en la ejecutoria y se decida lo mismo que lo resuelto por ella. A propósito de esta identidad, algunos autores clásicos aconsejaban que cuando se ejercita una acción real, es conveniente expresar la causa próxima de la acción y no limitarse a mencionar la remota, porque si se hace esto último, la sentencia que declare improcedente la acción, será un obstáculo insuperable para promover eficazmente un nuevo juicio(17) (CJS SC1175-2016, feb. 8/2016, rad. 2010-00308-01).

En ese orden de ideas, cuando el artículo 332 del estatuto procesal alude a la “identidad de causa”, está haciendo referencia a que si en el nuevo proceso se ha invocado como fundamento de la pretensión deducida contra la parte demandada, la misma razón de hecho que se alegó en el juicio precedente, es decir, iguales supuestos fácticos a los aducidos en esa oportunidad como soporte o fuente inmediata del petitum de la demanda de los cuales se hacen deducir los efectos que se pretenden obtener con el fallo, se produce el efecto de la cosa juzgada.

Sin embargo, “no se desnaturaliza el factor eadem causa petendi por el simple hecho de que se introduzcan variaciones accidentales, ni porque se enuncien diferentes fundamentos de derecho. En cambio, deja de haber identidad de causa cuando a pesar de promoverse la misma acción, varían sustancialmente los supuestos de hecho de la causa petendi…” y tampoco se configura el aludido límite objetivo de la cosa juzgada por “hechos fundamentales sobrevinientes u ocurridos con posterioridad al primer litigio, puesto que el segundo proceso resulta apoyado sobre una razón que no fue objeto de debate en el anterior, máxime que por tratarse de presupuestos de hecho de ocurrencia posterior, no podían ser materia del primer proceso” (CSJ SC, jun. 30/80, G. J. T. CLXVI, Nº 2407, pág. 65; en el mismo sentido CSJ SC, nov. 8/2000, rad. 4390).

2. Al contrastar el contenido material del medio de prueba que se acusó de haber sido apreciado de manera defectuosa, esto es, la sentencia proferida el 2 de mayo de 2003 dentro de la acción de dominio impetrada por Dagoberto Hernández Madrigal, con las deducciones obtenidas del mismo por el Tribunal, la Sala encuentra que después de reseñar los fundamentos de hecho que sirvieron para deducir las pretensiones formuladas en el inicial juicio, dicho juzgador coligió la existencia de “identidad de causa” con el actual proceso como presupuesto indispensable para declarar fundada la excepción de “cosa juzgada” que se propuso como defensa de mérito(18).

En esta sede extraordinaria, sin embargo, el censor aunque alega error de hecho en la valoración del pronunciamiento judicial aportado como probanza, no fundamenta la censura en la discordancia de causa petendi próxima o “verdadera causa de pedir” de uno y otro juicio, sino que dirige su crítica a confrontar las razones de derecho expresadas por el sentenciador del primer litigio para desestimar las pretensiones de la demanda, las cuales, como es lógico inferirlo no hicieron parte del fundamento fáctico de la primera demanda.

3. En todo caso, no advierte la Sala que el juez plural hubiera omitido apreciar parte alguna del fallo en mención relacionado con la “causa de pedir” de ese juicio, y del cotejo de esa prueba con la demanda de este proceso se concluye que la razón de hecho o fundamento de la pretensión reivindicatoria en favor de la sucesión ilíquida o causa petendi próxima de la acción promovida por la interdicta Clementina Hernández Madrigal está sustentada en los mismos supuestos de hecho que su hermano y también heredero Dagoberto Hernández Madrigal adujo como soporte o fuente inmediata del petitum de la demanda que dio origen a la controversia dirimida por ese pronunciamiento, de ahí que la conclusión de la providencia recurrida en casación de hallarse configurado el elemento “eadem causa petendi” no resulta desacertada.

Además, la existencia de un vínculo contractual que habría dado lugar a que la demandada Luz Stella Hernández Madrigal entrara en posesión del inmueble que se alega perteneciente a la masa sucesoral, hace parte de los supuestos fácticos alegados en las dos acciones de dominio incoadas, y por lo tanto, integra el componente de razón de hecho o causa de pedir en ambos libelos, de ahí que, a partir del mismo, tampoco sería posible desconocer la “identidad de la causa” declarada por el Tribunal.

4. Los razonamientos expuestos, imponen desestimar el reproche estudiado.

Cargo tercero

En el quebranto indirecto de los artículos 1325 del Código Civil por falta de aplicación, y 332 del estatuto procesal por aplicación indebida, se incurrió, según el casacionista como resultado de un error de derecho al dar por acreditada la “identidad jurídica de partes” con un medio probatorio distinto de los señalados en la norma adjetiva citada, la cual —añadió— establece “las únicas pruebas conducentes, pertinentes y eficaces” para demostrar que entre dos procesos existe la mencionada coincidencia.

Como fundamento de la censura, indicó que aunque el Tribunal no tuvo duda alguna sobre la legitimación de la demandante para incoar la acción reglada por el artículo 1325 de la codificación civil, consideró que sus pretensiones debían negarse porque tanto ella como su hermano invocaron la calidad de herederos y pidieron la restitución del bien inmueble “no a su favor y en nombre propio, sino para la sucesión de la causante María de los Santos Madrigal de Hernández”, sin reparar en que el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil “para determinar si existía o no identidad de partes en este proceso con aquel”, exige demostrar cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Que Clementina Hernández tenía la condición de sucesor mortis causa de Dagoberto Hernández o era causahabiente suya por acto entre vivos “celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos”;

2. Que la sentencia que se le opone como cosa juzgada fue dictada dentro de una acción popular “que produce cosa juzgada erga omnes”;

3. Que el efecto extintivo mencionado deriva de un proceso en que “se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas”, o

4. Que la decisión es el resultado de un juicio en que se emplazó a personas indeterminadas y por lo tanto, la cosa juzgada “surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento”(19).

Por consiguiente, el sentenciador no podía tener por demostrada la identidad jurídica de las partes acudiendo a un medio de convicción distinto de los mencionados expresamente en el precepto instrumental, el cual implícitamente prohíbe acudir a otros; sin embargo, lo hizo al recurrir, para ese efecto, a la forma en que fueron formuladas las pretensiones.

La consecuencia de lo anterior es que se incurrió en yerro de iure en la apreciación de la prueba, el cual trascendió a la resolución de la litis, pues le sirvió de apoyo al juzgador ad quem —concluyó el recurrente— para declarar probada la excepción de mérito propuesta por los demandados.

A efectos de enmendar ese equívoco, es ineludible —agregó— casar la sentencia de segunda instancia y constituida la Corte en esa sede, revocar lo decidido por el juez y acceder a las pretensiones de la demanda.

Consideraciones

1. Acorde con el inciso final del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, cuando el censor alega que el juzgador ha incurrido en “error de derecho”, es necesario “indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción”.

No obstante la claridad de ese precepto, la acusación omitió el cumplimiento de la exigencia allí impuesta, porque citó el artículo 332 del ordenamiento en mención como única disposición transgredida de aquella índole, atribuyéndole también el carácter de norma sustancial.

Sobre el particular, la reiterada jurisprudencia de esta Corte, al pronunciarse sobre la naturaleza de esa disposición legal, ha sido enfática en expresar que no es de aquellas que se ocupan de disciplinar lo atinente a los medios de prueba.

En ese sentido, sostuvo que “el desconocimiento de la cosa juzgada, formada en proceso distinto del que está en curso,..., implica ciertamente violación de la norma de derecho sustancial que la consagra (CPC, art. 332)… (…cas. civ. jun. 24/92. Cfme: CCXVI, 606) [el subrayado es del texto, CSJ SC-071-2005, abr. 29/2005, rad. 0829-92].

En pronunciamientos anteriores indicó que la violación verificada en el caso que analizaba en ese momento la Sala, lesionaba el “artículo 332 del Código de Procedimiento Civil que ha sido considerado norma sustancial…” (CSJ SC, dic. 11/2003, rad. 7520) y que:

(…) El cargo no señala como vulnerada preceptiva alguna que verdaderamente sea de rango probatorio, tal como lo exige el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, (…).

Las únicas normas que acaso con tal fin cita el recurrente son los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil y 17 del Código Civil, que armónicamente hablan de la cosa juzgada y la relatividad de los fallos judiciales, las cuales, al tiempo que carecen del linaje probatorio averiguado, más bien ofrecen un sesgo de carácter sustancial (CSJ SC, nov. 30/98, rad. 5158).

2. La mencionada norma procesal, contrario a lo que argumenta el casacionista, no relaciona ni establece reglas probatorias o medios específicos de prueba a través de los cuales sea posible demostrar la “cosa juzgada”, como tampoco prohíbe implícitamente “tener como pruebas para demostrar la existencia de identidad de partes entre uno y otro proceso, situaciones fácticas distintas de las señaladas por el precepto”, ni circunscribe la forma de acreditar el señalado elemento, “exclusivamente a los fundamentos señalados por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil de manera expresa”(20).

Inclusive, los segmentos de ese texto legal que son citados como fundamento del cargo, conciernen a aspectos sustanciales o de derecho material, concretamente a dos de los eventos en que se configura la “identidad jurídica de partes” como presupuesto de la res iudicata: 1. Cuando “las del segundo proceso son sucesores mortis causa de las que figuran en el primer proceso” y 2. Si son “causahabientes suyos por acto entre vivos”.

De otro lado, establecen los efectos de dicho fenómeno procesal en las acciones populares; en asuntos relacionados con el estado civil de los individuos, y en procesos donde se emplaza a personas indeterminadas.

3. La censura no denunció, en definitiva, ninguno de los supuestos configurativos del error de iure, el cual se origina por la apreciación de los elementos de juicio obrantes en el proceso sin atender los requisitos legalmente necesarios para su producción; cuando, advirtiendo su existencia y contemplándolos en su materialidad o contenido objetivo, no son evaluados por estimar equivocadamente que fueron ilegalmente practicados o incorporados al proceso; en el evento de otorgar valor persuasivo a un medio de convicción prohibido expresamente para el caso; y si al requerir la ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le es atribuida a la misma el mérito probatorio legalmente señalado, o se da por demostrado con una prueba distinta, y en caso de exigirse un medio de convicción especial legalmente no requerido.

Sobre la demostración de ese tipo de yerro, ha explicado esta Corporación que “también es del caso llevar a cabo una comparación entre la sentencia y el medio, según se ha anticipado, más en este supuesto lo será para patentizar que conforme a las reglas propias de la petición, decreto, práctica o apreciación de las pruebas, el juicio del sentenciador no podía ser el que … consignó. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestimó como idónea, debe puntualizarse que sí era adecuada. Todo, con sujeción a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria...” (CSJ SC, abr. 6/2011, rad. 2004-00206-01 que reiteró el criterio expuesto en CSJ SC, oct. 13/95, rad. 3986).

El recurrente reprochó al Tribunal por haber admitido una situación fáctica distinta a la reconocida en la norma adjetiva, endilgándole que le concedió “valor persuasivo a un hecho fáctico ilegal”, pero no indicó cuales reflexiones del juzgador ad quem evidenciaban esa situación; no señaló la regla probatoria presuntamente transgredida, ni explicó de qué forma se produjo su infracción.

4. En virtud de las razones consignadas, el cargo se desestima.

A pesar de la improsperidad de las acusaciones, debido a que a la impugnante está beneficiada con amparo de pobreza, no procede imponerle condena en costas de conformidad con la previsión contenida en el inciso primero del artículo 163 del Código de Procedimiento Civil.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: NO CASAR la sentencia de 13 de diciembre de 2011 proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso ordinario referenciado.

SEGUNDO: Exonerar a la actora del pago de las costas procesales en esta sede extraordinaria, en razón de habérsele concedido amparo de pobreza.

TERCERO: Devolver, en oportunidad, el expediente a la Corporación de origen.

Notifíquese.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala (con ausencia justificada)—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez (con ausencia justificada)—Aroldo Wilson Quiroz MonsalvoLuis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Folio19, cuaderno Corte.

2 Ibídem.

3 Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Parte General. Bogotá: Temis - Buenos Aires: Edit. Depalma, 1976, págs. 313 a 315.

4 ROCCO, Ugo. Op. cit., pág. 335-336.

5 COVIELLO, Nicolás. Doctrina General del Derecho Civil. México: Unión Tipográfica Editorial Hispano - Americana, 1949, pág. 624.

6 Rocco, Ugo. Op. cit., pág. 343.

7 GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo Primero. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1968, pág. 559.

8 GUASP, Jaime. Op. cit., pág. 560.

9 COVIELLO. Op. cit., pág. 632.

10 COVIELLO. Op. cit., pág. 631.

11 Rocco, Ugo. Op. cit., pág. 354.

12 Folios 32 y 33, cuaderno 1.

13 Folio 3, cuaderno 1.

14 Folio 28, cuaderno Corte.

15 COVIELLO, Nicolás. Op. cit., pág. 629.

16 ALSINA, Hugo. Op. cit., pág. 590.

17 PALLARES, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil. México: Editorial Porrúa S.A., 1960, pág. 183.

18 Folios 54 y 55, cuaderno 2.

19 Folios 34 y 35, cuaderno Corte.

20 Folio 36, cuaderno Corte.