Sentencia SC10326-2014 de agosto 5 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC10326-2014

Rad. 25307-31-03-001-2008-00437-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

(Discutido y aprobado en Sala de 5 de marzo de 2013)

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «La demanda de casación

Cuatro cargos formuló el recurrente contra la sentencia del ad quem: el primero, por incongruencia, y los tres restantes, por violación indirecta de la ley sustancial.

Para resolverlos, la Corte, con fundamento en los criterios establecidos en los numerales 2º y 3º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, acumulará, por una parte, el cargo primero y la última parte del que le sigue, porque contienen argumentos similares; y, por otra, el segmento inicial del cargo segundo con el tercero, porque unas mismas razones servirán para su despacho. Finalmente, asumirá el estudio de la cuarta acusación.

Cargo primero

1. Con estribo en la causal segunda de casación, el recurrente reprochó que la sentencia del tribunal es incongruente, “por haber declarado nulo, de manera oficiosa, el contrato de promesa aducido por la parte demandada, sin que se cumplieran los requisitos para hacer tal pronunciamiento”.

2. Destacó que en la demanda reivindicatoria no se mencionó la existencia del contrato de promesa de compraventa, sino que, por el contrario, se aseveró, de manera “mendaz y desleal”, que el accionado “entró en posesión” del inmueble “mediante maniobras engañosas en julio de 2005” y que, por lo tanto, era un “poseedor de mala fe”; y que fue “en la contestación del libelo” introductorio en la que “se mencionó el referido negocio jurídico para explicar cómo y porqué el demandado se encontraba en posesión del inmueble” materia de la presente controversia.

3. Puntualizó el censor que “[s]i la nulidad del contrato de promesa de compraventa no fue un aspecto del conflicto que enfrentaba a las partes, no podía ser objeto de pronunciamiento judicial”; y observó, luego de reproducir el contenido de los artículos 305 del Código de Procedimiento Civil y 1742 del Código Civil, que la facultad prevista en el último “no es absoluta e ilimitada —como pudiera parecer a primera vista— sino que está sujeta a ciertos requisitos que, de antiguo, han sido puestos de presente por la Sala a la cual me dirijo y que deben estar cumplidos para que pueda el juez (...) hacer uso válidamente de tal poder anulatorio, sin infringir el principio normativo de la consonancia del fallo”, aserto que sustentó con transcripción parcial de un fallo de esta corporación.

4. Enfatizó “que el contrato de promesa celebrado entre las partes —que el tribunal consideró demostrado en el juicio— no fue invocado como fuente de derechos y obligaciones (...) y, por ello, no se cumplía con una de las condiciones necesarias para que tal negocio pudiera ser declarado nulo por el tribunal; el demandado, como antes se acotó, lo mencionó en uno de los hechos expuestos en sustento de la excepción propuesta, con la única finalidad de enervar la acción ejercida por la parte actora, es decir, con un alcance meramente procesal y nada más”.

Añadió que “la proposición de la excepción de fondo por parte de mi mandante, tuvo como único propósito evidenciar cómo y porqué razón poseía el inmueble que la demandante pretendía reivindicar de sus manos y no el de exigir la defensa de derechos o el cumplimiento de obligaciones que tuvieran su fuente en tal negocio jurídico”, planteamiento que también reforzó con la invocación de otro pronunciamiento de la Corte.

5. En suma, concluyó, en primer lugar, que “[c]omo en el presente juicio, ni la demandante ni el demandado ejercieron acción personal tendiente al cumplimiento del contrato por ellas celebrado, ni el litigio versó sobre tal aspecto, la decisión anulatoria del mismo, es violatoria de la regla normativa consagrada en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, pues el tribunal declaró nulo el contrato, sin que se cumplieran todos los requisitos establecidos para la aplicación del artículo 2º de la Ley 50 de 1936”; y, en segundo término, que “la facultad oficiosa no se ejerció con apego estricto a los requisitos establecidos en la ley sustancial, por lo que el pronunciamiento del ad quem comporta la infracción del principio de la congruencia, que por ministerio de la ley debe tener la sentencia judicial”.

6. Para terminar, el casacionista advirtió, adicionalmente, que el demandado “no tuvo la oportunidad de controvertir o pronunciarse acerca de la nulidad que de manera sorpresiva declaró el tribunal, lo que, en últimas, supone un quebranto de la garantía constitucional de no ser condenado sin haber sido oído y vencido en el juicio, garantía que, bueno es recordarlo, la Carta Política reconoce a todos los ciudadanos”.

Cargo segundo

(Parte final)

1. En la parte inicial del referido cargo, previa invocación de la causal primera de casación, se acusó la sentencia “de interpretar erróneamente el artículo 1742 del Código Civil, modificado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, y el artículo 1611 del Código Civil, modificado, a su vez, por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887”.

2. En la segunda parte de la acusación, el censor expresó que el otro “aspecto a considerar tiene que ver con el alcance del poder que la ley da al juez para declarar nulo, de manera oficiosa, el respectivo contrato” y, en desarrollo de este específico reproche, repitió los argumentos con los que sustentó el cargo primero, empero con omisión de toda referencia a que el fallo fuera incongruente.

Consideraciones

1. Luego de colegir el fracaso de la acción reivindicatoria ejercitada en la demanda con la que se dio inicio al proceso y, correlativamente, el éxito de la excepción meritoria que se denominó “existencia de promesa de compraventa entre las partes”, alegada por el accionado, habida cuenta que los litigantes se hallaban vinculados por un “acuerdo de voluntades”, el tribunal estimó que “la médula del debate traído a conocimiento de la judicatura para ser desatado, tiene como eje articulador un contrato de promesa de compraventa de un bien inmueble” y, por tal razón, juzgó que era su “deber”, en acatamiento de las previsiones contenidas en el artículo 1742 del Código Civil, “pronunciarse sobre la a[p]titud e idoneidad del pacto en el que se trenza el litigio base de la confrontación”.

Tras advertir que la promesa de compraventa de que se trata no consta por escrito, que en ella no se determinó el contrato prometido de tal suerte que para su perfeccionamiento solo faltara la tradición de la cosa o las formalidades legales y que no contiene un plazo o condición que fije la época en la que habría de celebrarse el negocio prometido, deficiencias que contrarían abiertamente el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, que subrogó el artículo 1611 del Código Civil, el ad quem declaró de oficio la nulidad absoluta de la mencionada promesa, puesto que ella fue “aducida y probada”, amén que “su nulidad aparece manifiesta y las partes intervinientes en ella está presentes”.

2. El recurrente denunció, en el cargo primero, la incongruencia del fallo del ad quem y, en la segunda parte del cargo segundo, señaló que dicho proveído quebrantó, por interpretación errónea, el artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, todo en razón a que la declaratoria oficiosa de nulidad absoluta de la promesa de compraventa celebrada por las partes, se efectuó sin que estuvieran cumplidas las exigencias que permitían realizar tal pronunciamiento, es decir, aquellas delineadas por la jurisprudencia, con base en el señalado precepto.

Al respecto, el impugnante memoró que en criterio de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la aplicación del citado “(...) ‘poder excepcional (...) está condicionad[a] por la concurrencia de tres circunstancias: 1º Que la nulidad aparezca de manifiesto en el acto o contrato, es decir, que a la vez que el instrumento pruebe la celebración del acto o contrato, muestre o ponga de bulto, por sí solo, los elementos que configuran el vicio determinante de la nulidad absoluta: 2º Que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derechos y obligaciones para las partes; y 3º Que al proceso concurran en calidad de partes las personas que intervinieron en la celebración de aquel o sus causahabientes, en guarda del principio general que enseña que la declaración de nulidad de un acto no puede pronunciarse sino con audiencia de todos los que lo celebraron’ (se resalta; LXXIII, pág. 295, reiterada entre otras, en cas. civ. 21 de febrero de 1992, CCXVI, 139)”.

Y aseveró que en el caso sub lite, de esos tres requisitos, no estaba satisfecho el segundo, toda vez que la actora no se refirió a la existencia de un contrato de promesa de compraventa entre las partes y el demandado, si bien en la contestación del libelo introductorio lo mencionó, fue “para explicar cómo y porqué (...) se encontraba en posesión del inmueble que la demandante pretendía recuperar mediante el ejercicio de la acción real”, y no “como fuente de derechos y obligaciones”.

Teniendo presente el marco que delimita las acusaciones acumuladas, las cuales, según ya se reseñó, plantean que el fallo del ad quem es incongruente por haber decretado la nulidad absoluta de un contrato que no había sido “invocado en el litigio como fuente de derechos y obligaciones para las partes” y que, además, dicha decisión vulnera por interpretación errónea el artículo 1742 del Código Civil, reemplazado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, procede la Corte a despacharlas ceñida al específico ámbito allí trazado, sin que le sea dable, por tanto, abordar temáticas ajenas al alcance que pueden tener acusaciones elevadas con base en esos precisos fundamentos.

3. Reza el artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, en lo pertinente, que “[l]a nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; (...)”.

Sin duda, la norma otorga a los juzgadores de instancia la facultad oficiosa y, simultáneamente, les impone el deber de pronunciarse en la sentencia con la que resuelvan el asunto sometido a su composición, sobre la nulidad absoluta de los actos o contratos que se hayan hecho valer en él, con la condición expresa de que el vicio de que adolezcan, aparezca de manifiesto, esto es, de manera ostensible o evidente, en ellos.

Empero el ejercicio de tal potestad decisoria no está sujeto únicamente al cumplimiento de la exigencia en precedencia advertida —que la nulidad sea manifiesta—, sino que, adicionalmente, depende, como lo ha predicado de antiguo la jurisprudencia de la Corte, de que el acto o contrato haya sido aducido en el juicio por alguna de las partes, con el propósito de obtener un efecto jurídico que incida en la decisión y de que estén vinculadas al proceso todas las personas que intervinieron en su celebración.

Solo en la medida en que se avizore la satisfacción de las tres condiciones anteriores, puede el juez, sin mediar petición de alguna de las partes, declarar la nulidad absoluta de un acto o contrato.

4. Centrada la queja del censor en el incumplimiento del segundo de los anotados requisitos, se reitera, que la promesa de compraventa celebrada por las partes no fue traída a este juicio “como fuente de derechos y obligaciones”, se hace necesario fijar el verdadero alcance de tal exigencia.

4.1. La Corte, en cuanto hace al artículo 15 de la Ley 95 de 1890, que con un tenor similar en el punto que se examina antecedió al artículo 2º de la Ley 50 de 1936, señaló que “[s]i bien [dicho precepto] impone al juez la obligación de declarar de oficio la nulidad absoluta cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, esta atribución no puede ejercerla indistintamente respecto de todo acto que figure en el juicio, sino solo con relación a aquellos cuya validez o nulidad tenga influencia en la decisión del litigio; pues dicha disposición tiene precisamente por objeto que el juez no reconozca validez para los efectos del fallo a un acto o contrato absolutamente nulo” (Cas. Civ., sentencia de 8 de febrero de 1923, G.J. T. XXIX, pág. 345; se resalta).

4.2. Con posterioridad, la Sala precisó que “[u]na nulidad absoluta de la clase a que se refieren los artículos 15 [L. 95/1890] y 2º [L. 50/36] citados, es decir manifiesta, en el sentido ya expresado, no puede declararse de oficio sino cuando entre las partes contratantes se está litigando sobre la efectividad o el cumplimiento del contrato y entonces como por un principio general de orden público los actos absolutamente nulos no pueden vincular jurídicamente a las partes, el fallador niega esa vinculación por medio de la declaratoria oficiosa de nulidad. Quiere esto decir que ni el artículo 15 de la Ley 95 de 1890 ni el 2º de la Ley 50 de 1936 son de una aplicabilidad irrestricta e ilimitada” (Cas. Civ., sentencia de agosto 26 de 1938, G.J. T. XLVII, págs. 61 a 67; se resalta).

4.3. En fallo proferido pocos días después, la Corte añadió: “Por eso, el segundo requisito para que la nulidad absoluta pueda ser declarada de oficio es que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio; es decir que el acto o contrato nulo se haya exhibido en el proceso en apoyo de la pretensión de alguna de las partes” (Cas. Civ., sentencia de 18 de octubre de 1938, G.J. T. XLVII, págs. 235 a 239; se resalta).

4.4. Luego, la corporación desarrolló los requisitos necesarios para que proceda la declaratoria oficiosa de nulidad absoluta de un acto o contrato, en los siguientes términos: “Y el poder excepcional que al juez le otorga el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 para declarar de oficio la nulidad absoluta no es irrestricto o ilimitado, sino que por el contrario está condicionado por la concurrencia de tres circunstancias: 1ª, que la nulidad aparezca de manifiesto en el acto o contrato, es decir, que a la vez que el instrumento pruebe la celebración del acto o contrato contenga, muestre o ponga de bulto por sí solo los elementos que configuran el vicio determinante de la nulidad absoluta; 2ª, que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derechos u obligaciones para las partes; y 3ª, que al pleito concurran, en calidad de partes, las personas que intervinieron en la celebración de aquel o sus causahabientes, en guarda del principio general que enseña que la declaratoria de nulidad de un acto o contrato en su totalidad no puede pronunciarse sino con audiencia de todos los que lo celebraron” (Cas. Civ., sentencia de 5 de abril de 1946, G.J. T.LX, pág. 363; se resalta).

4.5. Años después, la Sala, después de reproducir el segmento anterior y de clarificar el alcance de la exigencia tocante con que la nulidad aparezca de manifiesto en el respectivo acto o contrato, reiteró que “[e]l segundo requisito para que la nulidad absoluta pueda ser declarada oficiosamente, es el de que el acto o contrato nulo haya sido invocado en el litigio por alguno de los contratantes; es decir, que se haya exhibido en el proceso en apoyo de alguna de sus pretensiones”, razonamiento que sustentó con la sentencia de 26 de agosto de 1938. Seguidamente agregó: “No sobra observar, en relación con este punto, que la nulidad absoluta solo puede declararse cuando el acto o contrato viciado es invocado en juicio, lo que presupone que se está tratando de que produzca efectos jurídicos; es el interesado mismo quien lleva el acto o contrato a conocimiento de la justicia, y lo único que hace esta, es ejercitar una facultad que le está expresamente reconocida por la ley” (Cas. Civ., sentencia de 22 de octubre de 1952, G.J. T. LXXIII, pág. 295; se resalta).

4.6. Las fallos que se han reseñado, en esencia, han orientado la doctrina jurisprudencial expuesta con posterioridad por esta corporación respecto de esta temática, debiéndose destacar que la enumeración de los requisitos para la declaración oficiosa de las nulidades absolutas planteada en la sentencia de 5 de abril de 1946, ha sido reiterada en fallos de 10 de octubre de 1995 (Exp. 4541), 11 de marzo de 2004 (Exp. 7582), 25 de julio de 2005 (Exp. 20915), 28 de abril de 2006 (Exp. 05001-3103-007-1997-10347-01) y 14 de diciembre de 2007 (Exp. 73001-3103-005-2004-00072-01), entre otros.

5. Teniendo como fundamento, por una parte, los antecedentes jurisprudenciales que se dejan compendiados, por otra, que “la sanción de la nulidad absoluta obedece a razones de interés general y tiene por objeto asegurar el respeto de disposiciones de orden público” (Cas. Civ., sentencia de 19 de agosto de 1935, G.J. T.XLII, pág. 372; se resalta), y, finalmente, la necesaria observancia del debido proceso y del ejercicio del derecho de defensa (C.P., art. 29), la Sala estima pertinente puntualizar que la facultad-deber establecida en el artículo 2º de la Ley 50 de 1936 para declarar de oficio la nulidad absoluta de un negocio jurídico opera en frente de todos los actos o contratos que sean invocados en el proceso por cualquiera de las partes, para dar soporte, total o parcialmente, a la postura procesal que asuman dentro del respectivo trámite, esto es, en el caso del actor, como fundamento de la acción, o en el caso del demandado, como sustento de la oposición y/o de las excepciones que haya propuesto, toda vez que en uno y otro supuesto es claro que con su aducción se persigue guiar el sentido de la decisión con la que se deba resolver el conflicto, propósito este que es suficiente para que el juez, evacuadas las etapas procesales que garanticen la adecuada contradicción, ejerza el control de legalidad que se le ha confiado y, de esta manera, prevenga que las determinaciones que adopte se vean influenciadas por manifestaciones viciadas de nulidad absoluta, que, por lo mismo, no deben servir de fundamento a la definición de una controversia judicial. Situación diferente se presenta si el negocio jurídico de que se trate solo ha tenido en el juicio una mención marginal, o una referencia tangencial, y, por ende, no hace parte de los soportes fácticos de las posturas procesales de las partes, ya que en tales supuestos la injerencia del juez para auscultar la validez de tal acto dispositivo está restringida y corresponderá al interesado en tal propósito ejercer el derecho de acción en orden a obtener de la administración de justicia el correspondiente pronunciamiento.

Se sigue de lo expuesto, que cuando la Corte enlistó como requisito para que proceda la declaración oficiosa de la nulidad absoluta, el atinente a “que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derechos u obligaciones para las partes”, no le dio a dicha expresión el alcance restringido que pretende el recurrente, esto es, que la aducción en el proceso del respectivo negocio jurídico hubiese tenido como fin exclusivo pretender el cumplimiento de los derechos y/o las obligaciones principales que de él se desprendan. Tal comprensión del requisito en estudio, como es lógico entenderlo, no armoniza con la razón de ser de las nulidades absolutas, en cuanto que con dicho instituto, en general, se busca defender el orden público, como ya se destacó, el cual se vería negativamente afectado si se aceptara que un acto o contrato viciado de esa manera pudiera servir de soporte a una sentencia judicial, en tanto que si así fuera, se le estaría reconociendo un efecto jurídico-procesal, que es lo que el juez debe evitar mediante el oportuno ejercicio de la facultad analizada.

No se puede desconocer la trascendencia que en el tráfico jurídico tiene la autonomía privada y, correlativamente, la protección que a ella le brinda la ley, al prever en el artículo 1602 del Código Civil que “[t]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”, razón por la cual este efecto, el de la invalidación, solo se presenta, por regla general, cuando aquel a quien la ley le reconoce interés jurídico discute judicialmente la validez del respectivo acto o contrato. No obstante, es necesario advertir también que en los tiempos actuales, en los que como consecuencia de múltiples factores, tales como los avances tecnológicos, la globalización de la economía y la necesaria agilidad en el intercambio de bienes y servicios, la actividad negocial se torna cada vez más impersonal, intensa y desequilibrada, mayor valía tiene el control de juridicidad o de licitud establecido en el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, pues su correcta y oportuna aplicación, con la debida observancia del debido proceso, salvaguarda el interés general, que en los términos del artículo 1º de la Carta Política es prevalente, así como la protección de los débiles (art. 13, in fine, ibídem), cuyo defensa corresponde a todas las autoridades.

6. Examinadas, en lo pertinente, las actuaciones procesales del accionado, señor DMPL, se encuentra lo siguiente:

6.1. Al contestar la demanda, manifestó que el hecho cuarto de la misma, atinente a que la actora “no ha enajenado ni tiene prometido en venta el inmueble relacionado”, “no es cierto”, pues “entre las partes sí hubo una promesa de compraventa aunque de manera verbal; la cual se demostrará en el presente proceso”; frente al hecho séptimo del libelo, en el que se expuso que la señora AD “se encuentra privada de la posesión material del inmueble, puesto que dicha posesión la tiene en la actualidad el señor DMPL, persona que entró en posesión mediante maniobras engañosas en julio de 2005”, respondió que “no es cierto, por cuanto: a) la demandante se encuentra privada de la posesión del inmueble materia del proceso, por su propia voluntad, puesto que acordó de manera verbal, promesa de compraventa con el demandado y por ello no es cierto que esté utilizando maniobras engañosas para estar en posesión del inmueble, pues ella es producto de un negocio lícito con la demandante; b) el ingreso al inmueble fue autorizado de manera definitiva e informado a la administración, (...) como resultado de un negocio lícito de compraventa prometido y no de un préstamo como se afirma falsamente en este hecho”.

6.2. Más adelante propuso como excepción de mérito la que denominó “[e]xistencia de promesa de compraventa entre las partes”, en pro de la que invocó las cartas fechadas los días 31 de julio de 2005, 23 de enero, 2 y 31 de julio y 9 y 23 de agosto de 2008, misivas que, afirmó, comprueban “la existencia del negocio de la compraventa entre las partes sobre el inmueble objeto de la demanda”.

6.3. Bajo el título “relato de los hechos”, expuso los que a continuación se reproducen:

“PRIMERO: El día 31 de julio de 2005 la señora YCAD, junto con mi poderdante DMPL, acordaron verbalmente los términos en que se desarrollaría y la forma como se concretó la transacción comercial de la promesa de compraventa tal y como se plasmó en la carta dirigida por la demandante al administrador del conjunto sobre el inmueble objeto del presente proceso.

SEGUNDO: El contrato de promesa de compraventa se desarrolló dentro de los siguientes términos:

a) El precio acordado fue por la suma de $ 380.000.000 que mi poderdante pagaría en varías cuotas iniciando con un primer abono y cuota de cinco millones de pesos moneda corriente ($ 5.000.000) para asegurar el negocio, según consta en el recibo firmado por la actora.

b) La entrega real y material del inmueble se hizo en julio 31 de 2005.

TERCERO: Del precio acordado en el numeral 2º literal (a) del punto anterior, mi poderdante DMPL pagó [$ 210.000.000], según consta en anexos de listados suministrados tanto por el demandado como por la actora.

CUART[O]: Es de anotar que la demandante se ha negado de manera reiterada al recibo del pago del saldo del negocio jurídico acordado. Tanto así que la demandante envió carta calendada el 2 de julio de 2008, dando por no recibida la consignación en efectivo en su cuenta de ahorros, dineros que a la fecha no han sido devueltos por (...) esta”.

6.4. En el escrito de alegaciones presentado en la primera instancia, a la par que memoró lo pedido en la demanda, los hechos controvertidos y las pruebas practicadas, puntualizó que con “las excepciones obviamente se refutan las pretensiones de la demanda, basadas en el sentido [de] que la posesión señalada por el actor, no es producto de la mala fe, sino un negocio jurídico de compraventa celebrado entre las partes de manera verbal”.

6.5. Al sustentar el recurso de apelación que interpuso contra el fallo estimatorio de la reivindicación proferido en primera instancia, el apoderado del señor PL, en síntesis, expuso:

a) Cuando la posesión de quien detenta un bien deriva del hecho de haber celebrado con el propietario un contrato, no le es dable a este “ejercer la acción reivindicatoria como acción principal y autónoma".

b) Como en el presente proceso “está plenamente demostrado (...), que la posesión ejercida por la parte demandada es claramente contractual (...), vale decir, tuvo su origen en el negocio efectuado con la parte demandante, entendido como un acuerdo lícito de voluntades provenientes de personas plenamente capaces, sobre objeto y causa lícita[s]”, la acción de dominio no estaba llamada a prosperar.

c) De admitirse, en gracia de discusión, “que el juez tuviera razón al afirmar que el contrato de promesa ajustado entre las partes era nulo, de nulidad absoluta, ello no constituía razón suficiente para denegar la excepción propuesta, pues tal nulidad debe necesariamente ser declarada por el juez y mientras ello no suceda tal acto jurídico resulta vinculante para las partes”, pronunciamiento que en este caso particular no era viable, por no resultar aplicable el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil.

d) La insatisfacción de los presupuestos consagrados en el artículo 1611 del Código Civil, reformado por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, no acarrea “la negación del vínculo jurídico que ata o liga a los contratantes, en desarrollo del cual se producen efectos que no es dable soslayar, tales como la entrega total o parcial del precio, o del bien materia de la venta, las eventuales restituciones mutuas, etc.”.

e) Está “fehacientemente acreditado con las probanzas allegadas al plenario, que la posesión del inmueble por parte del demandado tenía un incontrovertible origen contractual, vale decir, fue fruto o resultado de unas negociaciones y manifestaciones verbales de voluntad negocial llevadas a cabo entre las partes, posesión contractual y fuente de derechos que no se desdibuja o evapora por no constar por escrito el contrato de promesa, pues esta omisión en gracia de discusión afectaba exclusivamente la validez del negocio jurídico, pero no por ello desaparece del mundo fenomenológico un situación fáctica, negocio realidad, que debe desatar el juez bajo los poderes y deberes de su actuar jurisdiccional”.

f) A la luz de las normas mercantiles, que consideró aplicables, en particular, del artículo 861 del Código de Comercio, el contrato de promesa de compraventa en cuestión es válido y, por lo tanto, debió “reconocerse que tal vínculo jurídico impedía la prosperidad de la acción de dominio ejercida y dictarse una sentencia desestimatoria de las súplicas de la demanda”, pues ninguna de las sanciones que ese ordenamiento prevé en relación con los contratos, “se verifica en el caso concreto para desconocer los efectos jurídicos del acuerdo de voluntades entre las partes”.

7. Ninguna duda queda, pues, que el demandado, señor DMPL, al invocar el contrato de promesa de compraventa que dijo haber celebrado verbalmente con la actora en relación con el inmueble materia de la controversia, pretendió que tal negocio produjera efectos jurídicos y que, como consecuencia de ello, en la sentencia con la que se dirimiera el pleito se negara la acción reivindicatoria reclamada porque, según afirmó reiteradamente, la parte pasiva llegó a la posesión del predio en virtud de un acto voluntario de su antecesora, tal y como, en definitiva, lo resolvió el ad quem, aspecto este del fallo de segunda instancia que, valga anotarlo, no es susceptible de ser analizado por la Corte en desarrollo del recurso extraordinario de casación, pues quedó al margen de toda censura.

8. No sobra advertir que la actora, al descorrer el traslado de la excepción meritoria denominada “[e]xistencia de promesa de compraventa entre las partes”, se opuso a su acogimiento, como quiera que estimó que el negocio jurídico en que ella se fundó, no cumplía los requisitos del artículo 1611 del Código Civil, en particular, el primero —“[q]ue conste por escrito”— (fls. 158 y 159, cdno. 1).

9. Significa lo anteriormente expuesto, que en el presente asunto se satisfizo, con creces, el segundo de los requisitos que a la luz del artículo 2º de la Ley 50 de 1936 es necesario para que los jueces de instancia, en la sentencia con la que resuelven el proceso, declaren de oficio la nulidad absoluta de un acto o contrato que se pretenda hacer valer en el juicio, lo que, además, descarta que el fallo impugnado sea incongruente, toda vez que el tribunal no desbordó la facultad-deber consagrada en el citado precepto cuando, motu proprio, adoptó esa determinación respecto del contrato de promesa de compraventa que estimó se había convenido entre quienes conformaron los extremos del presente litigio sin que se observara la forma solemne exigida en el ordenamiento, lo que, en su concepto, lo hacía absolutamente nulo.

10. Simultáneamente, el análisis efectuado por la Corte desvirtúa que el ad quem hubiese interpretado erróneamente la indicada norma, conclusión que frustra la acusación contenida en la segunda parte del cargo segundo, que igualmente está llamada al fracaso.

11. Es también colofón de lo analizado, que no obstante ser oficiosa la nulidad absoluta declarada en la sentencia cuestionada, esa sola circunstancia no traduce quebranto alguno del derecho de defensa del demandado, pues es lo cierto que, conforme las actuaciones procesales que se dejaron relacionadas, la validez del contrato de promesa de compraventa aducido por el accionado fue materia del debate sostenido por las partes, con respeto por sus garantías procesales.

Cargo segundo

(Primera parte)

1. Como ya se registró, con fundamento en la causal primera de casación, el censor acusó la sentencia del tribunal de contener una interpretación errónea de los artículos 1611 del Código Civil, modificado por el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, y 1742 ibídem, subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936.

2. De entrada, el impugnante recordó que el ad quem “estimó que el contrato de promesa celebrado entre las partes no constaba por escrito y que tal vicio causaba su nulidad absoluta que, podía y debía, ser declarada de oficio”, aserto que sustentó con la reproducción de algunos apartes de la sentencia de segunda instancia.

3. Luego de transcribir las normas señaladas al inicio del cargo, explicó que fue equivocada la hermenéutica que en relación con ellas realizó el tribunal al considerar “que un contrato de promesa de compraventa de inmueble que no se haya hecho constar por escrito es absolutamente nulo”, pues la falta de tal requisito lo que conlleva es que “no está acreditada su existencia” y, por lo mismo, “mal podría declarar[se] nulo lo que es, en puridad, inexistente”.

4. Trajo a colación diversos fallos de la Corte y apoyado en ellos, coligió que “conforme a la reiterada jurisprudencia de la Sala (...), la exigencia de que el contrato de promesa conste por escrito, constituye requisito no solo ad probationem sino también ad substantiam actus, por lo que ‘...no es jurídicamente posible declarar la nulidad solicitada, puesto que un contrato cuya existencia no se demuestra, no puede declararse nulo: solo lo que existe es factible de ser destruido’ (se resalta; LXXIV, pág. 671)”.

5. Puso de presente, además, que la sentencia de esta corporación citada por el tribunal, fechada el 13 de diciembre de 1954, “no resulta aplicable al presente asunto, pues allí se trabó juicio sobre un contrato de promesa que a pesar de constar por escrito, no había señalado plazo o condición que fijara la época en que debía celebrarse la venta, mientras que aquí, según el propio tribunal, se trata de un contrato de promesa que no se hizo constar por escrito”.

Cargo tercero

1. Igualmente con estribo en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se reprochó al ad quem la aplicación indebida de las mismas normas especificadas en los cargos anteriores, debido al error de derecho en la apreciación de las pruebas, con violación medio de los artículos 174 y 180 ídem.

2. El impugnante destacó que “la prueba documental acompañada con la contestación de la demanda y la testimonial recepcionada en el proceso, si bien tiene la virtualidad de demostrar un acuerdo de voluntades entre las partes, como acertadamente lo concluyó el tribunal, no sirven al propósito de demostrar la existencia de una promesa de contrato de compraventa conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, pues esta disposición establece que tal acuerdo debe constar por escrito, lo que significa que se trata de un contrato solemne que solo puede ser demostrado por el medio probatorio exigido por el legislador”.

3. Añadió que el ad quem “tuvo por demostrada la existencia del contrato de promesa de compraventa con base en los documentos visibles a folios 63 a 66, con la confesión de la demandante y con los testimonios de OR y R (fls. 7-14; 15 y 16, 21 y 22, cdno. 3, respectivamente) y al hacerlo cometió el error de derecho denunciado, pues violó la regla probatoria establecida en el artículo 89 de la Ley 153 de 1887”.

4. Tras insistir en que la exigencia de que el contrato de promesa conste por escrito constituye un requisito ad probationem y ad substantiam actus, el casacionista reiteró el error de derecho por él denunciado y puso de presente que, como consecuencia de tal anomalía, fue indebida la aplicación que el sentenciador de segunda instancia hizo del artículo 1742 del Código Civil, modificado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936.

Consideraciones

1. Con el propósito de resolver las acusaciones primeramente examinadas por la Corte, se compendiaron, en lo que era necesario, las actuaciones procesales del demandado, señor DMPL. De ellas, en suma, se colige lo siguiente:

1.1. El citado accionado fue quien, en el presente asunto, invocó la existencia del contrato de promesa de compraventa que manifestó haber celebrado con la actora, respecto del inmueble objeto de la reivindicación por esta última reclamada.

1.2. Con base precisamente en tal negocio jurídico, él afirmó que la posesión que ejerce sobre el bien aquí disputado la derivó de dicho contrato.

1.3. Con ese fundamento, estimó que la acción de dominio intentada en su contra, no estaba llamada a prosperar.

1.4. Aseveró que la circunstancia de que se hubiera celebrado verbalmente el señalado contrato, esto es, que no se hiciera constar por escrito, no le resta validez, habida cuenta que en virtud de su realización las partes ejecutaron las prestaciones en él convenidas, como la entrega del inmueble prometido en venta y el pago del precio.

1.5. Predicó, además, que dicho negocio jurídico no está afectado de nulidad absoluta, pues satisface las exigencias que en relación con la promesa de contratar contempla el Código de Comercio, que era el aplicable, en concreto, su artículo 861, por lo que ese acuerdo de voluntades es existente y válido.

2. Debe añadirse ahora, que fue el propio accionado quien, además, se ocupó de allegar medios de prueba para acreditar la mencionada promesa de compraventa, como quiera que él aportó la prueba documental y solicitó las declaraciones de testigos con las que procuró su comprobación.

3. En contraste con lo anterior, el citado accionado, en los cargos que ahora se auscultan, adoptó una postura diferente a la que, como viene de señalarse, asumió en las instancias.

En efecto, para decirlo en breve, en la primera parte del cargo segundo, sobre la base de que el contrato de promesa de compraventa que celebró con la accionante no se hizo constar por escrito, afirmó su inexistencia jurídica y, con tal fundamento, reclamó el quiebre en casación del fallo del tribunal, en cuanto hace a la declaratoria oficiosa de nulidad absoluta que dicha autoridad pronunció respecto del anotado negocio jurídico. Y en el cargo tercero denunció la comisión por parte del ad quem de error de derecho, consistente en que en tuvo por probado el indicado contrato preparatorio con la prueba documental, la confesión de la actora y los testimonios recaudados, cuando, por tratarse de un negocio jurídico solemne, la acreditación de su existencia solo podía hacerse con el documento que lo contuviera, reproche que, como es lógico entenderlo, va dirigido a enervar también la nulidad oficiosamente reconocida por el sentenciador de segunda instancia.

En resumen, las referidas acusaciones están soportadas en la inexistencia jurídica de la promesa y en la falta de demostración de dicho contrato.

4. Cotejados unos y otros planteamientos del demandado, se concluye que los que soportan los cargos que ahora ocupan la atención de la Sala, contradicen abiertamente los que esa misma parte predicó en el trámite de las instancias, pues mientras allá, para defenderse de la reivindicación, afirmó tanto la existencia como la comprobación, con los elementos de juicio que por iniciativa o petición suya se recaudaron en el juicio, del tantas veces mencionado contrato de promesa de compraventa, en sede del recurso extraordinario de casación, para obtener el derrumbamiento de la nulidad absoluta que en relación con ese negocio jurídico declaró de oficio el tribunal, aseveró su inexistencia y señaló que los medios de convicción militantes en el litigio no servían para su demostración.

5. Siendo ello así, como en efecto lo es, forzoso es desde ya señalar que ninguno de los argumentos en que se soportan las acusaciones objeto del presente examen son admisibles en casación por la incoherencia o contradicción que entrañan frente al comportamiento anterior del accionado, y que, por esa razón, independientemente de la postura que la Sala pueda tener sobre la forma del contrato de promesa y las consecuencias de su inobservancia, tales censuras no están llamadas a abrirse paso, con fundamento en los siguientes razonamientos.

5.1. Respecto de la buena fe, principio general del derecho, hoy de rango constitucional (C.P., art. 83), se debe destacar, entre sus distintas facetas y modalidades, la regla de conducta que exige de las personas un comportamiento ajustado a estándares o parámetros de corrección, lealtad o probidad en todas sus actuaciones, particularmente, en aquellas con significación jurídica.

Vista de esa forma, la buena fe conduce, aparejadamente, a que en cada sujeto surja válidamente la expectativa legítima de que los demás, cuando se establecen relaciones interpersonales con relevancia para el derecho, van a proceder en forma coherente con sus conductas o comportamientos precedentes, generándose así un clima de confianza y seguridad que, en buena medida, se erige en uno de los pilares fundamentales de la vida en sociedad, toda vez que sirve a la convivencia pacífica y a la vigencia de un orden justo, que, como lo consagra el artículo 2º de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado social de derecho.

Con razón la Corte, en reciente pronunciamiento, expresó que “actuar de buena fe impone la observancia irrestricta de unas reglas de proceder conforme a la rectitud, honestidad, probidad” y que, por el contrario, “asumir prácticas distintas a lo éticamente establecido en un momento y lugar determinado por cada grupo social, es desconocer tal principio” (Cas. Civ., sentencia de 24 de enero de 2011, expediente No. 11001-3103-025-2001-00457-01).

5.2. Precisamente, con fundamento en el marco antes descrito, se ha desarrollado una regla jurídica de singular importancia en la actualidad para efectos de evaluar el comportamiento humano con trascendencia jurídica, que se conoce en el derecho contemporáneo como la “doctrina de los actos propios” —venire contra factum proprium non valet manifestaban los juristas del medioevo—, conforme a la cual, en líneas generales, en virtud de la buena fe objetiva existe el deber de comportarse en forma coherente, de tal manera que una persona no puede contradecir injustificadamente sus conductas anteriores relevantes y eficaces, particularmente cuando con ellas se haya generado una confianza razonable en los otros en el sentido de que dicho comportamiento se mantendrá —expectativa legítima—, deber cuyo incumplimiento o desatención puede dar origen a consecuencias de diversa naturaleza, tales como la inadmisibilidad o rechazo de la pretensión o excepción que tenga como fundamento el comportamiento contradictorio, o, en su caso, la reparación de los daños causados por la infracción del deber jurídico en esos términos asumido y por la vulneración de los intereses legítimos de aquel cuya confianza se vio defraudada.

Esta corporación, sobre el particular, en reciente fallo, expresó:

“Ahora, referir a la doctrina de los actos propios, es reclamar la exigencia de un comportamiento coherente; de ahí que, la concreción de una u otra conducta, según su extensión y efectos, vista en retrospectiva, permite precisar si lo cumplido estaba en la misma línea de lo que, otrora, se ejecutó. Realizado este ejercicio, si lo acaecido no correspondió a lo que en el pasado inmediato tuvo lugar; si no hay puentes comunicantes entre una y otra conducta que le mantengan en su esencia, significa que el acto propio no fue respetado y, contrariamente, el proceder desplegado contradijo su inmediato antecedente, esto es, vulneró el principio analizado.

“...

Las reseñas verificadas, con todo y las variables incorporadas en cada región o normatividad, respecto de las cuales no entra la Corte a establecer categorizaciones o ligeras generalizaciones, ponen de presente la teoría de los actos propios o “venire contra factum proprium non valet”, que en definitiva conclusión, puede anunciarse que es la coherencia exigida en el comportamiento de las personas, de tal forma que lo realizado en el pasado, que ha servido, a su vez, como determinante o referente del proceder de otras o que ha alimentado, objetivamente, ciertas expectativas, no pueden ser contrariadas de manera sorpresiva, caprichosa o arbitraria, si con ello trasciende la esfera personal y genera perjuicio a los demás.

(...)

Empero, cumple resaltar que el objetivo último, no es, en verdad, salvar la contradicción del acto o impedir la incoherencia de un determinado comportamiento; el fin, esencial, por lo demás, es evitar que con ese cambio de actitud, con esa rectificación se genere un perjuicio a quien despertó alguna expectativa válida por la conducta desplegada anteriormente, es, en otras palabras, dejar incólume la confianza fundada en ese antecedente.

Bajo tales parámetros, oportuno resulta asentar que si bien jurisprudencia y la doctrina no son concordantes en cuanto a los requisitos establecidos para considerar si, en estrictez, procede la teoría de los actos propios, la mayoría converge en señalar los siguientes como tales: i) una conducta relevante que genere en la otra persona un grado de confianza legítima sobre la realización o concreción, en el futuro, de unas consecuencias en particular; ii) que, con posterioridad, emerja otra conducta (quizás una pretensión) que contradiga con evidente y objetiva incoherencia, los antecedentes plantados; iii) que la nueva situación presentada tenga trascendencia en lo jurídico y la virtualidad para afectar lo existente; y, iv) que haya identidad entre quienes resultaron involucrados en uno y otro episodio” (Cas. Civ., sentencia de 24 de enero de 2001, expediente No. 11001 3103 025 2001 00457 01; se resalta).

5.3. En el plano del derecho procesal, la buena fe es igualmente un principio orientador de la conducta que deben asumir tanto quienes integran los extremos del litigio, según lo consagra el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, al prever que es deber de las partes y sus apoderados “[p]roceder con lealtad y buena fe en todos sus actos” (num. 1º), como la propia administración de justicia, tal y como puede inferirse, entre otros, del artículo 37 de esa misma obra.

Ese deber impera por igual en las relaciones de las partes entre sí, de ellas para con el juez y de este para con aquellas. Todos en sus actuaciones deben comportarse en forma correcta y leal, y, por ende, observar una línea de conducta que, sin desconocer las diversas posiciones que ocupan en el proceso, se ciña al referido principio y que esté caracterizada por la coherencia, lo que descarta de plano la posibilidad de que en un momento dado, sin existir justificación, desarrollen actuaciones que, pese a ser lícitas, en sí mismas consideradas, contradigan la conducta que con anterioridad observaron, socavando así la posición que los otros intervinientes en el proceso asumieron con fundamento en la razonable confianza que les suscitaba la continuidad de aquel comportamiento.

No se trata, pues, de restringir a las partes el ejercicio del derecho de acción o de defensa, o de limitar al juez en el cumplimiento de sus funciones, sino de impedir que los actos que, por incoherentes o inconsistentes, van en contravía de la buena fe y vulneran, por tanto, la confianza adquirida por los demás sujetos procesales, tengan cabida en las controversias judiciales.

Es así como la Corte, en relación con la valoración de un documento aportado en copia informal, que el tribunal invocó como fundamento de su fallo, estimó que no era dable a la misma parte que lo allegó “sin protesta u objeción de ninguna especie”, reprochar en casación que dicho documento estaba desprovisto de poder de convicción, por cuanto “ese comportamiento inicial, en cuanto concluyente e inequívoco en poner de manifestó una aquiescencia tácita respecto del valor demostrativo integral de determinado medio probatorio a pesar del vicio existente, excluye la posibilidad de que aquel, cambiando su posición y contrariando en consecuencia sus propios actos anteriores en los que otros, particulares y autoridades, fundaron su confianza, pretenda obtener ventaja reclamado la descalificación de dicho medio por estimarlo inadmisible”, caso en el cual consideró necesario armonizar las previsiones de las normas probatorias disciplinantes de la materia “con caracterizadas exigencias de buena fe, en especial con aquella que rechaza las conductas contradictorias y obliga a quien en actitud de esa estirpe incurre, a responder por las consecuencias de la confianza suscitada, propósito este de suyo laudable que puede alcanzarse en la medida en que se distinga el documento producido, de un lado, y del otro el acto de producirlo en función probatoria lo que, por sabido se tiene, le está de ordinario reservado a las partes, entendiendo entonces que no se trata de otorgar al primero una calidad que la ley le niega, cosa que evidentemente no es factible hacer con solo valerse del postulado en cuestión, sino que se trata de imprimirle seriedad y estabilidad al segundo, impidiendo el ejercicio posterior de facultades procesales que, sin embargo de ser legítimas en abstracto, lo contradicen y por ende deben ser paralizadas” (Cas. Civ., sentencia de 27 de marzo de 1998, expediente No. 4943).

Con igual fundamento, la Corte descartó la prosperidad de un cargo fincado en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil propuesto por la accionada, en el que se denunció la comisión por parte del tribunal de errores de derecho, ocasión en la que la corporación observó que “tales reproches lucen un tanto extraños en casación, puesto que fue la misma demandada quien con insistencia sugirió y solicitó que los restos óseos (...) fueran examinados por los expertos, en orden a constatar que en verdad correspondían al causante y su coincidencia o compatibilidad con los rasgos y la información genética de su presunta hija”, la recurrente, a lo que agregó que, habida cuenta de esa circunstancia, “no le es factible ahora proceder en sentido contrario al que orientó sus propios actos procesales, los atrás anotados, tendientes todos a que fueran examinados por peritos los restos óseos que en repetidas ocasiones la demandada atribuyó a su presunto padre”, por cuanto “la intangibilidad del principio de proscripción de venire contra factum [proprium], desarrollado en grado sumo por la jurisprudencia alemana y para nada ajeno a nuestro ordenamiento jurídico, impone sobre las partes, en armonía con otro muy conocido y del cual tampoco pueden desligarse, el de la buena fe que se extiende también a los comportamientos procesales (num. 3º art. 37 y 1º art. 71 del CPC), el de desplegar y desarrollar su defensa judicial en forma clara y coherente con los términos planteados durante la conformación del contradictorio, lo cual conduce a predicar —sin perjuicio, claro está, de los ajustes que estimen pertinentes según los cambios que en cada caso sobrevengan—, que por lo regular el juez deberá repudiar aquellos planteamientos advenedizos en etapas ulteriores del proceso, vale decir, que evidencien una incontrastable actitud acomodaticia y en franca contradicción con la posición asumida ab initio por alguno de los extremos del litigio. (...) Por supuesto que el deber ético que constriñe a honrar la palabra dada repele los cambios intempestivos e inopinados de parecer, entre otras cosas porque es natural entender que los diversos actos ejecutados por las partes dentro del proceso se encuentran ajustados a insoslayables reglas de corrección y lealtad, circunstancia que les imprime seriedad y suscita confianza en el proceso, punto ineludible de partida con miras a alcanzar un pacífico, seguro y solidario desenvolvimiento del litigio” (Cas. Civ., sentencia de 15 de diciembre de 2006, expediente No. 15572-31-84-001-1992-01505-01).

Aunque con alcances diversos, el comentado postulado ha sido aplicado por esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencias de 9 de agosto de 2007 (Exp. 08001 31 03 004 2000 00254 01), 24 de enero de 2011 (Exp. 11001-3103-025-2001-00457-01) y 22 de junio de 2011 (Exp. 11001-3103-010-2000-00155-01).

6. Retornando al caso traído al escrutinio de la Corte, se colige que sí fue el propio demandado quien, como ya se explicó, adujo y se ocupó de la labor de obtener la comprobación del contrato de promesa de compraventa que manifestó haber celebrado con la actora respecto del inmueble objeto de la litis, negocio jurídico en relación con el que predicó su existencia y validez, todo con miras a conseguir que se desestimara la acción reivindicatoria propuesta en el escrito inaugural de la controversia, habida cuenta que manifestó que fue como consecuencia de esa convención que él entró a poseer el bien disputado, es inadmisible que en los cargos que se auscultan sostenga su inexistencia jurídica y su indebida comprobación, pues se trata de un cambio de postura que apunta a desvirtuar la nulidad absoluta que respecto de ese contrato declaró de manera oficiosa el tribunal, decisión esta que, adicionalmente, no puede catalogarse de sorpresiva para dicho extremo litigioso, como quiera que él dilucidó tal temática con amplitud en el alegato con el que sustentó la apelación que interpuso contra el fallo de primera instancia, de lo que se sigue que esa determinación no vulneró su derecho a la defensa.

7. Es ostensible, por lo tanto, el fracaso de las acusaciones que se dejan analizadas.

Cargo cuarto

1. Con sustento en el primero de los motivos que autorizan el recurso extraordinario de casación, se acusó la sentencia del tribunal de interpretar erróneamente el artículo 1746 del Código Civil, desvío que acarreó la falta de aplicación del artículo 964, inciso 3º, de la misma obra.

2. El yerro hermenéutico denunciado lo sustentó el casacionista en que el ad quem “hizo una distinción que no consagra el precepto, según que la nulidad del contrato que se disponga en la correspondiente sentencia sea consecuencia de una demanda judicial, o resultado de una declaración oficiosa del juez o tribunal, pues en este último caso, según sus propias palabras, ‘su notificación en sí misma no puede servir de hito para las prestaciones’”.

3. Explicó el censor que el artículo 1746 del Código Civil no distingue, para efectos de definir las prestaciones mutuas, que la nulidad declarada tenga origen en la iniciativa de las partes o del juez, pues en uno y otro caso ellas “tienen derecho a ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, tomándose en consideración la posesión de buena o mala fe (...), según las reglas generales que sobre la materia prevé el Código Civil”, planteamiento que sustentó con apoyo en la jurisprudencia de esta corporación.

4. En consonancia con lo anterior, trajo a colación el inciso 3º del artículo 964 del Código Civil, que reza: “El poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda; en cuanto a los percibidos después, está sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores”.

5. Puso de presente que el tribunal señaló que el demandado “era un poseedor de buena fe, ‘pues ya se ha establecido que ingresó al inmueble en virtud de la promesa declarada nula’” y advirtió que “si ello es así, como en efecto lo es, no se encuentra obligado a la restitución de [los] frutos percibidos antes de la contestación de la demanda”, sea que se tenga en cuenta la fecha en que esta actuación se cumplió (ene. 13/2009) o aquella en que se le notificó el auto admisorio de la demanda (nov. 26/2008).

Consideraciones

1. Como se aprecia, la inconformidad del recurrente se reduce al momento del que partió el tribunal para cuantificar los frutos cuya restitución ordenó al demandado, que corresponde a la fecha en la que este entró a poseer el inmueble disputado —julio de 2005—, hito que con la censura se pretende variar hacia adelante, hasta la fecha en la que se dio contestación al escrito introductorio —13 de enero de 2009— o a aquella en la que se surtió el enteramiento personal al accionado del auto admisorio de la demanda, diligencia que tuvo lugar el 26 de noviembre de 2008.

Por consiguiente, a ello circunscribirá la Sala su estudio.

2. Por mandato del artículo 1746 del Código Civil, “[l]a nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. (...). En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluntarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena o mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo” (se resalta).

Como la ha interpretado la Corte, “las prestaciones recíprocas a que da lugar la declaración judicial de nulidad de un acuerdo de voluntades, reglamentadas por el artículo 1746 del Código Civil, dentro de las cuales están, ‘además de la devolución de las cosas dadas con ocasión del contrato invalidado (...) sus intereses y frutos, el valor de los gastos y mejoras que se hubieren realizado en ellas’ (sentencia 020 de 24 de febrero de 2003, exp. #6610), ‘se rigen por las mismas reglas generales de las prestaciones mutuas consignadas en el capítulo 4º del título 12 del libro 2º del Código Civil’ (G. J., t. CCXXXIV, pág. 886)” (Cas. Civ., sentencia de 21 de junio de 2007, expediente No. 7892; se resalta), esto es, en los artículos 961 a 971 de la citaba (sic) obra.

3. Así las cosas, se torna imperativo dirigir la mirada al artículo 964 del Código Civil, que establece:

“El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder.

Si no existen los frutos, deberá el valor que tenían o hubieran tenido al tiempo de la percepción; se considerarán como no existentes los que se hayan deteriorado en su poder.

El poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda; en cuanto a los percibidos después, estará sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores. 

En toda restitución de frutos se abonarán al que la hace los gastos ordinarios que haya invertido en producirlos” (subrayas y negrillas fuera del texto).

4. Resulta cierto, como se infiere del contenido de los señalados preceptos, que en ellos el legislador no incluyó como factor que se debe tener en cuenta para la concreción de las prestaciones mutuas de que allí se trata, si la nulidad declarada lo fue a solicitud de parte o por declaración oficiosa del juez, y que, por el contrario, lo que ambas normas contemplan como parámetro para el efecto es la buena o mala fe del poseedor.

5. Sobre ese particular, la Sala, en relación con el artículo 964 del Código Civil, ha observado que dicha norma “establece una excepción a la regla general desarrollada en el artículo 716 ibídem, pues hace dueño al poseedor de buena fe de los frutos que haya percibido con anterioridad al enteramiento de la demanda, momento hasta el cual puede atribuírsele dicha condición —la de poseedor de buena fe—, pues a partir de allí, en el supuesto de ser vencido en el proceso, se le dará el mismo tratamiento establecido para el poseedor de mala fe y, por lo mismo, estará obligado a la restitución de la totalidad de los frutos que perciba” (Cas. Civ., sentencia de 16 de septiembre de 2011, expediente No. 19001-3103-003-2005-00058-01; se resalta). No sobra destacar que esta posición de la jurisprudencia que ha sido constante desde hace varios lustros, al precisarse en su momento que “[c]uando los artículos 964 y 966 del Código Civil hablan de contestación de la demanda, no se refieren al hecho material de la respuesta del demandado al libelo con que se inicia el juicio, sino al fenómeno de la litis contestatio, o sea a la formación del vínculo jurídico-procesal que nace con la notificación de la demanda” (Cas. Civ. 3 de junio de 1954, LXXVII, pág. 772).

6. Es patente, entonces, que el tribunal erró en la interpretación del artículo 1746 del Código Civil y que, como consecuencia de tal yerro, no hizo actuar el artículo 964 ibídem, pues de no haber cometido tales desatinos, habría colegido que el aquí demandado, al ser poseedor de buena fe, como esa misma corporación lo calificó en su propio fallo, apreciación fáctica que al no estar comprendida en la acusación no puede ser revisada por la Corte, estaba obligado a restituir únicamente los frutos percibidos con posterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda, porque solo a partir de este momento quedaba sometido al régimen que para los poseedores de mala fe prevé el segundo de tales preceptos.

7. En suma, el cargo está llamado a prosperar y, en tal virtud, habrá de casarse la sentencia del tribunal, empero solamente para modificar, en el fallo de reemplazo, la condena que por concepto de frutos se impuso al demandado.

Sentencia sustitutiva

1. Por los restringidos alcances avizorados en torno de la acusación que resulto próspera en casación, la Corte limitará su actividad en sede de segunda instancia a concretar el valor de los frutos que el demandado debe restituir a la actora, teniendo en cuenta que habrá de partirse para ello de la fecha en la que se notificó al señor PL el auto admisorio de la demanda, esto es, el 26 de noviembre de 2008, empero sin alterar ninguna otra de las bases que aplicó el tribunal para su cálculo y que describió de la siguiente manera: “(...) se tomará como tope para el señalamiento de los frutos el 1% mensual sobre el valor comercial del bien, que no es otro que el confesado y respaldado por el demandado, sin contra-evidencia de la demandante, en $ 380.000.000”, renta que se reajustará “cada 12 meses conforme al 100% del incremento de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior (...)”.

2. Teniendo en cuenta tales fundamentos, se establece que para el periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2008 y el 31 de julio de 2009, el ad quem tomó una renta mensual de $ 4.399.659; y que para el período comprendido entre el 1º de agosto de 2009 y el 31 de julio de 2010 el canon que utilizó ascendió a la suma de $ 4.737.112.

3. Así las cosas, tomando como punto de partida el 26 de noviembre de 2008, se determina, en primer lugar, que el tiempo que transcurrió desde entonces hasta el 31 de julio de 2009, fue de 8 meses y 5 días; y, en segundo término, que aplicada la renta mensual de $ 4.399.659, para este período los frutos totalizaron la suma de $ 35.930.548.50.

A su turno, en el lapso comprendido entre el 1º de agosto de 2009 y el 31 de julio de 2010, los frutos, a razón de $ 4.737.112 mensuales, ascienden a $ 56.845.344.

En consecuencia, suman los frutos causados desde el 26 de noviembre de 2008 hasta el 31 de julio de 2010 la cantidad de $ 92.775.892.50.

4. Corolario de lo expresado, es que la Corte reproducirá las determinaciones adoptadas por el tribunal, salvo la tocante con la condena que por concepto de frutos impuso al demandado en el punto quinto de las resoluciones de su fallo, que se modificará en cuanto hace al valor de la misma y al período de su causación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia que el 13 de agosto de 2010 profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil - Familia, en este proceso ordinario, plenamente identificado al inicio del presente proveído, y actuando en sede de instancia,

RESUELVE:

“Primero: Revocar la sentencia de fecha y procedencia anotadas” [18 de diciembre de 2009, del juzgado primero civil del circuito de Girardot].

“Segundo: Declarar probada la excepción denominada ‘existencia de promesa de compraventa entre las partes’ y en consecuencia denegar las pretensiones”.

“Tercero: Declarar oficiosamente la nulidad de la promesa de compraventa no escrita pactada entre las partes respecto del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria 307-38289 por virtud de la cual YCAD entregó la posesión del mismo y recibió $ 210.000.000”.

“Cuarto: Declarar probada la objeción por error grave al dictamen pericial inicial, en cuanto concierne a la tasación de frutos del inmueble, dejando vigente lo relativo a mejoras”.

“Quinto: Condenar al demandado a restituir a la demandante el inmueble objeto del proceso y a abonarle a título de frutos entre” el 26 de noviembre de 2008 “y el 31 de julio de 2010 la suma de” noventa y dos millones setecientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y dos pesos con cincuenta centavos ($ 92.775.892.50) moneda corriente, “dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia”.

“Sexto: Condenar a la demandada a abonar al demandante a título de mejoras la suma de $ 32.000.000, dentro del mismo término de 10 días”.

“Séptimo: Ordenar a la demandante restituir al demandado las sumas de $ 5.000.000, $ 195.000.000 y $ 10.000.000 indexadas con el IPC desde el 9 de agosto de 2005, el 1º de enero de 2007 y el 24 de junio de 2008, respectivamente, hasta (...) su pago, dentro del mismo término de 6 (sic) días”.

“Sin costas por lo advertido”.

No hay lugar a la imposición de costas en casación, por la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen».