Sentencia SC10291-2017/2008-00374 de julio 18 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE SACACIÓN CIVIL

Rad.: 73001-31-03-001-2008-00374-01

Magistrado Ponente

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

(Aprobada en sesión de ocho de marzo de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil diecisiete.

Por haberse casado el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario de Corporación de Acción Social y Vivienda Popular Ibaguereña —Corasvip— contra Jorge Humberto Valero Rodríguez, se procede a dictar la sentencia sustitutiva con el fin de resolver, en sede de instancia, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia adoptada por el Juzgado 01 Civil del Circuito de Ibagué

Antecedentes

1. Acorde con el resumen del litigio que efectuó la Corte en el fallo de casación y la demanda inicial, la demandante pidió la nulidad absoluta de la escritura pública 4109 de 14 de diciembre de 2006, otorgada en la Notaría Primera de Ibagué, por falta de capacidad de su representante legal, al no estar facultado para enajenar el inmueble al demandado, ni querer las partes vender o comprar ni haberse pagado el precio. En subsidio, solicitó la nulidad absoluta por ausencia de causa lícita o por causa ilícita; como segunda pretensión subsidiaria, la resolución de los negocios incluidos en la escritura mencionada, así como la nulidad de la escritura pública 408 de 13 de febrero de 2007 otorgada en la misma notaría; como tercera subsidiaria se declare que por los contratos hubo un enriquecimiento sin causa del demandado y un empobrecimiento correlativo de la actora.

En consecuencia, de prosperar cualquiera de las tres primeras pretensiones, se declare que es nulo e ineficaz el instrumento público 0408 de 13 de febrero de 2007, otorgado en la Notaría Primera de Ibagué, donde en forma unilateral el demandado, aclaró unos linderos del inmueble objeto de la venta relacionada en la escritura pública 4109; se ordene cancelar ambos instrumentos, comunicar a la Notaría, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y a la Oficina de Catastro, todos de Ibagué, para las anotaciones del caso; y que se condene al demandado a restituir el inmueble referido en las escrituras citadas, con sus frutos civiles y naturales, como compensar los deterioros que por causa suya haya sufrido el predio, como poseedor de mala fe, y se entrega el bien purificado de embargos y demás gravámenes que hubiese constituido el demandado (fl. 69, cdno. 1).

En la cuarta pretensión subsidiaria pidió se declare que Jorge Humberto Valero “le ocasionó lesión enorme” a la actora en la compraventa ya citada, se declare la rescisión del contrato para que el demandado complete el justo precio dentro de los diez (10) días siguientes, o la demandante restituya al último los $ 400.000.000 que se pactaron como parte del precio, en el mismo término, y se dispongan las otras órdenes consecuenciales.

2. Como soporte fáctico de la demanda se extracta:

a) Un grupo de personas, en búsqueda de soluciones de vivienda, constituyeron la Corporación de Acción Social y Vivienda Popular de Ibagué - Corasvip, designaron a Pedro Antonio Vargas Morales como presidente de la junta directiva y representante legal, reelegido en varios periodos hasta 2007, como consta en actas de asamblea general de asociados, en las que se menciona la asistencia de Alfredo Pacheco sin haber estado, motivo por el cual se adelanta proceso para anulación de algunas de 2001, 2003 y 2004.

b) En desarrollo de su objeto, Corasvip adquirió el lote de terreno descrito en la demanda, ubicado en Ibagué, con matrícula inmobiliaria 350-26952 y una extensión superficiaria aproximada de 16.367 m², sobre el cual, en la misma escritura, se constituyó hipoteca a favor de Proyectos y Fabricados Ltda., con quien la actora suscribió un contrato para construcción de un conjunto residencial, en que esa sociedad se obligó a la “ejecución de obras de urbanismo necesarias y obligatorias, de 264 apartamentos de interés social, con las especificaciones señaladas, agrupados en bloques y regulados por un reglamento de propiedad horizontal” (fl. 60, cdno. 1). La contratista realizó unas obras iniciales, presentó a las curadurías los documentos requeridos, adelantó gestiones para permisos y servicios públicos, y obtuvo las licencias pertinentes.

c) El representante legal de Corasvip, mediante escritura pública 4109 de 14 de diciembre de 2006 otorgada en la Notaría Primera de Ibagué, vendió el lote al demandado, “sin haber consultado la voluntad de la Asamblea General de asociados ni haberle informado a los miembros de la junta directiva que pretendía realizar la aludida transferencia”, inmueble que estaba embargado a la fecha de la escritura, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué en el proceso ejecutivo de Proyectos y Fabricados Ltda. contra la actora, y por la Secretaría de Hacienda Municipal Tesorería de Ibagué., se presentó un certificado de paz y salvo predial a 31 de diciembre de 2006, al parecer fraudulento, con un valor pagado inferior al adeudado. Mediante escritura pública 408 de 13 de febrero de 2007 otorgada en la misma notaría, el demandado aclaró la extensión y linderos del citado inmueble.

d) El entonces representante de la demandante no obtuvo permiso de la asamblea de asociados para vender, y como la reunión jamás se realizó, no hubo acta que se aportara a la escritura de venta. Tampoco se allegó a la notaría copia de los estatutos, por lo que el representante legal actuó sin poder (fl. 63, cdno. 1). Cuando se hizo la “falsa tradición” del bien, su valor comercial era de $ 1.245.240.000, pero se registró en la escritura el supuesto de $ 400.000.000, que nunca llegó a las arcas de la actora.

e) El tesorero de la entidad se percató de varios negocios irregulares efectuados por el representante legal, como la venta aquí cuestionada, hechos que se denunciaron ante la Fiscalía, que ordenó la cancelación provisional de la inscripción de las escrituras públicas 4109 y 408 antes mencionadas, actuación de la que se entiende que el contrato de venta no reúne los requisitos legales.

f) El comprador no tenía la intención de adquirir realmente el predio, porque los dineros producto de la supuesta venta nunca ingresaron a la vendedora. Desde su adquisición y hasta la fecha de la demanda, la vendedora no entregó el lote al supuesto adquirente, sin que este último haya emprendido alguna acción para eso.

3. En su réplica el demandado se opuso a las pretensiones; formuló como excepciones de mérito las que denominó ausencia de los presupuestos básicos para la prosperidad de las pretensiones principales y todas las subsidiarias presentadas, buena fe, pago total del precio pactado dentro de la escritura pública y del cual no se puede inferir la supuesta lesión enorme, así como la que llamó excepción genérica.

4. Cumplidos los trámites de primera instancia, el juzgado a quo denegó las súplicas de la demanda mediante sentencia que, recurrida en apelación por lo parte actora, fue enteramente confirmada por el tribunal.

5. Casada esa última decisión por la Corte, con fallo de 16 de junio de 2014 (SC7720-2014), y practicada la prueba pericial allí ordenada de oficio, es oportuno proferir sentencia de reemplazo en los términos que siguen.

Consideraciones

1. Reunidos los presupuestos procesales y de validez que hacen posible la decisión de mérito, antes de emprender el tema propio de sustitución de la sentencia de segunda instancia, es útil recordar que la Corte casó la del tribunal, confirmatoria de la de primer grado, únicamente en cuanto a la negativa de la pretensión de lesión enorme, que era una de las subsidiarias, mas no en torno a la denegación de las otras pretensiones, que quedó incólume, pues concluyó que el cargo analizado,

“(...) y más específicamente la invocación de las normas sustanciales que se señalan como violadas, indica a las claras que el recurrente, demandante en el proceso cuya sentencia se impugna en casación, únicamente fustiga la conclusión del Tribunal en lo que toca con la denegatoria de la pretensión orientada a provocar se declare la lesión enorme del contrato de compraventa, razón por la cual, por lo que corresponde al mismo, quedarían en pie las demás decisiones adoptadas en la sentencia, esto es, la orientada a desestimar la pretensión para que se declare la nulidad del contrato por falta de capacidad del representante legal de la entidad jurídica actora por no contar con la autorización del órgano colegiado competente, o los tres pedimentos que persiguen la declaratoria de nulidad por causa ilícita, la resolución del contrato y el enriquecimiento sin causa, amén de la nulidad por objeto ilícito al encontrarse embargado el bien objeto de la compraventa a la fecha del negocio jurídico traslaticio”.

2. Cumple recordar que frente al fallo de primera instancia, negativo de las pretensiones, en materia de la lesión enorme, único tema de decisión ahora, en su apelación la demandante adujo, en resumen, que el juzgado dejó sin ningún valor el dictamen allegado con la demanda, por referir este al metro cuadrado conforme a la incidencia del proyecto urbanístico pendiente en el predio y la proyección arquitectónica del sector, conforme al desarrollo de la ciudad.

Afirma que es inexistente el error grave endilgado a la pericia, que debió valorarse en forma apropiada, más porque el dictamen allegado por la parte demandada y el ordenado por el juzgado carecen de argumentos para demostrar el error del primero, además de que contienen un precio irrisorio, al no tener en cuenta la realidad urbanística del sector. Por lo tanto pidió al tribunal una nueva experticia por perito idóneo e imparcial, que obre conforme a todos los aspectos requeridos.

Argumento que ripostó el demandado por considerar, en síntesis, que no fue acreditada la desproporción económica del precio pactado y pagado a la demandante, quien se limitó a formular una serie de “cuentas alegres” de un proyecto urbanístico sin sustento serio, pues los intentos quedaron frustrados.

3. Como ha recordado la Sala, la lesión enorme es un vicio objetivo del acto generador de un perjuicio patrimonial de cierta dimensión para una de las partes en algunos negocios jurídicos, como la compraventa de bienes inmuebles, que en términos del artículo 1947 del Código Civil, si es propuesta por el vendedor acontece “cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende”.

Así mismo, ha decantado que para estructurarse la lesión enorme en la compraventa se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que la venta sea sobre bienes inmuebles, y no se hubiese hecho por ministerio de la justicia (art. 1949 C.C., mod. art. 32, L.57/1887); b) que la divergencia entre el justo precio al tiempo del contrato y el pactado sea enorme: menos de la mitad, o más del doble (art. 1947 C.C.); c) que el negocio celebrado no sea de carácter aleatorio; d) que luego de verificarse el contrato no se haya renunciado a la acción rescisoria; e) que el bien objeto del negocio no se hubiese perdido en poder del comprador (art. 1951); y f) que la acción rescisoria se ejerza dentro del término legal de cuatro años (art. 1954)(1).

Por su lado, el justo precio es un elemento que se mide en relación con el tiempo del respectivo contrato y para cuyo propósito la prueba técnica, como el dictamen, es acaso la más idónea, según fue anotado en la sentencia de casación que antecede a esta.

4. En esta especie de litis, luego de la sentencia de casación, hay lugar a revocar la que es objeto del recurso de apelación, en cuanto denegó la súplica subsidiaria de lesión enorme, de atender que se encuentran acreditados los aludidos presupuestos sustanciales de esta figura rescisoria, consagrados por los artículos 1946 a 1954 del Código Civil y la doctrina jurisprudencial de esta Corte, visto que el negocio aquí cuestionado trató de la venta de un inmueble, que es un contrato conmutativo y no aleatorio (art. 1498 del C.C.), que hizo la entidad demandante al demandado por menos de la mitad del justo precio, como luego se disertará; no está invocada y acreditada la renuncia posterior a la pretensión bajo análisis, amén de que el bien está en cabeza del comprador, e inclusive se allegó al legajo la constancia de inscripción de demanda (fls. 315 a 320 del cdno. 1).

La acción se ejerció dentro del término legal, pues el contrato se celebró el 14 de diciembre de 2006, la demanda se presentó el 30 de octubre de 2008 y el demandado se notificó el 24 de noviembre del mismo año (fls. 4, 79 y 86 del legajo citado).

5. Cuanto a la desproporción evidente entre el justo precio del bien y el pactado, que es el foco de discrepancia entre las partes, como también de lo decidido en primera instancia y el motivo por el que se casó el fallo de segundo grado, quedó definitivamente comprobada con el dictamen pericial decretado de oficio por la Corte en la sentencia de casación, porque ese factor de persuasión muestra que el negocio jurídico de compraventa se celebró por menos de la mitad del valor comercial justo de ese momento, que así lesionó objetivamente el patrimonio de la corporación vendedora, a voces del artículo 1947 del estatuto civil.

5.1. Recuérdase que el negocio jurídico de venta fue convenido por cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000), mientras que el dictamen practicado en esta sede conceptuó, de manera razonable, que el precio justo del inmueble era de mil ochenta y cuatro millones quinientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y cinco pesos ($ 1.084.598.285), para la época del contrato, 14 de diciembre de 2006 (fls. 200 a 239 del cdno. de la Corte), vale decir, que el valor acordado fue menos de la mitad del real, que sería de quinientos cuarenta y dos millones doscientos noventa y nueve mil ciento cuarenta y dos pesos con 50 ctvs. ($ 542.299.142.50). La diferencia entre el precio acordado y el justo, fue de seiscientos ochenta y cuatro millones quinientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y cinco pesos ($ 684.598.285).

El dictamen referido es razonable y ofrece credibilidad, pues al hecho de no haber sido controvertido por las partes, luego de brindarse la oportunidad correspondiente, obsérvase que sus fundamentos revelan firmeza, precisión y calidad, al igual que competencia o idoneidad del perito, en concordancia con el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este asunto, por cuanto los recursos de apelación y casación fueron interpuestos antes de entrar en vigencia del Código General del Proceso.

Justamente, el peritaje está conforme al decreto probatorio oficioso de la Corte, en la medida en que el auxiliar designado tuvo en cuenta componentes apropiados existentes al tiempo de la compraventa, para su valoración, pues explicó el tipo de bien y su identificación, la influencia de la ubicación geográfica en comprensión urbana de la ciudad de Ibagué, las características generales de los sectores vecinos, como ciertos barrios de la ciudad que consideró relevantes (Villa luz, Hacienda Villa Luz, Villa Café, Jordán tercera etapa), un importante colegio, varios almacenes de cadena ubicados cerca; los usos del suelo en el sector, las vías de acceso, la forma y topografía del predio, así como su disposición para el desarrollo de un proyecto urbano que ha estado pendiente, las necesidades para esto, la incidencia de esos factores en el predio, las condiciones positivas de valorización, entre otros temas.

Pero también, en el avalúo del inmueble para el tiempo del contrato, el experto exteriorizó el método de comparación utilizado y las investigaciones que para tal efecto empleó, el área neta para construcción con las exclusiones concernientes (áreas de cesión o áreas no viables para construir), en armonía con las reglas aplicables a estos puntos.

5.2. Por esas razones, el dictamen comentado debe ser acogido para esta decisión. Por el contrario, los dictámenes tenidos en consideración por el juez de primera instancia y por el tribunal, fueron demeritados por la Corte al efectuar el juicio de casación en ese preciso tema, cuando se concluyó que los asertos consignados en aquellos medios de convicción,

“(...) carecen de justificación y respaldo, como quiera que la mayor parte de su contenido se destina a efectuar la descripción del predio, lo que en sí mismo es un hecho para cuya aprehensión no se requiere de un especial saber técnico o del auxilio de la ciencia. En ninguno de ellos se identifican los vecinos consultados o la información que ellos ofrecieron, ni los valores de los predios aledaños que sirvieron de referencia para llegar al precio que en cada uno se atribuye al inmueble que es objeto de la controversia, según la metodología que, sin ninguna explicación, (“método comparativo” en el primer dictamen y “análisis por información directa de acuerdo a las condiciones del mercado inmobiliario” en el segundo) dicen haber utilizado, por mencionar solo las escasas razones que aludieron como fundamentos”.

En avenencia con lo sostenido por la Sala en esa sazón, si la firmeza y calidad del dictamen se basa en la fuerza expositiva de los argumentos, sus explicaciones, conclusiones lógicas y la buena calidad de las comprobaciones y métodos, un trabajo que solamente se sustente en la simple descripción física del predio e inferencias subjetivas del experto, cual se aprecia en los peritajes practicados en primera instancia, se queda en una mera opinión sin apoyo alguno, para lo cual no se requiere de especiales conocimientos, sino de información media o común. Es que la tarea pericial debe explicitar la información y metodología empleadas, con una apropiada ilación lógica, que tenga sostén en las reglas, los métodos y procedimientos científicos o técnicos de la ciencia, la técnica o el arte que lo orienten y exhiban los perfiles propios de la objetividad y fuerza persuasiva que reclama el proceso judicial, pues de lo contrario deja traslucir una sola conjetura del perito, que de ese modo no puede ofrecer el conocimiento especializado requerido conforme a la respectiva área.

Así, dejan de tomarse en cuenta los dictámenes practicados en primera instancia, como se anotó en la sentencia de casación, e inclusive el allegado con la demanda, que no fue considerado en dicho fallo; en cambio, se acoge el dictamen ordenado de oficio por la Corte y aquí practicado.

6. Por eso, conforme a lo discurrido, hay lugar a despachar favorablemente el recurso de apelación, para revocar el fallo apelado en cuanto a la negativa de lesión enorme, única pretensión que, con la decisión del recurso de casación, puede ser analizada ahora, como fue deslindado en el prólogo de estas consideraciones. En su lugar, se declarará la rescisión del contrato por esa afectación sustancial y las consecuentes restituciones, aunque el comprador tiene la facultad, a su arbitrio, de consentir en esa rescisión, o completar el justo precio deducido en una parte, de acuerdo con lo permitido por el artículo 1948 del Código Civil.

Es pertinente precisar que el precio y su pago a la entidad actora vendedora deben reconocerse aquí, pues si bien en un aparte de la demanda se anotó que el dinero producto del contrato no ingresó a las arcas de aquella, tal aserto está ayuno de respaldo. En efecto, esa interesada en la misma demanda, al instar las pretensiones consecuenciales de la lesión enorme manifestó que, para evitar la rescisión el comprador puede persistir en el contrato “completando el justo precio” con deducción de la décima parte, o de lo contrario, de no insistir el demandado en el contrato, pidió que se le ordene a ella -la demandante- consignar “la suma por la cual fue vendido el inmueble, aumentada en un 10% esto es, consignando (sic) a la cuenta del juzgado y a órdenes del demandado la suma de $ 440.000.000” (fl. 74 del cdno. 1); de manera que así debe resolverse, en guarda del principio de congruencia (art. 305 del CPC).

Pero además, en el recurso de apelación la demandante expuso que Pedro Antonio Vargas M., quien fue representante de la cooperativa, “se apropió del producto de la venta de dicho inmueble (…)” (fl. 15, cdno. del Tribunal), precisión que, en verdad, no niega el pago, sino que revela una situación administrativa interna de esa entidad.

6.1. Ya se anotó que la diferencia entre el precio acordado por $ 400.000.000 y $ 1.084.598.285, que era el precio justo de la época, según valoración del peritaje que se acoge, es de $ 684.598.285.

Así, como al declararse la rescisión del contrato, en consonancia con el artículo 1948 del Código Civil, el comprador puede consentir en ella, o completar el justo precio para mantener en pie el negocio, significa que en el primer caso, de aceptarse la rescisión, la corporación demandante deberá restituir al demandado la suma recibida, aunque en este asunto específico “aumentada en un 10%”, esto es, $ 440.000.000, como ella misma lo solicitó de manera expresa en las pretensiones de su demanda. En el segundo caso, si el comprador persiste en el negocio, deberá pagar el excedente de ese justo valor con deducción de una décima parte ($ 108.459.828.5), esto es, $ 684.598.285 menos $ 108.459.828,5 para un resultado de $ 576.138.456.50.

6.2. Tanto para el caso de restitución de lo recibido por la demandante, como para la eventual facultad de complementar el precio por el demandado, se dispondrá la corrección monetaria hasta una fecha cercana a esta sentencia, con base en el criterio que ha venido tallando la Corte, puesto que se trata de un reconocimiento de la desvalorización de la moneda a las partes, como se ha sostenido por la doctrina de esta Corte desde la sentencia civil de 8 de junio de 1999 (expediente 5127), en que se rectificó la jurisprudencia sobre el particular, con reiteración posterior(2).

Rememórase que esta primero fue reacia a aceptar la corrección monetaria en la rescisión por lesión enorme(3), como fue recordado en el fallo antes citado, que la aceptó, pues en este se consideró que las prestaciones de la lesión, en especial la de “pago del suplemento del precio a cargo del comprador demandado e interesado en hacer subsistir el contrato en los términos en que lo permite el artículo 1948 del Código Civil, tienen por fuerza que recibir el tratamiento de las obligaciones pecuniarias de valor estable”, en procura de evitar el efecto nocivo de la inflación sobre las obligaciones dinerarias, con inspiración en la “idea justa de realismo monetario” que, en buenas cuentas, lo único que pretende “es atenuar las secuelas nocivas del impacto inflacionario sobre una deuda pecuniaria sin agregarle por lo tanto, a esta última, nada equiparable a una sanción o un resarcimiento” (se resaltó).

Aunque en esa providencia se estableció como límite inicial para el reconocimiento de la corrección monetaria, la demanda y no la fecha del contrato, acaso imbuida la Corte por “el sistema legal consagrado en el artículo 1948 del Código Civil”, bajo cuyo texto no se deben intereses o frutos “sino desde la fecha de la demanda”.

Esa postura y la referida restricción del tiempo inicial, fue reiterada en las citadas sentencias de 1º de marzo de 2001 y 13 de diciembre de 2001; pero en la primera estas dos, se planteó una dicotomía para las imposiciones derivadas de la prosperidad de la lesión enorme, pues se reconoció la corrección monetaria a partir de la fecha del negocio para la restitución de sumas que debía hacer el vendedor, pero desde la data de la demanda para completar el justo precio por el comprador, si deseaba mantener el contrato.

Con todo, a diferencia de esa doctrina jurisprudencial, ahora la Sala considera adecuado unificar que esa corrección debe reconocerse para las cargas de ambas partes, desde el “tiempo del contrato”, que es cuando, en condiciones normales, se pacta el precio impugnado (art. 1947 del C.C.) y se ejecutan las obligaciones, cual aconteció en el caso de autos, pues hay varias razones de equidad, inclusive invocadas por la Corte en aquellas, que impiden ver el mantenimiento del valor real de la moneda como un lucro o interés (puro), que caiga en las restricciones que en materia de frutos e intereses establece el artículo 1948 del estatuto civil, “desde la fecha de la demanda”, o como una sanción, como pasa a anotarse.

La corrección monetaria —o indexación— es una remuneración equitativa y razonable para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo del dinero por la inflación, es decir, una retribución para que la prestación económica tenga un valor igual —o similar— al que tuvo en el momento en que se ejecutaron las obligaciones del respectivo negocio, que fue cuando se pagó el precio pactado, o debió pagarse el justo.

Por eso debe atenderse, conforme a la doctrina de esta Corte para entronizar la corrección pecuniaria como una forma de justicia en las obligaciones que lo admiten, que cumplir estas sin ese mecanismo, impondría al acreedor la recepción de un dinero envilecido por la merma de su valor real o poder de compra, pues para que reine la equidad en el verdadero valor de esas cargas o restauraciones pecuniarias, es menester que la traída a valor presente de ellas cobije todo el tiempo en que estuvieron sujetas a la depreciación por causa de la inflación.

No puede haber un verdadero restablecimiento del equilibrio patrimonial en las prestaciones de las partes, si el valor del dinero se deja sin actualizar durante una parte del tiempo transcurrido, esto es, entre el tiempo de la convención y la presentación del libelo inicial, en tratándose de la lesión enorme.

Es que si el concepto del “justo precio se refiere al tiempo del contrato”, como de manera paladina concreta el artículo 1947 del Código Civil, es razonable contemplar que el reconocimiento de la actualización monetaria para las obligaciones a cargo de los partícipes, una vez prospera la lesión enorme, sean a partir de ese hito temporal, pues solo así puede considerarse, ya se trate de mantener el acuerdo ora de consentir en la rescisión, que las cifras dinerarias para complementar ese justo precio, o que deban ser restituidas, sean cubiertas con el poder adquisitivo que tenían en aquel entonces. De donde emana que se trunca el restablecimiento del equilibrio, si la actualización dineraria solo opera desde la fecha de la demanda, cual fue explicado.

La indexación, por cierto, no agrega nada a las prestaciones pecuniarias, ni es “equiparable a una sanción o un resarcimiento”, como fue anotado en la sentencia inaugural que la aplicó a las prestaciones de la lesión enorme; luego, es apropiado que se reconozca esa forma de actualización desde la época del contrato rescindido por causa tal, para las prestaciones a cargo de las partes, en lugar de hacerse a partir de la fecha de la demanda, porque la corrección no es una sanción ni un rédito lucrativo.

Este criterio, además, acompasa con el carácter objetivo reconocido a la lesión enorme, bajo cuya concepción es independiente de cuestiones subjetivas relacionadas con incumplimiento, dolo, culpa o nociones similares. Basta la prueba del defecto de ultramitad para que opere.

Amén de que no debe confundirse la actualización monetaria con los intereses o frutos, que sí restringe el artículo 1948 del Código Civil desde la fecha del escrito genitor de la litis, porque como ha quedado explicado, en términos reales, aquella no agrega nada a la obligación, solo la pone en su valor real presente, y la mayor cantidad de unidades monetarias son meramente nominales, mas no representan un valor adicional.

Tampoco cabe distinguir entre las distintas obligaciones a cargo de las partes, de ocurrir la rescisión del contrato, pues sea que se trate de completar del justo precio o de restitución de lo pagado en los otros casos, no hay justificación para que se les dé un trato diferenciado en cuanto a la fecha partir de la cual se actualizan las prestaciones correspondientes.

Por manera que, en compendio, preciso es dejar sentado que la corrección monetaria debe aplicarse para las contraprestaciones derivadas de la lesión enorme, sea la de complementar el justo precio o la de restituir las sumas pertinentes, desde el “tiempo del contrato”, siempre que esa oportunidad se hubiesen ejecutado las obligaciones del correspondiente negocio jurídico.

6.3. La actualización se hará con base en el índice de precios al consumidor —IPC— hasta una fecha reciente (diciembre de 2016), según datos disponibles del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Dane, y con la fórmula siguiente:

IF

Vp = Vh ------- ; en donde:

II

Vp es el valor presente que desea obtenerse;

Vh es el valor histórico a indexar, que en el caso son dos: $ 440.000.000 y $ 576.138.456.5;

IF. es el índice final, que se obtiene del índice del IPC al mes más reciente para indexar, diciembre de 2016, por 133,40.

II es el índice inicial del IPC, desde el mes en que se va a indexar, enero de 2007, igual a 88,54.

Hechas las operaciones, los $ 440.000.000 actualizados son $ 662.932.008(4); y los $ 576.138.456.5 equivalen a $ 868.046.872(5).

Adicionalmente, sobre las sumas antes concluidas, sea para la rescisión o para la persistencia en el contrato por parte del demandado, según la facultad que le concierne, se reconocerá el interés civil, acorde con el inciso segundo del artículo 1948 del Código Civil, desde la fecha de la demanda, esto es, 30 de octubre de 2008 y hasta el momento en que se haga el pago, bien sea por la demandante en caso de cobrar firmeza la rescisión, o ya por el demandado si opta por completar el justo precio dentro del término aquí fijado.

6.4. Alrededor de los frutos del inmueble, acorde con los factores de persuasión de este expediente, es inviable disponerlos en esta sentencia, en la medida en que la parte interesada no los pidió, ni promovió actuación eficaz alguna tendiente a que fueran tasados, desdeñanza que, inclusive, descarta la posibilidad de intervención oficiosa del juzgador.

Efectivamente, en la demanda se afirmó que no se había ejecutado el contrato, porque había corrido más de un año desde la venta, “sin que dicho lote haya sido entregado por Corasvip al supuesto adquirente, ni este haya adelantado acto de posesión alguna, ni ejecutado obra, construcción o aprovechamiento de alguna índole” (fls. 66 y 67 del cdno. ppal.), lo que en ese aspecto constituye una confesión, conforme al artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.

Y aunque también solicitó la actora, como pretensiones consecuenciales, la restitución del inmueble por el demandado a la demandante (fls. 69, 71, 73 y 74 del cdno. ppal.), lo cierto es que no adujo ni pidió en la demanda una prueba específica para que se tasaran los frutos, pues allegó un dictamen para lo relativo al precio del predio, y solicitó una inspección judicial con perito para identificación y avalúo del bien (fl. 76, cdn. ppal.).

De la misma manera, no fue alegado y probado que el bien sea o hubiese sido productivo durante el tiempo del litigio. Sobre este puede verse que desde el dictamen inicial, y hasta el último que se practicó por orden de la Corte, se ha establecido que se trata de un lote para desarrollo urbanístico, con algunos pastos y una casa de habitación, pero sin descripción de una actividad concreta que genere utilidades.

6.5. Ante panorama semejante no resulta hacedera la iniciativa oficiosa para esos aspectos, porque como ha reiterado la Corte, a las partes les corresponde, “(...) sin perjuicio de las atribuciones oficiosas del juez, impulsar con su comportamiento procesal las bases sobre las cuales se haría posible la condena por ella solicitada al pago de frutos y perjuicios lo mismo que el de su quantum (...)”, al punto que si descuidan esas cargas se impone decisión desestimatoria sobre esos tópicos (SC 084 de 16 de dic. de 1997, exp. 4837. Juicio análogo en SC de jul. de 2005, rad. 1999-00246-01).

Así mismo, ha precisado que la atribución para decretar pruebas de oficio no es ilimitada o absoluta, ni puede servir de pábulo para suplir la falta de diligencia de las partes, pues “de otra forma, se desdibujaría el equilibrio judicial que gobierna a los litigios y que impone 'respetar las cargas probatorias procesales que la normatividad vigente ha reservado para cada uno de los sujetos que intervienen en esa relación procesal' (Sent. Cas. Civ. 23 de ago. de 2012, exp. 2006 00712 01)” (SC de 3 de oct. de 2013, rad. 47001-3103-005-2000-00896-01).

De ahí que a pesar de los poderes inquisitivos del juez, a las partes incumbe la carga de la prueba, conforme al artículo 177 del anterior Código de Procedimiento Civil (167 del Código General del Proceso); normas concordantes, “motivo por el cual se ha sostenido que ‘la absoluta orfandad demostrativa (…) impide hacer interactuar los elementos de cada uno de los principios dispositivo e inquisitivo, pues en tal caso no habría lugar a formar conciencia en procura de adquirir el grado de convicción necesario para sentenciar (…)’ (CSJ. SC. 9. jun. 2015. rad. 2007-00082-01)” (SC8456-2016 de 24 de jun. de 2016, rad. 20001-31-03-001-2007-00071-01).

Eso porque,

“(…) en principio, el decreto de pruebas de oficio no es un mandato absoluto que se le imponga fatalmente al sentenciador, puesto que él goza de una discreta autonomía en la instrucción del proceso, circunstancia por la que no siempre que se abstenga de utilizar tal prerrogativa equivale a la comisión de su parte de un yerro de derecho. Fuera de lo anterior, no puede perderse de vista que hay casos en los cuales la actitud pasiva u omisiva del litigante que tiene la carga de demostrar determinada circunstancia fáctica, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones ora de sus defensas, por haber menospreciado su compromiso en el interior de la tramitación y en las oportunidades previstas por el legislador (…)” (CSJ SC, 14. feb. 1995, rad. 4373, reiterada en CSJ SC, 14. oct. 2010, rad. 2002-00024-01).

Similares argumentos caben en relación con las mejoras, sobre las que no hay una invocación ni actividad probatoria concretas, que permitan inferir su existencia.

7. Cuanto a las excepciones propuestas por el demandado, referidas a la falta de requisitos para las pretensiones, la eventual buena fe, pago del precio sin lesión, pugnan con lo considerado en renglones precedentes respecto de lesión enorme, que es la súplica analizada según la circunscripción ya comentada que emana de la sentencia de casación.

Por el contrario, se hallaron estructuradas las exigencias para la pretensión por dicha causa lesiva, sin incursionar en discusiones relacionadas con la buena fe, pues por la objetividad de esa figura no fue necesario entrar disquisiciones sobre temas subjetivos; en cuanto al pago del precio pactado, es aceptado y se tiene en cuenta en esta decisión para los efectos correspondientes, sea que se consienta en la rescisión o no, solo que fue por debajo del estándar mínimo que permite la ley, como se analizó en apartes anteriores.

8. Recapitulando, prospera el recurso de apelación, para revocar el fallo apelado en cuanto a la negativa de lesión enorme, única que, con la decisión del recurso de casación, puede ser analizada ahora, como fue deslindado en el preámbulo de estas consideraciones. En su lugar, se declarará la rescisión del contrato por esa afectación sustancial y las consecuentes prestaciones, aunque el comprador tiene la facultad, a su arbitrio, de consentir en esa rescisión, o completar el justo precio deducido en una décima parte, de acuerdo con lo permitido por el artículo 1948 del Código Civil.

Es procedente anotar que para el evento de tornarse definitiva la rescisión, se ordenará la restitución del inmueble a la parte demandante, siempre que el demandado hubiese obtenido la posesión después del contrato de compraventa aquí cuestionado, ya que en la demanda se dejaron dudas sobre esa cuestión, pues en un aparte de apuntó que no había habido entrega, pero también se pide la restitución.

Sobra anotar que la escritura aclaratoria que luego otorgó el demandado sobre linderos y extensión, corre la misma suerte de lo considerado y quedará sin efecto en firme la rescisión, o se mantendrá de persistir el demandado en el contrato de compraventa cuestionado.

Igualmente, se deben ordenar las cancelaciones correspondientes.

Se mantiene la negativa de las pretensiones principal y demás subsidiarias en primera instancia, pues no hay lugar a pronunciamiento alrededor de ellas, teniendo en cuenta las comentadas limitaciones de esta decisión sustitutiva de la que había proferido el tribunal.

En aplicación del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, numerales 1º y 4º, se condenará al demandado en las costas de ambas instancias. Determinación fundada en que la modificación de la sentencia apelada es para revocar en su totalidad la negación de la pretensión subsidiaria de lesión enorme, con la cual el demandado pierde el litigio, de forma similar a cualquier de las otras, cuya negativa no es objeto de esta providencia, acorde con lo ya explicado sobre la sentencia de casación.

DECISIÓN

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sede de segunda instancia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, modifica la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, en este asunto, y en su lugar, resuelve:

1. Confirmar la negativa de las pretensiones distintas de la lesión enorme.

2. Revocar totalmente la negativa de lesión enorme, declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada frente a esta pretensión, en este proceso ordinario de Corporación de Acción Social y Vivienda Popular Ibaguereña —Corasvip— contra Jorge Humberto Valero Rodríguez.

3. Declarar que hubo lesión enorme para la demandante, como vendedora, en el contrato de compraventa celebrado por ella con el demandado, como comprador, mediante escritura pública 4109 de 14 de diciembre de 2006, otorgada en la Notaría Primera de Ibagué, negocio que fue respecto del lote de terreno ubicado en la fracción de Hato de la Virgen de Ibagué, con matrícula inmobiliaria 350-26952, extensión superficiaria aproximada de 16.367 m², cuyos linderos y demás características fueron descritos en la demanda y en el dictamen pericial practicado por orden de esta Corte (fls. 200 a 239 del cdno. de casación).

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1948 del Código Civil, el comprador podrá, a su arbitrio, consentir en la rescisión del citado contrato, o evitarla si completa el justo precio con deducción de la décima parte, conforme fue expresado en la parte motiva.

Para evitar la rescisión con la complementación del precio, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia el comprador deberá consignar en depósito judicial a órdenes de este proceso, la suma de ochocientos sesenta y ocho millones cuarenta y seis mil ochocientos setenta y dos pesos ($ 868’046.872), más los intereses civiles del 6% sobre dicha suma, desde la demanda (30 de octubre de 2008) y hasta el momento del pago.

5. De no hacer uso el demandado de ese derecho, se declara en firme la rescisión del contrato, en cuya eventualidad deberán cumplirse las siguientes prestaciones:

a) En caso de haber obtenido el demandado la posesión o detentación física del bien, deberá restituirlo a la demandante dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término en que podía evitar la rescisión.

b) Dentro del mismo plazo antes señalado, la demandante deberá restituir al demandado la suma de seiscientos sesenta y dos millones novecientos treinta y dos mil ocho pesos ($ 662.932.008), más los intereses civiles del 6% sobre dicha suma, desde la demanda (30 de octubre de 2008) y hasta el momento en que se haga el pago.

La declaración de rescisión también dejará sin ningún efecto las manifestaciones contenidas en la escritura pública 408 del 13 de febrero de 2007 otorgada en la misma notaría ya citada, en la que el demandado aclaró la extensión y linderos del citado inmueble.

c) Se ordena cancelar las referidas escrituras, así como su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente. En oportunidad se deben librar las comunicaciones respectivas.

6. El juzgado de primera instancia deberá emitir las órdenes e instrucciones, constancias y comunicaciones adicionales que sean necesarias para el cabal cumplimiento de esta decisión.

7. Se condena en costas de primera y segunda instancia al demandado. Para su valoración el magistrado ponente fija la suma de ocho millones de pesos ($ 8.000.000).

Cópiese y notifíquese.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Entre otras, pueden consultarse las sentencias civiles de 6 de mayo de 1968 (G.J. 2297 a 2299, págs. 98 y ss.); 5 de julio de 1977, G.J. CLV, p. 157); Cas. Civ. de 23 de abril de 1981 (G.J. 2407, págs. 415); 18 de agosto de 1987 (G.J. 2427, págs. 117 y ss.); y 15 de diciembre de 2009 (Exp. 1100131030101998-17323-01).

2 Luego en las SC de 1º de marzo de 2001 (Exp. 6106), 13 de diciembre de 2001 (Exp. 6480).

3 Entre varias, casaciones civiles de 22 de julio de 1987, 19 de abril, 21 de abril de 1989 y 8 de febrero de 1994.

4 Vp = $ 440.000.000 x 133,40/88,54 = $ 662.932.008.

5 Vp = $ 576.138.456 x 133,40/88,54 = $ 868.046.872.