Sentencia SC10294 de agosto 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

SC10294-2014

Rad.: 52001-31-03-002-2008-00077-01

(Aprobado en sesión de nueve de junio de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

1. La prescripción con que se adquieren las cosas -desde el momento en que se trata de un modo de ganar el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles, que están en el comercio humano- impone como requisito imprescindible haberlas poseído durante cierto tiempo con los requisitos legales (artículo 2518 del Código Civil). De ello se sigue que no puede existir usucapión sin posesión, en razón de que esta última es uno de sus fundamentos esenciales.

Quien no tiene la propiedad de la cosa que posee puede adquirirla por el indicado modo originario o, como lo han comprendido la jurisprudencia y la doctrina en unidad de criterio, la posesión comporta la función de crear el derecho, es decir, la victoria de la posesión sobre la negligencia.

Es por ello por lo que la persona que de manera consciente conserva una cosa en su poder, tiene por eso la intención de ejercer sobre la misma un derecho. Mas de la naturaleza de aquel, dependerá el que exista o no posesión, ya que no es suficiente el ánimo de ejercer sobre la cosa una facultad cualquiera, sino que es indispensable que se tenga la intención de dominio, o cuando menos, la de un derecho real.

«No existe —ha reiterado la Corte— ningún elemento objetivo para distinguir entre el poseedor y el simple tenedor. Ambos revelan un poder efectivo sobre la cosa. El único elemento que diferencia a uno y otro se halla en el ánimo, el cual corresponde al plano psicológico y es, por lo tanto, subjetivo. De ahí que en la mayoría de los casos sea prueba suficiente para establecer la posesión el elemento objetivo, porque la posesión en tales circunstancias se presume. (Artículo. 780 y ord. 1º del 2531» (CSJ SC, 25 Nov. 1938).

Son dos, entonces, los elementos configurativos de la posesión: el primero, la tenencia o aprehensión material del bien, también conocido como corpus; y el segundo elemento, que es de carácter subjetivo, es el sentimiento de quien tiene la cosa como suya, en cuanto señor y dueño de ella; a éste se le conoce como ánimus. Es, pues, la prueba de ese hecho, junto con la de los demás elementos determinados en la ley, la que dirá al juzgador si debe atenderse la pretensión de quien por haber poseído el tiempo requerido, adquirió el derecho a que se le declare titular del dominio sobre el bien.

Mas esos medios de convicción no son aquellos que al ser examinados presenten dudas, vacíos o lagunas que deba suplir el fallador para edificar su conclusión. La prueba, en otros términos, debe ser fehaciente, compleja, contundente y con aptitud suficiente para persuadir al juzgador de que los actos posesorios fueron ejercidos por el usucapiente en la forma y términos que exige la ley.

Se comprende sin dificultad que una institución de la naturaleza que se indicó y de acentuada importancia en la vida de la sociedad, debe contar con la adecuada reglamentación y por ello, la ley es especialmente exigente en cuanto hace referencia a la prueba que corresponde proporcionar al que aspira a que la jurisdicción declare que su condición ha mudado a la de propietario.

2. Si de ordinario los actos realizados por el prescribiente -y en que se fundamenta la posesión- pueden ser apreciados por quienes lo rodean en el círculo social en donde estos se cumplen, es inevitable predicar que, así no sea la única, evidentemente es la testimonial, la prueba más idónea llamada a auxiliar al juez.

Es por ello, la «ciencia del dicho del testigo» referida a la fuente del conocimiento que tenga respecto a los hechos sobre los cuales depone, uno de los principales derroteros encaminados a brindar al fallador un seguro elemento de juicio para valorar el alcance probatorio del testimonio, el cual, por lo mismo, deberá ser claro, exacto y responsivo.

En la valoración de los testimonios el sentenciador aplica, en esencia, las reglas de la sana crítica, que constituyen la llamada apreciación racional de las pruebas a que alude el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, y cuyo valor demostrativo no se puede hacer depender exclusivamente del libre arbitrio judicial o de la soberanía absoluta del juez en la apreciación de los medios de convicción, en razón a que el texto mismo dispone valorar las evidencias disponibles «en conjunto», exponiendo «siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba».

3. En lo que concierne al ataque en casación fundado en supuestos yerros en la apreciación probatoria, la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado de manera constante e invariable que mientras el argumento expresado por el fallador no se muestre abiertamente contraevidente, la exposición de puntos de vista antagónicos por parte del censor no puede considerarse como una demostración del error de hecho manifiesto, por faltar en ese caso el requisito exigido por el segundo inciso del artículo 374 de la ley procesal.

Frente a ese tema, la Corte tiene establecido que el fallador goza de una «discreta autonomía» en la ponderación de los diferentes elementos de persuasión incorporados al proceso y por ello «sus conclusiones al respecto tienen la especial característica de ser intangibles en casación, mientras el recurrente no logre demostrar con certeza que el ad quem al efectuar el examen probatorio y jurídico cometió yerro notorio de hecho o uno de valoración, por cuanto la disímil apreciación que de la prueba haga el censor a través del aludido recurso no es suficiente por sí misma para aniquilar o anonadar la providencia impugnada, ni siquiera en el eventual caso en que la Corporación pueda separarse del estudio que haya hecho el juzgador para admitir como más razonable la conclusión objeto de ataque…» (CSJ SC-080, 18 Sep. 1998). 

En el mismo sentido, la Sala expresó:

(…) el error de hecho a que se refiere la causal primera de casación, ha de ser ostensible y manifiesto, debe emerger con resplandor de su sola enunciación sin que para advertirlo se requieran esforzados razonamientos; lo cual implica que para la prosperidad del recurso de casación por tal concepto, es preciso, primeramente, que “la equivocación del sentenciador haya sido de tal magnitud, que sin mayor esfuerzo en el análisis de las probanzas se vea que la apreciación probatoria pugna evidentemente y de manera manifiesta con la realidad del proceso”. (G.J. t. LXVII, p. 380) (CSJ SC, 14 Mar. 2000, Rad. 5177)

3.1. Precisamente, en razón de que la impugnante censuró el análisis de las pruebas efectuado por el ad quem, lo primero que dilucidará la Corte es si aquel cometió yerros de orden fáctico protuberantes y trascendentes a tal punto que de no haber existido, habría resuelto la litis de manera disímil a la que aparece consignada en la sentencia objeto del recurso extraordinario.

En ese orden de ideas, es necesario reparar en que el Tribunal estimó que no se encontraban cumplidos los requisitos exigidos en la ley para declarar la pertenencia a favor de la actora del predio rural que identificó en su libelo y sobre el cual versó el litigio.

Tal conclusión la derivó de la ponderación de los testimonios de J....... L...... S............., J..... H............ M........... R....... y S.......... A............ Y...... R........, la prueba trasladada consistente en copias del proceso de pertenencia adelantado por T........ M........... contra M..... L....... D.. L.. R..... y dentro de aquel, la declaración rendida por G......... D.. C......... C..........., demandante en el proceso.

3.2. La casacionista, en el cargo tercero de su demanda, alegó que el sentenciador de segunda instancia cometió errores de hecho que consistieron en creer que los testigos J....... L...... S............. y S.......... A...... Y...... R........ hicieron referencia al predio objeto de la demanda cuando realmente aludieron a un inmueble distinto, pues afirmaron que no lo conocían y únicamente lo identificaron por la vereda en que se localizaba. Además, le censuró haber tergiversado las manifestaciones de J…. H............ M..........., porque éste nunca aseveró que M..... L...... D.. L.. R..... hubiera sido la poseedora del bien.

En esas condiciones, de la referida prueba testimonial el juzgador no podía derivar certeza acerca de la identidad del fundo referido en sus declaraciones y aquel cuya prescripción adquisitiva pidió declarar la demandante, por lo que no podía deducirse a partir de ellas que la actora había ejercido la posesión de consuno con la señora D.. L.. R..... .

3.3. Sin embargo, con vista en los apartes de las declaraciones rendidas por los citados deponentes -relativos a la identificación del inmueble- no se advierte que aquellos hubieran experimentado alguna confusión acerca del bien que constituía el objeto material del litigio.

En efecto, J....... L...... S............. afirmó:

«Yo la conozco a ella a doña G............ C.......... en (cuanto) al inmueble, la finca, ubicada en la vereda de Tasnaque de Yacuanquer…». Al preguntársele si sabía de algún problema que hubiera tenido la demandante «como dueña de la finca Tasnaque», respondió: «No, yo no tengo conocimiento que haya tenido problemas, todo ha sido normal hasta ahora…» y luego, indagado por los actos de señorío ejercidos por M..... L....... L.. R..... en la «finca Tasnaque», indicó: «Yo siempre miré que G............... llevaba la finca, cuando estaba doña M..... L....... bien entre las dos administraban la finca, G........... me pedía la plata».(5)

El testigo S.......... A............ Y...... R........, por su parte, en relación con el predio de la litis, afirmó:

«(…) lo único que sabía que la compañera me decía que esta señora G............... tenía la finca allá en Tasnaque que se llama Tasnaque mismo…» y posteriormente, al solicitarle que señalara el nombre de la finca que G............ C.......... decía que era suya, y el lugar en el que se encontraba ésta, el deponente aseveró: «La finca dijo que estaba ubicada en Tasnaque con el mismo nombre».(6)

3.4. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil(7) y según se consignó en las actas que recogen los citados testimonios, el juez suscintamente les informó a los declarantes acerca de los hechos objeto de su declaración, en respuesta a lo cual estos hicieron referencia al predio administrado por la actora, correspondiente a la finca «Tasnaque» ubicada en la vereda del mismo nombre del municipio de Yacuanquer (Nariño).

De las aseveraciones de los testigos no se advierte que aquellos hubieran aludido a un inmueble diferente a aquel que está involucrado en la controversia; por el contrario, habiéndose precisado por los apoderados judiciales de las partes que se trataba del predio rural denominado «Tasnaque», los deponentes relataron lo que les constaba sobre los actos ejecutados por la actora en el mismo, y no se pronunciaron en relación con otro distinto que también estuviera localizado en la vereda que lleva el mismo nombre.

Ahora bien, la casacionista también cuestionó la valoración del testimonio de J…... H............ M........... R......... por darle «una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido», en virtud de que el ad quem extrajo de esa probanza que ocurrido el fallecimiento de J..... I.......... D.............. V..........., la posesión sobre el inmueble de su propiedad la detentaron de manera compartida M..... L....... D.. L.. R..... y G......... D.. C......... C..........., no obstante que el testigo sólo aseguró que la dirección de la finca había sido ejercida por la demandante, reconocida como única señora y dueña de ese terreno.

El aludido declarante sostuvo que ha trabajado con la demandante, quien —según él— desde que la conoció dispuso la explotación agrícola del predio, y enseguida relató lo siguiente:

(…) Primero estuvimos trabajando con el patrón J….... I.......... D.............. V............... de ahí ya se murió y quedamos con la hija decían que era de él o ahijada no sé que sería que hicieron ellos, pero nosotros quedamos trabajando con la mamá y la hija. Después la mamá ya murió y quedamos con la hija hasta ahora. Cuando me refiero a la mamá me refiero a M....... L......... D.. L.. R..... y la hija a G.............. C..........… En las semillas la que nos está dando es la señora G.............., las cosechas nos recibía la señora G..............., ella y la mamá bajaban a recibir. Hasta hoy nos recibe las cosechas la señora G............ C...........(8)

Agregó luego que desde que «murió el patrón J....... D......... V.........., doña G...................... C.......... era la que mandaba al peón para que recib(iera) las cosechas. La plata para los fungicidas nos daban de la plata de las cosechas, entre ella y la mamá», y al preguntarle sobre qué persona administraba la finca, respondió que M..... L....... D.. L.. R..... «bajaba con su hija, de las dos no sé cual era la que administraba, allí estaban ambas».(9)

En la declaración precedente, contrario a lo expuesto por la recurrente, no se advierte que el testigo hubiera afirmado en forma inequívoca que era la actora, la persona que ostentaba la condición de poseedora del fundo sobre el cual recayó el litigio, pues éste afirmó que con posterioridad a la muerte de su propietario, siguió trabajando con «la mamá y la hija», es decir, laboró para M..... L....... D.. L.. R..... y G......... D.. C......... C........... sin saber cual de ellas administraba el predio, lo que ocurrió hasta que falleció la primera, momento a partir del cual, la única persona al frente de las parcelas ha sido la demandante.

3.5. Luego, al cotejar los aludidos medios de prueba con lo que de ellos se aseveró en la providencia impugnada, queda claro que la impugnante no demostró los errores de hecho que le atribuyó al ad quem con las características exigidas de ser manifiestos y transcendentes, pues no dejó en evidencia la manera en que al valorar las mencionadas probanzas, el Tribunal no consultó el contenido objetivo de las mismas, el cual resultaba opuesto a lo que real y materialmente se desprendía de esos elementos de convicción.

Es preciso recordar que se incurre en equivocación de facto cuando se extrae «una conclusión probatoria que no se aviene a los elementos de persuasión y que se aleja sin mediar explicación razonable y en forma ostensible del significado que aquellos ofrecen en realidad, pues no encaja lógicamente dentro del marco de las alternativas probatorias posibles».(10)

Si la apreciación que efectuó la censura de las indicadas pruebas no se erige en la única admisible y por el contrario, la realizada por el juez de segunda instancia denota una contemplación que no se muestra irrazonable de acuerdo con la materialidad de las mismas, en tanto concluyó que con posterioridad a la muerte de J..... I.......... D.............. V..........., la posesión del predio «Tasnaque» fue ejercida de manera conjunta por M..... L........ D.. L.. R..... G........ y G......... D.. C......... C..........., no encuentra la Sala establecido el defecto de valoración que adujo la recurrente, para cuya demostración —se insiste— no resulta suficiente presentar deducciones antagónicas a las expuestas en la sentencia, porque ellas solas no tienen entidad para demostrar desacierto alguno.

3.6. En la valoración de las pruebas —ha destacado la jurisprudencia— los juzgadores de las instancias gozan de discreta autonomía, lo que en la apreciación de los testimonios comporta que el juzgador puede valorar de manera autónoma su concordancia o discordancia y la suficiencia de la razón del dicho de los declarantes, para establecer la veracidad de sus manifestaciones y la credibilidad que le ofrezcan tales medios de convicción; es por eso que la mencionada labor solo puede cuestionarse con base en la existencia de un yerro fáctico manifiesto y trascendente.

El desacierto que no brota a simple vista, sino que para percibirlo es necesario escudriñar en las valoraciones del fallador, lo que lo hace recóndito, no puede dar lugar a casar la sentencia recurrida, lo que también se predica del desatino que no resulta determinante o decisivo para fijar el sentido de dicha providencia.

Solamente el yerro paladino u ostensible «es decir, de naturaleza tal que exista palmaria contradicción entre lo allí afirmado y la realidad que surja de los autos» (CSJ SC, 3 Jun. 2008, Rad. 1997-11872-01) -ha dicho la Corte- configura el «error de hecho manifiesto» al que hace referencia el inciso 2º del numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, de ahí que analizados el contenido material de las pruebas referidas y las conclusiones a las que, en cuanto a ellas, arribó el Tribunal, la Sala no advierte que la citada corporación judicial hubiere incurrido en un error de la señalada naturaleza al apreciarlas, pues sus deducciones fácticas acompasan con lo que se podía extraer de los testimonios, circunstancia que por sí misma impide reconocer prosperidad a la crítica de la casacionista.

4. En el cargo cuarto de la demanda, la recurrente reprochó al ad quem que hubiera dejado de apreciar los testimonios de «L... G..........., S....... D.........., C…........ D…..........., J....... D.. L.. R..... , A..... S.............., C....... G...............», los cuales –sostuvo- se hallaban dentro del cuaderno de pruebas de la parte demandada, pues tales medios demostrativos llevaban al convencimiento de que M..... L....... D.. L.. R..... tenía «únicamente el usufructo de la finca Tasnaque hasta los días de ella, más no dicen que ella fuese poseedora», por lo que el Tribunal no podía estimar que dicha señora tuvo la posesión del inmueble junto con la actora. En lugar de eso, debió tener por acreditado que esta última «cumplía con todos los requisitos necesarios para adquirir la finca tasnaque por prescripción extraordinaria…».(11)

La acusación precedente, no obstante, se estructuró de manera defectuosa, pues el censor la formuló con total alejamiento de las reglas técnicas que disciplinan el ataque por vía indirecta cuando se alega la comisión de errores de hecho, pues no atendió su carga de separar y analizar aisladamente cada una de las declaraciones que mencionó, colocando de presente los hechos cuya demostración emanaba de cada testimonio individualmente considerado, confrontando su contenido objetivo con lo que de ellos debió inferir el juzgador, y de esa manera, dejar al descubierto que la tesis sostenida en el fallo frente a la posesión conjunta de las señoras D.. L.. R..... y C……. era contraevidente, y por tanto, insostenible, para indicar posteriormente de qué manera se produjo la violación de la ley sustancial.

Sobre este puntual aspecto, la doctrina jurisprudencial de esta Corporación ha sido enfática en destacar que al censor que acuda a la vía indirecta alegando que el sentenciador incurrió en desatinos de orden fáctico, le corresponde hacer expresa mención de cada una de las probanzas respecto de las cuales aquel habría incurrido en la anotada infracción, y adicionalmente -se reitera- alegar un yerro «tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio o en otros términos, de tal magnitud que resulta absolutamente contrario a la evidencia del proceso». (CSJ SC, 18 Dic. 2012, Rad. 2007-00071-01 y CSJ SC, 13 Sep. 2013, Rad. 1998-37459-01).

Luego, si la impugnante se refirió genéricamente a las pruebas testimoniales, cuando su crítica ha debido hacerla de manera concreta frente a cada una de las declaraciones supuestamente preteridas, la enunciación así realizada no se considera suficiente para demostrar el equívoco del administrador de justicia, porque con ella apenas expresó su inconformidad con el pronunciamiento judicial sin ocuparse, tal como se le exige, de desvirtuar las bases esenciales del mismo, tarea mucho más exigente y calificada que ha de desplegarse si se persigue el buen suceso de la censura en sede extraordinaria.

Además, el reproche se muestra desenfocado desde que la recurrente cuestionó que el Tribunal hubiera exigido a la actora la prueba de la «interversión del título», cuando lo cierto es que el pronunciamiento de segunda instancia no contiene mención alguna de dicho fenómeno; por el contrario, la discusión asumida por el fallador en sus motivaciones versó sobre los presupuestos de «posesión exclusiva de quien demanda» y de prolongación de aquella «por el tiempo de ley» como requisitos de la prescripción adquisitiva, a la vez que aludió a la falta de acreditación de una suma o agregación de posesiones.

Los argumentos del censor referentes a la falta de demostración del derecho de propiedad en cabeza de M..... L....... L.. R..... y del otorgamiento de permiso por parte de P......... E..... D.......... a la demandante para ejercer actos de señora y dueña, no guardan, asimismo, simetría con las reflexiones que sirvieron al fallador para sustentar su determinación de confirmar lo decidido por el juez a quo.

4.1. En virtud de lo que hasta ahora se dejó consignado, los fundamentos de la sentencia recurrida se mantienen sólidos, pues si el sentenciador otorgó mayor credibilidad a las declaraciones de las que extrajo la ausencia del requisito de posesión exclusiva de la demandante por el término establecido por el legislador, sobre aquellas que la recurrente relacionó en su demanda de casación, que -en su criterio- serían demostrativas del cumplimiento cabal de los presupuestos de la usucapión, tal apreciación debe respetarse en esta sede, en tanto no se estableció que el juicio valorativo de la autoridad judicial hubiera sido contraevidente, y la apreciación del ad quem tuvo lugar bajo los postulados de la sana crítica.

En ese sentido, la jurisprudencia ha enfatizado en lo siguiente:

(…) no hay error de hecho cuando la interpretación del juzgador del acervo probatorio resulta razonable y lógica, a pesar de que la que exponga el censor también puede serlo, ni cuando obedezca a la selección hecha por el Tribunal de un grupo de testigos frente a otro, dado que al acoger el sentenciador el grupo que le ofrezca mayores elementos de convicción, desestimando los demás, está en ejercicio de la autonomía que se señaló anteriormente, claro está, dentro de los márgenes de la lógica y la razón, pues “...cuando militan pruebas en diversos sentidos, el acogimiento por el sentenciador de las que le ofrezcan mayores bases de credibilidad con desestimación de otras, no conforma yerro a no ser que incurra en absurdos o que la apreciación del fallador riña con la lógica”. (Cas. Civil de 5 de diciembre de 1990). (CSJ SC, 15 May. 2001, Rad. 6562; en el mismo sentido: CSJ SC, 14 Dic 2010, Rad. 2004-00170-01; 18 Dic. 2012, Rad. 2007-00313-01) (el subrayado no es del texto).

4.2. En síntesis, los cargos tercero y cuarto formulados por la casacionista no acreditaron la infracción atribuida al fallador de haber incurrido en errores de hecho ostensibles, palmarios e incontestables con entidad para que, a primera vista, se advirtiera la necesidad de valorar las pruebas en forma completamente diferente a como lo hizo el Tribunal, ponderación que, precisamente, correspondía a aquella que planteó en la censura.

De manera insistente ha predicado la Corte que para la adecuada demostración de los yerros fácticos son necesarios «argumentos tan concluyentes que la sola exposición del recurrente haga rodar por el piso la labor probatoria del Tribunal (cas. civ. febrero 23 de 2000, exp. 5371)» y ese propósito «no se alcanza contraponiendo ‘la interpretación que de las pruebas hace el censor con la que hizo el Tribunal’, sino confrontando ‘la sentencia con el derecho objetivo y la violación patente del sentenciador’, de suerte que para exhibir la evidencia y la trascendencia del error, se torna indispensable ‘cotejar lo expuesto en el fallo con lo representado por la prueba, a fin de que de esa confrontación brote el desacierto del sentenciador, de manera clara y evidente» (CSJ SC, 29 Feb. 2000, Rad. 6184, reiterada en CSJ SC, 31 Mar. 2001, Rad. 7141 y en CSJ SC, 9 Feb. 2004, Rad. 7577) (EL RESALTADO no pertenece al texto original).

4.3. Si las pruebas a las que se hizo alusión en forma precedente al analizar las acusaciones, le proporcionaban apoyo firme a la decisión adoptada en segunda instancia, resultan intrascendentes las críticas planteadas en relación con la falta de apreciación de los medios de convicción relacionados con la legitimación de P......... E..... D.......... en el proceso, es decir, de los documentos «obrantes en el cuaderno No. 3, correspondiente a las pruebas de la parte demandante, folios 352 a 434»(12), es decir, los que fueron aportados en el trámite de liquidación notarial de la sucesión del señor J..... I.......... D.............. V........... que -sostuvo la impugnante- demostraban la falta de vocación hereditaria de dicho interviniente, las cuales están contenidas en los cargos primero y segundo de casación, y por esa razón no se hace necesario su estudio.

La razón de lo anterior radica en que la decisión del ad quem no se fundó exclusivamente en los medios de convicción que aportó el opositor a las pretensiones de la prescribiente y los que se decretaron por solicitud suya, entre estos la declaración que aquella rindió dentro de la acción de pertenencia promovida por T........ M........... contra M..... L........ D.. L.. R..... G.........., incorporada al expediente como prueba trasladada en los términos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, pues tal como se explicó con anterioridad, la sentencia se soportó adicionalmente en las pruebas respecto de las cuales no se demostró la presencia de un yerro fáctico en su valoración, y que por sí solas le prestan férreo sustento a dicha decisión.

4.4. La casacionista, entonces, no logró desvirtuar las presunciones de legalidad y acierto que amparan al fallo recurrido, en el que se determinó que los medios persuasivos no demostraban de manera fehaciente, inequívoca e indubitable, como lo requiere el tema objeto de la litis, la posesión exclusiva de la demandante por el tiempo exigido en la ley para que se hiciera al dominio por vía de la prescripción adquisitiva extraordinaria, del inmueble rural conocido como «Tasnaque» en la vereda de idéntico apelativo, localizado en el municipio de Yacuanquer, Nariño.

5. Los cargos auscultados, por lo tanto, no están llamados a prosperar.

IV. Decisión

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el dieciocho de abril de dos mil doce por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en el proceso referenciado.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la recurrente. En la correspondiente liquidación, inclúyase como agencias en derecho la suma de seis millones de pesos ($6.000.000,oo) como agencias en derecho a favor de la contraparte, dado que formuló réplica a la demanda de casación.

En su oportunidad, devuélvase el expediente a la corporación de origen.

Notifíquese».

5 Folio 21, c. 3.

6 Folio 24, c. 3.

7 Modificado por el artículo 23 de la Ley 794 de 2003.

8 Folio 43, c. 3.

9 Folio 46, c. 3.

10 CCXXVIII, 1267.

11 Folio 29, c. Corte.

12 Folio 25, c. Corte.