Sentencia SC10298-2014 de agosto 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 05266 31 03 002 2002 00010 01

SC10298-2014

Magistrada ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

(Aprobado en sesión de veinticinco de febrero de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. El inconforme, en rigor, protesta un error de hecho por la equivocada apreciación de unas pruebas y en la interpretación de la demanda.

El error por valoración errónea de los medios de convicción, recae sobre su contemplación física, material u objetiva, y ocurre por preterición, suposición, alteración o distorsión de su contenido en la medida que se atribuye un sentido distinto al que cumple dispensarles. Dicho de otra forma, la equivocación se produce cuando el juzgador “ha visto mucho o poco, ha inventado o mutilado pruebas; en fin, el problema es de desarreglos ópticos”. (CSJ CS. Sentencia de 11 de mayo de 2004, Radicación 7661).

En tal virtud, para que se presente, es necesario “que al primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso” (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, expediente 06798-01), “que repugna al buen juicio”, es decir, que “el fallador está convicto de contraevidencia” (sentencias de 11 de julio de 1990 y 24 de enero de 1992), por violentar “la lógica o el buen sentido común” (CCXXXI,644), “tan evidente, esto es, que nadie vacile en detectarlo, que cuando apenas se atisba como probable o posible, ya no alcanza para el éxito de la casación, porque, como lo tiene averiguado la Corte, ‘la duda jamás sería apoyo razonable para desconocer los poderes discrecionales del sentenciador (XLV, 649)’…” (CCXXXI, p. 645. Reiterado en Cas. Civil de 19 de mayo de 2011, expediente 2006-00273-01).

Por ello, la imputación debe contener “argumentos incontestables” (Sent. Cas. Civil 22 de octubre de 1998), “tan concluyentes que la sola exposición del recurrente haga rodar por el piso la labor probatoria del Tribunal” (Sent. de 23 de febrero de 2000, exp. 5371), sin limitarse a contraponer la interpretación que de las pruebas hace el censor con la que hizo el fallador porque, por más razonado que ello resulte, sabido se tiene “que un relato de ese talante no alcanza a constituir una crítica al fallo sino apenas un alegato de instancia” (sentencia 056 de 8 de abril de 2005, exp. 7730).

2. Realizadas esas precisiones referidas al primer tipo de yerro imputado a la sentencia, se observa que en el asunto que demanda la atención de la Sala, el Tribunal revocó la decisión del juzgador a quo y en su lugar denegó las pretensiones del libelo, con fundamento en la aplicación de la responsabilidad con culpa probada contemplada en el artículo 2341 del Código Civil y en el análisis de las pruebas incorporadas al proceso.

3. El reproche propuesto a la sentencia de segunda instancia apuntalado en el tipo de falta descrita, se basa principalmente en que el juzgador plural cometió unos “errores de apreciación probatoria” destacando que el fallo se motivó en lo tocante al “nexo de causalidad” y al “tema de la culpa”. Igualmente se duele de unos presuntos errores en la apreciación del libelo genitor del litigio.

3.1. La demanda sustentatoria del recurso se refiere inicialmente a los errores de “apreciación probatoria”, y antes de examinar algunas declaraciones recepcionadas en el proceso y la diligencia de inspección ocular señaló que “el superficial análisis probatorio que hace el Tribunal se acerca más a un alegato de parte que a una decisión basada en el material probatorio apreciado en conjunto y encaminado a una decisión justa. (…) Si el Tribunal hubiera apreciado íntegramente la prueba, y la hubiera valorado con la inspección judicial y con otras pruebas obrantes en el expediente, necesariamente hubiera llegado a otra conclusión”.

Lo anterior devela que la acusación no se soportó únicamente en equivocaciones de estirpe fáctica, sino también en cuestiones de discernimiento propias del error de derecho. En efecto, al dolerse de la inadecuada apreciación integral del haz probativo, se invoca el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, mandato cuya inadvertencia da lugar al yerro de jure pues, como lo ha reiterado la Corte, en tal supuesto “se desconocería una prescripción de la ley instituida para evaluar las pruebas”.

3.2. No obstante, haciendo abstracción de la falta de técnica descrita, que sutilmente en uno de sus apartes mixturó errores incompatibles, el de hecho y de derecho, acometerá la Sala el estudio de la demanda casacional enarbolada en la presunta errónea apreciación de pruebas, por ser ello el fundamento toral de su acusación.

Ciertamente como lo aduce la censura, la sentencia enjuiciada apoyó su argumentación en dos pilares demostrativos, dada, según dijo el Tribunal, la suficiencia de los mismos: la declaración del señor J... G... R..., único testigo presencial del accidente por encontrarse con la víctima en una reunión, y la diligencia de inspección judicial.

Dentro de los aspectos que importa destacar, insertos en las manifestaciones del señor R... L..., se reproduce lo que sigue: “PREGUNTADO POR EL DESPACHO: Usted tiene conocimiento de la diligencia que se practica en este momento y de la cual es testigo. RESPUESTA: si, me encontraba en las oficinas del E... Envigado con C... H... S... en una cita de compras, saliendo de tal cita nos dirigimos a salir de las oficinas, bajamos el primer nivel de escalas, C... H... me dijo que lo esperara que iba a entrar al baño y yo bajé el segundo nivel de escalas, y estaba entregando escarapelas, C... H... empezó a bajar escalas y en el segundo se resbaló, rodó, quedando inconsciente. (…) PREGUNTADO: cuando se resbaló llevaba alguna de sus manos apoyadas a algún pasamano. RESPONDIÓ: no, tenía un portátil en la mano. PREGUNTADO: recuerda la mano en que iba el portátil. RESPONDIÓ: la mano izquierda. PREGUNTADO: cuando él se calló iba más cerca del lado izquierdo o del lado derecho de las escaleras, en relación con el que se calló. RESPONDIÓ: iba más hacia el lado izquierdo (…) PREGUNTADO: el señor S... tenía saco y donde lo llevaba. RESPONDIÓ: el llevaba el saco en la misma mano del portátil. (…) PREGUNTADO: cómo percibió usted la iluminación en ese lugar entre el primer descenso y el hall. RESPONDIÓ. La iluminación es buena. (…)”.

De la versión, en algunos apartes trasuntada, pese a la crítica planteada en el recurso de casación, según la cual mal podría predicarse imprudencia del señor C... H... al precipitarse por las escalas para deducir de ahí la causa eficiente del daño, rematando su inconformidad en que ello suponía la “culpa de la demandada”, se encuentra que, contrario a lo esgrimido por el censor, no existe prueba suficiente de “una culpa atribuible a A... E...”. Por el contrario, el único testigo presencial relata entre otras que: (i) las escaleras no estaban mojadas; (ii) la iluminación era buena; (iii) no percibió que las mismas estuvieran lisas o hubiera obstáculos; y (iv) el siniestrado no se apoyó en ninguno de los pasamanos debido a que sobre su hombro y mano izquierda colgaba su saco y un computador portátil.

En esas condiciones, el simple tránsito y posterior resbalón por las escaleras con la fatal consecuencia, que puede ocurrir igualmente en una calle peatonal por ejemplo, no es suficiente para establecer el nexo causal entre el daño y la conducta del convocado A... E..., pues para poder comprometer la responsabilidad de aquél como guardián de la masa física, habrá que demostrar su ilicitud, esto es, probando que hubo culpa del guardián(1) en la colocación de la cosa.

El fundamento de la exigencia de la prueba del nexo causal, no sólo lo da el sentido común, que requiere que la atribución de consecuencias legales se predique de quien ha sido el autor del daño, sino del artículo 2341 del Código Civil contentivo de la cláusula general de responsabilidad, misma que a su turno, está edificada sobre la idea de libertad, postulado esencial del ius naturalismo que hace posible la atribución de consecuencias jurídicas, por cuanto que solo el reconocimiento de aquélla permite que el daño sufrido por la víctima dé lugar a una acción reparatoria en contra de la persona que lo produjo.

Ha dicho la Corte en punto a esa noción que:

“Las libertades permiten a cada quien desarrollar su propio plan de vida, y en la medida en que una persona se beneficia de la convivencia deberá soportar recíprocamente los costos que surgen de esas relaciones. Luego, no es por cualquier consecuencia imprevisible o incontrolable que se deriva de nuestros actos por lo que estamos llamados a responder, sino únicamente por aquéllos que realizamos con culpa o negligencia. 

Lo contrario supondría tener que convivir en una sociedad en la que haya que resarcir cualquier resultado dañoso por la simple razón de que uno de nuestros actos intervenga objetivamente en su causación, aun cuando escape a nuestra responsabilidad y se encuentre más allá de nuestro control” (CSJ. Sent. Dic. 18 2012, Rad. 2006 00094).

Causalmente en el asunto objeto de estudio no encuentra la Sala ninguna relación entre el inmueble (cosa inanimada) donde ejerce actividad la demandada, con el daño producido, y mucho menos se observa en el plenario prueba de ello, misma que tratándose de los regímenes de culpa probada, corresponde acreditar a la parte actora. Así, ha sostenido la Corporación que, “con fundamento en el principio de derecho universalmente aceptado, según el cual quien con una falta suya cause perjuicios a otro, está en el deber de reparárselo, la legislación colombiana consagra en el título 34 del libro cuarto del Código Civil la responsabilidad por los delitos y las culpas. De acuerdo con dicha normación positiva, quien por sí o por medio de sus agentes cause a otro un daño, originado en hecho o culpas suyas, queda jurídicamente obligado a resarcirlo; y según los principios reguladores de la carga de la prueba, quien en tal supuesto demande la indemnización corre con el deber de demostrar, en principio, el daño padecido, el hecho intencional o culposo del demandado y la relación de causalidad entre el proceder o la omisión negligente de este y el perjuicio sufrido por aquél”. (CSJ SC Sentencia de 17 de mayo de 1982 G.J., t. CLXV, núm. 2406, pág. 98).

Tampoco es cierto, iterase, cual lo expone el impugnante, que exista prueba suficiente de culpa atribuible al opositor, menos aún basado en la declaración del testigo presencial del desafortunado acontecimiento, pues su dicho desdibuja respecto de A... E... cualquier atisbo de conducta negligente en el mantenimiento de las escalas.

Dado que el recurrente echa de menos que el ad quem no tuvo por demostrada la culpa del convocado al ignorar entre otros, las declaraciones de T... D.. J... C... G..., Supervisora de Servicios Generales de A... E... y S... A... B… A..., es lo cierto que en cuanto a la manifestación de la primera, más allá de reconocer que la instalación de cintas antideslizantes se realizó aproximadamente “6 meses después” de ocurrido el accidente, aseguró con suficiencia los extremos cuidados que se tienen en el mantenimiento y conservación de pisos en las instalaciones del establecimiento, comenzando por la escogencia de los productos que se utilizan para el efecto, los que, además, cumplen con las exigencias de salud ocupacional.

Adicionalmente respondió a la pregunta sobre sí conocía de accidentes anteriores al sufrido por el señor C... H... S..., expresando que: “No tengo hasta el momento en 17 años que llevo en la Cía. y que soy la encargada principal del manejo del lavado y sellado de pisos. Son áreas de mucho tránsito y extensas y existen muchas escaleras en las que nadie ha sufrido ningún accidente”.

El declarante B... A..., quien para la época de los hechos se desempeñaba como Auxiliar de Salud Ocupacional, ratificó el buen estado en que se hallaban las escalas y el despeje de “cualquier objeto”; igualmente narró, que dentro de las normas de seguridad que deben ser observadas por los empleados y el personal ajeno a la entidad lo siguiente: “que deben usar pasamanos, no deben leer al subir o bajar las escaleras, no transitar cuando están húmedas o mojadas, deben tener las manos libres que facilite el agarre del pasamanos. Si va ocupado con mercancía en sus manos pide ayuda o utilice otros medios como ascensores o malacates. (… ) . PREGUNTADO. Existen carteleras en lugares visibles donde se observen dichas normas de seguridad. CONTESTÓ: Sí, se coloca esta información en las respectivas escaleras, tanto internas como externas. (Negrilla fuera de texto).

Las mismas versiones de las que se duele el censor, ya por su preterición ora por su tergiversación, dan cuenta que el acceso peatonal por las escaleras no tenía reparos en cuanto su cuidado, conservación y existencia de medidas de prevención, además, como lo ponen de presente los testigos, fue C... H... S... quien desatendió elementales reglas de seguridad tras bajar con las manos ocupadas y sin la asistencia de los pasamanos que se encontraban en los dos costados.

La inspección judicial llevada a cabo con intervención de perito —segundo medio de prueba en que apoyó el Tribunal su decisión— también permite inferir, sin asomo de duda, que las condiciones de la vía de acceso a la edificación eran óptimas para el tráfico peatonal; se constató en la diligencia que las escaleras “tienen pasamanos a lado y lado y el mismo comunica con el segundo tramo de las escalas que llevan al primer piso, tal y como se aprecia en fotos tomadas”, destacándose la buena iluminación habida tanto al inicio como al final de las gradas; en efecto, “en el techo, hay tres lámparas, distribuidas a lo ancho de las escalas, cada una con una intensidad o luminosidad de 200 w (…) se nota que el piso de las escaleras y así lo sintió el despacho, no es liso”. (Negrilla fuera de texto).

Del análisis realizado queda patentizada la ausencia de un comportamiento imprudente o negligente de A…... E... respecto de la precaución exigible a las gradas por donde circulaba el personal que laboraba en el sitio del siniestro, proveedores, visitantes y en general personas ajenas al establecimiento.

No se observa una omisión al deber de cuidado en el demandado por no cumplir los estándares conductuales apropiados que de él, según la circunstancia concreta en que se encuentra puedan esperarse; por el contrario lo que refulge evidente desde el prisma causal es la notoria incidencia del accidentado en la ocurrencia de la lesión.

En lo que concierne con la conducta de la víctima, en tiempos recientes, precisó la Corte:

5. Ahora bien, es claro que el hecho o la conducta –positiva o negativa- de la víctima siempre tiene una incidencia relevante en el análisis de la responsabilidad civil. Así, en primer término, es evidente que en la mayoría de las ocasiones la persona que sufre los daños desempeña un rol, así sea meramente pasivo, para que el perjuicio se materialice. En ese sentido, se señala que el hecho o el comportamiento de la víctima puede corresponder a una “condición” del daño, en cuanto que se convierte en el sustrato necesario para su concreción. (…) 

En ese orden de ideas, se puede señalar que en ocasiones el hecho o la conducta de quien ha sufrido el daño pueden ser, en todo o en parte, la causa del perjuicio que esta haya sufrido. En el primer supuesto —conducta del perjudicado como causa exclusiva del daño—, su proceder desvirtuará, correlativamente, el nexo causal entre el comportamiento del presunto ofensor y el daño inferido, dando lugar a que se exonere por completo al demandado del deber de reparación. Para que el demandado se libere completamente de la obligación indemnizatoria se requiere que la conducta de la víctima reúna los requisitos de toda causa extraña, en particular que se trate de un evento o acontecimiento exterior al círculo de actividad o de control de aquel a quien se le imputa la responsabilidad. (…). 

La importancia de la conducta de la víctima en la determinación de la reparación de los daños que ésta ha sufrido no es nueva, pues ya desde el derecho romano se aplicaba en forma drástica la regla, atribuida a Pomponio, según la cual “quod si quis ex culpa sua damnun sentit, non intellegitur damnum sentire”, es decir, que el daño que una persona sufre por su culpa se entiende como si no lo hubiera padecido, lo que condujo a un riguroso criterio consistente en que si la víctima había participado en la producción del daño, así su incidencia fuera de baja magnitud, en todo caso quedaba privada de reclamación. Principio semejante se observó también en otros sistemas jurídicos, como en el derecho inglés, que aplicó el criterio de la contributory negligence, que impedía que la persona que había contribuido total o parcialmente a la producción del resultado dañoso se presentara ante la justicia a efectuar su reclamación, pues se consideraba que tenía las “manos manchadas” (Mazeaud, Henri y Léon, y Tunc, André. Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Tomo II, Volumen II. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires, 1964. pág. 33.). No obstante, con posterioridad, el rigor del mencionado criterio se atenuó y se estableció en la gran mayoría de ordenamientos el principio según el cual si el comportamiento de la víctima es causa exclusiva del daño debe exonerarse de responsabilidad al demandado y si hay una actuación concurrente de víctima y demandado en la generación del perjuicio, la indemnización a cargo de aquél debe reducirse proporcionalmente, o en forma “justa y equitativa” (v. gr. B.G.B, par. 254; Código Civil italiano, artículo 1227; Código Civil argentino, art. 1111, entre otros). (…). (CSJ. Sent. 16 de dic. 2010. Rad. 1989-00042-01).

Ahora bien, no es acertada la acusación referente a que el análisis del juez Colegiado sobre la culpa de la entidad convocada se haya centrado exclusivamente en establecer “si las normas Icontec eran obligatorias o no al momento del accidente”; a lo sumo aquello sirvió al Tribunal de obiter dicta, esto es, como afirmación teórica, explicativa, de carácter simplemente general y abstracto que cumple una función secundaria dentro de la sentencia; sin olvidar, igualmente, lo basilar de su fundamentación, que halló estribo en los dos medios de prueba examinados precedentemente.

Por consiguiente, no puede abrirse paso la acusación concretada en la falta por indebida valoración de pruebas.

3.3. La otra parte de la primera denuncia, la hace consistir el opugnador en la incorrecta apreciación del libelo genitor del litigio, con fundamento en que la responsabilidad atribuida a la opositora se edifica en la ausencia de seguridad, falta de cuidado, señalización y adecuadas medidas preventivas por parte de la sociedad demandada, sin que ello se encuadre “en la simple generación de un riesgo”, propio de las actividades peligrosas, como, según dice, lo interpretó el Tribunal.

Ese particular desatino debe ser de tal magnitud que incida significativamente en la forma como se resolvió el debate, al producir un resultado contrario a la realidad procesal, dejando por fuera los planteamientos de la cuestión litigiosa que no alcanzan a derrumbar lo resuelto por el fallador, dada la presunción de legalidad y tino con que arriba a la Corte.

Al respecto, ha señalado la Sala que,

(…) la apreciación errónea de una demanda constituye motivo determinante de la casación de un fallo proferido por la jurisdicción civil, habida consideración que adoleciendo este último de un defecto de tal naturaleza, la decisión adoptada dirimirá el conflicto con apoyo en reglas de derecho sustancial que le son extrañas y, por consecuencia, habrá dejado de aplicar las que son pertinentes para regularlo. Pero es en verdad importante no perder de vista que al tenor de aquella disposición procesal, para que así sucedan las cosas y sea viable la infirmación por la causa aludida, deben reunirse varias condiciones que no siempre se dan con la facilidad que por lo común suponen los litigantes que al recurso en referencia acuden, residiendo una de ellas, como se sabe, en la necesaria ocurrencia de un genuino error de hecho que además de manifiesto e influyente en lo dispositivo de la resolución judicial por esta vía impugnada, ha de consistir en la desfiguración mental o material del escrito de demanda por falta de cuidadosa observación, capaz de producir por lo tanto una desviación ideológica del juez en relación con los elementos llamados a identificar el contenido medular de dicho escrito y respecto de los cuales ese funcionario no tiene atribución para suplir a las partes (…) En otras palabras y en orden a que tengan relevancia para los fines señalados, la falencia de juzgamiento de la que viene haciendo mérito debe tener origen en un yerro objetivo que surgiendo de una desfiguración evidente y por eso mismo perceptible de manera intuitiva, vaya contra toda razón en cuanto que, tergiversando el texto de la demanda '...le hace decir lo que no expresa o le cercena su real contenido' (G.J., t. CXXXIX, pág. 136) en lo que atañe a la causa pretendí hecha valer por el actor, el petitum por él formulado o la naturaleza jurídica de la pretensión concreta entablada. (CSJ SC 19 oct. 1994, Rad. 3972. Reiterado en CSJ SC 18 dic. 2013. Rad. 12000-01098-01).

Una de las variantes de la causal primera de casación, contemplada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, gravita en la afectación de la ley sustancial en forma indirecta, por la ocurrencia de errores de hecho al apreciar indebidamente la demanda.

Contrastado el ataque con la providencia de segunda instancia y el libelo incoativo, se observa que el Tribunal le dispensó una cabal hermenéutica a la demanda puesto que, más allá de ubicar el litigio dentro de los contornos de la responsabilidad por actividades peligrosas, lo que sí hizo fue desechar cualquier forma de “responsabilidad objetiva a secas o sin culpa”. En efecto, resaltó el juzgador plural que no se podía soslayar lo relacionado con la culpa, por cuanto en ese escenario, “todo fenómeno que siquiera implicase el mínimo riesgo, aun cuando reportase una gran utilidad para la sociedad habría de ser eliminado” con ignorancia de “la causa real del hecho dañoso”.

Tal argumentación está lejos de situar la indemnización reclamada dentro del exclusivo y único ámbito de la responsabilidad por actividades de riesgo, por suerte que la forma en que se interpretó la demanda, se aviene a las directrices legales y no implicó, una sustitución del genuino querer de los convocantes.

No hay una ubicación del asunto dentro del marco gobernado por el precepto 2356 sustantivo civil máxime cuando, aseguró el Tribunal que mal podía entenderse, “como lo hace la parte demandante, que unas escaleras constituyen de por sí un objeto peligroso”.

Pero además y aun aceptando que se produjo el yerro advertido por equivocada interpretación de la demanda, indistintamente que ella se hubiera analizado bajo el artículo 2341 o 2356 del Código Civil, la conclusión tomada al declarar el rompimiento del nexo causal por la conducta exclusiva de la víctima C... S... en el accidente que sufrió, en cualquiera de los sistemas de imputación (culpa probada y/o culpa presunta), el resultado sería el mismo y por consiguiente el convocado A... E... resultaría exonerado, dado que, fue la culpa del propio lesionado el móvil fundamental del siniestro.

Corolario de lo esbozado el cargo no prospera.

“CARGO SUBSIDIARIO”

Se cuestiona la decisión por violar el canon 2356 del Código Civil “POR ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS”.

Luego de reproducir el contenido del mencionado artículo dijo que, habiendo quedado acreditada en la acusación principal la culpa de la sociedad opositora y el nexo causal con el daño, “podría pensarse que la puesta en servicio de unas escaleras que no cumplen los requisitos mínimos de seguridad se enmarca en un evento similar a aquel previsto en el numeral segundo del artículo 2356 del Código Civil. Por esa razón, si la sentencia del Tribunal se analizara únicamente desde el sistema de la responsabilidad por actividades peligrosas, la conclusión sería igualmente que ella debe ser casada” porque, si se acude a ese régimen, el juez plural violentó el canon enunciado “pues no solamente hizo el análisis sobre la inexistencia de la culpa —que resultaría innecesario— sino que adicionalmente incurrió en los mismos errores de valoración probatoria” señalados en el cargo inicial.

CONSIDERACIONES

1. Prima facie debe manifestarse que a pesar de enunciarse como subsidiario este segundo cargo, se tomará como si fuera un ataque autónomo para efectos de su estudio; así lo ha señalado esta Corporación:

“(…), en el recurso extraordinario que ocupa su atención, es improcedente plantear cargos de manera subsidiaria, ya que compete a esta Corporación el estudio de la integridad de las acusaciones formuladas cuando no prospera ninguna de ellas, o cuando su éxito sólo determina la infirmación parcial del fallo impugnado. Dicho en otras palabras, la Corte sólo queda relevada de estudiar todos los cargos, en el evento de que prospere alguno de ellos con la fuerza suficiente para la casación total de las resoluciones impugnadas, porque el examen de las acusaciones no depende de ninguna condición como ocurre con las pretensiones que se plantean de manera subsidiaria en la demanda, pues la única limitación que tiene la Corte, es la establecida por el artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, que impone que los cargos sean resueltos en el orden lógico”. (CSJ SC Sent. nov. 30/2001, Rad. 005980, reiterado en Sent. jul. 2/2010, Rad. 2007-00224).

2. La naturaleza extraordinaria y eminentemente dispositiva del recurso de casación exige que la demanda reúna los requisitos de forma señalados en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, a efecto de perfilar los derroteros dentro de los que ha de discurrir la Corte.

Entre esos requerimientos conviene destacar aquel según el cual el libelo debe contener la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa (numeral 3º del precepto Ibídem), esto es, sin ambigüedad alguna, de suerte que no surja duda sobre la identificación del error denunciado. La jurisprudencia de esta Sala ha dicho, en relación con las condiciones que debe cumplir la fundamentación del cargo, que la claridad supone que “la demanda debe ser perceptible por la inteligencia sin duda ni confusión”, es decir, que sea “fácil de entender no sólo en su presentación sintáctica, sino también en su construcción lógica”, mientras que la precisión hace referencia a que la recriminación sea exacta, rigurosa y “contenga todos los datos que permitan individualizarla dentro de la esfera propia de la causal que le sirve de sustento”. (CSJ SC, 15 Sep. 1994, Rad. 3960).

2.1. En el asunto objeto de examen se encuentra que, bien de la lectura desprevenida, o ya acuciosa de la censura, aparecen defectos formales y técnicos de carácter insuperable que impiden el estudio del fondo del cargo.

En efecto, al rompe se aprecia lo escueto y ayuno de fundamentación del embate, puesto que a pesar de cuestionarse yerros de facto en la apreciación de las pruebas, no singularizó el recurrente cuales fueron esos medios de demostración valorados erróneamente, por preterición, suposición o tergiversación de prueba, carga mínima que, junto a la labor de contraste frente a lo consignado en la sentencia debió atender en su discurso argumentativo.

De otro lado, aunque en el preámbulo del cargo esgrime la afectación de la ley sustantiva por yerros en la “APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS”, su relato —escaso y desprovisto de claridad y precisión— parece pretender fincar la discusión en el sendero de la vía directa.

Es evidente que, lo que da a entender el memorialista es que las condiciones de las gradas por donde cayó el señor H... S... P..., vía analogía, ubica el supuesto, en el segundo numeral del artículo 2356 del Código Civil, llevando el debate al análisis de la responsabilidad por actividades peligrosas. Solicita, luego de explicar que la conducta del afectado no fue temeraria ni negligente, “que el análisis sobre los errores probatorios del Tribunal, en lo que se refiere a la culpa de la víctima, sean tenidas en cuenta para el estudio de este cargo”.

Denota lo anterior, la confusión en que incurre el recurrente, pues se observa que entremezcló la senda indirecta con la recta, ya que el tema fáctico propio de la primera, se mixturó con circunstancias atañederas a la estrictez del aspecto normativo. Debe recordarse, que la vulneración directa de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, acontece cuando:

“(…) al margen de toda cuestión probatoria, el sentenciador deja de aplicar al caso controvertido la norma a que debía someterse el mismo y, consecuentemente, hace actuar disposiciones materiales extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretación que de ella hace. Por lo mismo, cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del fallador, cuestión esta que sólo puede abordarse por la vía indirecta de la misma causal”. (CSJ SC, 18 feb. 2004. Rad. 7037).

No obstante el fatal yerro de técnica que por sí solo da al traste con el cargo, es bueno reiterar que, de todas formas, bajo ninguno de los senderos (directo e indirecto), el ataque podría prosperar habida cuenta que, como ya se dijo antes, el acervo probatorio demostró la existencia del eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la víctima.

Por consiguiente, fracasa la acusación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. NO CASA la sentencia proferida el 19 de enero de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual identificado en el encabezamiento de esta providencia.

2. CONDENAR en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000) m/cte., por haber sido objeto de réplica.

Notifíquese».

1 CSJ SC Sentencia abril 29 de 1943, G.J., tomo LV, páginas 2845 y siguientes.