Sentencia SC10302-2017 de julio 18 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

SC10302-2017

Rad.: 50573-31-89-001-2008-00037-01

(Aprobado en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Sonia, Sandra y Jorge Atallah Murra contra la sentencia del 22 de febrero de 2011, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario de pertenencia agraria que incoaron contra Luz Marina Rojas Fernández.

ANTECEDENTES

1. Mediante demanda que correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto López, los demandantes solicitaron declarar que adquirieron por prescripción ordinaria el dominio del predio rural denominado El Broche, ubicado en la vereda Menegua de ese municipio, descrito en ese libelo e identificado con fl. de matrícula inmobiliaria 234-0005836.

En subsidio pidieron que se hiciera la misma declaración como consecuencia de haber adquirido el dominio por usucapión extraordinaria.

Y como pretensión consecuente, en ambos casos, deprecaron la inscripción de la sentencia (fls.1 a 7 y 30 a 32, cdno. 1).

2. Como fundamento fáctico adujeron, en síntesis, que mediante la escritura pública Nº 69 del 4 de junio de 1968 otorgada en la Notaría Única de Puerto López (Meta) Benoit Atallah compró a Horacio Rugeles Aranda el predio El Broche, sin que registrara el contrato bajo la creencia que solamente adquirió la posesión y las mejoras plantadas en él.

Sin embargo, desde ese día recibió la posesión del predio, el cual incorporó a otro de mayor extensión denominado Menegua, que le fue adjudicado por el Incora, los que posteriormente vendió a los demandantes mediante la escritura pública Nº 2027 del 8 de mayo de 2003 otorgada en la Notaría 30 de Bogotá.

El 9 de abril de 2008 varias personas entraron a El Broche con la finalidad de tomar posesión, pero fueron desalojados por la policía, momento en el que aportaron copia de un acta con la que María Isabel Rugeles Cuéllar supuestamente lo había entregado a Luz Marina Rojas Fernández, la que a su vez lo adquirió de Horacio Rugeles Aranda, por medio de compraventa plasmada en la escritura Nº 608 del 6 de agosto de 2007, inscrita en el fl. de matrícula inmobiliaria 234-0005836 de la Oficina de Registro Instrumentos Públicos de Puerto López.

3. Una vez vinculada al litigio, Luz Marina Rojas Fernández propuso como excepciones perentorias las que denominó «carencia de derecho a usucapir en los demandantes por falta de requisitos para ello», «inexistencia de títulos justos, verdaderos y válidos», «si ha ejercido posesión Benoit Atallah, no ha sido continúa, ni suficiente para sumarla a otras y poder obtener la prescripción adquisitiva del predio de mi mandante por acción que ahora incoaron sus hijos» (fls. 57 a 62, cdno. 1).

El curador ad litem designado a las personas que se creyeran con derechos sobre el inmueble manifestó estarse a lo pretendido, aceptando unos hechos de la demanda (fls. 75 a 77, ídem).

4. Tras agotar las etapas del pleito, el a quo accedió a la pretensión subsidiaria de prescripción extraordinaria, con sentencia del 31 de agosto de 2009 (fls. 322 a 336).

5. La convocada interpuso apelación en tiempo, que el Tribunal despachó con providencia revocatoria de la recurrida (fls. 54 a 76, cdno. 2).

SENTENCIA DEL TRIBUNAL

En lo de fondo, adujo el ad quem, en síntesis:

1. Como los demandantes invocaron la suma de su posesión a la de su antecesor, con apoyo en pasaje jurisprudencial que reprodujo, indicó que para la viabilidad de esa adición requerían de un vínculo jurídico idóneo; además, para la prosperidad de la pretensión era indispensable la demostración fehaciente de actos posesorios ininterrumpidos de los peticionarios y de su vendedor. Sin embargo, no cumplieron ninguno de estos requisitos.

2. En relación con el título de enlace entre una y otra posesión, recordó que los demandantes adujeron que el inmueble El Broche fue incorporado al de mayor extensión denominado Menegua, y que los adquirieron de Benoit Atallah por escritura pública Nº 2027 del 8 de mayo de 2003, pero este instrumento no fue allegado al expediente.

Sólo obra certificado de tradición correspondiente a la matrícula inmobiliaria 234-0000399, que da cuenta del registro de ésta última venta, pero de ese instrumento no se desprende la integración de El Broche a la finca Menegua, como tampoco puede establecerse si hubo entrega efectiva de aquel.

3. En lo tocante a la posesión tanto del antecesor Benoit Atallah como de los promotores, tampoco encontró prueba que las acreditara.

Sin embargo, destacó la contradicción plasmada en la demanda, porque en ella los actores confesaron que el predio hasta la fecha de presentación del libelo lo poseía Benoit Atallah, para después afirmar que tal detentación la ejercían ellos desde el 3 de junio de 2003.

Seguidamente valoró los testimonios recaudados para concluir que no fue demostrada la voluntad unívoca y ostensible de poseer de Atallah Benoit, ni la época de esa supuesta detentación. Además, la gran mayoría de los deponentes refirieron que solamente Benoit era el ocupante del fundo hasta la fecha en que se recaudaron las probanzas.

4. Aunque el juzgado de primera instancia no adoptó ninguna decisión con respecto a la pretensión principal de prescripción ordinaria -olvido que no fue impugnado-, la misma no saldría avante, porque no fue demostrado el justo título invocado, en la medida en que no se aportó copia de la escritura por medio de la cual Benoit Atallah enajenó a los solicitantes el inmueble materia de sus súplicas.

En adición, aun de apreciarse el título del primero en el que no figuran los demandantes, estos confesaron que Benoit solo tuvo ánimo de adquirir la posesión y no la propiedad, porque actuó bajo esa convicción.

5. Por último, agregó que, de la certificación remitida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, se desprende que según los fls. de matrícula de los predios El Broche y Menegua, no han sido objeto de englobe.

LA DEMANDA DE CASACIÓN

Contra la sentencia de segundo grado, los accionantes formulan cuatro cargos, de los cuales la Corte admitió los dos (2) primeros e inadmitió los restantes (fls. 22 a 60 y 63 a 78, cdno. 3).

CARGO PRIMERO

Fundado en la quinta causal de casación prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, los censores alegaron que el proceso está viciado de nulidad, al tenor del numeral 4º del canon 140 de esa misma obra, porque se le dio un trámite diverso al que correspondía, anomalía que no es saneable.

Hacen consistir el quebranto en que, por tratarse de un juicio de pertenencia agraria, resultaba aplicable el Decreto 2303 de 1989, que prevé en su artículo 45 la obligación de evacuar la audiencia conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y decreto de pruebas, aunque la primera de esas etapas fuera inviable en el sub judice.

No obstante, el juzgado de primera instancia omitió esa audiencia, toda vez que, una vez vencido el término de traslado de las excepciones, expidió por escrito el auto con el cual abrió a pruebas el litigio.

Por ende, pretermitió las etapas de saneamiento, decisión de excepciones previas, fijación del litigio y decreto de pruebas en audiencia, lo que generó la conculcación de sus derechos al debido proceso y a la defensa.

Por último, anotaron que el juez ad quem afirmó que no existía vicio capaz de invalidar lo actuado, yerro adicional que nuevamente trasgrede los aludidos garantías fundamentales y que, de no existir, habría dado lugar a la anulación parcial de lo actuado.

CONSIDERACIONES

1. Preliminarmente es de rigor señalar que, no obstante haber entrado en vigencia de manera íntegra el Código General del Proceso, a partir del 1º de enero de 2016, no resulta aplicable al sub judice, porque los artículos 624 y 625 numeral 5º establecieron que los recursos, entre otras actuaciones, deberán surtirse bajo «las leyes vigentes cuando se interpusieron».

Y como la casación que ahora ocupa la atención de la Sala fue interpuesta estando en vigor el Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento el que siga aplicándose, siguiendo el principio de la ultractividad de la ley en el tiempo.

2. Se sigue, por lo tanto, al estudio del cargo, coligiéndose su improsperidad, porque el citado motivo de ataque se configura, necesariamente, cuando ocurre alguna de las causales de nulidad previstas de manera taxativa en el Código de Procedimiento Civil y bajo la condición de que no se haya convalidado, expresa o tácitamente.

Sobre el punto la Corte ha dicho que sólo los errores que generan un grave traumatismo para el pleito por su importancia, expresa consagración legal y ausencia de corrección, justifica que se ordene la repetición de una o varias etapas que ya se encuentran superadas.

En efecto, la Sala en sentencia de 5 de diciembre de 2008, rad. 1999-02197-01, reiterada el 20 de agosto de 2013, rad. 2003-00716-01, indicó

[L]a procedencia de la causal 5ª de casación, por haberse incurrido en alguno de los vicios invalidantes consagrados en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, supone las siguientes condiciones: ‘a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que además de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades estén contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido artículo 140; y por último, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades así en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o tácito de la persona legitimada para hacerlas valer’. 

En relación con la crítica bajo estudio, de acuerdo con el numeral 4º del artículo 140 del estatuto adjetivo en lo civil, se presenta nulidad «(c)uando la demanda se tramita por proceso diferente al que corresponde», eventualidad respecto de la cual esta corporación ha expuesto que

Es una realidad que el legislador ha dispuesto varias formas procesales para encauzar por caminos diferentes las diversas pretensiones que se llevan a la jurisdicción, como también previó el efecto deletéreo que pueden tener las desviaciones procesales según sea su gravedad. Uno de los más transcendentes episodios de nulidad procesal acontece cuando se incurre en un error de elección sobre el procedimiento aplicable al caso. De menor entidad son los yerros que se cometen si elegido correctamente el procedimiento, se produce una distorsión en el curso de sus etapas, como cuando se reanuda indebidamente el proceso, se suprimen los segmentos destinados a las pruebas o los alegatos, no se hacen bien las citaciones o hay insuficiencia en la representación. Por disposición del numeral 4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, el error de elección del procedimiento a seguir genera nulidad insaneable, rasgo que lo distingue de aquel defecto venido de la alteración de alguna de las etapas del proceso, yerro este que en principio tiene vocación de ser purgado. Es doctrina reiterada de la Corte que la causal de nulidad prevista por el citado numeral 4° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, no opera ante cualquier irregularidad de la actuación procesal, sino cuando hay un verdadero y total cambio de las formas propias de cada juicio, es decir, cuando éste se lleva por un procedimiento totalmente distinto del que corresponde, según la ley, cual ocurre cuando ‘debiéndose seguir el ordinario se sigue el abreviado o el verbal, o cuando debiéndose seguir uno de éstos se sigue el ordinario, etc., es decir, cuando el rito seguido es uno distinto al que la Ley señala para el respectivo proceso, no cuando se omite, modifica o recorta alguna de las etapas de éste... (CSJ SC 16 jun. 2006, Rad. 2002-00091-01 reiterada en CSJ SC17175 16 dic. 2014, Rad. 2007-00268-01. En el mismo sentido CSJ SC 4 dic. 2009, Rad. 2000-00584-01. Resaltado ajeno).

Así las cosas, el motivo de invalidez mencionado solo se configura cuando hubo una sustitución íntegra del rito y no cuando surgen alteraciones de una o varias fases. De allí que esta Colegiatura estableciera que las desviaciones, en relación con el procedimiento, «verbi gratia, cuando se ‘omite, modifica o recorta alguna de las etapas de éste’, se traducen en simples desarreglos que de suyo son ‘incapaces...para contaminar el todo’, entre otras razones porque en ‘últimas habrían podido remediarse a través de la gestión impugnaticia’» (CSJ SC-062 31 mayo 2006, Rad. 1990-05525-01).

En tal orden de ideas, la acusación está conminada al fracaso porque aun cuando el a-quo omitió la práctica de la audiencia prevista en el artículo 45 del Decreto 2303 de 1989, que regulaba el juicio por tratarse de un proceso de pertenencia agraria, esa alteración del procedimiento fue parcial, no total.

En efecto, examinada la actuación surtida se desprende que el juez a-quo omitió practicar la audiencia para, en el preciso caso de autos, agotar las etapas de saneamiento del proceso y decreto de pruebas, bajo la consideración que la fase de conciliación resultaba improcedente al estar ante un juicio de pertenencia, y por la ausencia de excepciones previas que debieran ser tramitadas.

En otros términos, ese estrado judicial omitió la evacuación de una audiencia en la que debía agotar la etapa concerniente al saneamiento del litigio; en adición, alteró la forma en que debía decretar las pruebas del proceso, pues a pesar que debía proferir tal decisión en diligencia, lo hizo por escrito.

Tales irregularidades no implican la configuración del vicio a que alude la causal 4ª de invalidación prevista en el artículo 140 invocado en el cargo, en la medida en que no fueron suplantadas todas las fases del proceso, sino una porción del mismo, por demás mínima.

Así las cosas, casi en su totalidad el juicio se adelantó por la cuerda prevista en el Decreto 2303 de 1989, esto es, como un proceso ordinario. Sólo unas de sus etapas fue omitida parcialmente, lo que adicionalmente generó que se alterara la forma del decreto de pruebas al expedirse de manera escritural, no oral; lo que permite colegir que la nulidad alegada no está estructurada, porque, se repite, se agotó el procedimiento que le correspondía al reclamo impulsado por la demandante, salvo la fase de saneamiento, lo que, por lo dicho, constituye una infracción que, por mandato del parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, debió ser criticada a través de la interposición de los recursos pertinentes.

3. En consecuencia, el ataque no prospera.

CARGO SEGUNDO

Nuevamente al amparo de la quinta causal de casación prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, los recurrentes alegan que el trámite está viciado de nulidad, porque el juzgador de segundo grado no realizó la audiencia de alegaciones prevista en el artículo 360 de esa obra, para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

Agregaron que, a pesar de que ninguna de las partes solicitó la práctica de ese acto, debió ser decretado de oficio, atendiendo el tenor del canon aludido.

Tal omisión del juez ad quem se enmarca dentro del motivo de invalidación previsto en el numeral 6º del artículo 140 del Código de los ritos civiles, porque genera la pretermisión del término para formular alegaciones; además, trasgrede los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, consagrados en el artículo 29 de la Carta Política.

Finalmente, el vicio no aparece saneado, puesto que fue alegado en la actuación inmediatamente siguiente a su producción, como es el recurso extraordinario de casación.

CONSIDERACIONES

1. como se explicó al estudiar el anterior embiste, para la prosperidad de un ataque en casación fincado en la causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por la existencia de un vicio de nulidad, es necesario: «a) que la circunstancia aducida esté enunciada como tal dentro de los motivos fijados por el artículo 140 ibídem y, b.-) que no se haya saneado la misma, en los precisos eventos en que ello sea posible» (CSJ SC 19 dic. 2011, Rad. 2008-00084-01).

Por ende, sigue la Corte al estudio del segundo reproche, anticipando que no es de recibo, como pasa a verse.

2. El numeral 6º del artículo 140 de la obra en cita, la que regula el caso según se anotó al desatar el cargo precedente, prevé que el proceso es nulo, «(c)uando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión».

Tal precepto guarda concordancia con el artículo 360 del mismo estatuto, al consagrar que en el trámite de la apelación de las sentencias, «(c)uando la segunda instancia se tramite ante un Tribunal Superior o ante la Corte Suprema, de oficio o a petición de parte que hubiere sustentado, formulada dentro del término para alegar, se señalará fecha y hora para audiencia, una vez que el proyecto haya sido repartido a los demás Magistrados de la sala de decisión. Las partes podrán hacer uso de la palabra por una vez y hasta por treinta minutos, en el mismo orden del traslado para alegar y podrán entregar resúmenes escritos de lo alegado...» (inc. 2º, modificado por la L. 1395/2010).

De allí se desprende que, la pretermisión de la audiencia de alegaciones en segunda instancia, cuando el funcionario de conocimiento es colegiado, es motivo de invalidación de lo actuado, siempre y cuando alguno de los extremos litigiosos la haya deprecado.

Este último requisito ha sido decantado por la Sala en múltiples decisiones, en las que estableció que mediando solicitud oportuna tendiente a la evacuación de la aludida audiencia, pretermitirla vicia el rito, porque genera el cercenamiento de una oportunidad al suplicante para exponer sus alegaciones, en detrimento de su derecho a la defensa.

Así lo señaló la Corte al indicar que «(a) este respecto, es menester, memorar, la ratio legis, inherente a la audiencia, consistente en permitir a las partes el ejercicio del derecho a presentar los motivos singulares de la apelación y, en su caso, el resumen documental ulterior de lo alegado, por manera que solicitada oportunamente, no es dable al juzgador omitirla, por desarrollar el debido proceso, en particular, el derecho de defensa y de contradicción» (CSJ SC de 29 abr. 2009, Rad. 2002-00050-01, reiterada en SC de 8 jun. 2011, Rad. 2006-00545-00. Resaltó la Sala).

Además, de antaño ha sido unívoca la jurisprudencia sobre la materia, muestra de lo cual es la sentencia de 22 de agosto de 1978, en la que esta Corte enfatizó que «los claros y precisos términos en que se halla concebida la norma legal transcrita, ni por asomo posibilitan abrigar duda alguna de que el señalamiento de la audiencia en ella referida tiene lugar ‘en todos los procesos’, a condición eso sí de que lo pida oportunamente una de las partes...» (Gaceta Judicial N° 2399, págs. 130 a 135, resaltado ajeno).

Por ende, contrariamente a lo afirmado en el cargo, la orden de celebrar el acto procesal en cuestión no es obligatoria para el juez colegiado, al punto de afirmarse que, sin obrar solicitud de alguno de los intervinientes, el funcionario está conminado a decretarla de oficio.

Esa hermenéutica es ajena al ordenamiento, así como a la jurisprudencia que rige la materia, comoquiera que es facultad de las partes solicitar la práctica de la audiencia de alegaciones, so pena de que su silencio se traduzca como la aquiescencia con que ese estadio procesal de agote de modo escritural.

En tal orden de ideas, si las partes tuvieron la ocasión para exponer sus conclusiones en segunda instancia por escrito y no solicitan la celebración de la audiencia de alegatos para hacerlo oralmente, colmado queda su derecho a la defensa ante el juez colegiado y, en consecuencia, carecen de facultad para pretender la anulación de lo actuado, porque la parte que alega una nulidad debe expresar su interés para proponerla (inc. 2º, art. 143 ídem).

En suma, el vicio de nulidad aludido únicamente se configura cuando una de las partes tempestivamente solicita la práctica de la audiencia de alegatos en segunda instancia y se omite ese acto, lo que no ocurrió en el sub judice, por el silencio de las partes.

Claro está, existiría este yerro si, de manera oficiosa, el fallador de segundo grado hubiera decretado la realización de la audiencia, sin que hubiere agotado antes de decidir, hipótesis que es inaplicable al sub lite, pues no existió tal decreto.

Por lo tanto, la supuesta falencia procesal alegada no existió, de donde el cargo es infundado.

3. De lo analizado emerge que el ad quem no incurrió en los yerros enrostrados en los dos (2) cargos propuestos en casación, circunstancias que conllevan a la frustración de la impugnación extraordinaria, la imposición de costas a sus proponentes, según lo previsto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, y al señalamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 392 ibídem, modificado por el 19 de la Ley 1395 de 2010, para lo cual se tendrá en cuenta que la parte opositora replicó la demanda de casación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 22 de febrero de 2011, por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario de pertenencia agraria que incoaron Sonia, Sandra y Jorge Atallah Murra contra Luz Marina Rojas Fernández.

Se condena en costas a los recurrentes en casación. Por secretaría inclúyase en la liquidación la suma de $6.000.000, por concepto de agencias en derecho.

Cumplido lo anterior devuélvase la actuación surtida al Tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de la Sala (ausencia justificada)—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.